Ricardo Zambrano Álvarez

Expediente 249/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
249/2023
Año
2023
Actuaciones
19
Última actuación
17/05/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Zambrano Álvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. VISTA CON ESTADO DE AUTOS; CAUSA EJECUTORIA Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Ricardo Zambrano Álvarez, hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la que, por un lado se sobreseyó en el juicio; y, por el otro, se le negó el amparo y protección de la Justicia Federal (que es a la parte a quien pudiera afectarle el sentido de esa determinación); en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes: DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, el disco compacto que contiene la carpeta digital certificada, la videograbación de audiencias y el índice cronológico, todo relativo a la causa penal 86/2023; mismo que en su momento adjuntó a su informe justificado. SE ORDENA ARCHIVO Siguiendo con la vista del estado procesal que guardan los presentes autos, así como la segunda parte de la certificación que antecede, de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se sobreseyó en el presente asunto y se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedieron las medidas cautelares solicitadas. Por tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el cuaderno de suspensión. Así, transcurrido el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, secretaria que autoriza. Doy fe.-

  2. Principal

    .********************V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-249/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; y,******************** R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por oficio recibido el uno de marzo de dos mil veintitrés, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitió a este órgano jurisdiccional el juicio de amparo VIII-218/2023, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, al haberse declarado legalmente incompetente por razón de turno para conocer de ella.********************SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, aceptó la competencia planteada y admitió a trámite la demanda de garantías promovida por ********************, registrándola bajo el número VI-249/2023; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y,********************C O N S I D E R A N D O:********************PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a su entrada en vigor.********************No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente.********************SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, en concordancia con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.********************Ello por tratarse de una demanda de amparo promovida contra un acto de autoridad en materia penal, residente en donde ejerce jurisdicción este juzgado.********************TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia.********************Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."********************En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en:********************La integración de la carpeta de investigación registrada con número único de caso 1003202229882, con número de expediente MOR/053/33138/2021, en contra del quejoso; y,********************El auto de vinculación a proceso dictado el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************, que se instruye en contra del quejoso directo ********************, por su probable participación en el hecho con apariencia del delito de amenazas cometido en agravio de ********************; y su ejecución.********************CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y por la Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, se advierte que aceptan la existencia del acto reclamado.********************Lo que se corrobora con las documentales que adjuntó como su complemento la autoridad jurisdiccional, consistentes en un disco versátil digital (DVD) que contiene la videograbación de la audiencia respectiva, así como de la versión escrita respectivamente.********************Los cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2.********************Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 43/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que se puede consultar en la foja 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima Época, de rubro:********************"VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.".********************Por su parte la Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia y el Director de la Policía de Investigación de dicha fiscalía, negaron la existencia del acto de ejecución que se les reclama; sin embargo, lo procedente es desvirtuar dicha negativa ante la aceptación del juez que lo emitió.********************QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe ser analizado por el Juzgador aún de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************En principio, conviene señalar que la parte quejosa reclama la existencia de una carpeta de investigación que se integra en su contra; en ese sentido, el representante social señaló en su informe justificado que llevó a cabo la integración de una carpeta de investigación en contra del quejoso.********************Precisado lo anterior, en el caso, se advierte que en contra del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;********************[.]"********************El precepto legal transcrito encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del referido juicio y, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo.********************Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho ?interés jurídico?; y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa ?interés jurídico? o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico ?interés legítimo?.********************Por otra parte, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, reitera la norma constitucional y dispone:********************Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************En tal virtud, la transgresión al interés jurídico implica la existencia de una afectación que se produce por la actuación de una autoridad, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado.********************Así, de los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la omisión, el acto o la ley que se reclama, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la existencia del interés jurídico del quejoso.********************Por tal motivo, para que el juicio de amparo sea procedente, es necesario que el acto cuya legalidad se controvierte produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del impetrante.********************Ahora, conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso.******************** En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal.********************Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.******************** Por tanto, si en el caso concreto, como se precisó en líneas anteriores, se reclama la integración de la carpeta de investigación instruida en contra del quejoso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la falta de interés jurídico del quejoso ya que no le priva de derecho alguno, así como tampoco le impone obligación jurídica alguna, ni modifica alguna situación jurídica creada con anterioridad.********************En tales condiciones, por las razones expuestas y al no advertirse transgresión de derechos humanos del aquí quejoso, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto del acto reclamado consistente en la integración de la carpeta de investigación instruida en su contra.********************Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial con registro 2025663, que dice:********************Registro digital: 2025663********************Instancia: Plenos de Circuito********************Undécima Época********************Materias(s): Común, Penal********************Tesis: PC.VII.P. J/1 P (11a.)********************Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo III, página 2473********************Tipo: Jurisprudencia****************************************RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social.********************SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el quejoso, en función a que el suscrito juzgador no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª/J.58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.".********************SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad.********************Ello de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal.********************En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos.********************En cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental.********************De modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio.********************Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas.********************Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación.********************Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la investigación (antes averiguación previa).********************Dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación.********************De modo que se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado.********************De manera que para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Elementos que, se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea.********************Bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la investigación y fortalecer la relevancia del proceso penal y, particularmente, el juicio.********************Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable responsabilidad -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde.********************En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Asimismo, el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al dictar el auto de vinculación a proceso el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en el delito de amenazas en agravio de ********************.********************Ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba; es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa.********************Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a alguna de las partes, ni existe, por regla general, suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantías o, en su caso, tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten.********************Superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho con los elementos que le suministraron los contendientes y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos.********************Ahora bien, en los conceptos de violación la parte quejosa esencialmente, señala:********************1. Que los datos de prueba no son aptos ni suficientes para acreditar la presunta responsabilidad del quejoso en la comisión del delito que se le imputa, y, por el contrario, el juez no fundó ni motivó su determinación; y,********************2. Que el auto de vinculación a proceso no cumple con los requisitos legales y formalidades para su emisión********************Son infundados los motivos de disenso expresados por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta queja deficiente a suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.********************Cierto, el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa penal ********************, el veintinueve de enero de dos mil veintitrés, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarle, le perjudica y no le reporta utilidad alguna.********************Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho.********************Es así, pues basta imponerse de la reproducción de la audiencia para advertir que el Agente del Ministerio Público expuso medularmente, como hecho delictivo, lo siguiente:********************Que el imputado ******************** es esposo de la víctima ********************, y dentro del vínculo del matrimonio han tenido diferencias, por lo cual se separaron desde el mes de julio de dos mil veintidós, regresando el imputado al domicilio conyugal el siete de agosto pasado; sin embargo, el diez de dicho mes y año, siendo aproximadamente la diez de la mañana, empezó a discutir con su esposa, la amenazó de muerte e intentó golpearla, por lo que ella solicitó la ayuda de su hija ********************retirándose del domicilio el imputado.********************Ese mismo día a las quince horas, la víctima recibió una llamada de su hija ********************avisándole que el carro en el que viajaba con su hermana se había descompuesto, por lo que la ofendida se trasladó al lugar donde se encontraban ubicado en ******************** en compañía de dos hermanas, minutos más tarde arriba también el imputado, quien al ver ahí a la víctima comienza a agredirla verbalmente, la empuja y la jalonea, por lo que en determinado momento ******************** saca un revolver que traía consigo para apuntarle a ********************, al ver esto su hija ******************** se interpuso y le dijo que si le iba a disparar a su mamá que le disparara a ella primero, a ver si tenía el valor de matarla, por lo que el imputado amenazó a la víctima y a sus hermanas diciéndoles que no iba a descansar hasta matarlas.********************Datos de prueba.********************La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, a fin de evidenciar los hechos descritos previamente, entre los que destacan:********************Denuncia formulada por la víctima ante la representación social el once de agosto de dos mil veintidós, en la que en esencia adujo que contrajo matrimonio con el imputado, con quien procreó dos hijas; que el veintisiete de julio de dos mil veintidós, se enteró que le había sido infiel con una empleada, por lo que discutieron y él amenazó con golpearla, por lo que virtud a lo acontecido el imputado dejó el domicilio conyugal.********************Sin embargo, el siete de agosto de dos mil veintidós, entre las ocho y nueve de la mañana, se presentó en el domicilio donde vive la víctima y le pidió que lo dejara regresar a lo que ella accedió.********************No obstante, el diez de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las diez de la mañana nuevamente discutieron, él amenazó con golpearla por lo que la víctima pidió la intervención de su hija ********************por lo que el imputado se retiró del domicilio conyugal.********************Ese mismo día, aproximadamente a las quince horas, recibió una llamada de su hija ********************avisándole que el carro en el que viajaba con su hermana se había descompuesto, por lo que la ofendida se trasladó al lugar donde se encontraban ubicado en ******************** en compañía de dos hermanas, minutos más tarde arriba también el imputado, quien al ver ahí a la víctima le gritó que si no se iba haría uso de la fuerza, comenzó a agredirla verbalmente, la empujó, la jaloneó y en determinado momento ******************** sacó un revolver que traía consigo para apuntarle a ********************, al ver esto su hija ******************** se interpuso, por lo que el imputado amenazó a la víctima y a sus hermanas diciéndoles que no iba a descansar hasta matarlas.********************Inspección del lugar realizada el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, en el domicilio conyugal.********************Ampliación de declaración de la víctima realizada el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós ante representante social, en la que en esencia adujo que está en proceso de divorcio con el imputado, que en dicho proceso le otorgaron una orden de protección para que este no se le acerque y que pese a ello el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, aproximadamente a las trece horas, acudió a la tienda en compañía de su hermano y otras personas, cuando escuchó unos gritos y vio que el imputado estaba agrediendo a su hermano, quien estaba lesionado de una fractura, por lo que ella intervino, momento en el que ********************, la empujó ocasionando que ella recibiera un golpe a la altura de la clavícula derecha.********************Ampliación de entrevista a la ofendida realizada el siete de diciembre de dos mil veintidós, en la que señaló que en el año dos mil veintiuno el imputado compró una pistola y que cada vez que discutían la amenazaba diciéndole que le daban ganas de estrenar la pistola con ella, además de decirle que la iba a matar.******************** Expediente 655/2022 relativo al proceso de divorcio en el que se decretó la orden de protección a favor de la víctima.******************** Entrevista practicada el ocho de diciembre de dos mil veintidós a ******************** hija de la víctima, quien en esencia señaló que el diez de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas escuchó que su papá discutía con su mamá, que posteriormente ella se retiró a la escuela, que el carro en el que se trasladaba con su hermana tuvo una falla por lo que se orillaron y llamaron a sus papás, que al arribar su papá le dijo groserías a su mamá, que en determinado momento se acercó a su camioneta y regresó con una pistola en la mano derecha apuntándole a su mamá y diciéndole que la iba a matar, por lo que su hermana ******************** se interpuso. Motivos por los cuales expresó que le tiene miedo a su papá, que ella ve cómo agrede física y verbalmente a su mamá y que el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, la víctima le comentó lo sucedido en la tienda.********************Entrevista practicada el ocho de diciembre de dos mil veintidós, a ******************** quien reiteró que el diez de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las diez horas, el imputado discutía con la víctima, por lo que esta le gritó pidiéndole ayuda, que una vez que su papá se retiró del lugar, ella y su hermana se fueron a la escuela, pero que alrededor de las quince horas se descompuso el carro en el que viajaban por lo que llamaron a sus papás, arribando al lugar en que se encontraban su mamá en compañía de dos hermanas y posteriormente llegó su papá, quien al ver a la ofendida la insultó, se retiró a su camioneta y regresó con una pistola apuntándole en el pecho de su mamá y al comenzar a insultarla ella se interpuso. Señaló que su papá es impulsivo y agresivo; asimismo, reseñó que su mamá le comentó lo acontecido el diecinueve de noviembre de dos mil veintidós, en la tienda.******************** Copias de la diversa carpeta de investigación 1003202243848, seguida ante el agente del ministerio público especializado en violencia familiar.********************Hecho que la ley señala como delito.********************En concordancia con lo anterior, respecto del quejoso ********************, el juez responsable determinó la existencia de un hecho con apariencia de delito, el cual objetivamente quizá pudo ser ejecutado por la persona a quien se imputó.********************Ello porque en forma acertada la responsable señaló que el hecho acreditado constituye el delito de amenazas previsto por el artículo 187 del Código Penal del Estado, al estar probado que el activo amenazó a la víctima con quitarle la vida.********************Que el hecho denunciado por la ofendida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se precisaron en la denuncia, así como en las entrevistas realizadas a sus dos hijas, las cuales resultan coincidentes, así como la inspección al domicilio conyugal y las copias del expediente relativo al juicio de divorcio, en el que consta la orden de protección otorgada a favor de la víctima, son congruentes y coherentes en sí mismas y, además, guarda correspondencia con los datos de prueba que obran en el sumario, que dicho sea de paso, fueron obtenidos de manera lícita.********************Asimismo, el juez de control estableció que los datos aportados resultan ser suficientes, aptos e idóneos para acreditar el hecho señalado como amenazas, previsto y sancionado por el artículo 187 del Código Penal del Estado, que dispone:********************"Artículo 187. Amenazas********************A quien amenace a otro con causarle un mal en su persona, bienes, honor o derechos, o en la persona, bienes, honor o derechos de alguien con quien esté ligado por algún vínculo, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa y caución de no ofender.********************Este delito se perseguirá por querella."****************************************En tal sentido, el juez consideró que el imputado amenazó a la víctima con privarla de la vida; asimismo, destacó que, contrario a lo señalado por al representante social al formular la imputación, dicho delito es de consumación instantánea y no se está en presencia de un delito permanente, al haberse realizado un día y en una hora específica; además de que tal hecho es de naturaleza dolosa.********************Máxime que, como bien lo precisó, el imputado, aquí quejoso, tuvo la oportunidad de declarar y contestar la imputación sin que hayan hecho uso de ese derecho, ya que únicamente fue su deseo realizar manifestaciones ostentándose inocente.********************Por tanto, el juez responsable correctamente estableció que los anteriores datos corroboran de manera razonable que, efectivamente, en las circunstancias de ejecución precisadas, la ofendida fue amenazada de muerte por el imputado, además de que los datos de prueba cumplen con el estándar requerido para estimar que se cometió el hecho con apariencia del delito de amenazas.********************De ahí que el juez válidamente puntualizó que los datos de prueba existentes generan credibilidad y que la defensa no realizó manifestación alguna que minara la credibilidad de las pruebas y, por tanto, ello era suficiente.********************Luego, adverso a lo indicado por el quejoso, sí existen datos de prueba suficientes para tener evidenciada la existencia de un hecho con apariencia de delito, para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso.********************Probable participación.********************Respecto de la probable participación de ********************, en el hecho que la ley señala como delito de amenazas, el juez responsable estableció que presuntivamente el imputado es la persona que amenazó de muerte a la ofendida, provocándole un estado de miedo y zozobra.********************Además, como bien lo destacó el juez responsable, existe la imputación directa que formulan tanto la denunciante como sus hijas, quienes fueron testigos presenciales de los hechos y cuyos testimonios son coincidentes en lo medular, esto es, que su padre, aquí quejoso, es la persona que el diez de agosto de dos mil veintidós, aproximadamente a las quince horas, amenazó a su mamá al apuntarle al pecho con una pistola y decirle que la iba a matar.********************Ello ya que ambas atestes habían llamado a sus padres para que las auxiliaran virtud a que el vehículo en que se transportaban se había descompuesto, por lo que al acudir ambos padres y encontrarse en el lugar de los hechos, el imputado empezó a agredir verbalmente a la víctima, para luego sacar un arma, apuntarle al pecho y amenazarla de muerte.********************De tal modo, que dadas las circunstancias anotadas, fue correcta al determinación del juez responsable al destacar como autor material presuntamente al imputado ********************, en términos de los artículos 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, del Código Penal del Estado.********************De modo que, contra lo afirmado por el quejoso, correctamente, el juez responsable consideró que tales elementos eran suficientes para acreditar la probable participación del imputado, aquí quejoso, en la comisión del hecho; y, que al no controvertirse son suficientes hasta este momento, para acreditar la calidad de autor material.********************De ahí que quien suscribe comparte el criterio del juez responsable, en el sentido de que los hechos narrados son constitutivos del hecho que la ley señala como delito de amenazas, previsto y sancionado por el artículo 187 del Código Penal del Estado, y la intervención presunta de ********************, en su comisión.********************Asimismo, como lo destacó el juez, no se acredita la existencia de alguna excluyente de delito.********************Por todo lo antes expuesto se estima que, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, existen datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos del hecho que la ley señala como delito de amenazas, así como su probable intervención en su comisión.********************En ese sentido, también resulta acertada la determinación de imponer las medidas cautelares necesarias para garantizar la seguridad de la víctima dada la naturaleza del delito, tales como la presentación periódica del imputado, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima y de comunicarse con esta y sus hijas siempre y cuando no se afecte su derecho de defensa, todo ello mediante dure el proceso y sin que la las medidas excedan de dos años.********************Al respecto, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan.********************Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación.********************De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos.********************Por ello, en relación con el estándar de prueba que es necesario para emitir la vinculación a proceso, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión para justificar el auto de vinculación.********************Al respecto, cabe puntualizar que el juez responsable dio contestación de manera correcta, fundada y motivada a todos y cada uno de los argumentos de la defensa al señalar que, contrario a lo señalado por aquella, sí se precisó el hecho imputado, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución, ya que tales datos quedaron descritos tanto en la denuncia como por las entrevistas de las dos hijas del imputado.********************Válidamente, destacó que si bien la defensa hizo mención a que en el dictamen médico se estableció que la ofendida no presentaba daño psicológico a raíz de las amenazas, ello no constituye un requisito necesario para que se actualice la conducta reprochada, ya que el daño psicológico depende de las características de la personalidad y de cómo o en qué grado le afecten esas circunstancias.********************Además de que, como bien lo puntualizó, el miedo y la zozobra se corrobora con el testimonio de ambas hijas, ya que ellas manifestaron también tener miedo del imputado.********************Y, que el hecho de que no se hayan precisado las características del vehículo descompuesto en el día de los hechos, no resta valor al dicho de las personas que los presenciaron ya que en lo esencial y en lo que interesa son coincidentes.********************De igual forma, fue correcta su determinación al señalar que si bien la fiscalía no verificó acto de investigación relacionado con el arma, y que pese a que no se acreditan sus características ni su funcionamiento, pues como bien lo precisó, los datos de prueba son suficientes para determinar que se trata de un artefacto bélico ya que las hijas de la ofendida son mayores de edad y, por tanto, tienen capacidad para identificar el artefacto empleado durante la amenaza.********************Además de que si bien no se citó previamente al imputado, ello resulta insuficiente para que no se surtan los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso; asimismo, que el hecho de que no se hayan verificado los medios alternativos de solución de conflictos, pues estos se rigen por el principio de voluntariedad y si las partes no accedieron, ello no impide que se dicte el auto de vinculación.********************Y, que en relación con la carpeta de investigación que se integra en contra de la aquí ofendida por el delito de lesiones cometido en agravio del quejoso, esos hechos son secundarios y distintos a aquellos por los cuales se formuló la imputación, de ahí que como bien lo señaló el juez resulten irrelevantes, pues no se advierte algún dato que desvirtúe el hecho de que presumiblemente el imputado amenazó a la víctima aquél día.********************Por lo que, incluso, de manera acertada estimó innecesario girar oficio a la fiscalía para allegarse de dichas constancias.********************Además, legalmente destacó que sus alegaciones relacionadas con que la víctima pretenda obtener un lucro y que el día de los hechos le robó la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 M.N.), constituyen meras manifestaciones, ya que como bien lo señaló no hay dato de prueba que las sustente.********************Por último, resulta correcta la apreciación en el sentido de que no puede existir cadena de custodia, precisamente porque no se aseguró el arma de la que se hace mención.********************De modo que en el caso de que se trata y en atención al cúmulo de consideraciones expuestas, contra lo afirmado por el quejoso, es inconcuso que el juez responsable tuteló en todo momento a favor del imputado el principio de presunción de inocencia, al constatar que los datos de prueba que aportó el Ministerio Público, valorados en el estado procesal en que actuó, resultaban suficientes para demostrar que se ha cometido un hecho con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.********************Más aún que en la querella se precisaron los hechos esenciales con apariencia del delito de amenazas que presuntivamente realizo el quejoso; mientras que el desahogo de los datos de prueba diversos para tenerlos evidenciados se vincula precisamente a la obligación que tiene el ministerio público de realizar la investigación, en términos del artículo 21 Constitucional.********************Así como a la finalidad de la fase de investigación del procedimiento penal y, a la postre, de ser el caso, la etapa de juicio. ********************Máxime que en la etapa procesal en que se dictó el acto reclamado, estos no han sido desvirtuados por otros medios de convicción; de ahí que su eficacia demostrativa subsiste para los efectos indicados.********************Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar.********************Apoya lo anterior, la tesis II.2o.P.80 P (10a.), publicada el ocho de marzo de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, registro 2019450, del rubro y texto siguientes:********************"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar."********************En ese estado de cosas, el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados, tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos.********************Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado.********************Esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente.********************Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.********************Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, página 1531, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro y texto:********************"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción."********************En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso.********************También se justipreciaron los datos de prueba que aportó el agente del Ministerio Público, los cuales, en oposición a lo manifestado por el quejoso, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.********************Por tanto, adverso a lo argüido por el quejoso, debe concluirse que los requisitos, formalidades y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos, en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales.********************Ello porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación.********************Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que la defensa no controvirtió eficazmente en su momento alguno de los datos de prueba.********************De igual forma, resulta relevante el hecho de que el juez proporcionó tiempo para que las partes dialogaran a fin de que llegaran a algún acuerdo; asimismo, que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y estuvo disponible su derecho a ofertar datos de prueba durante ese lapso, sin haberlo hecho.********************Por todo lo anteriormente reseñado, quien suscribe estima que el juez responsable sí fundó y motivó su determinación, lo que además cumple con los requisitos y formalidades legales previstas para su emisión.********************Se sostiene lo anterior porque -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada plenamente la responsabilidad del quejoso en los hechos que se les imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, y sujetarlo al procedimiento, aunado a que durante el plazo concedido para la investigación la defensa podrá presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron.********************Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la sola existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan corroborados en la especie, de manera suficiente, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente.********************De igual forma resulta infundado el concepto de violación vertido por la parte quejosa en el que aduce que no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que en este caso, la acusación ministerial fue precedida de querella formulada por la víctima; se desarrolló la investigación en el marco de las facultades constitucionales del Ministerio Público previstas en el artículo 21 Constitucional; quien, una vez desahogados los datos de prueba suficientes, formuló imputación contra el quejoso; para finalmente, una vez desahogada la audiencia inicial, cuya duplicidad se solicitó, determinar que la responsabilidad probable de aquel en la comisión de los hechos con apariencia de delito investigados quedó acreditada con los datos de prueba que se allegaron a la carpeta de investigación.********************Luego, como quedó establecido en esta resolución, se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento al garantizarse el derecho de la parte quejosa a tener una adecuada defensa y, respecto de los datos de prueba aportados, se respetaron los principios procesales que rigen su incorporación al proceso y valoración legal; además de que se obtuvieron de manera lícita, y resultaron suficientes y conducentes para fundar el auto de vinculación a proceso que dictó el juez responsable y constituye el acto reclamado.********************En ese tenor, al menos hasta este estadio procesal, se estableció que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado aquí quejoso, lo cometió o participó en su comisión, pues no se aportaron durante la audiencia inicial ni durante la de vinculación a proceso, datos probatorios de descargo con eficacia demostrativa que desvirtúen los datos incriminatorios respecto del quejoso, las cuales resultaron suficientes para que el Juez de Control tuviera por acreditado el delito que se le imputa.********************Por todo lo anterior, en oposición a lo que expone el quejoso, el auto de vinculación reclamado no contraviene las tesis sobre insuficiencia probatoria, el principio indubio pro reo; e ineficacia del informe rendido por la policía ministerial.********************Ya que, como se vio, los datos de prueba son bastantes para justificar el estándar requerido para la vinculación a proceso; las tesis que cita aplican para la valoración del umbral requerido para emitir sentencia; y, el acto reclamado se sustentó en datos de prueba diversos a un informe policial.****************************************En consecuencia, dada la ineficacia de los motivos de disenso, lo procedente es negar el amparo solicitado; asimismo, dicha negativa se hace extensiva respecto de los actos de ejecución por no reclamarse por vicios propios.********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:********************PRIMEO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto del acto y la autoridad que precisadas quedaron en el considerando quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veinte de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.********************

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: ********************V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo VI-249/2023, promovido por ********************, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades; y...Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve:********************PRIMEO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto del acto y la autoridad que precisadas quedaron en el considerando quinto de esta sentencia.********************SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, Michoacán, y otras autoridades, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo.********************Notifíquese personalmente.********************Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veinte de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.********************

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo 249/2023 promovido por Ricardo Zambrano Álvarez, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y otras autoridades; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Directora de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia. Agente del Ministerio Público Investigadora adscrita a Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, Michoacán. Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que la autoridad responsable precisada en el inciso d) adjuntó como sustento de su informe el disco compacto que contiene la carpeta digital certificada, la videograbación de las audiencia que indica y el índice cronológico correspondiente. Medio de convicción que, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tuvo por admitido y desahogado en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Al no existir alegatos, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. LIC. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRÍGUEZ CALDERÓNCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretaria Mirna Rodríguez Calderón CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

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