Ricardo Vega Ochoa

Expediente 749/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
749/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Rodrigo Campos Cuevas y Otros.
  • Ricardo Vega Ochoa
  • Rodrigo Campos Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño, hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que, por un lado se sobreseyó en el juicio; y, por el otro, se les negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: DEVOLUCIÓN DE DISCO Hágase devolución al Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el disco compacto de los expedientes electrónicos del juicio administrativo en línea JA-1152/2021-I y el recurso de reconsideración en línea JA-R-0022/2023-III; mismo que en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la primera parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 17, fracción III, inciso a) del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído y negado en este juicio. Por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, transfiérase el juicio al Archivo de Concentración del Consejo de la Judicatura Federal. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-749/2023, promovido por Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, y remitido en esa fecha por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño promovieron demanda de amparo contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad. Los promoventes del juicio narraron los antecedentes del acto reclamado y estimaron vulnerados en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de garantías registrada con el número VI-749/2023, promovida por Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción mixta este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, relativa al recurso de reconsideración JA-R-0022/2023-III, interpuesto por los quejosos en contra del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio administrativo JA-1152/2021-I, por el que se les impone una multa por la cantidad de $48,110.00 (cuarenta y ocho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), virtud a la contumacia para dar cumplimiento a la sentencia. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Contra lo afirmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, del contenido del informe justificado rendido por el Secretario General de Acuerdos habilitado para ejercer funciones de Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió disco compacto en el que obra copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por los quejosos debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada en la especie únicamente respecto del quejoso Manuel Alfredo Raya Gamiño, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, del propio ordenamiento legal, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que respectivamente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. ." Es así, ya que si bien el recurso de reconsideración fue interpuesto por los quejosos Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño, no menos verídico resulta que por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, el magistrado responsable determinó que no había lugar a tener por presentado el recurso de reconsideración en lo que respecta a Manuel Alfredo Raya Gamiño, por hacerlo de manera extemporánea; de tal modo que dicho recurso únicamente se admitió por lo que ve a los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, de ahí que la resolución reclamada de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, solamente está dirigida a los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa. De ahí que Manuel Alfredo Raya Gamiño, no se encuentra legitimado para acudir en demanda de la protección de la justicia federal respecto de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dado que como se puso de manifiesto, dicho acto no se dirigió a su persona, y ante esa circunstancia el acto reclamado ningún perjuicio le causan al quejoso Manuel Alfredo Raya Gamiño. Por lo que resulta incuestionable que el citado quejoso no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 5° antes transcrito, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Federal, pues en todo caso el acto reclamado y sus consecuencias, únicamente pueden afectar a los diversos quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, por quienes sí se admitió el recurso y a quienes se dirigió el acto reclamado. De tal suerte que si sólo tiene legitimación procesal para acudir al juicio de garantías la persona física o moral, que directamente resulte agraviada por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, que en la especie lo serían aquellos por quienes habiendo interpuesto el recurso de reconsideración, se admitió y resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés; entonces es claro que el quejoso Manuel Alfredo Raya Gamiño no goza de potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional a ejercer la acción constitucional, como titular de un derecho, puesto que la resolución reclamada no le está lesionando un derecho subjetivo, virtud a que su recurso se tuvo por no presentado virtud a su extemporaneidad en auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.9 K, que dice: Época: Novena Época Registro: 202692 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o.9 K Página: 412 "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho. Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: Época: Séptima Época Registro: 232899 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 76, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 45 "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por tanto, al afectar la resolución reclamada únicamente a los recurrentes, aquí quejosos, Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, no así al diverso quejoso Manuel Alfredo Raya Gamiño, es indiscutible que debe declararse improcedente el juicio de garantías en que se actúa y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, respecto del acto que se analiza y únicamente respecto del quejoso Manuel Alfredo Raya Gamiño. De ahí que por cuanto a dicho quejoso no se analizarán los motivos de disenso relativos. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que el juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son inoperantes e inatendibles los conceptos de violación propuestos por los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, por las razones que a continuación se precisarán. De las constancias que obran en autos, a las que previamente se concedió valor probatorio pleno, se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: Ante el Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, se tramitó y resolvió el juicio administrativo número JA-1152/2021-I, promovido por José Luis Collazo Morales, contra el Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán, y otras autoridades. El trece de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se declaró procedente la acción de nulidad y se condenó a las autoridades demandadas al pago de las prestaciones reclamadas, derivadas de la ilegalidad de la baja del actor como policía municipal en la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tangamandapio, Michoacán; por ende, su nulidad lisa y llana. Una vez que quedó firme tal fallo, en acuerdo de cuatro de julio de dos mil veintidós, se requirió el cumplimiento de la sentencia a las enjuiciadas en diversos proveídos, apercibidos de multa y habiéndoseles impuesto. Luego, en etapa de ejecución de sentencia se dictó el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que el juez administrativo impuso una diversa multa, entre otros, a los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, como Presidente y Tesorero del Municipio mencionado, por la suma de $48,110.00 (cuarenta y ocho mil ciento diez pesos 00/100 M.N.), de manera individual; con motivo del incumplimiento al requerimiento formulado en diverso proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, en el que se solicitó el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada en el juicio administrativo. Inconformes con dicha determinación, los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa interpusieron recurso de reconsideración en el que en esencia alegaron: Que el Ayuntamiento no cuenta con recursos económicos suficientes para dar cabal cumplimiento a la sentencia definitiva, ya que las comunidades indígenas de Tarecuato y la Cantera reciben íntegramente alrededor del 50% del presupuesto que recibía el municipio, por lo que les corresponde hacer frente a todas las deudas que se tenían con el presupuesto restante, además de otros descuentos, por lo que han tratado de llegar a un acuerdo con el actor, pero no han obtenido respuesta favorable de su parte. El incumplimiento de la sentencia no obedece a una cuestión de voluntad u omisión, sino de materialidad económica; que los medios de apremio podían encontrar justificación si a través de su imposición existiera una posibilidad real de dotar de suficiencia presupuestaria al ayuntamiento, pero no es así. Que las múltiples multas no abonan a que se descongestione el incumplimiento de las condenas y a que se pague en este ejercicio presupuestal, simplemente porque no está presupuestada para este ejercicio fiscal. Que el juez impone las multas de manera personal, siendo que la omisión de dar cumplimiento a la sentencia no atiende a un tema de voluntad sino a la realidad patrimonial y de posibilidades efectivas de hacerlo, siendo que el ejercicio de los recursos está condicionado a lo que disponga la Secretaría de Finanzas; que incluso con déficit presupuestal hay programas y rubros prioritarios que requieren el gasto público con urgencia. Que la imposición de las multas a los servidores públicos en lo personal no contribuye a que se venza la resistencia al cumplimiento de la sentencia, ya que no es un tema de voluntad, sino una cuestión fáctica de insuficiencia, que simultáneamente se puede volcar en un instrumento que disminuya o incluso arruine su patrimonio. Una vez admitido dicho recurso, por resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, el magistrado responsable declaró infundados los agravios expuestos y, en consecuencia, confirmó el proveído recurrido de trece de febrero de dos mil veintitrés, bajo las siguientes consideraciones: En relación con el agravio reseñado en el inciso a) señaló que dichas manifestacionmes no se hicieron en el momento procesal oportuno, esto es, durante el plazo otorgado para tal efecto por parte del juez administrativo, además que a dichas manifestaciones debieron adjuntarse las documentales idóneas para acreditar su dicho, sin que ello los exima de la condición de cumplir con la ejecutoria. Que pese a que argumentan la falta de liquidez para hacer frente a sus obligaciones, las autoridades no han comprobado que ya se realizaron gestiones o acciones tendentes al cumplimiento de la sentencia, virtud a ello fue correcto que en auto recurrido se estableciera que las autoridades no acreditaron el cumplimiento de la sentencia, porque no acreditaron la justificación de su incumplimiento, ya que no basta exhibir un estado de cuenta y señalar que se carecen de fondos suficientes para cumplir con el pago, sino que se deben acreditar las gestiones necesarias tendentes al cumplimiento. Que resultaba indispensable que las autoridades acreditaran plenamente que carecían de liquidez para realizar el pago, además de que en ese supuesto era factible que hicieran las adecuaciones presupuestarias para lograr liberar los recursos económicos y realizar el pago de las prestaciones económicas, aun cuando se hubiera agotado la partida presupuestaria y se regule por los principios de anualidad, legalidad, honradez, eficiencia, legalidad y economía, ya que es constituye una cuestión de orden público que se cumpla con el pago de lo establecido en la sentencia realizando las adecuaciones presupuestarias y a su vez instrumentando los mecanismos de transferencias necesarios para adecuar el presupuesto y realizar el pago de la sentencia. Que la multa impuesta resulta legal en razón de que no se rindió el informe correspondiente dentro del plazo legal otorgado por parte de las autoridades inconformes, además de que no acreditaron las gestiones para realizar el pago de la condena o bien que las hayan realizado y que estén por cubrirse, para cumplir debidamente con lo condenado en autos, aunado a que no se advertían mayores elementos que permitieran arribar a la conclusión de que efectivamente exista imposibilidad jurídica o material para cumplir con el fallo, máxime que no acreditaron factores externos, imprevisibles o ajenos que les impidan cumplir con la sentencia. Que el Estado se considera siempre solvente y, por tanto, en aptitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria, pero que basa la falta de cumplimiento voluntario para que se actualice tal omisión, lo que motivó a hacer efectivo el apercibimiento, sin que sea menester esperar al dictado de una resolución en la que se declare la imposibilidad jurídica o material para cumplir con los fallos firmes de condena líquida dictados en su contra. Y, con relación a los agravios resumidos en los incisos c) d) y e), destacó que al aceptar el cargo conferido aceptaron todos los derechos y obligaciones que conllevan y entre los que está el cumplimiento de las sentencias y obligaciones adquiridas, dado que es de interés público que se cumplan en su totalidad las sentencias que se emitan en favor del gobernado; que cuando los órganos jurisdiccionales imponen multa a una autoridad y hacen referencia a la denominación de un determinado encargo público, debe entenderse que esta va dirigida al servidor público que en su actuar incurrió en la omisión y no al ente al que pertenece, pues no fue a éste al que propiamente se le aplicó la medida, sino a la persona física que ocupa el cargo, por lo que ésta debe cubrir el monto de aquélla con su peculio; sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las medidas de apremio, en este caso las multas, dado que jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, consecuentemente, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de la medida de apremio. Siendo así que el Código de Justicia Administrativa del Estado, prevé como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones durante la etapa de ejecución la multa, la cual sería impuesta al funcionario o persona física y no así a la unidad administrativa; de ahí que una vez fijada la multa en la etapa de ejecución, ésta debe ser impuesta al servidor público en su carácter de persona física para que sea cubierta de su peculio y de esta forma, la medida de apremio adquiera efectividad, y no a la entidad pública que aquél represente, pues el objetivo de la multa es evitar la reincidencia de la conducta sancionada. Que si bien existe un déficit presupuestal y el ejercicio de los recursos está condicionado a lo que disponga la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, tal circunstancia no implica el impedimento material o jurídico del cumplimiento de la sentencia, ya que las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes dentro de su ámbito de atribuciones para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias. Por lo que, concluyó, que la autoridad estuvo en condiciones de solicitar a la aludida secretaría una partida presupuestal, así como de acreditar las gestiones necesarias, tomando en cuenta el carácter preferente que asiste a la obligación de pago y que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitucional puede condicionar su acatamiento; y, el hecho de no ser la ejecutora del gasto, no exime a la recurrente de cumplir con los trámites correspondientes en tiempo y forma, sin que se advierta que los inconformes hubieran realizado dichos trámites previo a la imposición de la sanción. Siendo dicha determinación la que constituye materia de reclamo en esta instancia constitucional. Como se adelantó, los conceptos de violación expresados por la quejosa resultan inoperantes, por los motivos que a continuación se reseñan. Por regla general un concepto de violación es inoperante cuando: a) los argumentos que lo integran no atacan ninguno de los fundamentos del fallo reclamado; o bien, b) solamente se atacan algunos de los argumentos que rigen la sentencia materia de amparo, pero se dejan intocados otros que por sí solos sean suficientes para seguir rigiendo el sentido del acto reclamado. La inoperancia así materializada se funda en la circunstancia de que los Juzgados de Distrito carecen de facultades legales para decidir -de oficio- acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los fundamentos y razonamientos jurídicos esgrimidos por la autoridad responsable no impugnados por el quejoso, ya que de hacerlo suplirían la deficiencia de la queja en un caso donde no se advierta una violación manifiesta de la ley, que haya dejado al quejoso sin defensa. Así, todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia legal indispensable, debe contener los argumentos necesarios tendentes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados en el juicio de amparo. En el caso, en relación con los argumentos que se precisan como 1), 2) y 4), a continuación se surte el primer supuesto genérico de inoperancia de los conceptos de violación hechos valer, identificado con el inciso a), pues los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa se limitan a reiterar como conceptos de violación los agravios expresados en el recurso de reconsideración, de ahí que omiten controvertir las razones en que se apoyó el magistrado responsable para confirmar la multa impuesta. Ello es así, pues al efecto el magistrado responsable declaró infundados los agravios de los recurrentes atendiendo a puntos medulares sintetizados con antelación. Argumentos que de ninguna manera fueron atacados por los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa en sus conceptos de violación, ya que en esencia se limitaron a reiterar las consideraciones expuestas vía agravio, los cuales se sintetizan en: Insistir en la insolvencia económica por la que atraviesa el Municipio. Que las comunidades de La Cantera y Tarecuato, reciben de manera directa el 50% del presupuesto, por lo que es imposible llevar a cabo una administración donde tienen la obligación de prestar servicios indispensables para la población. Que no fue posible llevar a cabo la planeación para materializar los ajustes del presupuesto para este ejercicio fiscal, ya que la ley de Ingresos y el presupuesto se verifican en el mes de diciembre del año inmediato anterior, esto aunado a los recortes presupuestarios. Que la falta de cumplimiento a la sentencia no es por falta de ánimo, sino por una cuestión de presupuesto o liquidez por parte del ayuntamiento, ya que cuenta con el 50% del presupuesto municipal, de ahí que entre los gastos de la cabecera y demás comunidades es inoperante la administración pública municipal. Por tanto, de la síntesis de los conceptos de violación 1), 2) y 4) se evidencia que los quejosos Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa se limitan a reiterar los agravios expuestos en el recurso de reconsideración, abundando un poco sobre los mismos, pero sin controvertir los argumentos en que sustentó su determinación el magistrado responsable. Ello en razón de que, como ya se dijo, los quejosos no controvierten las consideraciones del magistrado para declarar infundados sus agravios, pues se limitan a realizar meras afirmaciones y abundar sobre lo ya expuesto, siendo que los motivos de inconformidad expresados en su momento vía agravio fueron desestimados en la forma ya precisada. Tanto es así, que de la reseña realizada con antelación se advierte claramente que la autoridad responsable desestimó los agravios expuestos por la parte quejosa con argumentos lógico jurídicos, los cuales no fueron rebatidos con propiedad por los promoventes en el presente juicio. En las relacionadas condiciones, si la parte quejosa -en sus conceptos de violación 1), 2) y 4) - omite combatir los razonamientos en que se apoyó la autoridad responsable para resolver en los términos en que lo hizo, como ya se vio, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinar, de oficio, la constitucionalidad de las argumentaciones esgrimidas por el magistrado responsable. Ello en razón de que en el caso resulta improcedente la suplencia de la queja, amén de que no se está ante un asunto donde se controviertan derechos de menores de edad; tampoco se advierte que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas; menos se observa alguna violación manifiesta a la ley que haya dejado sin defensa a la parte agraviada, todo lo cual conduce a determinar que los razonamientos que en aquel sentido expuso el magistrado responsable, que no se atacan, ameriten quedar incólumes para todos los efectos de ley inherentes. Dicho en otros términos: no basta la afirmación general que propone la parte quejosa en sus conceptos de violación, pues para que este órgano jurisdiccional estuviera en condiciones de emitir pronunciamiento al respecto, era menester que rebatiera con propiedad, mediante el empleo de razonamientos lógicos y jurídicos concretos, las argumentaciones vertidas en la resolución reclamada para desestimar sus agravios, así como que explicara el porqué de sus aseveraciones, de modo que si no ocurre así, aquellas deben quedar intocadas y seguir rigiendo el sentido del fallo reclamado, al no actualizarse ninguna de las hipótesis que autorice suplir la deficiencia de los conceptos de violación. Es aplicable al punto que antecede, además, la tesis de jurisprudencia proveniente de la antaño Tercera Sala del más Alto Tribunal de la República, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos de fallo no impugnando, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable". Asimismo, por analogía, la diversa tesis de jurisprudencia 2a./J. 109/2009, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida". Por otro lado, el concepto de violación precisado como 3) también resulta inoperante por novedoso, esto es, que lo ahí alegado nunca se expuso así ante el magistrado responsable vía agravio a efecto de que éste estuviera en aptitud de pronunciarse en torno a dichas alegaciones. Por ende, es inconcuso que este órgano jurisdiccional no está en aptitud de examinarlas en este juicio de amparo al no haber sido expresados ante el magistrado responsable y, por lo tanto, no haber sido parte de la Litis en su momento. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis que a continuación se transcribe: Registro digital: 176604 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 150/2005 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52 Tipo: Jurisprudencia AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida. No pasa inadvertido para el suscrito juzgador el hecho de que los quejosos señalan que la resolución reclamada viola el principio de exhaustividad jurídica al desestimar los documentos exhibidos por los quejosos y con los cuales pretendían acreditar la insolvencia económica virtud a los descuentos directos efectuados por la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, con lo que refieren el magistrado responsable dejó de observar lo dispuesto en los artículos 4º del Código de Justicia Administrativa, en relación con el diverso 530 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con lo que a su decir se restó valor a las documentales públicas expedidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, dicho argumento resulta inatendible, ello en razón de que si bien el magistrado no tomó en consideración las documentales que refieren los quejosos, ello atiende al hecho de que tal agravio resultaba inoperante por novedoso, pues como bien lo destacó el magistrado responsable, dichas manifestaciones y pruebas debieron formularse y ofrecerse ante el juez administrativo, a fin de que este estuviera en aptitud de valorarlas, de modo que, al no haberse hecho así, el magistrado responsable estaba impedido para analizarlas en el recurso de reconsideración. Y, no obstante ello, el magistrado señaló que las alegaciones relacionadas con tales descuentos no los eximía de la condición de cumplir con la sentencia, máxime que no habían comparecido ante el juez a manifestar y cumplir con lo ordenado en auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, argumentos que tampoco fueron rebatidos por los quejosos en sus conceptos de violación. Luego, ante lo inoperante e inatendible de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar la protección constitucional instada por Rodrigo Campos Cuevas y Ricardo Vega Ochoa, en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, el cual se dejó ampliamente identificado en el cuerpo de esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Manuel Alfredo Raya Gamiño, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-749/2023, promovido por Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa y Manuel Alfredo Raya Gamiño, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Manuel Alfredo Raya Gamiño, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodrigo Campos Cuevas, Ricardo Vega Ochoa en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en esta ciudad, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy cinco de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 749/2023 promovido por Rodrigo Campos Cuevas y otros dos, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de tiene reconocido el carácter de tercero interesado José Luis Coyazo Morales y/o José Luis Collazo Morales, quien se encuentra debidamente emplazado, como se desprende de autos. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: Secretario General de Acuerdos habilitado para ejercer funciones de Magistrado de la Tercera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó como sustento de su informe, el disco compacto de los expedientes electrónicos del juicio administrativo en línea JA-1152/2021-I y el recurso de reconsideración en línea JA-R-0022/2023-III. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló los que a esa parte corresponden. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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