Roberto Lozano Contreras

Expediente 281/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
281/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Roberto Lozano Contreras
  • Secretario de Seguridad Pública, Tránsito Y Vialidad de Uruapan, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    En trece de julio de dos mil veintitrés, la Secretaria CERTIFICA Y HACE CONSTAR:********************Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del veintidós de junio al cinco de julio actual, toda vez que fue notificada personalmente el veinte de junio pasado. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy Fe.****************************************Asimismo, se da cuenta al Juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, trece de julio de dos mil veintitrés.********************EJECUTORIA. De la certificación de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva en la que se sobreseyó el juicio, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA.********************ORDEN DE ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada.********************Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos.********************VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.********************De conformidad con el artículo 20, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, y previamente a la realización de la visita de inspección, destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes constancia de la caja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, diecinueve de junio de dos mil veintitrés.********************VISTOS, para resolver el juicio de amparo 281/2023, promovido por********************, en favor de ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán de Ocampo y otra autoridad; y,********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés -fojas 1 a 3-, ante la Secretaria de guardia en turno del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán,********************, en favor de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que enseguida se transcriben: ********************"1. III. III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- En cuanto ORDENADORA: En cuanto ORDENADORA: Secretario de Seguridad Pública, tránsito y vialidad de Uruapan. EJECUTORAS.- Un grupo aproximado cinco elementos de la policía Michoacán, que privan de la libertad a mi hermano. ********************IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como ORDENADORA: LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, LA INCOMUNICACIÓN, TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, Y TODO LO QUE PROHIBE EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. De las autoridades señaladas como EJECUTORAS: El cumplimiento que han dado a la orden realizada por la Ordenadora de privar de la libertad y tener incomunicado al aquí quejoso y permitir o complacer se le estén aplicando tormentos físicos, psicológicos intimidatorios, sin observar y cumplir con el contenido del Artículo 1° de la Constitución Federal, el Bloque Constitucional, violando el Tratado de Estambul, pues tengo la certeza que se le están aplicando tormentos para arrancarle confesiones de delitos que no ha cometido. ESPECIALMENTE LE PUEDAN SEMBRAR INDICIOS Y FABRICAR EVIDENCIAS MATERIALES DE DELITOS GRAVES.".****************************************La promovente del amparo expone que se vulneran los derechos humanos reconocidos a su representado en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal; narró los antecedentes de los actos reclamados; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.********************SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por proveído de veinticuatro de abril del año en curso, se tuvo por recibida la demanda de amparo; se registró con el número de expediente 281/2023; se concedió la suspensión de plano al quejoso, lo que se ordenó notificarle, ratificando en ese momento la demanda presentada en su favor; por lo que, una vez hecho lo anterior, en auto de esa misma fecha se admitió a trámite; se solicitaron los informes con justificación de las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que compete al Fiscal de la adscripción; y, se fijó hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional.********************En acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés -foja 21-, se ordenó agregar a los autos la razón levantada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que se hizo constar la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 6669/2023 y 6745/2023 dirigidos a la autoridad responsable señalada por el quejoso como: "Elementos de la Policía Michoacana, con sede en esta ciudad", toda vez que fue informado que desde el quince de julio de dos mil veintidós, dejó de existir la Policía Michoacán y pasó a formar parte de la Guardia Civil; por tanto, se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de la referida autoridad.********************TERCERO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A las diez horas con cinco minutos del veintinueve de mayo del año actual, tuvo verificativo la audiencia constitucional, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo; en dicha audiencia, la Secretaria hizo relación de las constancias que obran en el expediente; asimismo, hizo constar que transcurrió el plazo otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación con la inexistencia de la autoridad responsable señalada como: "Elementos de la Policía Michoacana, con sede en esta ciudad", por lo que el Juez acordó tener por hecha la relación de constancias y por efectivo el apercibimiento realizado al impetrante de amparo; por tanto, tuvo por inexistente a la citada autoridad y ordenó suspender toda comunicación con la misma; luego, el Juez abrió la etapa de pruebas, en la que se consideraron las ofrecidas por la autoridad responsable como apoyo a su informe justificado; una vez concluida esa etapa, abrió la de alegatos, en la que hizo constar que ninguna de las partes los formuló, con lo que cerró dicho periodo. ********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 107, fracción ll, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con ejecución en Uruapan, Michoacán de Ocampo, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional.********************SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien resuelve precisa la materia de este juicio de amparo. ********************Del análisis de la demanda de amparo, y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que la parte quejosa reclama: ********************Del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán: ********************La privación de la libertad, incomunicación, tortura física y psicológica, así como la aplicación de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.********************De los elementos de la Policía Michoacana, con sede en esta ciudad:********************La ejecución de los actos reclamados. ********************Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción l, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ******************** "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de libertad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo". ****************************************TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS RESPECTO DE DIVERSAS AUTORIDADES. Debe precisarse que es necesario pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ello atendiendo a una cuestión de lógica fundamental, ya que la existencia del acto autoritario es un requisito esencial para efectuar primeramente el análisis de las subsecuentes causales de improcedencia que se actualicen o, en su caso, si también se salva dicho requerimiento, efectuar el estudio relativo a la constitucionalidad del mismo.********************Apoya lo anterior, la Jurisprudencia J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 78, del tomo 76, abril de 1994, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 212775, que dice:********************"ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento".****************************************I. Inexistencia en relación con el acto reclamado de la autoridad denominada como elementos de la Policía Michoacana.********************Procede decretar el sobreseimiento en el presente asunto en relación con la referida autoridad, pues la misma resulta inexistente.********************En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la ejecutoria que dio origen a la tesis 111/2008, estimó que si durante la tramitación del juicio de amparo, el juzgador no determina la inexistencia de una autoridad responsable previo a la celebración de la audiencia constitucional, es hasta el dictado de la sentencia en que procede realizar dicha declaratoria tanto de los actos como de la autoridad responsable a quien fueron atribuidos.********************Dicha tesis se publicó en la página 52, del tomo XXIX, marzo de 2009, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 167784, la cual dispone:********************"AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente".****************************************Ahora, como se precisó, en la razón levantada por el Actuario adscrito a este Juzgado el veinticinco de abril del año en curso, se asentó la imposibilidad que tuvo para notificar los oficios 6669/2023 y 6745/2023 dirigidos a la autoridad responsable señalada como: "Elementos de la Policía Michoacana, con sede en esta ciudad", en virtud de que le hicieron del conocimiento que a partir del quince de julio de dos mil veintidós, dejó de existir la Policía Michoacán y se convirtió en la Guardia Civil. ********************Por ello, en proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, el Juez Federal ordenó incorporar al juicio la razón actuarial descrita anteriormente y ordenó dar vista a la parte quejosa para que, en un plazo no mayor a tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin embargo, no realizó pronunciamiento en relación con dicha inexistencia informada.********************En consecuencia, en la celebración de la audiencia constitucional se tuvo por inexistente a la autoridad denominada como "Elementos de la Policía Michoacana, con sede en esta ciudad", así como el acto de ejecución que se le atribuye, toda vez que si no existe la autoridad responsable, tampoco pueden existir los actos que se le reclaman.********************De ahí que, procede sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en el arábigo 63, fracción IV, de la ley de la materia.********************II. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LA INCOMUNICACIÓN, TORTURA Y APLICACIÓN DE LOS ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: La primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y, la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta.********************En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba.********************Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención.********************Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad.********************Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado:********************1. Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado.********************2. Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, ********************3. Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión.********************En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán, consistentes en la incomunicación, tortura física y psicológica y la aplicación de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional en contra del solicitante de amparo; toda vez que los negó al rendir su informe justificado, aunado a que, del acta de notificación personal y de ratificación de demanda -foja 11-, se advierte que el Actuario de la adscripción se constituyó el veinticuatro de abril del año en curso, a las dieciséis horas con cincuenta minutos, en las instalaciones que ocupa la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de esta ciudad, en dónde tuvo a la vista a ******************** a quien notificó el auto de esa misma fecha e hizo constar en el acta lo siguiente: "Advierto que no cuenta con rasgos de tortura física ni psicológica ya que se encuentra bien orientado"; así mismo, al otorgar el uso de la voz al quejoso, este manifestó: "Que sí ratifica la demanda de amparo presentada por su hermana, pero que no lo han tratado mal ni golpeado, sin tener nada más que agregar." Acta en dónde calza la firma del quejoso.********************De igual manera, de las constancias que hizo llegar la autoridad responsable al rendir su informe justificado -fojas 43 a 51-, se advierte el control de detenidos de barandilla con número de folio ******************** -foja 31- del que se desprende que el quejoso realizó una llamada telefónica a ********************.********************En esas condiciones, al tratarse de un acto positivo, respecto del cual la citada autoridad, al rendir el informe con justificación negó su existencia respecto a los actos de tortura física y psicológica así como incomunicación y aplicación en su contra, correspondía al quejoso acreditarlo, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con el mismo, como se advierte de la foja 61.********************En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción alguno, del que se desprenda que efectivamente el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán, incomunicó al quejoso, ejerció sobre el tortura física y psicológica, y le aplicó los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo, por lo que no fue desvirtuada la negativa de la autoridad responsable. ********************Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 755, tomo VI, quinta época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". ****************************************Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 305, tomo II, sexta época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-septiembre 2011, del rubro y texto siguiente:********************"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo."****************************************Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece:********************"ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado."****************************************En consecuencia, respecto de los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán, consistentes en la incomunicación, tortura física y psicológica, y aplicación de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.********************CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán, consistente en la privación de la libertad de ********************, pues lo aceptó al rendir su informe justificado -fojas 43 a 47-.********************En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: ********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."****************************************Además, la existencia de ese acto se corrobora con las copias certificadas de las constancias allegadas por dicha Secretaría, que por su naturaleza de pública, cuenta con valor probatorio, en términos de los ordinales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. ********************Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, con número de registro 394182, que señala: ********************"DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena."****************************************QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 95, del tomo VII, mayo de 1991, de la octava época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 222780, que establece: ********************"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."****************************************En el caso, de oficio se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado.********************En efecto, el citado precepto dispone: ********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.)********************XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."****************************************La improcedencia de mérito, se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución a la parte directamente agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.********************Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. ********************Así, la causal de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados se actualiza cuando, ante la insubsistencia del acto, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. ********************Luego, de las precisiones realizadas se llega a la convicción de que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. ********************Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpretan, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, del tomo IX, junio de 1999, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193758, que señala: ********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************Así como, la jurisprudencia 9/98, de la sala referida, consultable en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, de la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196820, que señala: ********************"SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo73, fracción XVI de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo."****************************************Y, la tesis CL/97, del Pleno del Alto Tribunal consultable en la página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 197367, del tenor siguiente:********************"ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad".****************************************Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad, del informe rendido por la autoridad responsable se evidencia que el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, a las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos, la parte quejosa ********************, fue puesto en libertad y egresó del área de barandilla en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Uruapan, Michoacán, lo anterior en virtud de que se pagó una multa administrativa en favor de la Tesorería Municipal de Uruapan, Michoacán por la cantidad de ********************, como se acredita con la copia certificada del recibo de pago número ********************, allegado a este Juzgado por la autoridad responsable. ********************Lo que se corrobora con las documentales públicas que obran en autos -fojas 69 y 70-, con valor probatorio pleno, en términos de lo establecido en párrafos precedentes, consistentes en la constancia de egreso del área de barandilla, relativa al quejoso ********************, y la copia certificada del recibo número ********************, correspondiente al pago de una multa administrativa impuesta al quejoso, remitidas por el Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán.********************En esa tesitura, se pone de manifiesto que el acto reclamado ha dejado de surtir sus efectos, toda vez que ha quedado sin efectos la privación de la libertad alegada por la representante del quejoso.********************Así las cosas, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dejó en libertad al quejoso. ********************Circunstancia que genera a favor del solicitante de amparo, la restitución en el goce de las derechos violados en términos de lo establecido por el artículo 77, de la Ley de Amparo, por lo que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto que inicialmente destacó como reclamado ya no le agravia al quejoso, razón por la que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia.********************En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. ********************En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen:********************"SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente."****************************************SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.********************Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: ********************R E S U E L V E:********************PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido ********************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. ********************SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando sexto de esta sentencia.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resuelve y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, hasta el día de hoy en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, quien actúa asistido de Ana Bertha Bravo Duarte, secretaria que autoriza y da fe. ****************************************La suscrita Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, hace constar que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, en la que se determinó sobreseer en el juicio de amparo 281/2023, promovido por********************, en cuanto representante de ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Uruapan, Michoacán. Conste.********************El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Uruapan, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como reservada y confidencial, por tratarse del nombre de una persona física, cantidades, números de oficios y de expedientes, al constituir datos sensibles que hacen identificable a la parte impetrante, de manera directa o indirecta, a través de cualquier información. Conste.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBE OFICIO Agréguese al sumario el oficio suscrito por la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico de los Elementos a su cargo, mediante el cual desahoga el requerimiento de veintisiete de abril de dos mil veintitrés; por tanto, con apoyo en el numeral 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las constancias que exhibe, con lo que se ordena dar vista a las partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: SE RECIBEN INFORMES De conformidad con los numerales 117, 119 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico de los Elementos a su cargo, rindiendo su informe justificado y relativo a la suspensión de plano decretada en autos, así como remitiendo diversas constancias relativas al acto reclamado; con lo que se ordena dar vista a la partes y nueva cuenta en la audiencia constitucional. Córrase traslado con los informes de cuenta al impetrante de garantías, por conducto de su autorizado legal, para el efecto legal procedente. ESTADO PROCESAL Ahora bien, de las constancias allegadas por la autoridad responsable a su informe de ley, se aprecia que fue omisa en remitir copia certificada de las constancias que sustenten su dicho; esto decir, no remitió las documentales de las cuales se advierta la puesta en libertad del impetrante de garantías, así como el pago de la multa administrativa que le fue impuesta; por consiguiente se provee: REQUERIMIENTO Con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada Ley, requiérase al Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, por sí y en cuanto superior jerárquico de los Elementos a su cargo, para que dentro de un plazo, no mayor a TRES DÍAS, computado legalmente, se sirva remitir copia certificada y legible de las documentales reseñadas en líneas primigenias, así como todas y cada una de las constancias que tomó en consideración para la emisión de la misma; lo anterior, toda vez que resultan necesarias para resolver el juicio biinstancial en que se actúa. Lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (JUICIO EN LÍNEA), o bien, a través del correo institucional [6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.]. En la inteligencia de que, en caso, de realizar dicha remisión físicamente, vía mensajería acelerada, lo deberá hacer del conocimiento de este tribunal con la debida anticipación, a fin de estar en condiciones de acordar lo que conforme a derecho proceda. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá MULTA de DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, equivalente a 20, 748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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