Roberto Gonzalez Ruiz

Expediente 891/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
891/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
22/12/2016

Partes del expediente

  • Roberto Gonzalez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del uno al veintiuno de diciembre del presente año, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la suspensión provisional solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo se establece que es susceptible de destrucción, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su incineración. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 332 a 351), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra, en la que deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio en forma individual o circunstancial, sobre todo con qué medios de prueba acreditó el suministro del narcótico, de manera que esté debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia. En caso de que llegue a determinar que con todas las pruebas se acreditan todos los elementos del cuerpo del delito, deberá precisar qué parte de las pruebas que tome en consideración acreditan los elementos del cuerpo del delito. 2. Deberá valorar la declaración de Benito Macedonio Andrade Sánchez emitida dentro de la averiguación previa AP/PGJP/COE-1/45/2014, instruida en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión del estupefaciente denominado marihuana y cocaína con fines de comercio, así como la declaración de Gustavo Espinosa Navarro, emitida en la averiguación previa PGJP/COE-1/134/2014 en contra de Gustavo Espinosa Navarro, como probable responsable en la comisión del delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión del Narcótico denominado cocaína con fines de comercio, como documental pública y no como confesión pues las declaraciones fueron emitidas en diversas averiguaciones, y por ende en diverso momento y lugar. 3. Deberá explicar qué relación guarda el artículo 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los artículos en los que encuadró el delito que se atribuye al indiciado ahora quejoso." Resolución que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 508 a 511). Por lo anterior, mediante oficio 12454 de catorce de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 648 a 661), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 477/2014 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, así como la diversa de veinticinco de octubre del año en curso con la cual pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 661 vuelta). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Roberto González Ruiz, por el delito de narcomenudeo en su especie de comercio del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 459, fracciones I y V, 460 y 463 del Código Penal del Estado de Puebla, 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 5, 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y 5, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Resolución en la cual, estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, otorgándoles valor probatorio. Asimismo, valoró la declaración de Benito Macedonio Andrade Sánchez emitida dentro de las averiguación previa AP/PGJP/COE-1/45/2014, así como la diversa declaración de Gustavo Espinosa Navarro, emitida en la averiguación previa PGJP/COE-1/134/2014, como documentales públicas y no como confesión pues las declaraciones fueron emitidas en diversas averiguaciones, y por ende en diverso momento y lugar (fojas 654 y 655). Explicó que en el caso no resulta aplicable el artículo 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los artículos en los que encuadró el delito que se atribuye al indiciado ahora quejoso (foja 651). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo signado por el Juez de lo Penal de Cholula, Puebla; visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el trece de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 332 a 351), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el juez responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, y con plenitud de jurisdicción, dicte otra, en la que deberá precisar con qué medios de prueba se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito, debiendo expresar las razones lógico jurídicas en que se apoye su conclusión, además de otorgarles valor probatorio en forma individual o circunstancial, sobre todo con qué medios de prueba acreditó el suministro del narcótico, de manera que esté debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si decide lo primero, deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia. En caso de que llegue a determinar que con todas las pruebas se acreditan todos los elementos del cuerpo del delito, deberá precisar qué parte de las pruebas que tome en consideración acreditan los elementos del cuerpo del delito. 2. Deberá valorar la declaración de Benito Macedonio Andrade Sánchez emitida dentro de las averiguación previa AP/PGJP/COE-1/45/2014, instruida en su contra por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo por posesión del estupefaciente denominado marihuana y cocaína con fines de comercio, así como la declaración de Gustavo Espinosa Navarro, emitida en la averiguación previa PGJP/COE-1/134/2014 en contra de Gustavo Espinosa Navarro, como probable responsable en la comisión del delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión del Narcótico denominado cocaína con fines de comercio, como documental pública y no como confesión pues las declaraciones fueron emitidas en diversas averiguaciones, y por ende en diverso momento y lugar. 3. Deberá explicar qué relación guarda el artículo 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los artículos en los que encuadró el delito que se atribuye al indiciado ahora quejoso." Resolución que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 508 a 511). Por lo anterior, mediante oficio 11818 de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 604 a 616), la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal 477/2014 de su índice, de la que se advierte que, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria constitucional, realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos la orden de aprehensión reclamada de dieciocho de noviembre de dos mil catorce (foja 605). - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, volvió a librar orden de aprehensión contra el aquí quejoso Roberto González Ruiz, por el delito de narcomenudeo en su especie de suministro del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 459, fracción V y VII, 460 y 463 del Código Penal del Estado de Puebla, 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 5, 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y 5, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. Resolución en la cual, estableció los medios de prueba con los cuales se acredita cada uno de los elementos del cuerpo del delito en estudio, otorgándoles valor probatorio. Asimismo, valoró la declaración de Benito Macedonio Andrade Sánchez emitida dentro de las averiguación previa AP/PGJP/COE-1/45/2014, así como la diversa declaración de Gustavo Espinosa Navarro, emitida en la averiguación previa PGJP/COE-1/134/2014, como documental pública y no como confesión pues las declaraciones fueron emitidas en diversas averiguaciones, y por ende en diverso momento y lugar. Explicó que en el caso no resulta aplicable el artículo 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los artículos en los que encuadró el delito que se atribuye al indiciado ahora quejoso. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Sin embargo, el juez responsable no da cabal cumplimiento a los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior es así ya que el juez de la causa incurren en una incongruencia, pues primeramente refiere que en el caso no resulta aplicable el artículo 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, con los artículos en los que encuadró el delito que se atribuye al indiciado ahora quejoso (fojas 606 y 606 vuelta). Y, posteriormente refiere que la causa penal 477/2014 de su índice se seguirá por el delito de narcomenudeo en su especie de suministro del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 459, fracción V y VII, 460 y 463 del Código Penal del Estado de Puebla, 479 y 480 de la Ley General de Salud, 194, fracción XV, inciso 2 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con los diversos 5, 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y 5, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (foja 607). Por otro lado, el juez del proceso primeramente establece que en el caso se acredita el cuerpo del delito de narcomenudeo en su especie de suministro del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 459, fracción V y VII, 460 y 463 del Código Penal del Estado de Puebla, 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 5, 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y 5, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (foja 607). Y, luego refiere que en la especie se tiene por acreditado el cuerpo del delito de narcomenudeo en su especie de comercialización del narcótico denominado cocaína, previsto y sancionado por los artículos 459, fracción V y VII, 460 y 463 del Código Penal del Estado de Puebla, 479 y 480 de la Ley General de Salud, en relación con los diversos 5, 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y 5, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla (foja 612). Del mismo modo, la responsable al plasmar la tabla de orientación de dosis máximas de narcóticos establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud, excluyó a la cocaína (foja 607 vuelta); narcótico por el cual se configuró el delito en estudio. De lo anterior, se advierte que no se han agotado los extremos para los cuales fue concedida la protección constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que, dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé PLENO cumplimiento a LOS EXTREMOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, Y, EN ATENCIÓN, A LAS OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS QUE EN EL PRESENTE PROVEÍDO SE DESTACAN. Esto es, deberá dejar sin efectos la resolución reclamada de dieciocho de noviembre de dos mil catorce, así como la diversa de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Y, una vez hecho lo anterior deberá dictar otra resolución siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, y omitiendo las incongruencias antes precisadas. En el entendido que de no hacerlo así, esta Juzgadora continuará con el trámite de ejecución conducente, en términos de los artículos 193, 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, esto es: (i) hará efectivo a la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, el apercibimiento de multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, decretado en el auto de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. De igual forma, (ii) ordenará remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal, en turno, del Sexto Circuito, a fin de que continúe con el procedimiento de inejecución de sentencia; y, (iii) formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria, el cual, al ser de orden público, no puede suspenderse, lo anterior de conformidad con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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