Ricardo Serrano Zamora

Expediente 754/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
754/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
13/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Serrano Zamora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se obtiene que obre documento de valor en resguardo en la caja de seguridad de este Juzgado relacionado con el presente juicio, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DESTINO AL DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos documento original, específicamente a foja 11 (once) consistente en una carta poder; en tal virtud, requiérase a la parte actora para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la depuración del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    POR MDEIO DE LISTA notifico a la parte quejosa, lo siguiente: Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil diecinueve. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO 1/2009. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se obtiene que obre documento de valor en resguardo en la caja de seguridad de este Juzgado relacionado con el presente juicio, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción IV del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse NEGADO el amparo, por lo que el mismo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. DESTINO AL DOCUMENTO. Finalmente, como en la certificación secretarial que antecede se advierte que obra en autos documento original, específicamente a foja 11 (once) consistente en una carta poder; en tal virtud, requiérase a la parte actora para que dentro del término de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al de la legal notificación de este proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional a recoger dicho documento, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso que para tal efecto se le concede, se procederá a la depuración del expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de once de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se NEGÓ el juicio de amparo promovido por Ricardo Serrano Zamora, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase a la Junta responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número VI-754/2019, promovido por Ricardo Serrano Zamora, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, el mismo día, Daniel Tovar Reyes, en su carácter de apoderado de Ricardo Serrano Zamora, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama de la Junta Especial Número Cinco de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número VI-754/2019; se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: 1) La resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, relativa al recurso de revisión de actos de ejecución dentro del juicio laboral 5A-1114/2013. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Junta Especial número Cinco de la local de conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del juicio laboral 5A-1114/2013. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. CUARTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". QUINTO. Antecedentes. Previo a analizar el fondo del asunto, se estima pertinente hacer referencia a algunos de los principales antecedentes del acto reclamado, para lo cual, tenemos que de las documentales ya valoradas en párrafos precedentes, se advierte lo siguiente: 1.- Que mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil trece, ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con sede esta ciudad, DANIEL TOVAR REYES, en representación, entre otros, de RICARDO SERRANO ZAMORA, presentó demanda en contra del SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, a quienes les reclamó la reinstalación en el empleo que venían desempeñando al servicio del Sindicato en cita, el pago de salarios caídos, vacaciones, prima vacacional, horas extras aguinaldo y otras que se desprendieran de los hechos narrados en su demanda. 2.- La demanda de mérito, fue radicada por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en auto de dos de mayo del dos mil trece, por lo que el procedimiento laboral, transcurrió por todas y cada una de sus etapas procesales; y, 3.- El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Junta de mérito, dictó el laudo correspondiente, el cual concluyó con los puntos resolutivos siguientes: "PRIMERO.- Al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y López Compañía y Servicios Educativos, S. en N.C., de manera solidaria, se les condena a pagarle a los trabajadores las cantidades que a continuación se describen, así como a reinstalarlos en las siguientes condiciones: ". Nombre Ricardo Serrano Zamora Términos de la Reinstalación En la categoría de chofer, en las instalaciones del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, con el salario mensual de $7,500.00, con un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes y descanso sábados y domingos de cada semana. Cantidad a pagar $106,662.05 (CIENTO SEIS MIL SESICIEWNTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.), más un interés que se siga generando hasta el total cumplimiento de la presente resolución, sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago o al en que se lleve a cabo la reinstalación en el empleo. SEGUNDO.- Se concede a los demandados, el término legal de quince días hábiles previsto por el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, para que en forma voluntaria den cumplimiento a lo estipulado en el presente laudo. TERCERO. Resulta improcedente emitir condena alguna respecto de las prestaciones reclamadas por la actora, en relación con los terceros con interés Aldo Emilio Tello Carrillo, el C.P. Miguel López Miranda, la moral "Patronato de Fomento y Desarrollo Educativo, S.C., y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", por las razones que quedaron precisadas en la parte final del considerando cuarto de esta sentencia. CUARTO. Notifíquese a las partes en su domicilio señalado en autos y a los que no tuvieren señalado domicilio, por medio de lista que se fije en los Estrados de este Tribunal Laboral, acorde al artículo 739 de las (sic) Ley Federal del Trabajo. Cúmplase". 4.- En contra del referido laudo, la parte actora, ahora quejosa; así como el Sindicato demandado, hoy tercero interesado, promovieron juicio de amparo directo, de los cuales tocó conocer y resolver al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito. 5.- El referido Tribunal Colegiado, en sesión celebrada el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, resolvió negar la protección constitucional en ambos juicios de amparo. 6.- El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete compareció RICARDO SERRANO ZAMORA, ante la Junta responsable, quien le hizo entrega del cheque de caja número 191 por $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), a cargo de BBVA BANCOMER, ello en cumplimiento parcial a lo condenado en el laudo. 7.- El veinticuatro del mes y año citados en el punto anterior, compareció de nueva cuenta ante la autoridad responsable el ahora inconforme, a solicitar la devolución de los cheques números 2142 y 2143 valiosos por $35,688.10 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.) y $31,500.04 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.), respectivamente, en esa misma data, la Junta responsable proveyó lo siguiente: ".I. Téngase al compareciente por identificándose a satisfacción de esta junta: II. Como lo solicita el compareciente hágase entrega previo recibo de estilo que se deje en autos de los cheques número 2142 y 2143, valiosos por la cantidad de $35,688.10 (treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 10/100 M.N.) y $31,500.04 (treinta y un mil quinientos pesos 04/100 M.N.) respectivamente, y que con el que le fue entregado comparecencia de fecha 16 de mayo del año en curso valioso por la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), y el impuesto sobre la renta relativa a dicha cantidad laudada e intereses nos da la suma total laudada; por lo que al haber cubierto el crédito laboral laudado se ordena el ARCHIVO del presente expediente por lo que ve al trabajador compareciente para todos los efectos legales procedentes.- CÚMPLASE." 8.- A través de escrito presentado ante la multirreferida autoridad el veintinueve de mayo del año en cita, RICARDO SERRANO ZAMORA, interpuso recurso de revisión de los actos de ejecución en contra del auto dictado por la Presidenta de la Junta responsable el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 9.- El referido recurso fue admitido el primero de junio de dos mil diecisiete, y celebrada la audiencia de pruebas y alegatos el veintisiete de junio del mismo año. 10.- Así en sentencia interlocutoria de siete de noviembre de dos mil diecisiete se resolvió el aludido medio de impugnación, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se declara procedente la revisión de actos de ejecución de la Presidenta de esta Junta Especial, planteada por el actor RICARDO SERRANO ZAMORA, por los razonamientos expresados en los considerandos de la presente resolución. SEGUNDO. Se deja sin efectos el punto de acuerdo II dictado en la comparecencia de fecha 24 de mayo del año 2017, en el que se tuvo por cubierto el crédito laboral del actor recurrente y se ordenó el archivo del expediente, en razón de que existe un remanente a su favor, por la cantidad de $31,500.46 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 46/100 M.N.). TERCERO.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE a las partes en los domicilios que tienen señalados para tal efecto.". 11. Inconforme con esa determinación, el quejoso promovió juicio de amparo del cual conoció este Juzgado Tercero de Distrito, en el cual, mediante ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho determinó conceder el amparo y protección para efecto de que la Junta responsable realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución dictada el siete de noviembre de dos mil diecisiete, al resolver el recurso de revisión de actos de ejecución interpuesto por RICARDO SERRANO ZAMORA; y b) Dicte una nueva resolución en la cual deberá analizar todos y cada uno de los agravios planteados por el recurrente, para lo cual deberá examinar y exponer de manera fundada y motivada:  Si es fundado o no lo alegado por el recurrente en cuanto a que el patrón debió exhibir el recibo de liquidación en el cual se pudiera observar con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos de cantidades a las que hubiere resultado condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto del impuesto sobre la renta.  Analice si fue correcta o no la retención del Impuesto Sobre la Renta al trabajador, en caso de que cuente con los elementos necesarios para al efecto; y,  Una vez hecho lo anterior, examine si las cantidades exhibidas mediante tres cheques expedidos por el patrón, cubrieron o no la totalidad de la cantidad laudada; y en base a dicho análisis conteste el agravio en el cual el recurrente alegó que en realidad falta por cubrir a su favor $68,173.61 (SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.)". 12. En cumplimiento a esa determinación, la junta responsable el doce de julio de dos mil dieciocho emitió una nueva resolución en la que en lo principal emitió las siguientes consideraciones: "a) Con fecha dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, esta autoridad emitió laudo en el que determinó, por lo que respecta al actor RICARDO SERRANO ZAMORA, procedente la acción de reinstalación y a pagarle la cantidad de $106,662.05 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.), por concepto de salario caídos y prestaciones que resultaron procedentes al actor, más un interés que se siga generando hasta el total cumplimiento de dicha resolución, sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago o al en que se lleve a cabo la reinstalación. b) Que la reinstalación del actor RICARDO SERRANO ZAMORA fue llevada a cabo por la Actuaria de esta Junta con fecha diez de marzo del año en curso, donde dicha funcionaria dio fe de que el actor fue reinstalado en los términos y condiciones ordenados en autos. c) Mediante auto de fecha siete de marzo del presente año, la Presidenta de la Junta despachó ejecución en contra del SINDICATO DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA, por la cantidad de $679,818.05 (SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 05/100 M.N.), que es el total de la cantidad laudada a favor de todos los actores, de la cual correspondió al actor RICARDO SERRANO ZAMORA la cantidad de $106,662.05 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.); y con data once de mayo de este año fue llevada a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, en la que la demandada exhibió un cheque a favor de cada uno de los actores por la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), y por no ser el total de la suma laudada, se embargaron las cuentas bancarias con números 3108298 y 3722700, de la Institución Bancaria Banamex, a nombre del Sindicato demandado; siendo recibido dicho cheque por el actor mediante comparecencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. d) Mediante escrito presentado con fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el Sindicato demandado exhibió cheque número 0002142 a favor del actor RICARDO SERRANO ZAMORA, por la cantidad de $35,688.40 (TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N.) manifestando que retuvo el 30% por concepto de impuesto sobre la renta, respecto de la cantidad total laudada, lo que arroja la suma de $36,723.15 (TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS PESOS 15/100 M.N.,); de igual manera, mediante comparecencia de fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el apoderado jurídico de la parte demandada manifestó que por existir una cantidad remanente a favor del actor, exhibió la suma de $31,500.04 (TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS 04/100 M.N.), mediante cheque de caja número 000214, que con las cantidades depositadas anteriormente sumaban la cantidad laudada, por lo que esta autoridad tuvo por cumplido el laudo y ordenó el archivo del expediente. e) Que realizando la operación aritmética se desprende que el monto de lo laudado fueron $106,662.05 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.), más los intereses que se siguieran generando hasta el total cumplimiento de dicha resolución, sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago o al en que se lleve a cabo la reinstalación, y atendiendo a que esta última se verificó con fecha 10 de marzo de 2017, se tiene que al haberse computado los salarios caídos hasta el día 9 de abril de 2014, a partir del 10 de abril de ese año empezó a computarse dicho interés, que a la fecha de la reinstalación transcurrieron 35 meses, que multiplicados por la cantidad de $2,250.00 (DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 M.N.), que es el dos por ciento de $112,500.00 (CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), que resultó de multiplicar el salario mensual determinado de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), por los 35 meses transcurridos, arroja la cantidad de $78,750.00 (SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), que es el monto de los intereses aludidos, por lo que sumada la cantidad laudada de $106,662.05 (CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 05/100 M.N.), arroja el monto de $185,412.05 (CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 05/100 M.N.), que es el total de la condena. f) Ahora bien, esta autoridad determina que en cuanto a lo argumentado por el recurrente, respecto de que el patrón debió exhibir el recibo de liquidación en el cual se pudiera observar con claridad el desglose y coincidencia de los conceptos de cantidades a las que hubiere resultado condenado en el laudo, así como las cantidades retenidas por concepto de impuesto sobre la renta, y en virtud de que con la promoción presentada por el Sindicato demandado con fecha 18 de mayo de 2017 (fojas 648-649), en la cual manifestó que retuvo al accionante el 30% (treinta por ciento) por concepto de impuesto sobre la renta, sobre la cantidad que se determinó como condena total en el laudo de fecha 16 de agosto del 2016, que él señaló que lo era por la cantidad de $122,412.05 (ciento veintidós mil cuatrocientos doce pesos 05/100 M.N.), lo que ascendió a la suma de $36,723.15 (treinta y seis mil setecientos veintitrés pesos 15/100 M.N.), con lo cual se tiene por cumplido dicho requisito, ya que en ese se está haciendo del conocimiento del trabajador el porcentaje y el monto respecto del cual se le está haciendo el descuento, para que en caso de no ser correcto, esté en condiciones de gestionar lo conducente, siendo ésta la finalidad que se pretende con la exhibición del recibo de liquidación, por lo que el hecho de que la demandada no hubiera exhibido un documento denominado "recibo de liquidación" no implica ilegalidad o la inexistencia de la retención que realizó por concepto de impuesto sobre la renta; ahora bien, pese a que no corresponde la cantidad señalada por la demandada como el monto total de la condena, puesto que como ya se precisó con anterioridad, ésta lo es por la cantidad de $185,412.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 05/100 M.N.), por lo que el 30% de la misma lo es la cantidad de $55,623.62 (cincuenta y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 62/100 M.N.), sin embargo, esta autoridad no se encuentra obligada a examinar si el cálculo del entero fue o no correcto, además de que en autos no existen elementos para hacerlo, en cuanto al porcentaje que se retuvo, pero en caso de resultar defectuoso, queda expedito el derecho de las partes para gestionar lo procedente ante la instancia correspondiente. g) En virtud de lo anterior, considerando la cantidad retenida por la patronal por concepto de impuesto sobre la renta, que ascendió a la suma de $36,723.15 (treinta y seis mil setecientos veintitrés pesos 15/100 M.N), asimismo, descontando la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), que le fue exhibida en la diligencia de embargo de fecha once de mayo del año 2017, así como las entregadas en las comparecencias de fechas 18 y 24 de mayo, ambas del año 2017, por las cantidades de $35,688.40 (treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 40/100 M.N.) y $31,500.04 (treinta y un mil quinientos pesos 04/100 M.N.) respectivamente, se tiene que para tener por cubierto el monto total de la condena, existe un faltante a favor del actor por la cantidad de $31,500.46 (treinta y un mil quinientos cuarenta y seis pesos 46/100 M.N.), no así la cantidad señalada por el recurrente de $68,173.61 (sesenta y ocho mil ciento setenta y tres pesos 61/100 M.N.), lo que trae como consecuencia que el laudo dictado en autos no se encuentre cumplido a cabalidad y como consecuencia de ello, que resulta procedente el recurso de revisión planteado por el actor RICARDO SERRANO ZAMORA. Una vez analizadas y valoradas, tanto las actuaciones que obran en autos, así como las pruebas ofertadas por las partes, se resuelve que resulta procedente el recurso de revisión de los actos de ejecución de la Presidenta de este Junta Especial Número Cinco, por lo cual, en términos de lo ordenado por el artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, se deja sin efectos el punto de acuerdo II dictado en la comparecencia de fecha 24 de mayo del año 2017, en el que se tuvo por cubierto el crédito laboral del actor y se ordenó el archivo del expediente." 13.- No obstante ello, el trabajador, aquí quejoso, promovió diverso juicio de amparo contra dicha determinación, mismo que se registró bajo el número IV-688/2018, del índice de este juzgado, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal; inconforme con ello, interpuso recurso de revisión, en el que se determinó revocar la sentencia recurrida para conceder la protección constitucional virtud a que la resolución reclamada carecía de la firma de uno de los integrantes de la junta. 14.- Por lo que, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se dejó sin efectos la determinación anterior y se emitió una nueva en la que se asentó la firma de los integrantes de la junta responsable. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado. SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación que se hacen valer. Lo anterior es así, porque en la primera parte de los conceptos de violación la parte quejosa expuso que la autoridad responsable no cumplió con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, porque emitió una resolución carente de fundamentación y motivación. Al respecto cabe precisar que el acto que ahora se combate fue motivo de análisis en el diverso juicio de amparo número II-1173/2017, del índice de este juzgado, el cual se concedió por violación al artículo 14 de la Carta Magna, en esencia por falta de fundamentación y motivación, toda vez que la responsable soslayó analizar los alegatos que le fueron puestos a consideración por el allá recurrente. En esos términos, si la quejosa combate la resolución reclamada basando dicha porción de sus conceptos de violación en vicios no purgados en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, puesto que los hace consistir en que nuevamente la responsable incurre en falta de fundamentación y motivación, sin precisar las razones por las que considera que la responsable incurrió en esos vicios; es el caso, que precisamente la autoridad responsable estaba obligada a subsanar esos vicios formales que le afectaron, desde el momento en que en la sentencia de amparo se le conminó a que fundara y motivara su determinación; por lo tanto, esos argumentos no pueden ser analizados en un nuevo juicio de amparo; de ahí que esa porción de sus conceptos de violación resulta inoperante. Ahora, en relación a su primer concepto de violación la quejosa aduce que no se ha cubierto en su totalidad el laudo emitido por la junta, porque en promoción presentada el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, la demandada señaló que con el cheque exhibido, más el diverso cheque entregado en diligencia de embargo, se cubría la totalidad del adeudo, el cual incluía la reducción del impuesto sobre la renta. Agregó, que el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete la demandada refirió que existía un faltante en el pago, y por consecuencia un remanente de treinta y un mil quinientos pesos 04/100 M.N., en favor del trabajador, exhibiendo en ese momento un cheque que amparaba ese faltante; que lo anterior resulta contradictorio con lo sostenido en el escrito señalado en el párrafo que antecede. Sin embargo, señala que las cantidades exhibidas no cubren el total a que fue condenada la demandada en el laudo; que por lo tanto, resulta violatorio de sus derechos que la responsable no determine de forma correcta la cantidad que falta por cubrir. La anterior porción del concepto de violación resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene, la autoridad responsable sí realizó pronunciamiento del remanente que debería de cubrirse al ahora quejoso, y para arribar a esa conclusión, partió del supuesto que la parte demandada fue condenada por laudo a cubrir en favor del ahora quejoso la suma de $106,652.05 (ciento seis mil seiscientos cincuenta y dos pesos 05/100 moneda nacional), ello sin incluir los intereses. Asimismo, ponderó que la reinstalación del empleo se llevó a cabo el catorce de abril de dos mil catorce, y por tal motivo contabilizó treinta y cinco meses, para determinar la cantidad de interés generado en favor del allá actor. En ese sentido, consideró que dentro del procedimiento de ejecución, específicamente en diligencia de requerimiento de pago, la parte demandada exhibió un cheque de cincuenta mil pesos, cantidad de la que se dedujo un 30% por concepto de impuesto sobre la renta, el cual ascendía a la suma de $36,723.15 (treinta y seis mil setecientos veintitrés pesos 15/100 moneda nacional; que asimismo, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, exhibió diverso cheque de $35,688.40 (treinta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional); así como que el veinticuatro de mayo de dicho año la demandada exhibió diverso cheque por la suma de $31,500.04 (treinta y un mil quinientos pesos 04/100 moneda nacional). Todo lo anterior condujo a la responsable a efectuar la operación correspondiente para concluir que partiendo de la suma a la que resultó condenada la demandada en laudo, más los intereses por la temporalidad establecida a razón de $2,250.00 dos mil doscientos cincuenta pesos, que correspondía al dos por ciento de $112,500.00 (ciento doce mil quinientos pesos), arrojaba la cantidad de $78,750.00 (setenta y ocho mil setecientos cincuenta pesos) como total de los intereses, por lo tanto, la última cantidad más la suma de $106,662.05 ciento seis mil seiscientos sesenta y dos pesos 05/100 moneda nacional, arrojaba un total de $185,412.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 05/100 moneda nacional) correspondiente a la condena. En base a lo anterior, determinó que el laudo no estaba cumplido y por lo tanto, existía un faltante de $31,500.46 treinta y un mil quinientos pesos 46/100 moneda nacional. En esos términos, si la responsable declaró procedente la revisión de actos de ejecución y dejó sin efectos el punto II dictado en diligencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en el que se tuvo por cubierto el crédito laboral y se ordenó el archivo, para ahora determinar un faltante en favor de la parte actora en el juicio de amparo y ahora quejosa, esa determinación se encuentra apegada a derecho. Ahora en relación a diversa porción de su concepto de violación que hace consistir en que la responsable no tomó en consideración que la parte demandada no exhibió un recibo de liquidación para que en esos términos dicha responsable estuviera en aptitud de determinar que realmente se estaban cubriendo las cantidades que había manifestado, así como la suma retenida, cabe señalar que esa porción de su concepto de violación resulta infundado, porque en ese sentido la responsable ponderó que en escrito de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete la parte demandada precisó la cantidad que correspondía al impuesto sobre la renta, así como que la diversa suma correspondía al monto condenado en el juicio laboral, y por lo tanto, se tenía por cumplido ese requisito. En efecto, tal como lo apreció la responsable, al precisar la parte demandada la suma que correspondía al impuesto sobre la renta y el resto a la condena impuesta en el juicio laboral, se cumple con la obligación de hacer saber al trabajador el porcentaje y monto respecto del que se le hacía el descuento, así como los rubros a los que corresponden los pagos realizados. Lo anterior se corrobora, porque el impetrante del amparo reconoce los pagos que le han sido realizados por la parte demandada, los cuales incluso coinciden con los precisados por el quejoso en el escrito mediante el cual solicitó la revisión de los actos de ejecución, salvo el que se refiere al monto referente al impuesto sobre la renta, puesto que el quejoso no lo considera dentro del pago que le fue realizado. Además también resulta infundada la alegación de que no era factible tomar en consideración la retención del impuesto sobre la renta aducida por la patronal, porque en la fecha en que se efectúo todavía no se conocía el total al que ascendería la condena, pues no se liquidaban las cantidades respectiva, de modo que incluso el cálculo de tal retención fue incorrecto. Al respecto, cabe destacar que la responsable estableció que no obstante que la cantidad señalada como impuesto sobre la renta no correspondía al total del pago que ascendía a la suma de $185,412.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 05/100 moneda nacional), porque de la operación correspondiente se advertía que el 30% de esa suma corresponde a la cantidad de $55,623.62 (cincuenta y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 62/100 moneda nacional), pero que no se encontraba obligada a examinar si el cálculo del entero había sido o no correcto, porque en autos no se contaba con elementos para hacerlo. Lo anterior condujo a la responsable a dejar a salvo los derechos de las partes para que gestionaran lo procedente. En ese sentido, dicha determinación se estima acertada, porque tal como lo apreció la responsable, no está obligada a vigilar el cumplimiento de la obligación tributaria que en términos de lo dispuesto por los artículos 94 y 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le asiste al patrón condenado, puesto que esa vigilancia en todo caso le corresponde a la autoridad hacendaria. Por lo tanto, como lo señaló la responsable, el quejoso tiene expedito su derecho para solicitar ante la autoridad recaudadora la devolución de las cantidades que se le retengan por el patrón en forma indebida Ahora, la quejosa insiste en que la suma que se le adeuda asciende a la suma de $68,173.61 sesenta y ocho mil ciento setenta y tres pesos 61/100 moneda nacional; sin embargo, acorde a la operación matemática que se impone, considerando los cheques exhibidos y entregados al allá actor y ahora quejoso, así como el impuesto sobre la renta, se obtiene que acorde a lo precisado por la responsable, sólo quedaría un faltante de $31,500.46 treinta y un mil quinientos pesos 46/100 moneda nacional; de ahí que su concepto de violación resulta infundado. También señala el quejoso que si la responsable apreció que el impuesto sobre la renta de la suma de $185,412.05 (ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos 05/100 moneda nacional), correspondiente al 30%, equivale a la cantidad de $55,623.62 (cincuenta y cinco mil seiscientos veintitrés pesos 62/100 moneda nacional), no tenía por qué dejar subsistente la suma retenida de $36,723.15 (treinta y seis mil setecientos veintitrés pesos 15/100 moneda nacional, sino que en ese caso debió determinar que de cualquier forma se cubriera la suma total que reclama el aquí quejoso, sin la retención aludida. Sin embargo, dicho concepto de violación es infundado, porque ello equivaldría a imponer a la parte patronal la obligación de cubrir el impuesto sobre la renta de su pecunio, siendo que dicho impuesto debe ser cubierto por el ahora quejoso, acorde a lo establecido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, el patrón sólo tiene el carácter de auxiliar de la administración pública en la recaudación de impuestos. Así las cosas, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías, en perjuicio de Ricardo Serrano Zamora. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo Serrano Zamora, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy once de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

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