Ricardo Ziramba Gaytán
Expediente 959/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Ziramba Gaytán
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente, de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo. En tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en alguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo III-959/2022, promovido por Ricardo Ziramba Gaytán, a través de su apoderada, contra actos de Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el uno de septiembre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, el mismo día, Ricardo Ziramba Gaytán, a través de su apoderada, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. En auto de dos de septiembre del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose como expediente III-959/2022; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior por tratarse de una demanda de amparo promovida contra una omisión de una autoridad en materia laboral dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y su ampliación, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable en la presente instancia constitucional, consisten en: La omisión de señalar fecha para la audiencia inicial, de turnar el expediente a la actuaría y vigilar que se realice el emplazamiento correspondiente. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables Presidenta y Actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negaron la omisión que se le atribuyó. Sin embargo, se tiene como cierta con las constancias que allegó la Presidenta y actuaria adscrita a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, ello porque se advierte que hasta el nueve de este mes y año proveyó lo referente al señalamiento de la fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y comisionó al actuario de la adscripción para efecto de realizar el emplazamiento respectivo a la parte demandada. Por lo que si la demanda de amparo se presentó el uno de septiembre de este año, esto es, previo al requerimiento referido en el párrafo anterior, es claro que sí existía la omisión reclamada al momento de su promoción. Pruebas a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 188, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones judiciales. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia y/o sobreseimiento, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, el que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Esto es, dicho numeral establece que es improcedente el juicio de amparo cuando hubieran cesado los efectos del acto reclamado, lo que acontece en el asunto. El Máximo Tribunal del País ha sostenido que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a la existente antes de su nacimiento. También, cuando la autoridad sin revocarlo o dejarlo insubsistente constituye una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce del derecho violado. En esa óptica, la cesación del acto reclamado significa que la autoridad deja de afectar al quejoso, lo cual debe entenderse como su detención definitiva, la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia de aquél. Por tanto, la razón justificante de la improcedencia de mérito de ninguna manera es su simple paralización, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que no surtió sus consecuencias, ni las surtirá y en modo alguno dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esa forma, tal motivo de improcedencia está orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio, a saber, lograr la reparación constitucional referida en el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, para restablecer las cosas al estado existente antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, de ser negativo, obligar a la responsable a respetar la prerrogativa correspondiente. Así, dicho motivo de inviabilidad se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo que las cosas han vuelto al estado guardado antes de la violación impugnada, como si se hubiera otorgado el amparo y el acto no invadiera la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación ninguna huella dejara. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto, permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, de las constancias que integran los presentes autos, en específico de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad de proveer sobre el señalamiento de la fecha y hora de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como ordenar el emplazamiento a la parte demandada. Y, de las constancias allegadas por la autoridad responsable, se advierte que dentro del juicio laboral 3B-848/2022: ( En auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, la Junta responsable, tuvo por recibida y radicada la demanda que en la vía ordinaria laboral por indemnización constitucional promovió Ricardo Ziramba Gaytán en contra de Emilio García Vargas y otros, en donde la junta responsable determinó: a) Señaló fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para el nueve de diciembre de dos mil veintidós. b) Ordenó el emplazamiento de la parte demandada. En ese contexto, se advierte que con la emisión del citado proveído cesaron los efectos de las omisiones reclamadas, pues se cumplió el propósito que perseguía el solicitante del amparo al acudir a esta instancia constitucional, esto es, que la autoridad señalara fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y se ordenara el emplazamiento de la parte demandada dentro del juicio laboral referido. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, se hace innecesario el análisis de la constitucionalidad de la omisión reclamada, pues la posible afectación causada al solicitante de amparo ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral de origen, y señalar fecha de audiencia) y en consideración a que el nueve de noviembre de dos mil veintidós, se subsanó la omisión reclamada, es evidente que la afectación quedó sin efectos, y por ende, también la lesión alegada a la esfera jurídica del solicitante de amparo. Además, se observa que la autoridad responsable señaló una fecha próxima, esto es, para el nueve de diciembre de dos mil veintidós, con lo que tampoco sería dable analizar el señalamiento de una fecha remota. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Por otra parte, resta señalar que si bien la parte quejosa refirió que la autoridad responsable había omitido vigilar el emplazamiento de la parte demandada, también lo es que al momento de la presentación de la demanda no había dado tal orden, pues, de hecho, ese fue uno de los actos reclamados en la presente instancia constitucional, del que se reitera, ha cesado sus efectos, de ahí que este órgano jurisdiccional no podría ocuparse de analizar tal omisión, pues tendría que ocuparse de actos posteriores, aunque de naturaleza omisiva, y distintos a los que dieron origen al juicio de amparo. Aunado a que se debe atender a la etapa procesal en la que se originó el acto reclamado, y en el presente asunto, lo era previo al señalamiento de la audiencia inicial. En ese sentido, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado consistente en las omisiones referidas ante la autoridad responsable, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley citada. Se destaca que con motivo del sobreseimiento decretado, no procede el estudio de los conceptos de violación, sirve de apoyo la Jurisprudencia siguiente: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, por lo que ve a las diversas manifestaciones que hace valer a manera de alegatos el agente del Ministerio Público adscrito, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 73 a 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo. R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Ziramba Gaytán, a través de su apoderada, contra el acto precisado en el considerando segundo y por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad rinde informe justificado que le fue solicitado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. REALIZA MANIFESTACIONES Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Yesica Arisbet Jiménez Jiménez en cuanto apoderada del quejoso, a través del cual se tiene formulando una serie de manifestaciones en guisa de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de estos en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
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