Ricardo Sánchez Sandoval

Expediente 1012/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1012/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Sánchez Sandoval

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. SE ORDENA DEVOLVER CONSTANCIAS A AUTORIDAD RESPONSABLE. Devuélvanse a la autoridad responsable, las constancias que remitió en apoyo de su informe justificado; solicitándole el acuse recibo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    diecisiete de enero de dos mil diecinueve . V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-1012/2018, promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O : Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta capital, y recibido por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en esa misma fecha, Ricardo Sánchez Sandoval, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Segundo. Substanciación del juicio. Previa aclaración, por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda en cuestión, misma que fue registrada originalmente bajo el número VI-780/2018; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; siendo así que mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se decretó la separación de juicios, registrándose el presente número II-1012/2018, en el que habría de resolverse lo relativo al acto reclamado en el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número 522/2017; se tuvo al tercero interesado apersonándose en el juicio y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 36 y 114, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000 , emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional consisten en:  Del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil número 522/2017, que sobre reivindicación de inmueble promovió Jesús Sánchez Galves frente a María Magdalena Barajas Tirado y otros, respecto del bien raíz ubicado en la Avenida Revolución Sur número 183, colonia Ignacio Zaragoza, así como respecto del diverso sito en Avenida Revolución Sur número 185, del Libramiento Samuel Ramos, ambos de Zitácuaro, Michoacán. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el citado juez responsable se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió copia certificada del juicio de origen 522/2017, del que deriva el acto reclamado. Prueba documental pública a la que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, la cual, con arreglo a la ley, goza de fe pública. Quinto. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los motivos de disenso expuestos por el quejoso Ricardo Sánchez Sandoval, debe abordarse el estudio de la causal de improcedencia que se estima actualizada en la especie, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquella que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la Constitución Federal, a virtud del acto de autoridad que se reclama; circunstancia que, a su vez, habrá de trascender en la esfera jurídica de la parte quejosa de manera directa -interés jurídico- o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-. Dichas figuras (interés jurídico o legítimo) están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, en el caso del interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. Cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2002, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. AMBOS TÉRMINOS TIENEN DIFERENTE CONNOTACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", estableció que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Asimismo, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En relación con el interés legítimo, el referido órgano colegiado estableció que su demostración requiere la comprobación de los aspectos siguientes: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. En la inteligencia de que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que así lo dispone expresamente el artículo 107, fracción I, constitucional. Bajo ese contexto, corresponde al juzgador de amparo determinar en función del caso concreto, si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizarse el interés jurídico o el legítimo (en el entendido de que uno excluye al otro), para lo cual resulta útil atender a la condición legal del sujeto frente al acto reclamado, en conjunción con las pruebas y la naturaleza jurídica tanto del acto como de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse. Ahora bien, tenemos que el quejoso reclama del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, la falta de llamamiento al juicio ordinario civil 522/2017; aduce que se violenta su garantía de audiencia y el derecho de propiedad que dice tener respecto de dos bienes inmuebles materia del controvertido ubicados en Avenida Revolución Sur número 183, colonia Ignacio Zaragoza, así como respecto del diverso sito en Avenida Revolución Sur número 185, del Libramiento Samuel Ramos, ambos de Zitácuaro, Michoacán. En ese orden, el quejoso estaba obligado a acreditar el interés jurídico (no de otra clase) que le asiste para ser llamado al juicio de origen; primeramente, tenían que demostrar el carácter de propietario de los bienes inmuebles afectados, y luego comprobar que el aludido predio es el mismo respecto del cual se promovió el juicio, lo cual hace necesario e imprescindible su llamamiento a dicho controvertido (incluso de oficio). No obstante, el quejoso no ofreció medio de prueba alguno tendente a acreditar tales extremos, pues si bien es cierto que a su demanda de garantías acompañó copia de su acta de nacimiento, así como de la diversa acta de defunción de su extinta progenitora, ello únicamente acredita el parentesco existente entre los mismos, no así derecho alguno a favor del aquí quejoso en relación con los dos bienes que defiende de los que fueron materia del juicio reivindicatorio de origen; por su parte la copia de la escritura privada de adjudicación por herencia, acredita que J. Jesús Sánchez Galvez, fue declarado único y universal heredero de la sucesión, adquiriendo así los bienes materia de la herencia, de ahí que tal documento tampoco acredite el derecho que el quejoso aduce tener respecto de los bienes de la sucesión, sino que por el contrario tal medio de prueba pone de manifiesto que la titularidad de los bienes de la sucesión corresponden al aquí tercero interesado y que con tal carácter fue él quien promovió el juicio reivindicatorio. Además, el quejoso tampoco demostró tener la posesión material de los inmuebles que defiende de los que fueron materia del juicio de origen, por lo que no es factible considerar que debió ser llamado a dicha controversia. Por el contrario, del acta destacada fuera de protocolo ofrecida en el presente amparo por el tercero interesado, se advierte que tanto el Notario Público respectivo, como los vecinos del inmueble señalaron que el aquí quejoso no mora ni habita una de las fincas objeto del juicio natural, sino que vive en uno diverso en compañía de su esposa. En esas condiciones, es indudable que el quejoso no demostró el interés jurídico necesario para reclamar los actos emanados del juicio ordinario civil 522/2017, en razón de que no acreditó con medios de prueba idóneos el derecho que le asiste. Razón por la cual incumplió con la carga probatoria que le corresponde, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 1/2002, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA.". En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico de la parte quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, por las razones contenidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Por lista notifico a la parte tercero interesada JESÚS SÁNCHEZ GALVEZ Y/O J.JESÚS SÁNCHEZ GALVEZ Y/O JESÚS SÁNCHEZ G. Y/O J.JESÚS SÁNCHEZ GALBES Y/O JOSÉ JESÚS SÁNCHEZ GALBES Y/O JOSÉ SÁNCHEZ GONZÁLEZ.. la siguiente resolución: Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, por las razones contenidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Por lista notifico a la parte quejosa la siguiente resolución: Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, en contra del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, por las razones contenidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo sentenció y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, hasta hoy diecisiete de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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