Roberto Gutierrez Romero
Expediente 989/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 989/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Roberto Gutierrez Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio 948/2021 signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho Tribunal Colegiado, el once de marzo de dos mil veintiuno, en el recurso de queja Q-7/2021 de su índice, interpuesto en el presente juicio de control constitucional contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, la cual en su punto resolutivo señala: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Roberto Gutiérrez Romero, contra el auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en el juicio de amparo indirecto 989/2020 de su índice." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente a la Superioridad; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión y mediante oficio a la superioridad.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 4184/2021 signado por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal de Puebla, por el que, remite el diverso 230/2020 de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual comunica que el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente de dicho órgano jurisdiccional admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Roberto Gutiérrez Romero, en contra del auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 989/2020 y, que lo radicó bajo el número de queja 7/2021. De lo anterior queda enterado el suscrito Juez Federal, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio 410/2021 del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia en Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite un escrito signado por el quejoso Roberto Gutiérrez Romero, por medio del cual, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictado en este juicio de derechos fundamentales. Ahora bien, atento a que el auto impugnado es aquél por el cual se desechó la demanda de amparo, resulta evidente que no hay parte alguna a la que deba notificarse la interposición del recurso de mérito, a efecto de que señale las constancias que deban remitirse para la sustanciación de la queja, como lo dispone el artículo 101 de la ley de la materia, al no habérsele dado intervención a alguna de ellas. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, todos de la Ley de Amparo ríndase el INFORME respectivo, manifestando que ES CIERTO que el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se dictó el proveído impugnado, el cual se estima apegado a derecho. Para tal efecto, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente 989/2020, el original del aludido escrito de agravios y el informe sobre la materia de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Finalmente, no ha lugar a suspender el procedimiento en el presente sumario constitucional, en términos del artículo 102 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, el presente asunto no se encuentra en trámite, al haberse desechado la demanda que dio inicio al mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN Y POR LISTA A SUS AUTORIZADOS PROCESALES.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de demanda signado por el quejoso Roberto Gutiérrez Romero y, visto su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención formulada en auto de once de diciembre del año en curso, pues al efecto: Precisa, bajo protesta de decir verdad, los actos reclamados por esta vía constitucional. De lo anterior toma conocimiento el suscrito, para los efectos legales a que haya lugar. CONSIDERACIONES PREVIAS. Ahora bien, en primer término, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se desprende que Roberto Gutiérrez Romero, acude a esta instancia constitucional a reclamar: Del 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: La omisión de valorar las constancias que integran los autos de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, en específico, la retractación de la acusación formulada por las agraviadas en la citada causa penal; y, Del 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: La omisión de coadyuvar con las agraviadas dentro de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 1. Respecto al acto reclamado al 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistente en la omisión de valorar las constancias que integran los autos de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, en específico, la retractación de la acusación formulada por las agraviadas en la citada causa penal, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocadas, modificadas o nulificadas; de modo que aquellas resoluciones que pueden ser susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Ahora bien, la parte promovente acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de valorar las constancias que integran los autos de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, en específico, la retractación de la acusación formulada por las agraviadas en la citada causa penal. Así, es evidente que tal acto es susceptible de ser impugnado a través del recurso de queja, conforme a lo estipulado en el artículo 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 135. La queja y su procedencia Procederá queja en contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado por este Código. La queja podrá ser promovida por cualquier parte del procedimiento y se tramitará sin perjuicio de las otras consecuencias legales que tenga la omisión del juzgador. La queja será interpuesta ante el Órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al Órgano jurisdiccional competente. La autoridad jurisdiccional competente tramitará y resolverá en un plazo no mayor a tres días en los términos de las disposiciones aplicables. En ningún caso, el Órgano jurisdiccional competente para resolver la queja podrá ordenar al Órgano Jurisdiccional omiso los términos y las condiciones en que deberá subsanarse la omisión, debiéndose limitar su resolución a que se realice el acto omitido." De modo que, la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa de mérito, en virtud de que a través de dicho medio se puede subsanar la omisión que por esta vía constitucional pretende combatir, sin perjuicio de las otras consecuencias legales que ésta tenga. Máxime que, la queja prevista en el citado numeral, procede precisamente en contra del Juez de Control por no realizar un acto procesal que, en el caso, se traduce en la omisión de valorar las constancias que integran los autos de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, en específico, la retractación de la acusación formulada por las agraviadas en la citada causa penal; y, conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo, la resolución que en su caso se realice, se limitará a los actos omitidos por la responsable, de ahí que dicho recurso es idóneo para impugnar tales omisiones. Además, del contenido íntegro de su escrito de demanda se aprecia que la parte quejosa reclama propiamente la omisión indicada y no la violación en su perjuicio del derecho de petición que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, omisión que es recurrible mediante el recurso de queja, con el cual se procura evitar que un proceso quede inmóvil. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales respecto del acto reclamado al 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistente en la omisión de valorar las constancias que integran los autos de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, en específico, la retractación de la acusación formulada por las agraviadas en la citada causa penal. Desechamiento que se hace extensivo respecto a la diversa autoridad responsable ejecutora 3. Comisario del Centro de Reinserción Social de Puebla -San Miguel-; pues como lo sostuvo el quejoso, la ilegalidad de la actuación reclamada a la citada ejecutora, se desprende directamente del acto atribuido a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO 2. Ahora bien, respecto al diverso acto reclamado al 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, consistente en la omisión de coadyuvar con las agraviadas dentro de la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA; debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera pertinente señalar lo establecido por los referidos preceptos legales, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." (.)" Como se aprecia de los preceptos transcritos, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por lo que no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías o derechos para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad". La noción de acto "de autoridad" ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad; debido a lo siguiente, son: -Unilaterales: porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; -Imperativos: en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y, -Coercitivos: ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por su parte, debe decirse que el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo establece que los "particulares" tendrán la calidad de autoridad responsable; sin embargo, ello sólo opera cuando realicen actos equivalentes a los de la autoridad, que afecten derechos y que sus funciones estén determinadas por una norma general. En suma, el término del acto de autoridad involucra una persona física (oficial) o un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio; actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Sentado lo anterior, conviene reiterar que del contenido integral de la demanda y escrito aclaratorio, se advierte que ya se encuentra judicializada la carpeta judicial administrativa 417/2019/PUEBLA, lo anterior es así, pues de los antecedentes narrados por el aquí quejoso, se desprende que han existido diversas diligencias, entre ellas, la audiencia intermedia, misma que se celebra una vez, que se ha judicializado la carpeta de investigación respectiva y que ha concluido la etapa inicial. Ahora bien, conforme al artículo 21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público tiene el deber de la tutela jurídica de los intereses del Estado y de la sociedad, encomendándosele la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal, en su caso; derivándose así la primera de sus dos funciones cuando actúa con el carácter de autoridad al llevar a cabo la investigación de los hechos delictuosos que le son denunciados, y las determinaciones que dicta están investidas de potestad de imperio; y la segunda, al ejercer la acción penal pierde el carácter de autoridad que tenía en la carpeta de investigación, para convertirse en parte en el proceso. De ahí que, a partir de que la carpeta de investigación es sometida a control e intervención jurisdiccional, los actos u omisiones posteriores que llegare a realizar el Ministerio Público en ejercicio de su pretendida atribución investigadora, relacionadas con los hechos respecto de los cuales efectuó la formulación de la imputación ante el órgano jurisdiccional, se tratan de actuaciones practicadas por quien ya no es autoridad. Lo anterior, deja de manifiesto que la omisión atribuida al agente del Ministerio Público señalado como responsable, no tiene el carácter de acto de autoridad; pues en todo caso, quien tiene la potestad de calificar el grado de afectación de los actos u omisiones desplegadas por las partes dentro del proceso penal, es el juez de control que conoce del procedimiento penal; por lo que, se deduce válidamente que no hay vinculación de supra a subordinación, por tratarse de una mera potestad procesal otorgada por las leyes secundarias al 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, carente de unilateralidad, imperio y coercibilidad. Máxime que, uno de los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral, es precisamente el de igualdad ante la ley e igualdad entre las partes, por lo que, con base en éstos, el aquí quejoso válidamente puede realizar sus peticiones directamente ante el juez de la causa, pues como ya se dijo, el fiscal señalado como responsable actualmente tiene el carácter de parte y no de autoridad en el procedimiento de origen. En mérito de lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 de la referida ley reglamentaria, se DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES RESPECTO DEL ACTO INDICADO EN EL NÚMERO 2. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN...
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