Roberto Flavio Godínez Sahagún
Expediente 47/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Roberto Flavio Godínez Sahagún
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuenta. En treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, certifica: Que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa, para recurrir la sentencia dictada en autos, transcurrió del diecisiete al treinta de mayo de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiere hecho, toda vez que fue notificado por lista el trece de mayo del año en curso; con ello doy cuenta al Juez, así como con el estado procesal, dentro del juicio de amparo indirecto 47/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Ejecutoria. Toda vez que no fue impugnada en legal término la sentencia que decretó el sobreseimiento en el presente juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Incidente de suspensión. Virtud a que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, acorde con lo dispuesto del artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General. Ahora bien, con apoyo en el artículo 18, una vez transcurrido el término de tres años, dentro del plazo de noventa días siguientes, deberá depurase el original del incidente de suspensión, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, de referido acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Constancia. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las once horas con diecisiete minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, asistido del secretario Abel Jonapá García, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 47/2022, en atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al Acuerdo General 7/2022.Posteriormente, se da cuenta al Juez con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en las documentales que anexó a su escrito de demanda; la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. También se da cuenta, con las constancias que remitió la responsable BBVA, México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con residencia en Morelia, Michoacán de Ocampo; las cuales fueron recibidas en auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita mediante escrito presentado el veintitrés de febrero del año en curso, formuló pedimento ministerial; asimismo, que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la Fiscal de la adscripción, expresado alegatos; mientras que al resto de las partes por precluido su derecho de formularlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. SENTENCIA Visto, para resolver, los autos que integran el juicio de amparo 47/2022, promovido por Roberto Flavio Godínez Sahagún; contra actos del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Roberto Flavio Godínez Sahagún, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de las autoridades que hicieron consistir en: "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: Señalo como tales en términos del artículo 5°, fracción II y 108 fracción III, de la Ley de Amparo a: EL C. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL TÍTULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ATENCIÓN A AUTORIDADES "D", DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. EL REPRESENTANTE LEGAL DE la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. LEY OACTO QUE SE RECLAMA: Los actos reclamados son los siguientes: DEL C. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, se reclama: La orden verbal o escrita para bloquear la totalidad de mis cuentas bancarias en específico las siguientes, así como el impedimento de disponer de los recursos que existen en las cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19441125, de la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. Así como la orden verbal o escrita para impedir que la quejosa apertura, o realice gestión de sus cuentas bancarias. La falta de notificación del inició y tramitación del procedimiento administrativo en contra de la quejosa, del cual derivo la orden de bloquear mis cuentas bancarias, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas. Del C. Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Titular de la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se reclama: Toda orden verbal o escrita dirigida a las Instituciones bancarias: cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19241125, de la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. INSTITUCIÓN BANCARIA Cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19241125, de la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO. Así como la orden verbal o escrita para impedir que la quejosa apertura o realice cualquier gestión de sus cuentas bancarias. La falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo en contra de la quejosa, del cual derivó la orden de bloquear mis cuentas bancarias, así como para poder aperturar o realizar cualquier movimiento dentro de las mismas. DEL REPRESENTANTE LEGAL DE la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, se reclama: Toda orden verbal o escrita para que bloqueen la totalidad de mis cuentas bancarias e impida disponer de los recursos que existen en dichas cuentas en especial las cuentas aperturadas en las citadas instituciones bancarias. Cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19241125, de la Institución de Crédito Bancaria BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO". El promovente de amparo expuso que se transgredió sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 25, 31 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Competencia declinada por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Por auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 64 a 69), el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a quien le correspondió conocer de la demanda, la tuvo por recibida y la registró como amparo indirecto número 2276/2021; y, determinó que era legalmente incompetente por razón de territorio, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de este juicio, por lo cual, la remitió a la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, para que lo turnara al juzgado que por razón de turno correspondiera conocer. Trámite de la demanda de amparo ante este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. Por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 80 y 81), la Secretaría encargada del despacho del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia. a quien correspondió conocer de la demanda de amparo en comento, la tuvo por recibida y la registro con número de expediente 1237/2021; asimismo, estimó que era incompetente para conocer del presente asunto, toda vez que el lugar donde fueron aperturadas las cuentas bancarias cuyo bloqueo se reclama, fue en Sahuayo, Michoacán; por lo que, en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y la número, a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la Jurisdicción sobre la referida población la ejercen los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan; ordenó remitir el expediente al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con sede en Uruapan, Michoacán. Trámite de la demanda de amparo ante este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Uruapan. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se turnó el expediente de que se trata a este órgano de control constitucional, y en proveído de veintisiete siguiente (fojas 89 a 94), se recibieron las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 1237/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; se registró como número de amparo directo 47/2022; en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se aceptó la competencia planteada; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se le dio la intervención al agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 159 y 160), se tuvo por recibido el oficio signando por la responsable BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo, mediante el cual informó que la instrucción embargó el número de cuenta 0196086306, tipo de cuenta libreton 2.0, sucursal 6736 Sahuayo Boulevard, tipo de embargo parcial, a nombre de Roberto Flavio Godínez Sahagún (aquí quejoso), se llevó a cabo por orden del Juez Décimo Octavo Especializado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá Jalisco. En esas condiciones, se ordenó dar vista al quejoso, para que dentro del plazo de quince días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda y señalar como autoridad responsable al Juez Décimo Octavo Especializado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá Jalisco. Luego, en proveído de dos de mayo de dos mil veintidós (foja 167), se tuvo por precluido el plazo concedido a la parte quejosa en auto de treinta y uno de marzo del año en curso, para ampliar la demanda, sin que lo hubiere hecho, razón por la cual, se ordenó la prosecución del juicio en los términos del escrito inicial de demanda; y se señaló hora y fecha para la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama el bloqueo de cuentas bancarias en la ciudad de Sahuayo, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que la parte quejosa Roberto Flavio Godínez Sahagún, reclama: Del Director General de Atención a Autoridades; y, del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como del representante legal de BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: La orden verbal o escrita para bloquear la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en específico, las cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19241125, de la Institución de Crédito BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. La falta de notificación del inicio del procedimiento y tramitación del procedimiento administrativo contra el quejoso. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La institución bancaria denominada BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, fue notificado del oficio petitorio con el que se le requirió. En esas condiciones, en términos del párrafo tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados. Por otra parte, el director y directora, ambos de lo Contencioso, adscritos a la Dirección General Contenciosa de la Comisión Nacional Bancaria, al rendir el informe justificado en representación del Directora General de Atención a Autoridades y del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (fojas 130 y 131), negaron el acto reclamado, al exponer que en términos de lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, únicamente tenían facultades para retransmitir las instrucciones de las diversas autoridades que ordenen la inmovilización de cuentas bancarias; pero no tenían facultades de mutuo propio, para ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias. Empero, a pesar de la negativa informada por el Directora General de Atención a Autoridades y del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; los actos reclamados se tienen por ciertos. Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el presente juicio, destaca el oficio signado por la apoderada de BBVA México, Sociedad Anónima, de por medio del cual, informó que la instrucción de embargo del número de cuenta 0196086306, tipo de cuenta libreton 2.0, sucursal 6736 Sahuayo Boulevard, tipo de embargo parcial, a nombre de Roberto Flavio Godínez Sahagún (aquí quejoso), se llevó a cabo por orden del Juez Décimo Octavo Especializado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá Jalisco. Para acreditar lo anterior, exhibió el diverso oficio 3155/2021, derivado de la carpeta administrativa 8165/2021, carpeta de investigación 41638/2021, del índice del referido juez (foja 158); documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, no pasa desapercibido, que la apoderada de BBVA México, Sociedad Anónima, únicamente informó que la instrucción de embargo correspondió al número de cuenta 0196086306, tipo de cuenta libreton 2.0, sucursal 6736 Sahuayo Boulevard, tipo de embargo parcial, a nombre de Roberto Flavio Godínez Sahagún; sin realizar manifestación alguna con relación a la diversa cuenta 0135694957, número de cliente 19241125, de dicha Institución. Sin embargo, de las constancias que remitió se advierte que de la carpeta administrativa 8165/2021, del índice del Juez Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolecentes, Adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá, se decretó como medida precautoria dentro de la averiguación previa la inmovilización de las cuentas bancarias en las que Roberto Flavio Godínez Sahagún, entre otros, aparezcan en sociedades mercantiles como titulares, cotitulares, autorizados, beneficiarios, firmantes, apoderados o representante legal; por lo que, se ordenó girar oficio al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto ordenara a todas las instituciones financieras, casas de bolsa o cambiarias del Sistema Financiero Mexicano, para que de inmediato a la recepción de oficio que para tal efecto se girara, llevaran a cabo la inmovilización citada. En esas condiciones, al existir la orden de inmovilización en las cuentas bancarias del quejoso, es evidente que su ejecución por parte de las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y, de las instituciones financieras es inminente. Lo anterior es así, en virtud de que al estar vigentes las medidas precautorias, ya que no se tiene información en contrario y encontrarse en trámite la integración de la indagatoria por la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude específico seguida, entre otros, contra Roberto Flavio Godínez Sahagún, pone de manifiesto la ejecución de la inmovilización de las cuentas bancarias de este, en cumplimiento a lo ordenado por el Juez Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolecentes, Adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Tonalá. De ahí que se tenga por cierto el bloqueo de las cuentas bancarias precisadas. CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA DE AMPARO. El ocurso de amparo fue promovido dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa se hace sabedora de la existencia del acto reclamado el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, tal y como se advierte del escrito de demanda (foja 15). En esas condiciones, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del veintidós de noviembre al diez de diciembre de dos mil veintiuno, siendo días inhábiles entre ambas fechas el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho, de noviembre; así como cuatro y cinco de diciembre, todos del dos mil veintiuno, de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda se presentó el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan (foja 10), es evidente que se presentó en tiempo oportuno. QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este órgano de control constitucional, advierte de oficio que, respecto de los actos reclamados por Roberto Flavio Godínez Sahagún, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causas de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. En ese sentido, el artículo 108, fracción III, de la ley de la materia establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;.". La porción normativa recién transcrita, dispone que la autoridad o autoridades responsables. En caso que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; En esas condiciones, para aplicar la última de las normas transcritas, debemos tener presente que la demanda de amparo indirecto deberá contener, entre otros requisitos, la autoridad y el acto reclamado. Los cuales constituyen un requisito indispensable para la fijación de la litis constitucional. En términos de lo establecido en la fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, por autoridad para efectos del juicio de garantías, debe entenderse a aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, y la que omita el acto que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Así, es obligación del quejoso señalar en su demanda de garantías a aquella que dictó u ordenó su ejecución, para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no es factible estudiar la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio, pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. Cabe precisar, que la parte promovente está en aptitud de señalar tantas autoridades responsables como actos reclamados y conductas imputables a las autoridades responsables tenga conocimiento de que existen y que le causan perjuicio. Empero, de conformidad con el precepto y fracción citados, tiene la obligación de hacer dicha imputación de manera directa y exacta. Para que, de esta forma, se insiste, se fije la litis constitucional y las autoridades señaladas como responsables rindan su correspondiente informe justificado. Por lo que debe precisar las autoridades a las que atribuye cada uno de los actos reclamados, así como de manera clara y precisa el acto atribuye a cada una de las responsables que señale. En el caso, la parte quejosa señaló como actos reclamados: Del Director General de Atención a Autoridades; y, del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como del representante legal de BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer: La orden verbal o escrita para bloquear la totalidad de las cuentas bancarias del quejoso, en específico, las cuentas: 0196086306 y 0135694957, número de cliente 19241125, de la Institución de Crédito BBVA, Bancomer, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. La falta de notificación del inicio del procedimiento y tramitación del procedimiento administrativo contra el quejoso. Asimismo, en su escrito de demanda, manifestó desconocer el origen de la inmovilización de sus cuentas bancarias. Pues refirió que el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, cuando acudió a las instituciones bancarias señaladas como responsables, únicamente le informaron que tenía bloqueadas sus cuentas bancarias, sin que se le notificaran las razones, motivos y fundamentos de ello. Ahora, del oficio signado por la apoderada jurídica de Grupo Financiero BBVA Bancomer, se advirtió que esta informó que la inmovilización de la cuenta bancaria a nombre del aquí quejoso, se originó del cumplimiento a la orden de ejecutar la medida precautoria decretada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, emanada de la carpeta administrativa 8165/2021, derivada de la carpeta de investigación 41638/2021, del índice del Juez Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolecentes, Adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá. Por ende, a efecto de no dejar en estado de indefensión al quejoso, mediante auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós (fojas 159 y 160), se le previno, a efecto que, dentro del plazo de 15 días, manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de la orden de inmovilizar sus cuentas bancarias emitida por el Juez Décimo Octavo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolecentes, Adscrito al Centro de Justicia Penal del Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Tonalá. Sin embargo, soslayó señalar como autoridad responsable al referido Juez; y, como acto reclamado la orden de inmovilización de sus cuentas bancarias; no obstante, haber trascurrido el plazo concedido para tal efecto. En esas condiciones, no es factible estudiar la constitucionalidad de dicho acto, debido a que proviene de una autoridad que no fue llamada al juicio, pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. Sin que pase desapercibido que el quejoso señaló en su escrito de demanda como acto destacado de la Directora General de Atención a Autoridades y del Director General Adjunto de Atención a Autoridades "D", ambos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden de inmovilizar las cuentas bancarias de las cuales es titular la moral quejosa. Empero, no es dable tener a dicha autoridad como ordenadora dentro de la presente instancia constitucional; porque en términos del artículo 49 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estas únicamente fungen como ejecutoras de las órdenes de aseguramiento o bloqueo de cuentas bancarias; aunado a que de las constancias no se advierte elemento de convicción alguno, que haga presumir dicha orden. Por tanto, aunque no se desconoce la existencia material de la audiencia de tutela de derechos, solicitada por el Agente 18 de Abuso de Confianza y Fraudes, de la Dirección General de Delitos Patrimoniales y Financieros de la Fiscalía Estatal de Jalisco, dentro de la carpeta de investigación número 41638/2021, que se sigue por el hecho que la ley señala como delito de fraude específico, seguido entre otros, contra Reynaldo Godínez Silva; en la que se decretó la imposición de providencias precautorias, en términos del artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativas al embargo de bienes muebles e inmuebles, así como la inmovilización y aseguramiento de cuentas que se encontraran registradas dentro del sistema Financiero Mexicano; de los cuales derivan los actos de ejecución reclamados. Sin embargo, existe impedimento por cuestiones de técnica procesal, para hacer un pronunciamiento al respecto; ya sea analizar su certeza en cuanto a la autoridad que efectivamente la emitió, la procedencia de este medio de control respecto de ese acto, o bien, su constitucionalidad. Ello en virtud que la parte quejosa fue omisa en señalarlo como acto reclamado. Lo que se traduce en la falta de voluntad para reclamar el origen de la inmovilización de las cuentas bancarias de la parte quejosa. Además, Roberto Flavio Godínez Sahagún, no reclama vicios propios a la ejecución de las autoridades señaladas como responsables; pues del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los conceptos de violación versan respecto a la trasgresión a su derechos de audiencia previó a la imposición de un acto privativo; ilegalidad en el procedimiento a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito; la trasgresión a su derecho de ejercer libremente su actividad comercial; falta de fundamentación y motivación en la orden de inmovilizar sus cuentas bancarias. Aspectos estos que están relacionados directamente con el acto que origino (ordenó) la inmovilización de las cuentas bancarias; no así de su ejecución. Luego, si no se reclaman vicios propios a los actos de ejecución reclamados, resulta imposible analizar su constitucionalidad. Cobra aplicación, la tesis XVII.1º.CT7 K(10a), sustentada por la Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, que dice: "ACTO DE EJECUCIÓN RECLAMADO POR VICIOS PROPIOS. ES LEGAL EXAMINARLO EN EL JUICIO DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD EJECUTORA DESIGNADA, NO OBSTANTE QUE NO SE LLAME A LA ORDENADORA. De conformidad con los artículos 11 y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado y es obligación del quejoso señalar en su demanda de garantías a aquella que dictó u ordenó su ejecución, para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no es factible estudiar la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio, pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. Sin embargo, dicha premisa no es de aplicación irrestricta, sino que debe atenderse a cada caso en particular, analizando si los actos reclamados se atribuyen directamente a la autoridad responsable, o bien, dependen de ella pero fueron ejecutados por una diversa. Luego, si una autoridad no fue llamada al juicio de amparo y tiene el carácter de ordenadora, con base en la hipótesis jurídica aludida, ello traería como consecuencia que no fuera posible analizar los vicios propios del mandamiento por las razones alegadas; empero, en un supuesto similar en el que el acto reclamado no es la orden sino su ejecución en la que se controvierte la actuación de la autoridad que la verificó, no existe ningún obstáculo jurídico para poder determinar su constitucionalidad si la autoridad emisora no fue llamada a juicio. De ahí que, cuando en un juicio de amparo se controvierte un acto de ejecución por vicios propios, es legal examinarlo, aun cuando no se llame a la autoridad ordenadora." En mérito de las anteriores consideraciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación al numeral 108 fracción III, ambos de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobreseimiento que se hace extensivo al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación del inicio del procedimiento y tramitación del procedimiento administrativo contra la parte quejosa. Sin que sea necesario entrar al estudio de las diversas causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, pues no variaría el sentido del fallo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 54/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". En consecuencia, al haber operado el sobreseimiento en este juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la parte quejosa Resulta aplicable, la jurisprudencia quinientos nueve, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio." ALEGATOS. En otro contexto, no pasan inadvertidos los alegatos formulados por la parte quejosa; sin embargo, este órgano de control constitucional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Roberto Flavio Godínez Sahagún, contra las omisiones reclamadas a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en el correlativo quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
- Principal
Cuenta. En dos de mayo de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, certifica: que el término de quince días concedido conforme a la ley, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a la parte quejosa, con la vista para que manifestará si es su deseo ampliar demanda, en los términos precisados en dicho auto, transcurrió del cinco al veintiocho de abril del año en curso, descontando los días inhábiles, sin que lo hubiera hecho, lo que se asienta para los efectos legales conducente. Con lo anterior y con el estado de autos se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo 47/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de mayo de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos y certificación. Del estado que guardan los autos y de la certificación que antecede se desprende que, transcurrió el término de quince días concedido conforme a la ley, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, a la parte quejosa, con la vista para que manifestará si es su deseo ampliar demanda, en los términos precisados en dicho auto, sin que lo hubiere hecho; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento en el referido auto y se ordena la prosecución del juicio en los términos del escrito inicial de demanda. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. En veinticinco de abril de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, certifica; Que el término de quince días concedido a la parte quejosa en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para que manifieste, si señala como autoridad responsable al Juez Décimo Octavo Especializado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá Jalisco, así como como acto reclamado, la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta 0196086306, tipo de cuenta libreton 2.0, aperturada en la institución bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, y el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta, transcurre del cinco al veintiocho de abril del año en curso, descontando los días inhábiles, toda vez que fue notificado por lista el pasado uno de abril, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Con lo anterior y con el estado de autos se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo 47/2022. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de abril de dos mil veintidós. En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Estado de autos y certificación. Visto lo de cuenta, del estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la parte quejosa, en proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para que manifieste, si señala como autoridad responsable al Juez Décimo Octavo Especializado de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes del Primer Distrito, con sede en Tonalá Jalisco, así como como acto reclamado, la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar la cuenta 0196086306, tipo de cuenta libreton 2.0, aperturada en la institución bancaria BBVA Bancomer Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, con sede en Sahuayo, Michoacán de Ocampo, y el impedimento de disponer de los recursos que existen en dicha cuenta. Audiencia constitucional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy y se fijan las once horas con diecisiete minutos del doce de mayo de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Abel Jonapá García, quien da fe.
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