Roberto Cazorla Patricio

Expediente 833/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
833/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Roberto Cazorla Patricio

Actuaciones

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA: que ********************, no cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredite como licenciados en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez, con la certificación que antecede y con una demanda de amparo, recibida en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional y registrada bajo el folio 14990. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: REGISTRO. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal de la Región de Uruapan, Michoacán; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número ********************. INCOMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, atento a las siguientes razones: La Suprema Corte, actuando en Tribunal Pleno, ha sostenido que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir. Asimismo, que ésta constituye una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables. Por otro lado, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera, precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia, es la medida de la jurisdicción. Los criterios para definir la competencia son los siguientes: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia concurrente; y, e) Competencia auxiliar. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por grado o vía. En ese sentido, los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. (.)" Ley de Amparo "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; (.)" De una interpretación armónica y sistemática de los numerales transcritos, se obtiene, en lo que interesa, lo siguiente: El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Que las sentencias definitivas son aquéllas que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; y Que cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que sea tramitada en la vía directa. En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal por cuestión de grado o vía para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 38, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello es así, dado que el quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal de la Región de Uruapan, Michoacán, la sentencia definitiva dictada el dos de junio del año dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por tanto, en su contra es procedente el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Sirve de sustento por las razones que aduce, la Tesis aislada VIII.3o.P.A.4 P (11a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2026727, Libro 26, Junio de 2023, Tomo VII, página 6976, que a la letra dice: "SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS PARTES NO PUEDEN RENUNCIAR AL PLAZO LEGAL PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Hechos: Dentro de un procedimiento abreviado, en la audiencia donde se emitió el fallo oral respectivo, el Ministerio Público, la defensa y el sentenciado manifestaron su conformidad con la resolución y renunciaron al plazo legal para interponer el recurso de apelación. Dicha petición se acordó en el sentido de que una vez que se emitiera el fallo escrito correspondiente, causaría ejecutoria por estar conformes todas las partes, lo que a la postre así se reflejó dentro de los puntos resolutivos de la resolución respectiva. Posteriormente, en contra de ésta se promovió juicio de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que, acorde con el principio de definitividad, antes de interponer el juicio de amparo directo, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado debe ser recurrida a través del recurso de apelación, sin que pueda actualizarse la excepción prevista en los artículos 107, fracción III, inciso a), párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, no obstante que las partes manifestaran su conformidad con esa resolución y renunciaran al plazo legal para interponer el recurso de apelación, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no admite la posibilidad de renunciar al medio ordinario de defensa. Justificación: El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que no se observe el principio de definitividad, a través de la interposición del recurso o medio de defensa ordinario que la ley de la materia señale. Por su parte, los artículos 467, fracción X y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen que será apelable la sentencia definitiva que se dicte en el procedimiento abreviado. En ese sentido, si la ley ordinaria prevé a favor del sentenciado un medio de impugnación a través del cual puede modificar o revocar la sentencia respectiva, debe agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo directo; sin que el hecho de que se haya expresado alguna renuncia respecto del plazo legal para interponer el recurso de apelación, implique que se configure la excepción contenida en los artículos 107, fracción III, inciso a), párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en virtud de que, para ello, se requiere que la ley de la materia permita la renuncia a los recursos. Sin embargo, el propio código no admite esa posibilidad, porque aun cuando su artículo 95 dispone el derecho que tienen las partes a renunciar a un plazo o consentir su abreviación mediante manifestación expresa, ello no implica que pueda renunciarse al medio ordinario de defensa; de ahí que al no actualizarse alguna excepción al principio de definitividad, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo directo." REMISIÓN DEL EXPEDIENTE. En consecuencia, remítase el presente juicio al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en********************, Michoacán de Ocampo, solicitándole de manera atenta, se sirva acusar de recibo e informar la determinación que al efecto emita. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. NOTIFICACIÓN POR EXHORTO A LA PARTE QUEJOSA. Toda vez que del escrito inicial de demanda se desprende que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle********************, número ********************y/o********************, de la Colonia ********************, en********************, Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto, a través del Sistema de Integración de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en********************, en turno, para que ordene a quien corresponda, notifique el presente proveído al quejoso, por conducto de sus autorizados. Una vez hecho lo anterior se sirva remitir las constancias que así lo acrediten a este órgano jurisdiccional a fin de estar en condiciones de proveer lo que en derecho corresponda. NOTIFICACIÓN QUEJOSO EN LUGAR DE RECLUSIÓN. Ahora bien, en virtud de que el quejoso guarda reclusión en el ******************** de Readaptación Social Licenciado********************, en esta ciudad, se comisiona a la actuaria de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente auto. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. AUTORIZADOS. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ********************, no cuentan con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que los acredite como licenciados en derecho, por tanto, se les tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones hasta en tanto acrediten estar facultados para ello. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

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