Ricardo Suarez Reyes

Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
606/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Suarez Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. SE ACUSA RECIBO DEL RECURSO DE REVISIÓN Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa la recepción del diverso, a través del cual se remitió copia y original del escrito de agravios y el original del juicio de amparo; asimismo, comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto y se registró bajo el número de expediente 259/2******************** de su índice. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. VISTA CON AUTOS. Visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de diez de julio del año en curso, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, contra la sentencia de veintisiete de junio del presente año, dictada por este juzgado, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata. En consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el original del juicio en que se actúa, escrito original de agravios y copia correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer circuito en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintiuno de julio al cuatro de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/3021/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de julio de dos mil veintitrés. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN Visto el escrito de cuenta, signado por ********************, Diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución de veintisiete de junio del año en curso, dictada en autos. En tal virtud, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por interpuesto dicho recurso, por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo y, en su oportunidad remítase el original del juicio en que se actúa, el escrito original de agravios para el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en Turno, del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, y la copia de agravios para el Fiscal Federal adscrito al Tribunal de Alzada, para lo que a bien tenga determinar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo ********************, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el doce de mayo de ******************** mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzga******************** de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ******************** y otros catorce quejosos, por su propio derecho, promovieron demanda de amparo en la que señalaron como autoridades responsables al Congreso del Estado de Michoacán, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Director de Recaudación del Estado y el Director del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, a quienes les reclamaron la aprobación, promulgación, publicación y cumplimiento del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, particularmente, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular; en concreto, por refrendo de circulación, así como la ejecución y cobro respectivo. En ese ocurso, los promoventes narraron los antecedentes del caso, formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron como derechos humanos vulnera******************** los conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos. SEGUNDO. Separación de juicios. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho asunto al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien por acuerdo de dieciséis de mayo siguiente se registró bajo el número de expediente ********************. En dicho proveído ordenó la separación de juicios en atención a que la demanda de amparo fue promovida por quince quejosos, por lo que se giraron los oficios respectivos a la Oficina de Correspondencia Común para que determinara a qué juzgado le correspondería conocer de los nuevos juicios de amparo. TERCERO. Radicación, desechamiento parcial, admisión y trámite del juicio. En proveído de diecinueve de mayo de ******************** mil veintitrés, este órgano jurisdiccional radicó el asunto bajo el progresivo ********************; y determinó, por un lado, desechar de plano la demanda contra los actos reclama******************** al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo, al Director del Periódico Oficial del Estado, así como el acto de aplicación atribuido al Director de Recaudación del Estado. En relación con las autoridades Gobernador y Congreso del Estado, se admitió a trámite la demanda; se requirieron sus respectivos informes con justificación; y, se otorgó la intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Finalmente, tuvo lugar la audiencia constitucional la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, previo diferimiento. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos; 1o., fracción I, 37 y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, y el diverso 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegia******************** y Unitarios de Circuito y de los Juzga******************** de Distrito. Toda vez que se reclama una norma general-local de naturaleza administrativa (fiscal), cuyos efectos se materializan dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal tiene jurisdicción y competencia mixta; por lo que se surte la competencia en razón de materia, grado y territorio. SEGUNDO. Fijación de los actos reclama********************. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. En ese tenor, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas a este sumario, se advierte que los actos reclama******************** son los siguientes: - Al Congreso y Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, en el ámbito de sus respectivas competencias, la inconstitucionalidad material de la aprobación, promulgación, expedición y cumplimiento del Decreto Legislativo por el que se expide la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, particularmente, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), que prevé la causación de derechos por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, en concreto, por refrendo de circulación correspondiente a la presente anualidad. Ello con motivo de su primer acto de aplicación verificado el once de mayo de ******************** mil veintitrés, en el que el quejoso efectuó el pago del derecho aludido en el recibo con número ********************por el periodo 23A0, en cantidad de ********************, respecto de un vehículo automotor. Sin que haya lugar a resolver sobre los diversos conceptos denomina******************** ´Recargos de refrendo´ y ´Multa extemporánea refrendo´, que aparecen en el indicado formato múltiple de pago de contribuyente, toda vez que el promovente no se dolió en contra de tales erogaciones que, si bien derivan del refrendo anual de calcomanía del que se duele el quejoso, lo cierto es que no las señaló como acto reclamado de manera destacada y, menos aún, enderezó concepto de violación alguno en su contra. TERCERO. Inexistencia. El Gobernador del Estado de Michoacán, al rendir su informe justificado negó el acto consistente en el cumplimiento de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal 2023, por no ser propio de esa autoridad. Aunado a que la parte quejosa no aportó elemento probatorio para acreditar que el Gobernador emitiera un acto de ejecución sobre aquella normativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio de amparo, ante la inexistencia del acto reclamado referido únicamente por lo que ve al Gobernador del Estado de Michoacán. CUARTO. Existencia de los actos reclama********************. De manera contraria a lo referido por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita en su pedimento, son ciertos los diversos actos reclama******************** a las autoridades responsables, toda vez que al rendir su informe con justificación refirieron manifestaciones de las que se aprecia que aceptaron su existencia, dentro de su respectiva competencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cabe reiterar que, en el caso, se reclama una porción normativa de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023; entonces, no es necesario que se acredite su existencia con algún tipo de prueba, conforme al principio jurídico de que "la ley no es objeto de prueba". Por ello acorde a lo previsto en los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, su existencia constituye un hecho notorio para este juzgado constitucional. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica esencial, la jurisprudencia 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuer******************** de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publica******************** en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Al rendir su informe justificado la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, señaló que debe sobreseerse en el presente juicio de garantías, pues en su decir, se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones VII y XXIII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que "no se advierte vulneración a ningún concepto de violación de los artículos y ley tilda******************** de inconstitucionalidad", lo cual, dice, constituye un requisito indispensable para estar en condiciones de determinar la existencia o inexistencia del agravio que cada uno de ellos pudiera irrogarle a la parte quejosa. Antes de responder tal planteamiento de improcedencia, es de destacarse que atento a los motivos por los que la responsable manifiesta se actualiza la referida causal invocada, el sustento jurídico es diverso al señalado en su informe; esto es, la improcedencia cuya motivación realiza se encuentra prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, del ordenamiento jurídico en consulta, por lo que se hace la corrección en la cita de los preceptos legales que señala. Argumentos que son de obvia y objetiva constatación por este juzgado constitucional. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBEN SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 79 de la Ley de Amparo establece, en su parte conducente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Tribunales Colegia******************** de Circuito y los Juzga******************** de Distrito deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen viola********************, y que podrán examinar en su conjunto los agravios, los conceptos de violación y los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Aplicando el precepto en comento, por analogía y mayoría de razón, se estima que dichos órganos jurisdiccionales deben corregir también el error en la cita del número del expediente de amparo en que se incurre en el escrito de agravios en la revisión, así como cualquier otro error numérico o mecanográfico, de poca importancia, que también a través de una corrección pueda permitir la procedencia del juicio de garantías o de los recursos previstos en la Ley de Amparo, evitán********************e en esa forma caer en rigorismos excesivos, que dejen en estado de indefensión al particular en aquellos casos en los que el juicio de garantías o el recurso correspondiente, se interponen en la forma y dentro de los plazos que establece la ley de la materia para cada caso concreto.". Sentado lo anterior, debe decirse que contrario a lo argumentado por la Presidenta de la Mesa Directiva, en la especie, no se actualiza la hipótesis de inejercibilidad aludida por las siguientes consideraciones: Los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] VIII. Los conceptos de violación.". Luego, de la simple lectura de la demanda de amparo puede percatarse que, al respecto, sí se hacen valer conceptos de violación en contra de la porción normativa reclamada, pues en esencia la parte quejosa arguye diversos argumentos dirigi******************** a evidenciar la transgresión a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias que consagra la Constitución Federal. Aunado a ello, se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que cualquier razonamiento vertido en la demanda de amparo debe examinarse, siendo suficiente que en él se exprese con claridad la causa de pedir, señalán********************e cuál es la lesión o agravio que se estime le causa el acto, resolución o ley combati********************, así como los motivos que originaron ese agravio. De ahí que si la parte quejosa expuso de manera expresa las garantías que en materia tributaria considera se conculcaron con la aprobación, promulgación, aplicación y ejecución de las normas reclamadas, además de que adujo los razonamientos elementales por los cuales llegó a tal conclusión. Entonces, confrontando las garantías con los preceptos reclama********************, se considera que se cumplen con las exigencias de la fracción VIII del artículo 108 de la ley de la materia. Apoya lo anterior, la siguiente tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclama******************** y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclama********************. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación to******************** los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalán********************e cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo.". Así, al no existir alguna otra causal alegada por las partes lo que se impone es proseguir con el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se encuentran en el apartado relativo de su demanda de amparo, los que se dan por reproduci******************** en este considerando como si a la letra se transcribieran, en acatamiento al principio de economía procesal. Se invoca la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que se transcribe en seguida: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, deriva******************** de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente plantea******************** en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.". SÉPTIMO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo es necesario destacar que se encuentra acreditado en autos el acto de aplicación de la norma impugnada, ya que la parte quejosa anexó a su demanda el comprobante de pago oficial con número de folio/serie ********************por el periodo 23A0, que obra a foja 15 expedido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, relativo al pago realizado el once de mayo de ******************** mil veintitrés, por concepto de derechos por la prestación de servicios de "refrendo anual de calcomanía"; es decir, que en esa fecha el contribuyente peticionario de amparo enteró ante la autoridad exactora el derecho de refrendo vehicular, respecto del ejercicio fiscal 2023 y, consecuentemente, se colocó en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023. Comprobante de pago que cuenta con código QR que al validarse a través de la página web de la mencionada dependencia, se corrobora la data del entero de la contribución. Documental con pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 203 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, en sus conceptos de violación, la parte quejosa argumenta que el artículo el artículo 20, fracción II, inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, previstos en la fracción IV del artículo 31 Constitucional. Sobre el primer principio, alega, no existe una base para determinar el costo del servicio pues en la exposición de motivos de la ley no se precisó, ni existe un estudio razonado, basado en un estudio o dictamen financiero del costo real que representa el servicio de registro y control vehicular, cuando ni siquiera suministran una calcomanía física. Que la pretensión de las autoridades con el cobro de derechos impugnado tiene un fin recaudatorio que es propio de los impuestos. Aduce que conforme a la licitación pública CADPE-EM-LPE-124/2021, de treinta de diciembre de ******************** mil veintiuno, el precio por unidad de calcomanía, es de ********************, respectivamente; que es exorbitante con el cobro de ********************, por el refrendo anual de circulación. En tanto que la emisión del holograma vehicular no representa mayor gasto, ya que este año es virtual. En cuanto al segundo principio, toralmente argumenta que el cobro de derechos previstos en la norma impugnada, es desigual porque establece diferentes tasaciones para los goberna******************** sin alguna justificación; y, Que si bien se cobran cantidades distintas según el valor comercial del vehículo, esto es propio de un impuesto y genera una desigualdad de los contribuyentes frente al derecho. Lo anterior es parcialmente fundado. PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA. De inicio, es indispensable traer a colación lo que sobre el particular prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: [.] IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". La Norma Constitucional invocada contiene la obligación de los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa conforme dispongan las leyes. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en la tesis jurisprudencial que más adelante se cita- ha determinado que la Constitución Federal consagra el principio de igualdad bajo el cual to******************** los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En relación con la materia tributaria consigna expresamente los principios de equidad y proporcionalidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que cuando los particulares están en idéntica situación deben ser trata******************** igual, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, los principios de equidad y proporcionalidad se configuran como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, tratán********************e de la imposición y cobro de contribuciones, lo cual significa que han de servir de criterio básico de la producción normativa y posterior interpretación y aplicación. Tales principios en modo alguno suponen que to******************** los ciudadanos sean iguales, es decir, con un patrimonio y necesidades semejantes, pues la propia Constitución acepta y protege la propiedad privada, libertad económica, derecho a la herencia y otras prerrogativas; es decir, implícitamente reconoce la existencia de desigualdades tanto materiales, como económicas. Entonces, conforme a dichos principios, los contribuyentes que se encuentren en iguales circunstancias frente a la ley, deben recibir un tratamiento idéntico cuando se colocan en el hecho imponible; así, los sujetos pasivos en similar situación jurídica deben recibir un mismo trato fiscal, en tanto que aquellos que se ubiquen en situaciones jurídicas dispares uno desigual. En la inteligencia de que tales principios operan de manera diversa, según la naturaleza de la atribución de que se trata. DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO. Es pertinente puntualizar la conceptualización de "derechos", en términos del artículo 3º, fracción II, del Código Fiscal para el Estado de Michoacán: "ARTICULO 3o. Son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las personas físicas y morales al Estado, para cubrir el gasto público, las que se clasifican en: Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras y se definen como sigue: [.] II. Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentraliza********************, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas; y,". De lo anterior se colige que los derechos son, entre otros, las contraprestaciones que las leyes respectivas exigen que paguen aquellos particulares que reciben servicios de la administración pública en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero en beneficio de los goberna********************. En otras palabras los "derechos" constituyen una contribución establecida por el Estado a los goberna******************** que utilizan los servicios públicos, y están comprendi******************** en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, que prevé como obligación de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Por tanto, los servicios aludi******************** se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos". En ese tenor, los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias, específicamente de los derechos por servicios, a diferencia de los impuestos, se rigen por un sistema especial; pues por tratarse del pago del precio de ese servicio prestado por el Estado a personas determinadas que los soliciten, para la determinación de las cuotas correspondientes ha de tomarse en cuenta el costo aproximado que tenga la ejecución del servicio, y que tales cuotas sean fijas e iguales para to******************** los que reciban servicios análogos. En otras palabras, para considerar que los derechos por servicios cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, indefectiblemente hay que atender los siguientes aspectos: 1. El monto de cuota debe guardar una correspondencia razonable con el "costo" que para el Estado tenga la realización del servicio, aunque sea de manera aproximada; y, 2. Las cuotas tienen que ser fijas e iguales para los que reciban un mismo servicio, porque el objeto real de la actividad pública se traduce en la prosecución de actividades que exigen de la administración un esfuerzo uniforme por el cual puede satisfacer todas las necesidades que se presenten, sin un aumento apreciable en el costo del servicio. Luego, distinguido así este tributo de las demás contribuciones, los principios constitucionales aludi******************** se cumplen cuando existe un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, teniendo en cuenta el costo aproximado que representa su ejecución. Lo hasta aquí expuesto proporciona las directrices para resolver la presente litis constitucional, basadas en los criterios que al respecto sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1/98, 2/98 y 3/98, del siguiente tenor: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN.- Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conoci******************** como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos presta********************, sin embargo, la palabra 'contraprestación' no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los goberna******************** que utilizan los servicios públicos y están comprendi******************** en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludi******************** se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de 'derechos'." "DERECHO POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS.- Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: 'las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo presta******************** por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten', de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para to******************** los que reciban servicios análogos.". "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA.- No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como 'las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio', lo que implicó la supresión del vocablo 'contraprestación'; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratán********************e de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares.". ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN. El artículo 20, fracción II, de Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, cuyo análisis parcial es materia del presente juicio, prevé lo siguiente: "ARTÍCULO 20. Los derechos que se causen por la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, se pagarán conforme a lo siguiente: [.] II. Por refrendo anual de circulación: Concepto Cuota 2023 A) Para autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas. ******************** B) Para vehículos de servicio particular adapta******************** o de uso para personas con discapacidad, pagarán el 50 por ciento de lo señalado en el inciso A) de esta fracción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo. ******************** C) Por refrendo de tarjeta de circulación tratán********************e de placas de demostración. ******************** D) Para remolques. ******************** E) Para motocicletas. ******************** [.]". De lo anterior se obtiene que el legislador ha establecido las tarifas correspondientes a la prestación de servicios de registro y control vehicular de transporte particular, para el actual ejercicio fiscal de 2023. En general, por el refrendo anual de circulación la cuota correspondiente de acuerdo al tipo de vehículo: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas, ********************; ii) Para vehículos de servicio particular adapta******************** o de uso para personas con discapacidad, ********************. iii) Placas de demostración, ********************; iv) Remolque, ********************; y, v) Motocicletas, ******************** Lo anterior constituye la contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio correspondiente, que resulta aplicable a cada particular según el vehículo particular registrado. A más de que se aprecia una diferencia esencial en el monto a pagar en atención al tipo de vehículo de que se trate. Por ello, hasta este momento se concluyen como elementos de la contribución en estudio, los siguientes: a) Sujeto: Como pasivos del tributo, los goberna******************** que soliciten de los servicios de registro y control vehicular de transporte particular; b) Objeto: El registro y control vehicular de transporte particular, a través del refrendo anual de calcomanía de circulación; c) Base: Por tratarse de un derecho, corresponde a cada uno de los registros vehiculares que como servicio se realicen ante la Secretaría de Finanzas y Administración; d) Tasa o tarifa: Corresponde a diferentes supuestos de acuerdo al tipo de vehículo particular a registrar (automóviles, remolques, motocicletas, etcétera); y, e) Época de pago: Ésta será, por tratarse de un derecho, previo a la prestación del servicio, porque se paga como una contraprestación por el servicio que será proporcionado; y, según se solicite por el pasivo de la contribución. El elemento de tasa o tarifa es la materia de análisis en este juicio constitucional a la luz de los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, los cuales son analiza******************** de manera separada de acuerdo a los conceptos de violación de la parte quejosa. - ANÁLISIS DE LA TARIFA O CUOTA DEL DERECHO. I. EQUIDAD TRIBUTARIA Pues bien, como se dijo, la cuota o tarifa del derecho relativo, se encuentra sujeta a diferentes supuestos de acuerdo al tipo de vehículo particular a registrar (automóviles, remolques, motocicletas, etcétera). Es decir, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, cuantifica el monto de los derechos ahí previstos, mediante un sistema tarifario que no corresponde al sistema especial que rige el principio de equidad de los derechos por servicios, no toman en cuenta el "costo de la actividad", basado en el despliegue técnico que el Estado deberá desarrollar para prestar el servicio público de refrendo anual de registro y holograma. Dicho precepto tampoco considera la correspondencia razonable entre ese "costo" y el monto de la cuota a pagar por el servicio análogo para to******************** los vehículos que describe la norma en cuestión, lo cual resulta indispensable para definir si un derecho por servicio colma o no tales principios tributarios. Por el contrario, la norma fija el cobro de tarifas atendiendo únicamente a factores que en modo alguno proporcionan datos idóneos sobre los trabajos técnicos a realizar como soporte cierto del costo de tal servicio; es decir, las tarifas sólo se establecen en función de los vehículos diferencia******************** en cuanto a su tipo, dimensiones y uso, a saber: i) Autobuses, camiones, camionetas, automóviles y pipas; ii) Para vehículos de servicio particular adapta******************** o de uso para personas con discapacidad; iii) Placas de demostración; iv) Remolque; y, v) Motocicletas. Sobre esa base, por su orden, se fijan los montos diferentes a pagar por concepto de un servicio público análogo, como es el refrendo anual y holograma. Así, es dable concluir que las porciones normativas de trato, no respetan el principio de equidad tributaria, en tanto que la mecánica empleada por el legislador no brinda elementos fácticos sóli******************** que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar su correlación con el monto de la cuota a pagar, que es precisamente el sistema propio de los derechos por servicios, según las directrices que al efecto marcan las tesis jurisprudenciales 1/98, 2/98 y 3/98, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reproducidas previamente. En efecto, por la naturaleza misma del servicio de trato, es bien sabida por to******************** los usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites, mediante meras deducciones, es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado, requiere un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos automotores, así como al cobro respectivo por el refrendo anual y holograma que hace constar la convalidación del registro. Es decir, el propietario del vehículo, únicamente, deberá acudir a la oficina recaudadora estatal correspondiente, mencionar su número de placas y nombre del propietario de la unidad, realizar su pago y recibir el comprobante de pago; incluso, dicho trámite se puede realizar en línea, a través del sitio oficial de internet del Gobierno del Estado de Michoacán. Así, en la ejecución del aludido servicio público, por su naturaleza misma, es indudable que existe despliegue técnico similar para to******************** los vehículos, al margen de sus dimensiones, tipo y uso; es más, en el trámite relativo no se requiere presentarlos ante la autoridad. En otras palabras, el servicio que realiza el Estado, sólo gira en torno a una mera gestión y administración de datos vehiculares, que resulta ser el mismo en to******************** los casos, con independencia de que se trate de diferentes vehículos, lo que permite colegir con certeza que el legislador local hace una distinción indebida entre contribuyentes, en función del tipo, dimensiones y uso de los vehículos. Empero, sin que el despliegue técnico que realiza la autoridad en la prestación del servicio sea diferente; por ejemplo, cuando se realizan revisiones mecánicas en otro tipo de servicios que presta el Estado, en cuyo caso sí resulta útil atender las particularidades de los vehículos, por requerir una diversidad de despliegue técnico; de ahí que no existe alguna razón válida que justifique dicho trato diferenciado en las normas impugnadas. Por tanto, si el servicio ejecutado en el caso de trato, es análogo para to******************** los vehículos enumera******************** con antelación, con independencia de su tipo, dimensiones y uso; entonces, estos factores no dan certeza del costo real buscado para fijar cuotas iguales a quienes reciban servicios análogos, pues en la prestación de dicho servicio no varía la actividad que realiza el Estado; siendo ese el criterio del legislador inmerso en las disposiciones legales en cuestión. De ahí que al evidenciarse la contravención al principio de equidad tributaria, es fundado el concepto de violación relativo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indica********************, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferencia******************** de los vehículos, sin brindar elementos sóli******************** que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por to******************** sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para to******************** los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales.". II. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA Por otra parte, se toma en cuenta que sobre el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado criterio en el sentido de que cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque se considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, no basta su solo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional. Por tanto, inicialmente le corresponderá a la parte quejosa la carga de aportar los elementos, datos o pruebas que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Asimismo, ese Alto Tribunal precisó que la carga atribuida a la parte quejosa no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, por lo que, a partir de los datos o pruebas aportadas por aquélla, les corresponderá la carga de desvirtuar lo afirmado a través de su informe justificado y de los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en el precepto tildado de inconstitucional cumple con los principios que le rigen. Lo anterior se advierte de la tesis que con sus datos de difusión pública dice: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen.". Ahora bien, se tiene presente que el quejoso argumenta que el cobro de los derechos de que se trata son exorbitantes y no son reales con el costo del servicio prestado. Sin embargo, conforme al criterio precitado, es necesario que éste allegue al juicio constitucional los elementos necesarios para que el juzgador pueda tener un parámetro de apreciación del costo del servicio prestado; de ahí que en esa parte resulte ineficaz su planteamiento. No obstante, no se pierde de vista que el peticionario del amparo aduce que en el ejercicio fiscal anterior se conocía el precio de la unidad de calcomanía conforme a la licitación pública CADPEEM-LPE-124/2021, de treinta de diciembre de ******************** mil veintiuno, [$4.50 (cuatro pesos 50/100 moneda nacional)], pero, en este ejercicio fiscal ni siquiera se hace tal gasto. Licitación que si bien no señala expresamente ofrecer como prueba, este juzgador la tiene como un hecho notorio al tratarse de información pública visible en la página oficial del Gobierno de Michoacán. Al respecto se invoca como aplicable la jurisprudencia 74/2006 del Máximo Tribunal en Pleno, que enseguida se transcribe: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alega******************** ni proba******************** por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por to******************** o casi to******************** los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.". En este orden de ideas, se estima que el señalamiento de la información pública antes mencionada, es suficiente para tener por satisfecha la carga probatoria de la parte quejosa, respecto a la demostración inicial de los hechos, conforme a los cuales sostiene que el costo del servicio es desproporcional e injustificadamente elevado y que, desde su perspectiva, sienta las bases para el estudio de inconstitucionalidad de la norma impugnada. Además, esa información pública se considera verosímiles en términos del artículo 6o. Constitucional, así como el diverso 70, fracción XXVIII, inciso a), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues se parte de la base de que se trata de datos que proporcionan los sujetos obliga******************** sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y de los resulta******************** obteni******************** corresponde a sus archivos administrativos, los cuales deben estar debidamente actualiza******************** y publicarse a través de los medios electrónicos disponibles. Esta clase de datos son, de conformidad con el derecho humano de acceso a la información consagrado en el Texto Constitucional, instrumentos de la mayor relevancia para posibilitar a los goberna******************** el conocimiento del actuar cotidiano de la autoridad y a través de ello sentar las bases para el ejercicio de otros derechos, en este caso, el de impugnación judicial de las decisiones legislativas, para efectos específicos de determinar la razonabilidad constitucional del costo del servicio prestado. Por tanto, ante tal elemento de prueba y de conformidad con el invocado criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, luego que el particular cumplió con su carga, corresponde al Estado justificar la racionalidad de la cuota y demostrar la razonabilidad del costo del servicio prestado, a fin de probar la constitucionalidad de la porción normativa impugnada. Pues bien, del fallo de treinta de diciembre de ******************** mil veintiuno, sobre adjudicación y dictamen correspondiente de la licitación pública referida, se obtiene que el proveedor que reunió las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, conforme a lo dispuesto en la Ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, relaciona******************** con bienes muebles e inmuebles del Estado de Michoacán de Ocampo, especificó el costo unitario de juego de placas y calcomanía, conforme a la tabla siguiente: En efecto, de lo anterior se observa que respecto de la calcomanía va de los ******************** hasta los ********************, según sea el caso, de acuerdo a las especificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-001- SCT-2-2016 (placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación empleadas en automóviles, tracto camiones, autobuses, camiones, motocicletas, remolques, semirremolques, convertidores y grúas, matricula******************** en la República Mexicana, licencia federal de conductor, calcomanía de verificación física mecánica, listado de series asignadas por tipo de vehículo, servicio y entidad federativa o dependencia de gobierno, especificaciones y método de prueba). Ello revela, al menos, independientemente si la calcomanía se entrega o no físicamente, un costo inicial que el Estado erogó en su momento por la adquisición de juego de placas y calcomanía correspondiente según el tipo de vehículo con independencia de que tal holograma se entregue o sea virtual, para prestar los servicios de registro y control vehicular de transporte particular, lo cual constituye un parámetro mínimo, más no el total, para analizar el costo real de la contraprestación. Luego, al rendir sus informes con justificación el Congreso responsable se limitó a realizar diversas manifestaciones en el sentido de que sí se cumplieron los requisitos legales para la creación de la norma impugnada. Asimismo, sostuvo que, tratán********************e de derechos, el principio de proporcionalidad tiene una connotación diferente a la de las demás contribuciones y que el costo fijado por la prestación del servicio necesariamente incluye otros elementos materiales para desplegar la actividad. Sin embargo, el que ahora resuelve considera que las autoridades responsables en este juicio no realizaron alguna manifestación eficaz sobre cuáles son las actividades concretas que el Estado debe desarrollar y los gastos que debe efectuar para proporcionar el servicio de que se trata. Menos ofrecieron prueba idónea alguna para controvertir lo expuesto y argumentado por la parte quejosa cuando, acorde con la regla probatoria previamente reseñada, le correspondía hacerlo. En este punto es pertinente acotar que, contra lo pretendido por la parte quejosa, el Estado, para poder prestar el servicio que nos atañe, no sólo debió en su momento adquirir los engoma********************, sino también, con independencia de si en este año se enteraron o no (en algunos casos en los pagos retrasa********************, vehículos nuevos y foráneos sí se entregan) aunque limita********************, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto, que se colocan precisamente en las contribuciones obtenidas, como las que prevén los artículos 55, párrafo tercero, 63 y 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Michoacán. Además que una característica de este tipo de contribuciones consiste en que el costo de la prestación del servicio es susceptible de ser dividido en unidades de consumo o uso, ya que estos servicios parten de una actividad de la administración, particularizada, concreta y determinada, de manera que pueden ser individualiza******************** a los usuarios atendiendo a su uso o consumo, a través de ciertos parámetros de asignación. Apoya lo expuesto, por identidad jurídica esencial, la tesis siguiente: "DERECHOS POR EL SERVICIO DE REFRENDO ANUAL DE REGISTRO Y HOLOGRAMA. LOS ARTÍCULOS 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE JALISCO PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, Y 24, FRACCIÓN III, DEL ORDENAMIENTO REFERIDO PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE LOS AÑOS 2012 A 2015, QUE ESTABLECEN SU MONTO, TRANSGREDEN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Los preceptos legales indica********************, al establecer el monto del derecho por concepto del servicio que preste la Secretaría de Vialidad y Transporte y, en su caso, la Secretaría de Finanzas, relativo al refrendo anual de registro y holograma, transgreden los principios tributarios de proporcionalidad y equidad conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, pues lo cuantifican mediante un sistema tarifario basado en el tipo, dimensiones y uso diferencia******************** de los vehículos, sin brindar elementos sóli******************** que permitan determinar el parámetro de medición seleccionado para cuantificar el costo del servicio prestado y, por ende, posibilitar la correlación con el monto de la cuota a pagar. En efecto, por la naturaleza del servicio de trato, es bien sabida por to******************** sus usuarios, su obligación del refrendo anual vehicular y la obtención del holograma; y debido a la simplificación de esos trámites es fácil comprender que el servicio prestado por el Estado requiere de un despliegue técnico limitado a la gestión y administración de los datos de los vehículos, así como al cobro respectivo, el que incluso puede realizarse en línea, a través del sitio oficial de Internet del Gobierno del Estado de Jalisco. Por tanto, si el servicio es análogo para to******************** los vehículos, independientemente de su tipo, dimensión y uso, entonces, esos factores no dan certeza del costo real del servicio de trato, y siendo así, las disposiciones legales en cuestión son inconstitucionales." No obstante, como lo ha reconocido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que no existe la obligación impuesta por la ley de llevar un registro que proporcione información respecto del costo exacto expresado en cantidades numéricas que le genera al Estado la prestación de un servicio público en concreto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo, es mediante parámetros de razonabilidad, relaciona******************** con el tipo del servicio y las actividades que se desarrollan para prestarlo, aunque sea virtual. En ese sentido, ante los argumentos y la información señalada por la parte quejosa y la documental pública exhibida por la propia autoridad responsable Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán, se pone de manifiesto la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, de ahí que era necesario que la autoridad responsable, en forma motivada, expusiera mayores parámetros de razonabilidad que permitieran analizar la eventual justificación constitucional del costo de prestar el servicio y, desde luego, que ofreciera las probanzas que considerara pertinentes para desvirtuar lo alegado por la parte peticionaria de amparo, y las sumas que aparecen en la documental titulada "determinación de costo unitario del costo unitario del servicio de distribución de hologramas, placas, refren******************** y tarjetas de circulación." Sirve de sustento a lo anterior la tesis que con sus datos de publicación dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo.". Por tanto, se estima que con la información señalada por la parte solicitante de la tutela constitucional se advierte un parámetro mínimo e indiciario -costo de la calcomanía-, según el cual el cobro del derecho establecido en la Ley de Ingresos sería notoriamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, el que la autoridad responsable no se ocupó de desvirtuar. En este orden de ideas, se concluye que en el caso las autoridades no demostraron que la tarifa prevista en el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, contenga un razonable equilibrio con el servicio prestado. Luego, dado el incumplimiento de las responsables sobre el citado débito procesal, resulta conducente determinar en su contra las consecuencias legales que resultan de su abstención. En consecuencia, al quedar en evidencia la violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, que prevé el artículo 31, fracción IV, Constitucional, lo procedente es conceder la protección federal solicitada y declarar la inconstitucionalidad de la citada porción normativa reclamada. CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. No obstante, antes de proseguir a fijar los efectos de concesión, es pertinente acotar que al resolver el Alto Tribunal en Pleno ha precisado que dependiendo del tipo de actividad que realiza el Estado, para fijar la tarifa del derecho se debe distinguir entre aquellas actividades simples y las complejas, porque entre más cercana esté a la primera clasificación, se podrá establecer un pago calculado sobre bases objetivas; esto es, por unidad de espacio, de tiempo o de peso. Sin embargo, entre más se aleja de lo primero, es decir cuando se trata de actividades complejas, la objetividad para fijar la tarifa obedecerá a otro tipo de parámetros como lo es, entre otros, la razonabilidad. Por ejemplo, para el pago de derechos por la expedición de una copia certificada de un acta del registro civil, resulta con relativa sencillez calcular el costo del papel, de las tintas, la utilización de equipos de cómputo y tiempo del personal de la institución que tendrán que hacer la investigación y el procedimiento respectivo para obtener la impresión correspondiente. En este tipo de casos el servicio que presta el Estado, por conducto del Registro Civil, representa el mismo esfuerzo cuando el acto lo solicita una persona de escasos recursos que una que tiene un ingreso mayor, de ahí que la calidad subjetiva del obligado no incida en el establecimiento de la cuota o tarifa, sino únicamente los elementos objetivos que permitan advertir que la cuota fijada por la expedición de ese tipo de documentos es el adecuado para que el servicio público funcione. Empero, existen otros servicios públicos que son complejos, debido a que su prestación no se agota con una sola actividad, sino que el deber jurídico se extiende mientras subsista una situación jurídica determinada. En relación con lo anterior el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 312/2010, precisó que la proporcionalidad tributaria, tratán********************e de este tipo de contribuciones -derechos-, se identifica con la relación costo y cuota, significa que la individualización al sujeto pasivo de los costos que le produce al Estado la prestación del servicio, sea atendiendo a su utilización o consumo. El Alto tribunal también indicó que la objetividad -como parámetro de medición de proporcionalidad-, estará determinada en que el referente escogido por el legislador, para individualizar el costo, conduzca a reflejar la intensidad en el uso del servicio, en el que conlleve a que pague más quien más lo usa, para ello, el análisis debe ser cualitativo y no cuantitativo, ya que, como se ha advertido con anterioridad, el mero costo no es un elemento con base en los cuales se pueda analizar. Además, la intensidad del uso del servicio es un elemento que conduce a identificar quién debe pagar más en función del uso; pero para ello es pertinente analizar si nos encontramos ante un servicio simple o complejo. Así, la distinción del tipo del servicio permitirá determinar si el indicador que individualiza el costo del servicio debe reflejar o no una graduación en el uso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también precisó que el servicio simple se podrá identificar cuando las actividades que realiza el Estado para la prestación directa del servicio -que le generan un costo directo- son constantes; esto es, que las actividades no se ven modificadas debido al objeto del servicio, siempre son las mismas, por ejemplo, la solicitud de una copia certificada. Tratán********************e de un servicio simple, la intensidad de su uso se ve reflejada por la actualización del hecho imponible. De tal manera que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro para individualizar el costo del servicio sea fijo, sin reflejar una graduación en la intensidad, ya que lo que determina el aumento en el uso estará en las veces en que se actualice el hecho imponible; de esta manera, pagará más aquel que se ubique más veces en el supuesto de causación del servicio, es decir, es un pago cuantitativamente mayor pero no progresivo. En ese caso, el parámetro con base en el cual se individualice el costo no debe efectuar una graduación, porque la intensidad del uso estará determinada por las veces en que ocurra el supuesto de causación. Por otra parte, el servicio complejo se podrá identificar cuando varían las actividades que realiza el Estado -que están relacionadas directamente con la prestación del servicio que le genera un costo directo-, en función del objeto del servicio. Esto es así, porque las actividades que están previamente establecidas en un procedimiento se ven influenciadas en su intensidad de uso, por las características del objeto del servicio. En este supuesto, la intensidad de su uso estará reflejada por el objeto; es así que el análisis de razonabilidad dependerá de que el parámetro refleje la graduación en la intensidad del uso, atendiendo al objeto del servicio. Se trata de un reconocimiento de las actividades que se encuentran directamente relacionadas con la prestación del servicio, que servirá de elemento para poder identificar la relación con la variación en el uso. De tal manera, dependiendo del tipo de servicio, ya sea simple o complejo, se podrá determinar si el parámetro para individualizar el costo debe reflejar una graduación en la intensidad del uso. Lo que no significa que la medida de intensidad está directamente relacionada con el aumento de costo total del servicio, porque el análisis de razonabilidad, como se advirtió, es cualitativo y no cuantitativo, en el sentido de que la variación en el uso genere mayores costos. Con base en lo anterior, es preciso considerar que el análisis de razonabilidad está conferido a que exista un referente adecuado que se aplique con un parámetro objetivo, para que, al individualizar el costo, se efectúe en función de la intensidad del uso del servicio. La elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución señala una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. El citado criterio V/2012 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es del contenido siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, tratán********************e de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles presta******************** por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso.". En tales condiciones, se reitera que tratán********************e del derecho por la prestación de servicios de control vehicular, el Estado no sólo debió adquirir el engomado, para ser entregado en algunos casos sino también, aunque limita********************, innegablemente debe desarrollar una serie de actividades, para lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, lo que conlleva incurrir en diversos costos tanto de tipo directo como indirecto. De ahí que además de los datos obteni******************** del procedimiento de licitación pública estatal electrónica CADPE-EM.LPE.124/2021, a partir de los cuales se estableció un parámetro mínimo indiciario para el costo de la calcomanía, también debe tomarse en consideración para cuantificar el costo total de dicho servicio, los demás gastos eroga******************** por el aparato estatal para proporcionarlo. Sin embargo, de los medios de prueba que obran en el juicio de amparo o de los argumentos plantea******************** por la quejosa en su demanda, no se obtiene la existencia de elementos objetivos que nos permitan medir a cuánto ascienden tales costos complementarios. Además que este órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto del servicio, ni puede sustituir completamente a la responsable legisladora en lo tocante a la determinación de la tasa o tarifa aplicable y dichos elementos se establecen también a través de cálculos actuariales. OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. Bajo esa línea de pensamiento, ante lo fundado de los conceptos de violación formula******************** por la parte quejosa en torno a la constitucionalidad de las normas impugnadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, y párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este juzgador se encuentra obligado a precisar los efectos de la protección constitucional otorgada y asegurarse de que el promovente sea restituido plenamente en el derecho fundamental que se estimó violentado. Para tal efecto, conviene retomar que este juzgador resolvió conceder el amparo solicitado contra el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, al considerar que contravienen los derechos fundamentales del quejoso por las siguientes razones. En principio, se declaró que tales preceptos violentaban el principio de equidad tributaria por establecer injustificadamente un cobro diferenciado por la prestación del servicio de registro y control vehicular, específicamente por holograma o refrendo anual de calcomanía, atendiendo al tipo de vehículo en cuestión. De igual forma se consideró que tales normas contrariaban el principio de proporcionalidad tributaria por haberse evidenciado, al menos indiciariamente, que el costo que le representa al Estado prestar el servicio apuntado era desproporcional con la tarifa fijada para el pago de los derechos correspondientes. Ahora, se precisa que el efecto del amparo, en el caso en particular, no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, toda vez que en aras de salvaguardar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, es necesario que to******************** los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Razón por la cual, la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido sólo implica que la parte peticionaria deje de pagar la tarifa tildada de inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar una cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para to******************** los contribuyentes sin considerar el tipo de vehículo involucrado en la prestación del servicio. Encuentra sustento a la anterior determinación la Jurisprudencia 29/2012, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad conteni******************** en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos, es necesario que to******************** los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para to******************** los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." Ahora, para lograr restituir plenamente a la parte solicitante del amparo en el derecho fundamental que se estima violentado, es necesario analizar la procedencia de las tarifas por la prestación del servicio recibi********************, que en principio garanticen que to******************** sus destinatarios paguen un mismo monto por ese concepto, con independencia del tipo de vehículo involucrado y, además, sea razonablemente proporcional con el costo que representa para el Estado suministrarlo. Sobre esas bases, queda de manifiesto que este órgano jurisdiccional, en aras de cumplir con la obligación de reparar totalmente la violación constitucional advertida, se encuentra obligado a valorar, to******************** los elementos necesarios para lograr su cometido. Máxime que, como ya se adelantó, de las constancias procesales que obran en el juicio de amparo no se advierten elementos suficientes para determinar objetivamente a cuánto ascienden los gastos totales para la prestación del servicio de control vehicular en las modalidades precisadas, a saber, dotación del holograma o refrendo anual de calcomanía. En ese sentido, se estima que la cuota prevista en el inciso E) de la fracción II del artículo 20 de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023, es la que debe considerarse como costo real de los servicios de control vehicular. Es así porque dicha tasación es la que el legislador previó como correspondientes para motocicletas, lo que significa que el costo de los servicios de control vehicular por lo que hace a dicho automotor, por su refrendo anual, es el que debe imperar para to******************** los contribuyentes que se coloquen en el supuesto de la norma. Máxime si se toma en cuenta que dicha tarifa es la mínima para considerar la adecuada prestación del servicio sin generar un perjuicio al Estado y, en su caso, es la más benéfica para el contribuyente. De este modo, se concluye que en apego a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, dicho costo es el que debe fijarse por la prestación del servicio de control vehicular cuestiona******************** que corresponden a los ejercicio fiscal 2023. En razón de lo anterior, lo procedente es CONCEDER la protección de la Justicia Federal para el efecto de que: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, durante su vigencia, el artículo 20, fracción II, en su inciso A), de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023. Se aplique al quejoso la tarifa de ********************(trescientos cuarenta y un pesos 00/10 M.N.), que prevé el inciso E) de la fracción II de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023. Se le reintegre la diferencia por el pago que efectuó acorde al comprobante de pago de once de mayo de ******************** mil veintitrés, en el que efectuó el pago del derecho aludido en el recibo con número ********************por el periodo 23A0, en cantidad de ********************, respecto de un vehículo automotor de su propiedad. Por lo anterior es innecesario abordar el estudio del resto de los conceptos de violación porque no mejorarían los alcances que aquí se dieron al fallo. En la inteligencia de que, como se indicó en el considerando segundo, no fue materia de esta sentencia el estudio de los diversos conceptos denomina******************** ´Recargos de refrendo´ y ´Multa extemporánea refrendo´, que aparecen en el indicado formato múltiple de pago de contribuyente. En ese contexto, es a la autoridad exactora, vinculada al acatamiento de esta determinación, a la que corresponde dar cumplimiento a la sentencia de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, por lo que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, deberá requerirse al Director de Recaudación del Estado de Michoacán, para que devuelva las diferencias pagadas. Apoya lo expuesto la tesis siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 Bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisa******************** que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.". Asimismo, por identidad jurídica esencial, se cita la tesis siguiente: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a to******************** los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto.". En el entendido de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la norma reclamada, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Ilustra lo anterior la tesis que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios senta******************** por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.". Dicha declaratoria de inconstitucionalidad se hace extensiva a los actos concretos de aplicación de las normas reclamadas. Sólo resta precisar que los criterios invoca******************** en esta ejecutoria se citaron acorde con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, en razón de que su contenido no se contrapone a dicha legislación. Además, cabe indicar que no se hará especial referencia a los alegatos de la Agente del Ministerio Público dela Federación adscrita, en virtud de que no forman parte de la litis constitucional. Ello en términos de la tesis 26/2018 consultable en la página 5, Libro 60, Tomo I, noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, intitulada: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Esta******************** Uni******************** Mexicanos; 73, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de la autoridad y acto precisa******************** en el considerando tercero de este fallo, por las razones ahí expuestas. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos y autoridades que quedaron precisa********************, por los motivos expuestos y para los efectos precisa******************** en el penúltimo y último consideran******************** de esta sentencia. Notifíquese.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano