Ricardo Rubalcava Rivera
Expediente 1082/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Rubalcava Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose quince de noviembre de dos mil diecinueve, en la que SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Ricardo Rubalcava Rivera y Julio Agustín Rubalcava Rivera, por conducto de su defensor Ignacio Mendoza Jiménez. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución los discos ópticos que la autoridad responsable adjuntó a su informe, de los cual se hace innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, a quince de noviembre de dos mil diecinueve V I S T O S ... R E S U L T A N D O:...C O N S I D E R A N D O: Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ignacio Mendoza Jiménez, en cuanto defensor de RICARDO RUVALCABA RIVERA y JULIO AGUSTÍN RUVALCABA RIVERA, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretario que autoriza y da fe, hoy quince de noviembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con veinticinco minutos del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 1082/2019, promovido por Ricardo Rubalcava Rivera y Julio Agustín Ruibalcava Rivera, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Leonel López Pérez Secretario que autoriza y da fe. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 140 y 144 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. En este acto, el secretario da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. Acto continuo, el Secretario hace constar y CERTIFICA: que en proveído de veinticuatro de octubre pasado, se tuvo como inexistente la autoridad responsable denominada como "dos elementos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado, con sede en esta ciudad" y se ordenó suspender toda comunicación con la misma. Asimismo, da cuenta con el informe previo rendido por: Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia. EL JUEZ: Dicho informe se recibió por este Juzgado en día y hora hábil, por lo que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se tuvo por rendido. Asimismo, téngase por realizada la relación que antecede. Enseguida, se declara abierto el período probatorio. EL SECRETARIO: Hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas de su parte. Al no existir prueba alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ: Con lo anterior, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. Vistos; para resolver los autos del incidente de suspensión 1082/2019; y, R E S U L T A N D O: 1. Por escrito presentado en línea y turnada por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta ciudad, a este órgano jurisdiccional el uno de octubre de dos mil diecinueve, Ricardo Rubalcava Rivera y Julio Agustín Ruibalcava Rivera, solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados a la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia y otras autoridades. 2. Mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional negó a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. PRECISIÓN DE LOS ACTO RECLAMADOS. La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo, la orden dada por la juez responsable para impedir que los quejosos tengan comunicación con sus defensores privados en los recesos otorgados en las audiencias celebradas y a celebrar en la causa penal 316/2018, así como en caso de incurrir en desacato, sean trasladados los acusados quejosos al centro penitenciario donde guardan reclusión. SEGUNDO. EFECTOS PARA LOS QUE SE PIDE LA MEDIDA SUSPENSIVA. La medida cautelar de que se trata se solicita para los siguientes efectos: ".Que las autoridades señaladas como responsables permitan y/o no impidan la comunicación de los quejoso directos con sus defensores privados en todo tiempo, lugar y circunstancia, sin mayores limitaciones que las establecidas en la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Que no surta sus efectos la orden de la Juez hacia los custodios de trasladar a su discreción a los quejosos directos según su arbitrio, sino que el traslado, en su caso, deba ser ordenado necesariamente por acuerdo del órgano jurisdiccional que conoce de la causa penal, mediante el oficio debidamente requisitado conforme a las disposiciones en la materia..." Por lo que se provee al respecto, con apoyo, por identidad de razón, en la Jurisprudencia número 111/2003 que dice: "Época: Novena Época Registro: 182529 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos. Contradicción de tesis 31/2003-PL. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito. 29 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Bertín Vázquez González. Tesis de jurisprudencia 111/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de noviembre de dos mil tres.". TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, se advierte la inexistencia del acto relativo a la incomunicación de los quejosos con sus defensores que le reclaman. Por su parte, los quejosos no aportaron prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, por lo cual procede negar la suspensión definitiva solicitada en contra de los referidos actos, por resultar inexistentes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 1008, visible en la Segunda Parte, página 1630, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en mil novecientos ochenta y ocho, bajo la voz: "INFORME PREVIO". En efecto, ante la existencia del acto reclamado, que se desprende las manifestaciones vertidas por la autoridad responsable en su informe previo, sin que los peticionarios del amparo hayan ofertado prueba alguna para desvirtuar dichas aseveraciones, es indudable que cobra firmeza el contenido de su informe previo y, en consecuencia, lo procedente es negar la medida suspensional solicitada; toda vez que no hay materia sobre qué decretarla, atento al criterio que informa la jurisprudencia VI. 2º. J/19, del rubro y texto que sigue. "Época: Novena Época Registro: 204855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Julio de 1995 Materia(s): Común Tesis: VI.2o. J/19 Página: 133 INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 154/88. Dominga Trinidad Robles. 5 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 472/90. Eduardo Salomón Quiroz. 15 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo. Amparo en revisión 126/92. Josefa Yauhtentzi Montiel. 31 de marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 592/92. Anselmo Tochihuitl Ramírez y otra. 8 de diciembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 281/95. J. Trinidad Valencia García. 7 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz." CUARTO. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO. Del informe previo rendido por la Jueza de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Morelia, se advierte la existencia del acto referente al traslado de los quejosos al centro de penitenciario donde guardan reclusión. QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA RESPECTO DEL DIVERSO ACTO. No obstante la certeza del acto reclamado, la medida suspensiva resulta de igual manera improcedente como se expone a continuación. En efecto, también resulta improcedente conceder la medida suspensiva respecto de los efectos por los que se pide la medida, consistentes en ".Que no surta sus efectos la orden de la Juez hacia los custodios de trasladar a su discreción a los quejosos directos según su arbitrio, sino que el traslado, en su caso, deba ser ordenado necesariamente por acuerdo del órgano jurisdiccional que conoce de la causa penal, mediante el oficio debidamente requisitado conforme a las disposiciones en la materia.", debido a que del informe previo rendido por la responsable se desprende que, fue informada por el personal de seguridad sobre el incidente suscitado entre la defensa de los quejosos y los elementos de seguridad del traslado y de las instalaciones, motivo por el cual les reiteró el deber de garantizar la seguridad del traslado y de las instalaciones conforme a los protocolos nacionales de actuación y de seguridad en esas salas. Destacando que, en caso de indisciplina o riesgo, la policía deben reingresar a los acusados inmediatamente al centro de penitenciario donde guardan reclusión, para lo cual no requieren no la autorización de dicha jueza; de lo que se colige que el actuar y determinación de la responsable fue para mantener la seguridad de los propios quejosos y de todo el personal presente en esa sala de oralidad. En ese sentido, cabe ciar el contenido del artículo 128, fracción II de la Ley de Amparo, establece: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: [.] II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de averiguación o medida cautelar concedida por autoridad judicial". De la transcripción antes realizada, se desprende que la medida suspensiva de los actos reclamados resulta improcedente, cuando se ocasione perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones del orden público; asimismo, cuando su objeto sea suspender la orden o medidas de protección dictadas para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona. En principio, por disposiciones de orden público debe entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja, o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. En tanto que, por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. De lo que se traduce, que se origina un perjuicio al interés social o se realizan contravenciones a disposiciones de orden público, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencial número 8, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 44 del Informe 1973, Parte II, Séptima Época, del rubro: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.". Entonces, del análisis integral de la demanda y lo expuesto en relación al orden público e interés social, el suscrito juzgador estima que, aún y cuando en cuanto a sus efectos y consecuencias, pudiera considerarse que producen afectación a los derechos de la parte amparista, no procede conceder la suspensión que se solicita respecto al acto reclamado, pues de hacerlo se podría contravenir disposiciones del orden público y ocasionar un perjuicio al interés social. Lo anterior, se considera de esa forma, debido a que, como ya se indicó, la determinación de la juez responsable fue en torno a una medida de seguridad tanto para los propios quejosos como para toda la concurrencia a esas salas de oralidad, pues la propia la juez responsable refiere que reiteró a los elementos de la policía la obligación que tienen de garantizar la seguridad del traslado y de las instalaciones y, que para el caso de que hubiera un altercado, regresara inmediatamente a los acusados al centro penitenciario donde guardan reclusión, lo cual, permite apreciar que ese accionar de la juez obedece a causas de seguridad, lo que mayormente impediría el otorgamiento de la medida suspensiva. Circunstancias las anteriores, que impiden determinar con cierto grado de aproximación si el acto que se reclama es o no constitucional, y por ende, si la parte quejosa obtendrá o no la protección de la justicia federal que impetra, para así, aplicando la teoría de la apariencia del buen derecho, otorgarle o no la medida cautelar solicitada. En consecuencia, por lo antes expuesto se impone negar a Ricardo Rubalcava Rivera y Julio Agustín Rubalcava Rivera, la suspensión definitiva para los efectos antes apuntados. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se NIEGA a Ricardo Rubalcava Rivera y Julio Agustín Ruibalcava Rivera, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, en los términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. POR INEXISTENTE AUTORIDAD Vista la certificación secretarial que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha fenecido el término de tres días concedido a la parte quejosa para que desahogara la vista que se le dio en proveído de quince del mes y año en curso, sin que hubiera hecho manifestación alguna; se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, esto es, se tiene por inexistente a la autoridad denominada "dos elementos de la Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado, ciudad", y se ordena suspender toda comunicación con la misma. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Daa
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