Ricardo Sánchez Sandoval
Expediente 780/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Sánchez Sandoval
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de abril de dos mil diecinueve. ACUSA RECIBO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primer Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del oficio 3624, por el que se le notificó que causó ejecutoria la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo y de los autos originales del juicio sucesorio intestamentario; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental encuadran en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracciones II y III, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído el juicio de amparo y negado la suspensión provisional y definitiva solicitada; por lo que se estima que los mismos son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución con engrose de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por RICARDO SÁNCHEZ SANDOVAL, sin que lo haya hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Juez responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VI-780/2018, promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta capital, y recibido por este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en esa misma fecha, Ricardo Sánchez Sandoval, promovió demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán. Segundo. Substanciación del juicio. Previa aclaración, por auto de tres de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda en cuestión, misma que fue registrada bajo el número VI-780/2018; se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; siendo así que mediante resolución de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, se decretó la separación de juicios, uno diverso en el que habría de resolverse lo relativo al acto reclamado en el juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble número 522/2017, siendo que en el presente juicio de amparo VI-780/2018, se resolvería lo conducente respecto del acto reclamado consistente en la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 723/2000; se tuvo al tercero interesado apersonándose en el juicio y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue levantada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Primero. Ley de Amparo aplicable. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. Segundo. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la Ciudad de Morelia, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución General de la República, en relación con el 35 de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridad judicial residente en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tercero. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías, demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, consiste en: La falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 723/2000. Cuarto. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, se advierte que acepta la existencia del acto reclamado, a cuyo efecto remitió las constancias relativas al acto reclamado. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales gozan de fe pública. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la cuestión de fondo planteada, el suscrito estima necesario proceder al análisis de las causales de improcedencia por ser esta cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo que establece el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la tesis de jurisprudencia 814, de rubro: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO, que es consultable en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Segunda Parte, Tomo VI, Materia Común. El suscrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado y prevista por el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107 fracción I de la Constitución General de la República y el artículo 5 fracción I de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no lesiona el interés jurídico del quejoso, como se verá a continuación. Los artículos citados con anterioridad señalan: De la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De la Constitución Federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Numerales de los que se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no lesiona el interés jurídico del quejoso. Ahora bien, la procedencia del juicio de amparo indirecto promovido por un posible heredero, está condicionada a que no haya transcurrido el plazo de prescripción de la acción de petición de herencia. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis número 74/97, cuando sostuvo: "Finalmente, antes de que esta Primera Sala fije la posición que habrá de adoptar para resolver la contradicción de tesis materia de estudio, respecto a la procedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los que un posible heredero que no fue debidamente emplazado a juicio reclama su derecho a intervenir en un juicio sucesorio intestamentario, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, es necesario analizar los diversos supuestos que podrían dar lugar a que se promoviera el juicio de garantías por parte una persona que se considera con derecho a participar de la masa hereditaria dejada por el de cujus, que en la especie son las siguientes: a) En primer lugar cabe mencionar aquellos casos en los que desde la denuncia del juicio intestamentario se señala a alguna persona familiar del de cujus, con derecho a participar en el juicio, respecto de la cual, el juzgador estaría en la obligación de ordenar que se le cite y de verificar que se dé cabal cumplimiento a las formalidades legales establecidas para ello, a efecto de que se haga del conocimiento del heredero señalado la existencia del juicio sucesorio, para que esté en condiciones de acudir ante la autoridad judicial que conoce del juicio sucesorio a deducir sus derechos hereditarios, como ocurre en los casos expresamente señalados en los artículos 844, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, 1197 y 1198 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que en lo conducente señalan: "Artículo 844. Efectuada la denuncia y una vez practicadas las diligencias de aseguramiento de los bienes, cuando así proceda, el Juez tendrá por radicado el intestado y mandará notificarlo por cédula o por correo con acuse de recibo a las personas que se hubiesen señalado como interesadas, haciéndoles saber el nombre del finado, las demás particularidades que lo identifiquen, la fecha y el lugar del fallecimiento, para que en un término improrrogable de treinta días se presenten a deducir y a justificar sus derechos, a la herencia y a hacer el nombramiento de albacea. En todo caso mandará a fijar y publicar los edictos correspondientes, haciendo saber a los interesados la radicación del intestado y previniéndoles que deberán presentarse a deducir y justificar sus derechos en la forma y términos que ordena el párrafo anterior." "Artículo 1197. En la denuncia o promoción de intestado, se expresará, si el autor de la sucesión dejó cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales, dentro del quinto grado." "Artículo 1198. El Juez citará a los presuntos herederos que aparecieren de la denuncia o a sus representantes legítimos, para una junta..." Del contenido de los numerales transcritos de ambos ordenamientos legales citados, se advierte que en aquellos casos en que en la demanda de intestado se haga mención o se señale a alguna persona como familiar del de cujus, se genera la obligación por parte del Juez del conocimiento, de vigilar la correcta citación de dicha persona, a efecto de que se haga de su conocimiento la existencia del juicio sucesorio, para que acuda a deducir sus derechos hereditarios. En este caso, de darse alguna irregularidad -deficiencia u omisión- en la citación o llamamiento correspondiente, indudablemente el heredero en cuestión, se vería afectado en sus derechos fundamentales con las resoluciones que se dictaran en las diferentes etapas que integran el trámite del juicio sucesorio, pues las mismas no se ocuparían del quejoso porque no fue parte en el mismo, luego entonces dicha afectación no podría ser subsanada con el dictado de la resolución definitiva (en un juicio sucesorio se entiende como tal la que determina la adjudicación de bienes), pues no sería tomado en consideración en dicha determinación, por no haber sido parte en el juicio, razón por la que el interesado quedaría en la posibilidad de promover el juicio de amparo indirecto ante un Juzgado de Distrito, dentro del término señalado para ello por el artículo 21 de la Ley de Amparo, a condición de que no haya operado en su perjuicio el término para la prescripción del derecho a reclamar la herencia a que se refieren los artículos 2993 del Código Civil para el Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil para el Estado de Tlaxcala, los cuales son coincidentes en señalar el término de diez años contados a partir de la muerte del de cujus. Sin que en las citadas condiciones, exista la obligación, por parte del quejoso, de tramitar previamente el juicio de petición de herencia, en virtud de que éste no tiene la calidad de un recurso ordinario, ya que se trata de un procedimiento autónomo y no de un recurso o medio ordinario de impugnación, como ya se precisó con anterioridad. Tampoco sería exigible en las condiciones apuntadas, que el quejoso agotara los recursos ordinarios señalados en los códigos de procedimientos civiles, pues al no haber sido parte en el juicio no tendría acceso a agotarlos, por tener la calidad de tercero extraño al juicio. b) Diversa circunstancia se presentaría cuando a una persona que se considera posible heredera, no se le da intervención alguna en el juicio sucesorio por omisión total de su señalamiento en el trámite del procedimiento sucesorio y reclama su derecho a intervenir en dicho juicio, para ser declarado heredero, con todas sus consecuencias legales, circunstancia que daría lugar a dos situaciones diversas: 1-b) La primera se actualiza cuando la persona interesada cuenta con un documento público fehaciente que acredita su entroncamiento con el autor de la sucesión -en la especie el acta del Registro Civil correspondiente-, así como el grado de parentesco idóneo para ser declarado heredero, lo que le permitiría, sin prejuzgar sobre la primacía o no de sus derechos hereditarios en relación con las otras personas declaradas como herederos en el juicio sucesorio, establecer su derecho para ser llamado a juicio a través del juicio de garantías, siempre que no haya transcurrido el término de la prescripción de su derecho a reclamar la herencia. 2-b) La segunda situación se daría cuando la persona interesada en intervenir en un juicio sucesorio, no obstante que cuenta con un documento público fehaciente -un acta del Registro Civil- para acreditar su entronque de parentesco con el autor de la sucesión, como base para promover el juicio de amparo, dicho documento sea insuficiente para acreditar su derecho a participar en el juicio sucesorio como ocurre en los casos en que en un juicio intestamentario ya se encuentran acreditadas como herederas personas con un grado de parentesco menor con el autor de sucesión, que el que acredita el quejoso, con el documento en cuestión, si se toma en consideración que en todos los Códigos Civiles de las entidades federativas y del Distrito Federal, establecen en sus preceptos la regla que señala que los parientes cercanos excluyen a los parientes lejanos, en la preferencia al haber hereditario. c) Otra circunstancia diversa se presenta en el caso en que la persona interesada en intervenir en el juicio sucesorio, para que se le declare heredero, pretende demostrar su entroncamiento familiar con el autor de la sucesión, mediante el acopio de diverso material probatorio, por carecer del documento público idóneo para ello -en la especie el acta del Registro Civil- en cuyo caso no sería procedente el juicio de amparo, pues se estaría en la imposibilidad de hacer alguna declaración en torno a la demostración del vínculo de parentesco, por no contarse con la prueba fehaciente requerida por los diversos Códigos Civiles para ello, en tales condiciones dicha pretensión deberá hacerse valer a través de un juicio ordinario ante las autoridades correspondientes a través del procedimiento de petición de herencia. Por todo lo anteriormente analizado, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que adopta en el presente asunto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los siguientes términos: "SUCESORIO, CUANDO UN POSIBLE HEREDERO NO FUERA LLAMADO A UN JUICIO DE ESA CLASE Y ÉSTE HUBIERE CONCLUIDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES ADJETIVAS DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TLAXCALA).-Cuando el afectado impugne que no fue llamado legalmente al juicio sucesorio correspondiente, que ya concluyó, argumentando que el emplazamiento, la convocatoria o citatorio de herederos no se ajustó a los lineamientos que establecen los preceptos adjetivos aplicables, debido a que no constituye un imperativo el que tenga que ejercer previamente la acción de petición de herencia a que se refieren los artículos 12, 13 y 834 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y 9o. fracción I, 10, fracción VI y 11 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el amparo indirecto será procedente, de acuerdo con la excepción al principio de definitividad prevista en la parte final de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados puedan promover su demanda de amparo en forma inmediata, ante el Juez de Distrito. Por lo tanto, si cuenta con los documentos públicos para probar la idoneidad de su parentesco con el de cujus que le permitiría ser declarado probable heredero, el afectado no está obligado a ejercer la acción de petición de herencia. En todo caso, el ocurrir o no a esa vía jurisdiccional resultaría optativo para el quejoso, siempre que no haya transcurrido el término de diez años para que opere la prescripción, señalado en los artículos 2993 del Código Civil del Estado de Jalisco y 2939 del Código Civil del Estado de Tlaxcala." Al respecto cabe precisar que si bien el criterio transcrito corresponde a la interpretación de las legislaciones adjetivas de Jalisco y Tlaxcala, tales normativas tienen identidad jurídica con el contenido de las disposiciones legales relativas del Estado de Michoacán, de ahí que el criterio resulte ilustrativo y aplicable para la resolución del presente juicio, ya que en esencia la legislación civil de dichos Estados de la República establecen las mismas disposiciones en relación con el tema que nos ocupa y, en consecuencia, fijan los mismos parámetros en relación a las sucesiones, la acción de petición de herencia y la prescripción. De tal modo que la transcripción que revela que el juicio de amparo indirecto constituye un mecanismo que los presuntos herederos tienen a su alcance para combatir la falta de llamamiento a un juicio sucesorio intestamentario en el que no fueron señalados como posibles herederos por la persona que radicó la respectiva sucesión, o que, habiéndolo sido, no fueron notificados en forma legal, impidiéndoles deducir sus derechos hereditarios. También se advierte que como el juicio de amparo tiene como finalidad el que la parte quejosa, en su calidad de presunta heredera, salga a la defensa de sus derechos en el sucesorio respectivo, con la posibilidad de acreditar su entroncamiento con el autor de la sucesión a fin de poder participar de los bienes que conforman la masa hereditaria, similar a lo que ocurre tratándose del ejercicio de la acción de petición de herencia. Sin embargo, la procedencia del juicio de garantías se ha supeditado a que la citada acción petitoria no haya prescrito por el transcurso de diez años a que se refiere el artículo 817 del Código Civil para el Estado de Michoacán que dice: "El derecho de reclamar la herencia prescribe en diez años y es transmisible a los herederos"; pues de ser así, el derecho hereditario que en su momento pudo tener quien no fue llamado al juicio sucesorio, se extingue como consecuencia de dicha prescripción, la cual opera por el sólo transcurso del tiempo, de conformidad con el artículo 429 del Código Civil para el Estado de Michoacán, que dice: "La prescripción negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley". Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la prescripción extintiva tratándose de la acción de petición de herencia, comienza a correr desde que el derecho se hace exigible y ese momento es cuando se pone en posesión al heredero de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente. La tesis de referencia es la siguiente: Época: Sexta Época Registro: 270202 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen LXXXII, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 111 PETICIÓN DE HERENCIA, MOMENTO EN QUE EMPIEZA A CONTARSE EL PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE. Si bien es cierto que la ley no precisa a partir de que momento comienza a contarse el plazo de la prescripción para ejercitar el derecho de petición de herencia, esta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, ha resuelto este problema por la aplicación del principio de que la prescripción extintiva corre desde el momento en que el derecho se hace exigible, tomando en cuenta que ese momento no puede ser otro que aquél en que se pone en posesión al demandado de los bienes pertenecientes a la masa hereditaria mediante el reconocimiento de su calidad de heredero por la autoridad competente; y que para que el derecho sea exigible, es necesario que la herencia exista, que haya un heredero y que los bienes de la herencia sean poseídos por el albacea de la sucesión o por un heredero aparente o por otras personas; ya que salvo prueba en contrario, se presume que el albacea fue puesto, en los términos de ley, en posesión de los bienes hereditarios y esa posesión marca el momento del nacimiento de la acción de petición y el en que debe empezar a contarse el término de diez años de la prescripción extintiva a que se refiere la ley. Amparo directo 44/62. Jesús Gómez Zúñiga, sucesión. 29 de abril de 1964. Cinco votos. Ponente: Mario G. Rebolledo F. Precisado lo anterior, de las constancias del juicio de origen, se advierte que el doce de diciembre del año dos mil, J. Jesús Sánchez Gálvez, compareció por conducto de su apoderada a denunciar la sucesión a bienes de su extinta esposa Leonor Sandoval Salinas, siendo así que mediante interlocutoria de siete de marzo de dos mil uno, se declaró al denunciante como único y universal heredero; asimismo, se le designó como albacea definitiva; de tal modo que, al ser el único titular de los derechos hereditarios, mediante proveído de quince de marzo del año dos mil, se remitieron los autos a la Notaría para la protocolización respectiva, lo que así se hizo según informe del propio fedatario que devolvió el expediente relativo por haberse concluido la protocolización, por lo que el diez de octubre de dos mil uno, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Por lo que es a partir de la declaratoria de herederos, esto es, del siete de marzo de dos mil uno, en que debe computarse el término para la prescripción de la acción de petición de herencia, por lo que el término para hacerla valer feneció el siete de marzo de dos mil once. De modo que, si en el caso el quejoso promovió su demanda de amparo el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, es claro que ya habían transcurrido en demasía los diez años para que operara la prescripción de la acción de petición de herencia y consecuentemente para promover el amparo en contra de la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario de origen. En consecuencia, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del diverso 63, fracción V, de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, en contra del acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCION: Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Sánchez Sandoval, en contra del acto que reclamó del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, por los motivos expuestos en el considerando que antecede. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veintidós de febrero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.
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