Roberto Granados Magaña

Expediente 617/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
617/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • Roberto Granados Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuenta. En dos de febrero de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica: Que el plazo de diez días de que disponían la parte quejosa y tercera interesada, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del dieciocho al treinta y uno de enero de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieren hecho, toda vez que fueron notificados por lista el catorce de enero; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo 617/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de febrero de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que negó a la parte quejosa la protección de la justicia de la unión en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Orden de archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto que coteje todas las constancias físicas y del expediente electrónico, que sean coincidentes entre sí, certificando tal circunstancia. Hecho lo anterior, deberá remitirse al área correspondiente para anotaciones y resguardo. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Con apoyo en el artículo 18, del referido Acuerdo General, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurase el juicio principal, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Incidente de suspensión. Virtud a que se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en el del artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General. De conformidad con el artículo 21, penúltimo párrafo, del citado acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el original del incidente de suspensión, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese; y publíquese también en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapa García, quien da fe.

  2. Principal

    En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con veintisiete minutos del trece de enero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 617/2021, en atención al contenido del en atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al Acuerdo General 20/2021. Posteriormente, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; así como las remitidas por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, consistentes en las copias certificadas del juicio oral familiar 253/2021, y el disco DVD que contiene la audiencia preliminar de quince de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del citado juicio, recibidas en autos de veintisiete de noviembre y veinte de diciembre, ambos del dos mil veintiuno. El juez provee: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, formuló pedimento ministerial; asimismo, se da cuenta con los alegatos expuestos por la tercera interesada; mientras que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Fiscal de la Federación de la adscripción, y a la tercera interesada Martha Elvira Uribe Moran, emitiendo alegatos; y al resto de las partes por precluido su derecho de expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la resolución correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 617/2021, promovido por Roberto Granados Magaña contra actos de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, mediante folio electrónico con número 2748295, mediante buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, Roberto Granados Magaña, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. - Tiene el carácter de autoridad responsable ordenadora La Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de esta localidad. Y en cuanto autoridad ejecutora señaló al Actuario Judicial adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia familiar de esta localidad. IV.- ACTO RECLAMADO.- A la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar de esta localidad le reclamó LA MEDIDA CAUTELAR CONSISTENTE EN LA FIJACIÓN DE PENSIÓN PROVISIONAL QUE SOBRE ALIMENTOS DECRETO A FAVOR DE LA AQUÍ TERCERO CON INTERES MARTHA ELVIRA URIBE MORAN HASTA POR LA CANTIDA DE $2,450.00 DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N., A CARGO DEL SUSCRITO EN MI CALIDAD DE GRUPO VULNERABLE POR PERTENECER A LOS ADULTOS MAYORES, DENTRO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR LLEVADA A CABO EL DÍA 15 QUINCE DE OCTUBE DEL AÑO EN CURSO, DEL JUICIO ORDINARIO FAMILIAR QUE SOBRE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CUASA PROMUEVO FRENTE A MI AÚN ESPOSA MARTHA ELVIRA URIBE MORAN, REGISTRADO CON EL NÚMERO 253/2021. Y del actuario judicial adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en materia familiar de este Distrito Judicial, le reclamó la inminente ejecución de dicha medida cautelar consistente en el requerimiento de pago de la misma hasta por la cantidad de $2,450.00 dos mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 m.n., y que en el supuesto de no cubrirla el suscrito, se embargarían bienes de mi propiedad para garantizar dicha pensión provisional decretada por la autoridad ordenadora". SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el cuatro de dos mil veintiuno; y en auto de esa data, el titular de este juzgado ordenó registrarla con el expediente 617/2021 (fojas 41 a 46); admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsable; se dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reconoció el carácter de tercero interesado a Martha Elvira Uribe Moran, por lo que se ordenó su emplazamiento; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, previo diferimiento, se desarrolló en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 60, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama un acto con ejecución en la ciudad de Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Con base en estas premisas, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Roberto Granados Magaña, reclama: De la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: La determinación que modificó a una unidad de medida y actualización diaria el monto de la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente, a cargo de Roberto Granados Magaña, dictada en la fase de revisión de medidas de la audiencia preliminar de quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 253/2021, relativo al juicio especial oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, promovido por el aquí quejoso contra Martha Elvira Uribe. Del actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional: La ejecución de dicha determinación. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Juez de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 74). Por su parte, el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, al rendir su informe de ley (75), indicó que eran parcialmente ciertos los actos reclamados. Sin embargo, en la parte que interesa, aceptó que en diligencia de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, notificó al quejoso el proveído de tres de noviembre de la misma anualidad, por el cual, se le requiere el cumplimiento de la pensión alimenticia decretada. De ahí que se tenga por cierto el acto de ejecución reclamado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. - Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el expediente 253/2021, relativo al juicio especial oral familiar, promovido por Roberto Granados Magaña; así como del disco DVD que contiene la audiencia preliminar desahogada en dicho juicio el quince de octubre de dos mil veintiuno, de los que se advierte la existencia de la determinación reclamada (fojas 159 a 161), documentales que goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo (cuaderno de pruebas). Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. - Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la tesis II.2º.C.18 C (10ª.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "AUDIENCIA ORAL EN CONTROVERSIAS SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y DEL DERECHO FAMILIAR. LA VIDEOGRABACIÓN Y EL "ACTA MÍNIMA" ELABORADA, CONSTITUYEN UN SOLO ACTO DE AUTORIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). El artículo 5.27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establece la elaboración de un acta de audiencia, que en la práctica forense se denomina "acta mínima", la cual debe contener fecha, lugar, hora de inicio y término, nombre de los servidores públicos y personas que intervengan, la relación de los actos procesales celebrados y la mención sucinta de requerimientos, citaciones, apercibimientos y cualquier otro acto que el Juez considere necesario comunicar a las partes o terceros que no asistan, la cual será firmada por el Juez y el secretario. No obstante, esta "acta mínima" no es suficiente para examinar la constitucionalidad, convencionalidad o legalidad de los actos judiciales que se realizan en la audiencia oral, y que se conservan en este caso, en un disco en el cual se registra la videograbación, ya que la oralidad es el instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los principios de debido proceso, de manera que no es factible considerar que la resolución escrita complemente a la oral; es decir, no significa que existan dos actos que puedan impugnarse, sino que esas actuaciones (determinación emitida en la audiencia oral, que consta en un disco en el cual se videograba y el "acta mínima" que consta por escrito), constituyen un solo acto de autoridad. Empero, esa "acta mínima" que obra por escrito tiene su origen en la audiencia en la cual se emiten las determinaciones referentes a la revisión de las medidas provisionales respecto de controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar (guarda y custodia, régimen de convivencias, alimentos, terapias y atención médica respecto de menores), regidas por los artículos 5.3, 5.9, 5.10, 5.18 y 5.23 del código procesal citado, por lo que sólo constituye un registro de las consideraciones expresadas verbalmente en la audiencia; de ahí que para poder conocer los motivos y fundamentos que sustenten lo resuelto en torno a la revisión de esas medidas provisionales es imprescindible conocer lo pronunciado en la audiencia de manera oral". CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa fue notificado de la determinación reclamada el quince de octubre de dos mil veintiuno, data en la que se desahogó la audiencia preliminar en el juicio de origen. En esas condiciones, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 762 del Código Familiar para esa entidad federativa, el plazo para la promoción del juicio de amparo inició del dieciocho de octubre al nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con exclusión de los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de octubre; así como uno, dos, seis y siete de noviembre de la misma anualidad, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de noviembre del dos mil veintiuno, como se advierte del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad (foja 1), es inconcuso que se promovió dentro del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por el promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Antecedentes del acto reclamado. Previo el análisis de los conceptos de violación, es preciso traer a colación los antecedentes del acto reclamado, los cuales se desprenden del expediente 253/2021, relativo al juicio ordinario oral familiar, promovido por Roberto Granados Magaña, a saber: Mediante escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes y Turno en Materia Civil de Uruapan, Michoacán de Ocampo, Roberto Granados Magaña, promovió demanda en la vía ordinaria oral familiar sobre divorcio incausado contra Martha Elvira Uribe Moran, a quien le reclamó la disolución del vínculo matrimonial que los unía (fojas 1 a 4 del tomo de pruebas). En proveído de diecisiete de mayo dos mil veintiuno, la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, a quien correspondió conocer del juicio, la registro con número de expediente 253/2021; la admitió a trámite, ordenó emplazar al demandado; dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público adscrito a dicho órgano jurisdiccional (fojas 9 a 11 del tomo de pruebas). El ocho de junio de dos mil veintiuno, Martha Elvira Uribe Moran, compareció a dar contestación a la demanda entablada en su contra; asimismo, solicitó se fijara una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva en su favor, toda vez que se dedicó exclusivamente a las labores del hogar y el cuidado de su cónyuge, además que no contaba con bienes para sufragar sus necesidades; aunado a que padecía enfermedades crónicas como la hipertensión, así como insuficiencia renal crónica (fojas 19 a 25 del tomo de pruebas). En proveído de diez de junio de dos mil veintiuno, se tuvo a la aquí tercera interesada dando contestación a la demanda en su contra; y por lo que respecta a la fijación de la pensión alimenticia solicitada, se le dijo, que por el momento no había lugar a proveer de conformidad a lo solicitado, porque no se encontraba dentro de los supuestos previstos en el artículo 452 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, por lo que, debía acreditar la urgencia y necesidad de requerir los alimentos (foja 46 a 47 del tomo de pruebas). Por acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo a Martha Elvira Uribe Moran, indicando que existía urgencia y necesidad con relación a la medida cautelar solicitada dentro de su escrito de contestación, consistente en una pensión alimenticia provisional a su favor y a cargo del actor; para lo cual, adjuntó constancia medica expedida por la doctora Ma. Elena Mujica Orozco, de nueve de julio de dos mil veintiuno, el cual exhibió en original. Sin embargo, previo a realizar el pronunciamiento sobre la medida cautelar solicitada, se ordenó girar oficio a la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de que remitiera copias certificadas del expediente clínico de la aquí tercera interesada (foja 101 del tomo de pruebas). En auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se levantó la reserva pronunciada en proveído anterior, y se fijó como medida previsional de alimentos en favor de la demandada Martha Elvira Uribe Morán, en forma mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo general vigente en esta entidad federativa, a razón de ciento cuarenta y un pesos con setenta centavos, por la cantidad de cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos, la cual se fijó tomando como base el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización, la cual tiene un valor inferior. Por lo que, se ordenó notificar al deudor alimentista para que realizara el pago de la primera mensualidad por la cantidad fijada como pensión alimenticia provisional, y en caso de no hacerlo se procedería al embargo de bienes de su propiedad (fojas 150 y 151 del tomo de pruebas). En escrito presentado ante la Juez responsable el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el aquí quejoso compareció a inconformarse con la fijación de la pensión alimenticia provisional fijada en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, para lo cual, manifestó que es una adulto mayor con diversos padecimientos (foja 152 a 155 del tomo de pruebas). Mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso realizando sus manifestaciones, y se le dijo que sería en audiencia preliminar en la que se revisarían nuevamente las condiciones de la medida cautelar decretada en favor de la parte demandada (foja 156 del tomo de pruebas). A las diez horas del quince de octubre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar; y durante la etapa de revisión de medidas cautelares, se determinó modificar la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente, para quedar en una unidad de medida y actualización diaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán. En proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó requerir al aquí quejoso para que dentro del plazo tres días cubriera el pago de la pensión alimenticia adeudada (foja 179 del tomo de pruebas). La determinación tomada en la etapa de revisión de medidas cautelares en audiencia preliminar, que modificó la pensión alimenticia a una unidad de medida y actualización a cargo del quejoso, así como su ejecución, constituyen los actos reclamados dentro de la presente instancia constitucional. Suplencia de la queja. En el caso no procede suplir la deficiencia de la queja, toda vez que en términos del artículo 79 fracción II y VI, de la Ley de Amparo, en materia civil resulta procedente dicha figura en los supuestos en los que se afecten derechos de menores o incapaces, se afecte el orden y desarrollo de la familia; o bien, se advierta una violación evidente, clara e innegable de las constancias que integren el juicio de origen y afecte sustancialmente al quejoso en su defensa. Es aplicable, la tesis1a.LCCIII/2015 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa." Sin embargo, en el sumario de origen no existen menores de edad que pudieran verse afectados con la resolución que en el presente se emita, ni el acto reclamado afecta el orden y desarrollo de la familia; además, del análisis del acto reclamado este órgano de control constitucional tampoco advierte actuación de la autoridad jurisdiccional que transgreda de manera evidente preceptos legales, con la consecuente vulneración de los derechos sustantivos de la parte quejosa; por tanto, el asunto se decidirá con base en el principio de estricto derecho, en atención a los motivos de inconformidad expresados para tal efecto. No se soslaya que Roberto Granados Magaña, solicita se aplique en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo establecidos en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Empero, aun cuando Roberto Granados Magaña, es considerado como adulto mayor, de conformidad con el artículo 3° fracción I, de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, tal y como se advierte del acta de nacimiento expedida por el Director del Registro Civil de Michoacán (foja 15), de la que se desprende que el aquí solicitante de amparo nació el tres de septiembre de mil novecientos cincuenta. Dicho aspecto no lo coloca en una posición vulnerable respecto de la cual tenga que suplirse la deficiencia de la queja. En primer lugar, porque no se trata de una persona incapaz, pues de las constancias que obran en autos no se encuentra demostrada dicha circunstancia. En segundo lugar, porque el aquí quejoso, se encuentra debidamente representado por un abogado, quien funge como su apoderado jurídico en el juicio de origen, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro de la presente instancia constitucional; por lo tanto, es evidente que los intereses del quejoso están debidamente protegidos en juicio. Luego, se estima que Roberto Granados Magaña, aun cuando es un adulto mayor, no se encuentra en un estado de vulnerabilidad que le impida acceder a un recurso efectivo. Se estima así, pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor, coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que ésta realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En esas condiciones, para que opere la suplencia de la queja deficiente en favor de un adulto mayor, debe demostrarse que el envejecimiento que conlleva pertenecer a la adultez mayor le ha colocado en un estado de vulnerabilidad y que, además, ésta realmente le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su defensa. El criterio anterior, se contiene en la tesis 1ª. CXXXIV/2016, de rubro y texto: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplía la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja." Así como la tesis I.12o.C.26K (10ª.), sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. PARA SU APLICACIÓN, CUANDO SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ADULTOS MAYORES, ES NECESARIO QUE SE HALLEN COMPRENDIDOS EN UN GRUPO SOCIAL DE MARGINACIÓN Y DESVENTAJA QUE SE GENERA CON UNA CONDICIÓN MULTIFACTORIAL ECONÓMICA Y SOCIAL. El principio de estricto derecho en el juicio de amparo no es absoluto porque, tratándose de materia civil, quedan comprendidas personas, relaciones jurídicas y materias específicas que requieren una tutela especial por parte del Estado mediante la autoridad jurisdiccional; de manera que opera forzosamente para identificar dichos aspectos en los que la autonomía de la voluntad y libertad contractual que implica disponer de sus bienes tienen un límite. Por ejemplo, en el caso de la usura o cuando exista una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso o recurrente; y en razón de las personas afectadas como son los menores de edad, incapaces o que por su situación de vulnerabilidad no tienen acceso cabal a una noción de justicia completa si se les somete plenamente al principio aludido. Por otro lado, con la suplencia de la queja se le permite al Juez de amparo privilegiar el orden constitucional y la tutela de los derechos humanos, frente a su deber de imparcialidad y no alteración de la litis que se integra entre los conceptos de violación y las consideraciones que rigen el acto reclamado. Dicha figura se encuentra prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en el cual se especifican los casos en que la autoridad que conozca del juicio de amparo suplirá la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, como lo es, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En materia laboral, en favor del trabajador; en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa y en cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En el caso de los adultos mayores, la aplicación de la suplencia de la queja, en los asuntos donde se encuentren involucradas personas pertenecientes a este grupo, nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que esa categoría no es un caso de excepción al principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos. Consecuentemente, si el quejoso es adulto mayor, esa cualidad no implica que por sí misma haga aplicable el supuesto de condiciones de pobreza o marginación a que alude la fracción VII del numeral invocado, ya que es necesario que dicha persona se halle comprendida en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social." En esas condiciones, el análisis del acto reclamado se realizara al tenor de los conceptos de violación expuestos. Conceptos de violación El quejoso aduce que se transgrede en su perjuicio lo expuestos en los artículos 1°, 4°, 14 y 16 constitucionales, toda vez que la juez responsable debió decretar el levantamiento de la medida cautelar, tomando en consideración todo el cumulo de pruebas instrumentales públicas y privadas, así como los argumentos jurídicos formulados por su mandatario jurídico, ya que al no haberlo realizado violenta en su perjuicio el derecho humano a la vida, ya que al llevarse a cabo el requerimiento de dicha medida cautelar se le dejaría sin el mínimo vital para su subsistencia. El concepto de violación es infundado. Los artículos 985 y 996 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, disponen: "Artículo 985. Recibidos los autos, el juez oral se avocará a su conocimiento y de estar ofrecida la pericial o para el caso de que de oficio deba ser desahogada, hará el nombramiento del perito como corresponda; debiendo citarlo, así como a las partes y a sus peritos, a la audiencia preliminar, la que se celebrará dentro de los diez días siguientes, conforme a las etapas procesales: I. Enunciación de la litis; II. Fase de mediación y/o conciliación; III. Sanción del convenio por el juez, en caso de mediación o conciliación de las partes; IV. Fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y sobre controvertidos; V. Admisión y preparación de pruebas para la audiencia de juicio; únicamente sobre hechos controvertidos; VI. Revisión de las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia; y, VII. Citación para la audiencia de juicio. Artículo 996. Las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas en la audiencia a que se refiere el presente capítulo. Si las medidas se solicitaren en la audiencia, el juez resolverá en ella atendiendo, en lo conducente, a las disposiciones que conforme a su naturaleza resulten aplicables. Si se ofrecieren y admitieren pruebas, se desahogarán en la propia audiencia. Las resoluciones que recaigan en la revisión y la concesión de medidas en la audiencia preliminar serán irrecurribles." De los numerales recién transcritos se advierte que recibidos los autos, el juez oral se avocará a su conocimiento y de estar ofrecida la pericial o para el caso de que de oficio deba ser desahogada, hará el nombramiento del perito como corresponda; debiendo citarlo, así como a las partes y a sus peritos, a la audiencia preliminar, la que se celebrará dentro de los diez días siguientes. El desarrollo de la audiencia se conformara de diversas etapas procesales, entre la que destaca, la revisión de las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias ya decretadas, y decisión sobre las solicitadas en la audiencia. Durante dicha etapa, las medidas cautelares, de aseguramiento y precautorias decretadas, serán revisadas de oficio o a petición de parte y, en su caso, modificadas. Si las medidas se solicitaren en la audiencia, el juez resolverá en ella atendiendo, en lo conducente, a las disposiciones que conforme a su naturaleza resulten aplicables. Si se ofrecieren y admitieren pruebas, se desahogarán en la propia audiencia. Así, es conveniente traer a este apartado el marco normativo previsto por el Código Familiar del Estado de Michoacán de Ocampo, con relación al tópico de los alimentos, a saber, los preceptos 443, 444, 445 452, 462, 463 y 464, disponen: "Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, lo siguiente: I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto; II. Respecto de los hijos, además, los gastos para su educación y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; y, III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. Artículo 444. La obligación alimentaria tiene las siguientes características: I. Es recíproca, puesto que el obligado a darla tiene a su vez el derecho de recibirla; II. Es personalísima, toda vez que se asigna a determinada persona en razón de un derecho adquirido y obliga también a otra persona específica a proporcionarla, salvo los casos que en materia de sucesiones prevé la ley; III. Es proporcional, debido a que los alimentos han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe; IV. Es imprescriptible, en tanto que no se extingue, aunque el tiempo transcurra sin que se haya ejercido el derecho; V. Es irrenunciable, en tanto no puede ser objeto de renuncia; VI. Es innegociable, es decir, no es objeto de transacción entre las partes; VII. Es incompensable, ya que no es extinguible a partir de concesiones recíprocas; VIII. Es inembargable, pues legalmente está constituida como uno de los bienes no susceptibles de embargo; y, IX. Es intransferible, en virtud de que surge de una relación familiar específica. Artículo 445. Los cónyuges y concubinos están obligados a proporcionarse alimentos. Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos. Artículo 462. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Lo dispuesto en la fracción III que antecede, solo aplicará a aquellas personas no contempladas en el artículo 452 del presente ordenamiento. Artículo 464. En el auto de admisión de la demanda, el juez de instrucción, además, tomará las siguientes medidas: I. Fijará de inmediato una pensión provisional equivalente a una UMA diaria, por cada uno de los acreedores alimentistas, salvo que, de las pruebas aportadas hasta ese momento, se deduzca una capacidad económica diferente; decisión contra la cual no se admitirá recurso alguno; II. Enseguida lo comunicará a su fuente laboral, para que la deposite ante el juzgado del conocimiento o haga la entrega directa de la misma al que exige los alimentos a elección de este; III. De no ser asalariado el deudor alimentario, se le requerirá inmediatamente del pago de la pensión provisional fijada, y de no satisfacerlo, se le embargarán bienes de su propiedad; y, IV. Ordenará solicitar informes y demás trámites administrativos que considere necesarios para conocer los ingresos del obligado". De los numerales recién transcritos se advierte que se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor alimentario, la comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Los alimentos tienen, entre otras características, la proporcionalidad, debido a que han de ser proporcionados conforme a la posibilidad del que los da y a la necesidad de quien los recibe. Los cónyuges están obligados a proporcionarse alimentos. Para decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que se demuestre cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; y, III. Que se acredite la urgencia y necesidad que haya de los alimentos. Tratándose de los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar alimentos, por tanto, no tienen la obligación de acreditar la urgencia y necesidad de recibir alimentos. Ahora, por lo que respecta a los alimentos entre cónyuges, el artículo 273 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, dispone que cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, además de las siguientes: I. La edad y el estado de salud de los cónyuges; II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y, VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. Asimismo, que los alimentos provisionales, determinados de conformidad con el numeral 464, fracción I, del Código Familiar del estado de Michoacán, constituyen una medida cautelar tendente a garantizar la subsistencia del acreedor alimentista, que puede ser el cónyuge, quien además, si es adulto mayor, de conformidad con el diverso precepto 452 de dicha legislación, goza de la presunción de necesitar alimentos. Además, el juzgador está obligado a analizar los elementos y circunstancias con los que cuenta hasta esa etapa para determinar una pensión alimenticia proporcional a las necesidades de los acreedores y capacidad económica de deudor; y en caso de no contar con elemento alguno, se fijara por concepto de pensión alimenticia el equivalente a una UMA diaria por acreedor alimentista. En el caso, del disco portátil DVD que contiene el audio y video de la audiencia preliminar de quince de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que en la fase de revisión de medidas cautelares, la juez responsable expuso: ".fase de revisión de medidas cautelares: Alimentos, que por auto de fecha diecinueve de agosto del año en curso, se fijó de manera provisional por concepto de alimentos en favor de la demandada un importe equivalente mensual a treinta días de salario mínimo vigente en el Estado, a razón de $141.70, dando un total de $4,251.00 cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos; que por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, el apoderado jurídico de la parte actora manifestó su inconformidad con dicha fijación, indicado que el señor Roberto Granados Magaña, es un adulto mayor, ya que tiene setenta y dos años cumplidos, que tiene varios padecimientos en su salud; para lo que exhibió constancias; sin embargo, se le dice, que también es un derecho de la parte demandada de recibir alimentos, y hasta este momento procesal no está acreditado que cambien las circunstancias de que la parte demandada cuente con percepciones económicas suficientes para sufragar sus necesidades; por esa razón se le fijo esa pensión alimenticia provisional; si bien es cierto, el actor es un adulto mayor, el percibe una pensión para lo cual se solicitaran informes para estar en condiciones de saber cuál es la cantidad que percibe, toda vez que la pensión se fijó de acuerdo al 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, y en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se motivó que el importe de pensión se le aplicaba en salario mínimo y no en uma; sin embargo, tomando en consideración los argumentos que manifiesta la parte actora sobre esa fijación, y para no vulnerar en su caso, también sus derechos, únicamente se modificaría la pensión alimenticia provisional en una unidad de medida y actualización vigente, la cual es 89.62, una uma diaria sería la pensión; atendiendo al principio de buena fe, ya que ambas partes manifiestan que tienen una serie de padecimientos en base a esas pruebas documentales públicas que refieren los padecimiento; mas sin embargo no se tienen otras pruebas que le indiquen que se acrediten las excepciones o los gastos totales que tiene cada uno, para así estar en condiciones de cambiar o no perjudicar la pensión alimenticia provisional dictada, ya en la sentencia que se dicte se atenderá todo elemento de prueba que se recabe y los aportados hasta el día de hoy.". De lo anterior, se desprende que la Juez responsable se pronunció respecto a la fijación de una pensión alimenticia provisional en favor de Martha Elvira Uribe Moran, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 464 del Código de Comercio; esto es, fijó la pensión alimenticia equivalente a una unidad de medida y actualización diaria. Lo anterior, tomando en consideración que hasta esa etapa procesal no contaba con elementos de convicción para estar en condiciones de determinar las percepciones de cada uno de los cónyuges; así como sus gastos. Determinación que se considera acertada, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 273 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, cuando se soliciten alimentos entre cónyuges, sin que exista convenio al respecto, se fijarán tomando en cuenta las circunstancias del caso, y, entre otros, los medios económicos de uno y otro cónyuge, así como sus necesidades. Por lo que, si de las constancias se advierte que, en efecto, no existe prueba respecto de los medios económicos de la acreedora alimentista, ni de sus necesidades, es evidente que previo a emitir un pronunciamiento es necesario que se allegue de los medios de convicción necesarios para tal efecto. Lo anterior cobra relevancia, si consideramos que para fijar la pensión provisional, dada su naturaleza, deben analizarse dos extremos: La apariencia del buen derecho, y, El peligro en la demora. Acorde con ello, en aplicación del artículo 464, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, la apariencia del buen derecho se acredita mediante las correspondientes actas del registro civil; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En esta virtud, las reglas de la institución jurídica a utilizar y constatar para este tipo de determinaciones, deberá ser aquella relativa a las medidas cautelares como es la apariencia del buen derecho. Cobra aplicación, la tesis VII.2o.C.32 C (10a), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que dice: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. ANÁLISIS A LA LUZ DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA DEL ELEMENTO NECESIDAD ENTRE CÓNYUGES O CONCUBINOS, POR TRATARSE DE UNA MEDIDA CAUTELAR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Este Tribunal Colegiado estableció jurisprudencia en el sentido de que no debe presumirse a favor de los cónyuges -concubinos- la necesidad alimentaria, cuando se dicta sentencia definitiva. La anterior precisión se hace para distinguir ese criterio del impetrante cuando se trata de una medida cautelar. Para fijar la pensión provisional, dada su naturaleza, deben analizarse dos extremos: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Acorde con ello, en aplicación del artículo 210, párrafo segundo, del código procesal civil para el Estado de Veracruz, la apariencia del buen derecho se acredita mediante las correspondientes actas del registro civil; y, el peligro en la demora por las circunstancias del caso, donde está en juego la subsistencia y eventual daño ocasionado por la falta de alimentos. En esta virtud, es posible sostener que para la pensión provisional no se está en el caso de una presunción, como prueba aceptada en un proceso civil, a que se refiere el artículo 299 del citado código, sino que las reglas de la institución jurídica a utilizar y constatar para este tipo de determinaciones, deberá ser aquella relativa a las medidas cautelares como es la apariencia del buen derecho. Por eso se justifica la existencia de un estándar probatorio menos rígido, dado el carácter sumario e instrumental de la providencia, dando plena relevancia a las actas del registro civil -normalmente documentales públicas- para avalar las posturas ofensivas o defensivas de los contendientes. Además, al estar en presencia de actos dentro de una providencia cautelar, el mismo tratamiento debe darse tanto al actor cuando se provee lo que solicita, como al demandado cuando se resuelve su inconformidad en contra de la determinación que la concedió; de ahí que, el análisis probatorio debe realizarse en comunión con los principios de contradicción, equidad procesal e igualdad de armas, dando similar alcance a las pruebas ofrecidas, tanto por el actor como por el demandado, para acreditar cargas alimentarias, lo cual incide en la graduación de la pensión al momento de solicitarla y al resolver la reclamación. Esto también se justifica derivado de los plazos establecidos por el juzgador para resolver la reclamación, al ser poco práctico e improbable para las partes involucradas acreditar para la pensión provisional si el cónyuge o concubinario o concubina depende económicamente o no del deudor alimentario". En la especie, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de junio de dos mil veintiuno, Martha Elvira Uribe Moran, compareció a solicitar se fijara como medida provisional el pago de una pensión alimenticia provisional, indicando, que tenía necesidad y urgencia de percibir alimentos, debido a que, padecía enfermedades crónicas como hipertensión arterial; así como insuficiencia renal crónica; que era atendida en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que era derechohabiente del aquí quejoso. Expuso que durante los dieciocho años que permanecieron juntos se dedicó exclusivamente al hogar, que era dependendiente económico de Roberto Granados Magaña, quien percibía veintiséis mil novecientos veintinueve pesos con noventa centavos. Luego, en proveído de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el expediente clínico de Martha Elvira Uribe Morán, de la que se advierte que padece insuficiencia renal crónica terminal. En ese contexto, la apariencia del buen derecho, radica en que, hasta el momento del dictado de la medida cautela, se tenía información de los padecimientos de salud de la acreedora alimentista y de su dependencia económica con Roberto Granados Magaña, ya que informó que durante el tiempo que vivieron en común, únicamente se dedicó a las labores del hogar. Por lo que respecta a Roberto Granados Magaña, si bien expuso en su escrito de inconformidad que, se trata de un adulto mayor, ya que cuenta con la edad de setenta y dos años; que padece diabetes mellitus tipo II, en tratamiento con insulina glargina 22UI de cada veinticuatro horas, hipertensión arterial sistémica en tratamiento con telmisartan y clortalidona; además, de un evento vascular arterial, que le produjo limitación funcional parcial del miembro superior e inferior; que se encuentra en terapia. Empero, mediante escrito presentado el tres de junio de dos mil veintiuno, Roberto Granados Magaña, manifestó bajo protesta de decir verdad, que estaba pensionado por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán, con lo que cubría sus necesidades de alimentación, vestido y habitación. En esas condiciones, la modificación de la pensión alimenticia provisional fijada por el equivalente a una unidad de medida y actualización, se encuentra ajustada a derecho; debido a que si bien ambos cónyuges manifestaron tener diversos padecimiento; también es cierto, que hasta ese momento procesal, del único que se acredita percibe ingresos es Roberto Granados Magaña, ya que es pensionado por la Secretaria de Educación Pública del Estado. No se soslaya que el aquí quejoso al inconformarse respecto de la fijación de pensión alimenticia, exhibió una serie de documentos, con la finalidad de acreditar sus ingresos, necesidades y gastos; sin embargo, en atención al principio de peligro en la demora, y en aplicación del artículo 464 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, fue acertada la fijación de la pensión alimenticia provisional en los términos precisados en la resolución reclamada. Ya que, como lo expuso la Juez responsable, previo a resolver respecto a la inconformidad planteada por el quejoso, es necesario que se alleguen los medios de convicción necesarios que le permitan tener conocimiento de los ingresos y necesidades de la acreedora alimentista; y, así estar en condiciones de establecer la proporcionalidad de los alimentos materia de la litis; o en su defecto, su procedencia. De ahí que se comparta el criterio, en el sentido de que sea hasta que se dicte sentencia definitiva en que se pronuncie respecto de los medios de prueba que al efecto que recaben; así como los allegados hasta ese momento procesal. En mérito de lo expuesto, se estima infundado el concepto de violación analizado, lo que genera que se niegue el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al actuario adscrito al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, al no reclamarse por vicios propios, sino derivado de la determinación que se estimó legal. Sirve de sustento, la Jurisprudencia II.1o. J/12 visible en la página 41 del tomo 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Roberto Granados Magaña, contra el acto reclamado de la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar en el Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo; así como de su actuario adscrito, por los motivos expresados en el considerando séptimo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando octavo de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación.Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Teresa Torres Espinoza, quien da fe. La licenciada María Teresa Torres Espinoza, secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, HACE CONSTAR: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución constitucional de trece de enero de dos mil veintidós, dictada dentro del juicio de amparo 617/2021, promovido por Roberto Granados Magaña, en el que se negó el amparo solicitado. Conste.

  3. Principal

    Cuenta. En veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el secretario da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, mismo que se registró con el folio 16559, dentro del juicio de amparo 617/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinte de diciembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Visto lo de cuenta, se tiene a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, remitiendo el disco de la videograbación que contiene la audiencia celebrada en el juicio ordinario familiar 253/2021, de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Abel Jonapá García, quien da fe.

  4. Principal

    En trece de diciembre de dos mil veintiuno, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado certifica que: Se encuentran señaladas las once horas con veintisiete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, para el verificativo de la audiencia constitucional dentro del expediente en que se actúa. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe. Con lo anterior, y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo 617/2021-P. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: ?Estado de autos? Del análisis de las constancias que integran el presente juicio, se advierte que el acto reclamado consistente en la fijación de alimentos provisionales en favor de Martha Elvira Uribe Moran, decretada en la audiencia preliminar de quince de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos del juicio ordinario oral familiar sobre divorcio sin expresión de causa, con número de expediente 253/2021, promovido por Roberto Granados Magaña, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Sin embargo, del análisis de las constancias allegadas por la Juez responsable, no obra la videograbación o audiograbación que contenga el desarrollo de la audiencia preliminar desahogada en el juicio de referencia; la cual resulta necesaria para resolver el presente juicio, tomando en consideración que esta contiene registro de los argumentos sobre los cuales la responsable sustentó la determinación reclamada, tal y como lo dispone el artículo 954 del Código de Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. No pasa desapercibido que de las copias certificadas que remitió la responsable obra acta mínima de la citada audiencia preliminar (fojas 159 a 161 de tomo de pruebas); empero, la misma resulta insuficiente para resolver el presente juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 957, fracción III, del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, esta únicamente contiene una relación concisa del desarrollo de la audiencia. ?Requerimiento ? Virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, para que, dentro del plazo de tres días computado legalmente, remita a este órgano de control constitucional, copia certificada de la videograbación que contiene el desarrollo de la audiencia preliminar desahogada el quince de octubre de dos mil veintiuno dentro del juicio de origen; o bien, informe el impedimento legal que tiene para ello. ?Apercibimiento ? Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. ?Diferimiento? En ese sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las once horas con veintisiete minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; y, en su lugar, se fijan las once horas con veintisiete minutos del trece de enero del dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria Abel Jonapa García, quien da fe.

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