ROBERTO JAVIER CALDERON DELGADO y Otros.

Expediente 519/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
519/2023
Año
2023
Actuaciones
25
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • ROBERTO JAVIER CALDERON DELGADO y Otros.
  • Maricela Capitanachi Martinez
  • Roberto Javier Calderon Delgado
  • MARICELA CAPITANACHI MARTINEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio II. 4149/2023 signado electrónicamente por el actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual informa que por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, el Magistrado Presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la por la parte quejosa, a través de su representante común Roberto Javier Calderón Delgado, en contra de la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo del cual deriva el presente cuaderno de antecedentes; y, lo registró con el número de toca 266/2023 de su índice; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, no ha lugar a integrar el presente auto ni la promoción de cuenta, al expediente impreso, dado que esta última se recibió electrónicamente y este proveído no se considera de trascendencia para la etapa procesal en la que se encuentra este juicio. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado por ***, representante común de la parte quejosa; y, visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase copia del ocurso entre las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de expresión de agravios y copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, junto con el expediente en que se actúa y dos anexos de pruebas; para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente acuerdo al expediente impreso, por la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por ser la recurrente); personalmente a la tercera interesada; electrónicamente a la representante especial de la persona menor de edad quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo se notifica por medio de lista a la parte tercera interesada Velkis Osiris Espinoza Rodríguez, el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el escrito signado por ***, representante común de la parte quejosa; y, visto su contenido, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la resolución dictada el veintiocho de julio de dos mil veintitrés; consecuentemente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase copia del ocurso entre las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de expresión de agravios y copia simple del mismo al Tribunal Colegiado en Materia Penal en turno del Sexto Circuito, junto con el expediente en que se actúa y dos anexos de pruebas; para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente acuerdo al expediente impreso, por la importancia de su contenido. Notifíquese por lista a la parte quejosa (por ser la recurrente); personalmente a la tercera interesada; electrónicamente a la representante especial de la persona menor de edad quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y con base en las constancias remitidas por la fiscal señalada como responsable, en apoyo a su informe de ley, esta autoridad Federal advierte -de oficio- que, en la especie, se actualizan una causal de sobreseimiento y una diversa de improcedencia respecto de los actos reclamados, que conlleva a sobreseer en el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, por los fundamentos y las razones que enseguida se expondrán. En principio, es necesario precisar que los actos reclamados por los quejosos ********************, por propio derecho y en representación de la persona menor de edad de identidad reservada ******************** en este controvertido constitucional a las autoridades responsables, son los siguientes: a. De la 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad de Investigación San Pedro Cholula, Puebla (********************), el acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, de su índice, en el cual: por una parte, los requirió para comparecer ante ella, para que se les recabe su entrevista ministerial en relación con los hechos investigados con apariencia del delito de sustracción de menores, en agravio del niño ******************** acompañados de su defensor particular; y, por otra, determinó improcedente dar de baja o cancelar la alerta "Amber" activada a fin de localizar al infante mencionado, y requirió a los hoy quejosos para que también presentaran al niño ante esa representación social, a fin de verificar su estado físico y psicoemocional. b. Del 2. Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF en Puebla (en su denominación correcta) y de la 3. Directora del DIF municipal en San Pedro Cholula, Puebla, la ejecución del acuerdo mencionado en el punto anterior. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Las autoridades responsables 2. Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF en Puebla (en su denominación correcta) y 3. Directora del DIF municipal en San Pedro Cholula, Puebla, al rendir sus informes justificados (fojas 97, 98, 122 y 123), negaron la existencia del acto de ejecución que se les atribuye. Afirmaciones que se corroboran con la copia auténtica de la carpeta de investigación de origen (anexo II de este juicio), remitida por la fiscal responsable en apoyo a su informe de ley; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, de dicha documental se advierte (fojas 686 y 687 del anexo II) que la representante social en ningún momento dio intervención a las autoridades del Sistema Integral DIF, para ejecutar su determinación de nueve de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, el 2. Procurador de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes del Sistema Estatal DIF en Puebla (en su denominación correcta) y la 3. Directora del DIF municipal en San Pedro Cholula, Puebla, no se encuentran constreñidas a ejecutar el acuerdo de referencia. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto de ejecución reclamado, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio fuera de audiencia constitucional, por dicho acto y por las mencionadas autoridades responsables. Establecido lo anterior, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que, en el caso concreto, resulta patente la falta de materia de la acción de amparo, pues la inexistencia del acto de ejecución ha quedado acreditada fehacientemente con las constancias remitidas por la fiscal responsable en apoyo a su informe justificado; por lo que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, la referida inexistencia no podría ser desvirtuada, ya que su materialización es tal que ninguna prueba podría servir para concluir lo contrario; por lo que, debe prevalecer dicho sobreseimiento. Orienta el criterio del suscrito juez Federal, la tesis de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Por otro lado, la autoridad responsable 1. agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad de Investigación San Pedro Cholula, Puebla (********************) al rendir su informe justificado (foja 102), aceptó la existencia del acto que se le reclama; por lo que se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con la copia auténtica de la carpeta de investigación ********************, (anexo II), que ya ha sido valorada previamente; de la que se advierte que el nueve de mayo de dos mil veintitrés, la agente del Ministerio Público responsable dictó la determinación que se combate. Ahora bien, no obstante la certeza de la existencia del mencionado acto reclamado, no ha lugar a esperar a la celebración de la audiencia constitucional para analizar su constitucionalidad, dado que, respecto del mismo, se actualiza la causal de improcedencia que a continuación se explicará. En efecto, atinente al acto reclamado consistente en el acuerdo dictado el nueve de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta de investigación ********************, en el cual: por una parte, la fiscal responsable requirió a los quejosos para comparecer ante ella, para que se les recabe su entrevista ministerial en relación con los hechos investigados con apariencia del delito de sustracción de menores, en agravio del niño ******************** acompañados de su defensor particular; y, por otra, determinó improcedente dar de baja o cancelar la alerta "Amber" activada a fin de localizar al infante mencionado, y requirió a los hoy quejosos para que también presentaran al niño ante esa representación social, a fin de verificar su estado físico y psicoemocional; se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. (REFORMADO, D.O.F. 7 DE JUNIO DE 2021) La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. (REFORMADO, D.O.F. 7 DE JUNIO DE 2021) La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. (ADICIONADO, D.O.F. 7 DE JUNIO DE 2021) La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.". Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Además, en apoyo a dicha ejecutoria, se cita la tesis aislada de la Tercera Sala del citado alto Tribunal de la Nación, en su anterior integración, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVII, página 2239, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia que sustentó la tesis general de que es improcedente todo amparo interpuesto contra actos derivados de otros que deben reputarse consentidos, ha sido modificada en el sentido de que la improcedencia sólo existe cuando se trata de la repetición del mismo acto, o de actos que son consecuencia necesaria y legal del que debe considerarse consentido." La interpretación de los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente cuando así resulta de alguna disposición legal; que la jurisprudencia que establezca, entre otros órganos jurisdiccionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para los juzgados de Distrito; que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos derivados de otros consentidos; y, finalmente, que para que un acto se repute derivado de otro consentido, aquél debe ser una consecuencia legal y necesaria de otro que se considerado consentido, o bien, debe tratarse de una reiteración o remisión de aquél considerado como consentido. Por tanto, para que opere esta causal de improcedencia, es necesario que concurran dos presupuestos: 1. La existencia de un acto anterior consentido; y, 2. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél; o bien, que sea una reiteración de aquél. En el caso, de la documental remitida por la fiscal responsable, en apoyo a su informe justificado, consistente en la copia auténtica de la carpeta de investigación ******************** (anexo II), ya valorada previamente, se advierten a manera de antecedentes, los siguientes: 1. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, con sede en San Pedro Cholula, Puebla, inició la carpeta de investigación ********************, con motivo de la denuncia presentada por ********************, en contra de ********************y ********************, por hechos con apariencia del delito de sustracción de menores en agravio de su hijo, el niño de iniciales ********************. (foja 1 del anexo II). 2. Del escrito de denuncia, y documentales anexas al mismo, se advierte, en lo que aquí interesa, lo siguiente: - ******************** y ********************, procrearon al niño de identidad reservada ******************** quien actualmente tiene nueve años de edad. - Dentro del juicio privilegiado de recuperación de la posesión de hijo y de guarda y custodia ********************, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se declaró que la guarda y custodia definitiva de la persona menor de edad identificada como ******************** corresponde a su madre ********************, condenándose a ******************** a la entrega del niño a la hoy quejosa, dentro del término de tres días siguientes a que causara ejecutoria ese fallo. - El seis de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del referido juicio familiar, se ordenó a ******************** la entrega inmediata del niño ********************. a su progenitora. - A pesar de diversas diligencias, acuerdos y requerimientos, llevados a cabo por el mencionado juzgado familiar, a la fecha no se ha logrado la entrega del infante a su madre. (Fojas 18 a 514 del anexo II). 3. El trece de mayo de dos mil veintidós, la fiscal responsable recibió el oficio 2386 proveniente del Juzgado Primero de lo Civil de Cholula, Puebla (derivado del juicio ********************), a través del cual, la titular de dicho órgano jurisdiccional le solicitó el auxilio y coordinación para realizar la búsqueda y localización de la persona de identidad reservada de siglas ******************** así como de las personas que puedan retenerlo de manera ilegal, y hecho lo anterior, proceder a la entrega forzosa del niño a su progenitora (foja 520 del anexo II). 4. Luego de diversas diligencias infructuosas para localizar a la persona menor de edad, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, la denunciante junto con su asesor jurídico presentaron un escrito ante la fiscal responsable, en el cual -medularmente- ante la incertidumbre del paradero del niño identificado como ******************** solicitaron que ordenara las gestiones necesarias para localizarlo, entre otras, la activación de la alerta "Amber" (fojas 635 a 641 del anexo II). 5. El diez de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable determinó improcedente la mencionada solicitud. 6. Inconforme con la determinación indicada en el punto precedente, ******************** promovió juicio de amparo, que por razón de turno, correspondió conocer a este órgano jurisdiccional bajo el número de expediente 133/2023; en el cual, continuada la secuela procesal, mediante sentencia dictada el diez de abril del año en curso, se resolvió conceder el amparo solicitado para los efectos siguientes: "En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para el efecto de que la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, Unidad de Investigación San Pedro Cholula, Puebla (********************), una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente, dentro de la carpeta de investigación ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el punto segundo del acuerdo dictado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el cual, acordó no favorable la solicitud de la quejosa de ordenar la activación de la alerta 'Amber', para la búsqueda y localización de su hijo menor de edad identificado con las iniciales ********************. 2. En su lugar, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, y atendiendo al interés superior de la niñez, dicte otra determinación en la que ordene la activación de la alerta Amber para la búsqueda y localización de la persona menor de edad identificada con las iniciales ********************.; para lo cual, deberá girar el oficio correspondiente al Coordinador Estatal de la Alerta Amber en Puebla, quien en el ámbito de su competencia, conforme a su Protocolo, activará la Alerta. Por tanto, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, desde este momento, se vincula al cumplimiento de esta sentencia al mencionado Coordinador Estatal de la Alerta Amber en Puebla, quien a pesar de no haber sido señalado como autoridad responsable, queda constreñido a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. En la inteligencia que, para el caso que la Coordinación Estatal presuma extraterritorialidad, deberá informarlo a la Coordinación Nacional, a través del enlace de la Procuraduría General de la República, a efecto de que se valore si se activa la Alerta a nivel nacional o internacional; de lo contrario, deberá justificar a esta autoridad Federal sus razones para no actuar en ese sentido. 3. Remita a este órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." 7. Una vez que causó ejecutoria la mencionada sentencia, la responsable dictó un acuerdo en el que ordenó la activación de la alerta Amber en favor del niño identificado con las iniciales ********************. (fojas 656 y 664 del anexo II). 8. Mediante escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, los hoy quejosos ********************, comparecieron ante la fiscal responsable para hacerle saber -medularmente- que se enteraron por redes sociales sobre la emisión de la alerta Amber respecto de su menor nieto identificado con las iniciales ******************** sin embargo, que el niño se encuentra bajo su guarda y custodia provisional otorgada por el Juez Segundo de lo Familiar de Cholula, Puebla, dentro del juicio familiar ********************. En razón de lo anterior, adujeron que el niño no se encuentra desaparecido, por lo que solicitaron la cancelación o la baja de la alerta Amber activada para localizar al infante. (Fojas 665 a 681 del anexo II). 9. El veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la representante social tuvo por recibido el mencionado escrito, y acordó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Vistas las manifestaciones de los señores ********************, con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 4, 14, 16, 20 apartado 'B', 16, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como sus transitorios tercero, cuatro, octavo y décimo y el acuerdo A/001/2016 emitido por el C. Fiscal General del Estado de Puebla; 82, 90, 91, 92 y relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; 6 fracción X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; artículo 8 Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José); así como los principios del proceso penal consagrados por la Constitución y Jurisprudencia, pro homine, in dubio por reo, debido proceso penal, exacta aplicación de inocencia y debida defensa, solicito comparezca ante esta representación social, sito en calle 10 Oriente número 414, colonia Centro, Puebla, Puebla; el día 28 de abril de 2023 en punto de las 10:30 horas. Para la práctica de una diligencia de carácter ministerial consistente en que se le recabe entrevista en relación a los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, en agravio del niño ******************** para lo cual se le solicita se haga acompañar del profesionista que se menciona en el escrito de cuenta, licenciado ********************, quien deberá comparecer debidamente identificado y con cédula profesional para que acepte y proteste el cargo de defensor particular. SEGUNDO. En términos del artículo 21 constitucional, en virtud de que el Ministerio Público es una institución a la que constitucionalmente corresponde la investigación de delitos, esta autoridad no accede a la petición de los señores ********************, ya que si bien es cierto mencionan que existe una medida provisional a su favor, respecto de guarda y custodia del niño ********************.; también es cierto que dicho acuerdo data del año 2021, no existiendo ningún dato certero del paradero del menor, es decir su domicilio cierto y actual del niño ******************** ni tampoco existe dato que permita establecer que en la actualidad se encuentra en óptimas condiciones tanto en su integridad física como psicoemocional. Por lo que observando en todo momento lo tutelado conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salud física y mental de los menores es un derecho sustantivo garantizado expresamente y reconocido en los tratados internacionales que en materia de derechos del niño, han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en los criterios de los distintos órganos encargados de su interpretación, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a propósito de la "condición jurídica y derechos humanos del niño", determinó que en el artículo 3 del citado instrumento internacional, se consagra el principio del "interés superior del niño", el cual implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de los menores, a fin de evitar cualquier forma de daño a su salud física o mental o, incluso, ponerla en riesgo observando en todo momento el principio del interés superior del niño, mismo que conlleva a la obligación de que los derechos de los niños deben considerarse como asunto de orden público e interés social, ello partiendo de la situación de desventaja en que se encuentra la infancia, por lo que existe la obligación del estado de protección integral a los mismos, y por consiguiente de su sano desarrollo, mismo que involucra un principio fundamental como lo es la salud del ser humano y velando por el sano desarrollo de los menores de edad; por lo que mi actuar en calidad de autoridad y sobre todo de garante de derechos humanos que por mandato constitucional debo observar, entre ellos el "interés superior del niño" consagrado en el artículo 3.1 en relación con el artículo 6 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordenamiento que forma parte de la normatividad del bloque de constitucionalidad, ante la aplicación de la misma me veo obligada a buscar la materialización del valor intrínseco en la norma jurídica internacional incorporada al derecho interno para la aplicación de garantías que protejan los derechos humanos con los que cuenta el niño ******************** se les solicita que ese mismo día 28 de abril de 2023 en punto de las 10:30 horas, presenten al niño ******************** a fin de verificar su estado físico y psicoemocional. (.)." (Fojas 682 y 683 del anexo II). 10. El mencionado acuerdo fue notificado a los aquí quejosos a través de los correos electrónicos proporcionados, el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés (foja 683 vuelta del anexo II). 11. Mediante escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintitrés, los quejosos ********************, le hicieron saber a la fiscal responsable la imposibilidad material que tuvieron para presentarse ante ella a la diligencia para la que fueron requeridos, por lo que, le solicitaron que señalara nueva fecha para que se les recabaran sus entrevistas (fojas 684 y 685 del anexo II). 12. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, la fiscal responsable tuvo por recibido el mencionado ocurso, y dictó un acuerdo reiterando lo determinado en el diverso de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, como se evidencia con la siguiente transcripción: "(.) PRIMERO. Vistas las manifestaciones de los señores ********************, con fundamento en lo establecido por los artículos 1, 4, 14, 16, 20 apartado 'B', 16, 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 95 y 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como sus transitorios tercero, cuatro, octavo y décimo y el acuerdo A/001/2016 emitido por el C. Fiscal General del Estado de Puebla; 82, 90, 91, 92 y relativos aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales; 6 fracción X de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla; artículo 8 Convención Americana sobre derechos Humanos (Pacto de San José); así como los principios del proceso penal consagrados por la Constitución y Jurisprudencia, pro homine, in dubio por reo, debido proceso penal, exacta aplicación de inocencia y debida defensa, solicito comparezca ante esta representación social, sito en calle 10 Oriente número 414, colonia Centro, Puebla, Puebla; el día 26 de mayo de 2023 en punto de las 10:30 horas. Para la práctica de una diligencia de carácter ministerial consistente en que se le recabe entrevista en relación a los hechos con apariencia de delito de sustracción de menores, en agravio del niño ******************** para lo cual se le solicita se haga acompañar del profesionista que se mencionó en su escrito de fecha 19 de abril de 2023, licenciado ********************, quien deberá comparecer debidamente identificado y con cédula profesional para que acepte y proteste el cargo de defensor particular. SEGUNDO. En términos del artículo 21 constitucional, en virtud de que el Ministerio Público es una institución a la que constitucionalmente corresponde la investigación de delitos, esta autoridad no accede a la petición de los señores ********************, ya que si bien es cierto mencionan que existe una medida provisional a su favor, respecto de guarda y custodia del niño ********************.; también es cierto que dicho acuerdo data del año 2021, no existiendo ningún dato certero del paradero del menor, es decir su domicilio cierto y actual del niño ******************** ni tampoco existe dato que permita establecer que en la actualidad se encuentra en óptimas condiciones tanto en su integridad física como psicoemocional. Por lo que observando en todo momento lo tutelado conforme al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salud física y mental de los menores es un derecho sustantivo garantizado expresamente y reconocido en los tratados internacionales que en materia de derechos del niño, han sido firmados y ratificados por el Estado Mexicano, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en los criterios de los distintos órganos encargados de su interpretación, como los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien a propósito de la "condición jurídica y derechos humanos del niño", determinó que en el artículo 3 del citado instrumento internacional, se consagra el principio del "interés superior del niño", el cual implica que el desarrollo de este y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y su aplicación en todos los órdenes relativos a la vida de los menores, a fin de evitar cualquier forma de daño a su salud física o mental o, incluso, ponerla en riesgo observando en todo momento el principio del interés superior del niño, mismo que conlleva a la obligación de que los derechos de los niños deben considerarse como asunto de orden público e interés social, ello partiendo de la situación de desventaja en que se encuentra la infancia, por lo que existe la obligación del estado de protección integral a los mismos, y por consiguiente de su sano desarrollo, mismo que involucra un principio fundamental como lo es la salud del ser humano y velando por el sano desarrollo de los menores de edad; por lo que mi actuar en calidad de autoridad y sobre todo de garante de derechos humanos que por mandato constitucional debo observar, entre ellos el "interés superior del niño" consagrado en el artículo 3.1 en relación con el artículo 6 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ordenamiento que forma parte de la normatividad del bloque de constitucionalidad, ante la aplicación de la misma me veo obligada a buscar la materialización del valor intrínseco en la norma jurídica internacional incorporada al derecho interno para la aplicación de garantías que protejan los derechos humanos con los que cuenta el niño ******************** se les solicita que ese mismo día 26 de mayo de 2023 en punto de las 10:30 horas, presenten al niño ******************** a fin de verificar su estado físico y psicoemocional. (.)." Tal determinación constituye el acto reclamado en este juicio. 13. Acuerdo que fue notificado, a través de los medios electrónicos proporcionados, el catorce de mayo de dos mil veintitrés (foja 687 vuelta). De lo narrado, se advierte claramente que la determinación que aquí se combate, es una reiteración de la diversa emitida el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés [notificada esta última en la misma fecha]; esto es, en ambos acuerdos, bajo los mismos fundamentos y razones, la autoridad responsable por una parte, requirió a los quejosos para comparecer ante ella, para recabarles su entrevista ministerial en relación con los hechos investigados con apariencia del delito de sustracción de menores, en agravio del niño ******************** acompañados de su defensor particular; y, por otra, determinó improcedente dar de baja o cancelar la alerta "Amber" activada a fin de localizar al infante mencionado, y requirió a los peticionarios de amparo para que también presentaran al niño ante esa representación social, a fin de verificar su estado físico y psicoemocional. Por tanto, si los quejosos señalaron en este controvertido como acto reclamado una determinación (de nueve de mayo de dos mil veintitrés) cuyo contenido es una reiteración de una diversa (de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés) que conocieron oportunamente y omitieron controvertirla dentro del término legal mediante el juicio de derechos fundamentales; resulta inconcuso que el acuerdo combatido debe considerarse como un acto derivado de otro consentido tácitamente. En mérito de lo expuesto, se concluye que al haberse actualizado la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, de la ley de la materia; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de derechos fundamentales, fuera de la audiencia constitucional, con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia de lo determinado en este auto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con cincuenta y cuatro minutos del once de agosto de dos mil veintidós. Comuníquese lo anterior a las partes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la tercera interesada; electrónicamente a la representante especial de la persona menor de edad quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

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