Ricardo Guerrea Valencia
Expediente 556/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 556/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Guerrea Valencia
- Director del Hospital General de Apatzingán, Perteneciente A la Secretaría de Salud de Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
En cuatro de enero de dos mil veintidós, el Secretario certifica: Que el término de tres días de que disponía el quejoso Ricardo Guerra Valencia para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, transcurrió del treinta de diciembre de dos mil veintiuno al tres de enero de dos mil veintidós, en virtud a que fue notificado electrónicamente el pasado veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Con lo anterior, se da cuenta a la Secretaria encargada de despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Efectos del fallo protector. De autos se aprecia que se concedió al quejoso Ricardo Guerra Valencia el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ". La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a efecto que sea la más cercana a su domicilio. Se ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico al quejoso, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo. Ejerza todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita.". 2. Causa ejecutoria. En proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia dictada en autos causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. 3. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. Las autoridades responsables realizaron lo siguiente: En escrito de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, informaron que la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, desde el mes octubre de dos mil veintiuno, ha pagado las sesiones de hemodiálisis que recibe el quejoso y al efecto adjuntaron la copia de la factura para acreditar dicha circunstancia. Que el quejoso recibe las sesiones de hemodiálisis de manera subrogada en la clínica particular "Calidad en Hemodiálisis", Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo. Asimismo, informaron que si el quejoso requiera atención médica, éste cuenta con cita abierta para que acuda al nosocomio, en donde se le brindaran los servicios médicos que sean necesarios. De lo anterior, se observa que las responsables han brindado al peticionario del amparo, el tratamiento de hemodiálisis a fin de contrarrestar su padecimiento correspondiente. Sin embargo, ello no exime a las autoridades en lo subsecuente, de salvaguardar en favor del quejoso el derecho de recibir los tratamientos necesarios para combatir su enfermedad, de acuerdo a la valoración que realice el especialista que lo trate. Ello es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la autoridad del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud, debe brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos. En ese sentido, quedan obligadas a continuar proporcionando al paciente el aludido tratamiento; esto, como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, el impetrante tiene derecho de solicitar en todo momento la prestación de salud oportuna, a fin de que sea valorado y se le proporcione el medicamento correspondiente de forma gratuita. 4. Conclusión. En ese contexto, se concluye que se han restituido los derechos fundamentales de Ricardo Guerra Valencia por cuya infracción se concedió el amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA, ya que en ello no existe exceso ni defecto. 5. Manifestaciones. Toda vez que se dio vista a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de tres días computado legalmente, manifestara lo que a su interés conviniera, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento realizado en autos, y, sin ello, se realiza el pronunciamiento relativo al cumplimiento del fallo protector. 6. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 7. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 8. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, en virtud a que no se tramito incidente de suspensión. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó la licenciada Albina Alvarado Santos, secretaria encargada del despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/4764/2021, de seis de diciembre de dos mil veintiuno, para actuar en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien firma electrónicamente, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020 del propio Consejo, dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Ernesto Adame Ruíz.
- Principal
En veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con un oficio y anexo, registrado bajo el folio 16692. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno.********************Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente:********************Téngase al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, informando las gestiones realizadas a fin dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y al efecto exhibe la factura de las sesiones de hemodiálisis que ha pagado desde el mes de octubre del año en curso a la fecha, de manera subrogada a la clínica Calidad en Hemodiálisis Sociedad Anónima de Capital Variable, para el quejoso ********************.********************Con lo anterior, dese vista al quejoso, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado con base en los elementos que obran en el expediente resolverá sobre el cumplimiento realizado a la ejecutoria de mérito.********************Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.********************Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma el Secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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En dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponían las partes para recurrir la sentencia de amparo dictada en el presente asunto transcurrió para la parte quejosa del veintinueve de noviembre al diez de diciembre de dos mil veintiuno, y para las autoridades responsables del veinticinco de noviembre al ocho de diciembre del año en curso, descontando los días inhábiles, virtud a que fueron notificadas el veinticinco y veinticuatro de noviembre del presente año, respectivamente, sin que lo hubieran hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez, dentro del juicio de amparo indirecto número 556/2021. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Ejecutoria. Visto que no fue impugnada en legal término la sentencia que concedió el amparo y protección a la parte quejosa; con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Se requiere cumplimiento a ejecutoria. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia dictada en el presente juicio, de la cual se les remitió copia oportunamente. No obstante, se le reitera que los efectos de la sentencia amparadora, son: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Ricardo Guerra Valencia, el amparo solicitado a efecto que: La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a efecto que sea la más cercana a su domicilio; b) Se ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico al quejoso, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. d) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo": Ejerza todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita". 3. Apercibimiento. Se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa a cada una de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Ernesto Adame Ruíz, quien da fe.
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PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción IV , ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud de que la parte quejosa reclama omisiones atribuidas a una autoridad administrativa con residencia en la ciudad de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004 , ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Ricardo Guerra Valencia, reclama: Del 1. Director del Hospital General de Apatzingán y de la 2. Secretaría de Salud, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo: ? La violación a su derecho a la salud, derivado de la omisión de brindar la atención médica y tratamiento que requiere, para el padecimiento que presenta "insuficiencia renal crónica". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierta la omisión reclamada a las autoridades responsables Director del Hospital General de Apatzingán y Secretaría de Salud, todos del Estado de Michoacán de Ocampo; pese a que en su informe justificado , el apoderado jurídico negó la existencia del acto reclamado. Al respecto, adujo que, en sus archivos, no se encontró registro de expediente clínico a nombre del quejoso, por lo que consideran que no puede existir una omisión de brindar atención médica si esta no ha sido solicitada, ya que previamente debe llevar a cabo un procedimiento a fin de no vulnerar el derecho a una colectividad que ha realizado el proceso que es estrictamente necesario a fin de que se esté en condiciones de brindar la atención médica. Asimismo, en diverso informe expresaron que, con la finalidad de brindar una atención médica al quejoso, determinaron brindar un tratamiento de manera subrogada en la clínica particular denominada "CALIDAD EN HEMODIÁLISIS", ubicada en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, en la que se le aplicarán como parte del tratamiento dialítico hierro y eritroproyectina. Destacó que, en caso de que el quejoso requiriera algún medicamento diverso, debería comparecer al nosocomio demandado, para que un médico valore si requiere o no, y una vez que se genere la receta, podrá pasar al área de farmacia a recoger el medicamente prescrito, en caso de que no se cuente con él, deberá acudir al área de dirección para dejar una copia de la receta, y se realicen las gestiones administrativas pertinentes a fin de adquirir de manera directa el medicamento requerido. De lo expuesto se obtiene de manera inconcusa, que aun y cuando las responsables negaron el acto que se les atribuye, relativo a la atención médica al quejoso, éste existe. Tiene aplicación, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Además, las autoridades responsables fueron omisas en acreditar que no tienen el expediente clínico del quejoso; tampoco que no les fue solicitada la atención médica reclamada; no obstante, les correspondía la carga de la prueba para acreditar dicha afirmación, al tratarse de un acto omisivo. También, soslayaron adjuntar a su informe justificado medio de convicción tendente a acreditar sus afirmaciones relativas a la determinación de brindar atención médica subrogada al quejoso en la clínica particular denominada "CALIDAD EN HEMODIÁLISIS." De ahí que se tenga por cierta la omisión reclamada a dichas autoridades. Ilustra, la tesis 1a. XXXVII/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro electrónico 2023556, de rubro y texto: "CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA. SUPUESTOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE EXCEPCIONALMENTE REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA. Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de daño moral contra una empresa a partir del fallecimiento de una de sus trabajadoras dentro de sus instalaciones. La parte actora adujo como hecho ilícito el incumplimiento de la empresa a sus deberes de cuidado como patronal. En particular, le atribuyó no proveer la seguridad adecuada de la trabajadora; el retraso injustificado de su personal en la búsqueda y localización oportuna de la trabajadora, así como en dar noticia del deceso a las autoridades; la incertidumbre sobre las verdaderas circunstancias, motivos y lugar del fallecimiento; y, la falta de atención, apoyo e información a los familiares con motivo de los hechos. En primera instancia se tuvo por acreditada la acción; sin embargo, en apelación la Sala civil determinó que la parte actora no probó la conducta ilícita, por lo que absolvió a la empresa demandada. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien en materia de responsabilidad extracontractual por daño moral, por regla general, corresponde a la parte actora probar los hechos constitutivos de los elementos de su acción, excepcionalmente procede invertir esa obligación adjetiva para que sea la parte demandada quien justifique alguno de estos hechos cuando entre las partes existe una relación asimétrica en torno a la proximidad probatoria del hecho. Justificación: La anterior determinación tiene sustento en la garantía del derecho de igualdad de las partes en los juicios, como una manifestación del debido proceso, la cual exige la existencia de un equilibrio procesal entre ellas, de modo que se logre una concurrencia al litigio en un plano de igualdad material y no meramente formal, lo que implica que cualquier situación de facto que impida mantener ese equilibrio debe ser solventada por la autoridad jurisdiccional mediante las herramientas hermenéuticas correspondientes. Por lo tanto, procede invertir la carga de la prueba cuando, derivado de las circunstancias particulares del caso, la parte actora esté imposibilitada o tenga un alto grado de dificultad para acceder a los medios de convicción necesarios a fin de justificarlo y, en contrapartida, la parte demandada cuente con una mayor disponibilidad de los medios de convicción y una mejor facilidad para aportarlos al juicio, a fin de acreditar el hecho contrario. La postura expresada se torna aún más relevante cuando la responsabilidad extracontractual por daño moral se hace derivar de un hecho ilícito conformado por el incumplimiento de deberes tutelares de derechos humanos, lo que resulta aplicable a los particulares siguiendo la doctrina sobre la transversalidad de los derechos humanos sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en estos supuestos la necesidad de mantener el equilibrio procesal entre las partes garantiza, además del debido proceso, los derechos a la dignidad humana y una justa indemnización en favor de las víctimas, lo que justifica la inversión de la carga probatoria para imponer el deber de demostrar el hecho contrario al actuar ilícito a la parte que tiene una mayor proximidad probatoria (facilidad y disponibilidad). CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. El ocurso de amparo fue promovido en tiempo en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, que incide sobre la adecuada atención médica se considera como un acto de carácter negativo, donde la autoridad se rehúsa a obrar conforme a lo requerido por el quejoso que compromete sus derechos humanos a la salud y la vida, los cuales el Estado está constreñido a proteger y garantizar de manera oportuna y eficaz, así como con calidad. Por ello, la presentación de la demanda de amparo en contra de un acto de tal naturaleza no está sujeta al plazo de quince días impuesto por el citado numeral; atendiendo a que ese acto no se extingue en el momento de presentarse, sino que produce sus efectos día a día, debido a que la parte quejosa no tiene acceso, ni disposición ni atención al tratamiento médico requerido; lo cual implica por sí un peligro a su subsistencia que persiste hasta en tanto se realice la conducta médica positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a la atención médica requerida. De ahí que pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, acorde a lo establecido en el ordinal 17, fracción IV , de la ley de la materia, toda vez que el plazo para ejercer la acción de amparo comienza a computarse todos los días. Cobra exacta aplicación, la tesis aislada XVII.1o.P.A.12ª (10a.) , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito de contenido: "OMISIÓN DE PROPORCIONAR UNA ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA. LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA NO SE ENCUENTRA SUJETA AL PLAZO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. La omisión de proporcionar una adecuada atención médica, por ejemplo, al no realizar diversos estudios o procedimientos médicos, clínicos o quirúrgicos, o no suministrar medicamentos, es un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ese sentido, la interposición de la demanda de amparo en su contra no está sujeta al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues ese acto no se extingue al momento de la negativa, sino que produce efectos día a día, al no tener el quejoso acceso, disposición y atención a los tratamientos y medicamentos, lo que conlleva el peligro de su subsistencia hasta en tanto se realice una conducta positiva, tendiente a garantizarle el acceso efectivo a los derechos indicados, así como a los relativos a la dignidad humana e, incluso, a la seguridad social, que en su favor protegen los mencionados ordenamientos; de ahí que lo reclamado esté comprendido dentro de la excepción establecida en la fracción IV del numeral 17 mencionado, toda vez que el plazo para ejercer la acción constitucional comienza a computarse todos los días. La conclusión anterior es acorde con la reforma de 10 de junio de 2011 al artículo 1o., en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y, por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierta conflagrado y con una imposición constitucional de proceder a su restauración y protección en el futuro, a fin de superar todos los obstáculos técnicos que impidan el estudio de fondo de la violación, fundados en una apreciación rigorista de la causa de pedir, o la forma y oportunidad en que se plantea." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo a determinar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, a la luz de los motivos de inconformidad expresados por la promovente de amparo, debe abordarse el estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia, ni se advierte de oficio la actualización de alguna, lo procedente es analizar los conceptos de violación. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, los que se dan aquí por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias, en la medida de que ningún dispositivo legal establece como requisito formal de la sentencia la trascripción de los mismos; a lo que debe agregarse que la obligación respectiva atañe al estudio de éstos, incluso en su conjunto, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, la jurisprudencia con clave de identificación 2a./J. 58/2010 , con número de registro 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, en Materia Común, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA OMISIÓN RECLAMADA. El quejoso refiere, que se transgrede en su perjuicio el artículo 4° constitucional, pues la autoridad responsable se ha negado a proporcionarle la atención médica que requiere para su padecimiento de insuficiencia renal crónica. Indicó, que por sus escasos recursos económicos no le ha sido posible asistir con frecuencia a su tratamiento en la clínica de hemodiálisis "CALIDAD DE HEMODIÁLISIS"; por lo que, acudió al Hospital General de Apatzingán, donde le negaron el servicio médico, pues personal médico le indicó que dicho nosocomio no cuenta con el equipo necesario para proporcionar el tratamiento requerido. El concepto de violación es esencialmente fundado. El artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su última reforma, efectuada el ocho de mayo de dos mil veinte, respecto al derecho a la salud, establece: "Artículo 4o.- (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social." Conforme a la porción normativa recién transcrita, toda persona tiene derecho a la salud, de lo cual, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha signado convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute del citado derecho (salud) y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Sobre el tópico, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otro progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. El citado Alto Tribunal, ha señalado que el derecho a la protección de la salud previsto en el citado precepto constitucional tiene, entre otras finalidades, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan las necesidades de la población y que, por servicios de salud, se deben entender como las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Lo anterior, en concordancia con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que destacan el apartado 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, alude al derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, refiriendo que los Estados deben adoptar medidas para asegurar la plena efectividad de este derecho; aunado a ello, el numeral 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", establece que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En ese sentido y en congruencia con lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. La prerrogativa fundamental en estudio entraña libertades y derechos, entre las que destaca la relativa a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, así como el derecho a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consensuales; además, las relativas a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Igualmente, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, la obligación estatal de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización de equipo médico y medicamentos por terceros, así como asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación y experiencia; de ahí que el derecho a la salud deba entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. De lo anterior, se desprende que, para garantizar el derecho a la salud, es menester que se proporcionen con calidad los servicios de salud, lo cual tiene estrecha relación con el control que el Estado haga de los mismos; esto es, para garantizar la calidad en los servicios de salud como medio para proteger el derecho a la salud, el Estado debe emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin. Así, una forma de garantizar el derecho a la salud, es establecer regulaciones o controles destinados a que lo prestadores de servicios de salud satisfagan las condiciones necesarias de capacitación, educación, experiencia y tecnología, en establecimientos con condiciones sanitarias adecuadas y en donde se utilicen medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, tal como dispone el legislador ordinario en el artículo 271, segundo párrafo de la Ley General de Salud. En esa medida, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 49, titulada: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL" , ha determinado que la Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, suministra los siguientes servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos: a) Servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) Servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) Otros, que se prestan de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Por tanto, el referido derecho a la salud, no se limita a la salud física del individuo; es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que, el derecho a la salud, se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Es aplicable, la tesis aislada P.LXVIII/2009 emitida por el Pleno del Alto Tribunal, de literalidad siguiente: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Además, la Ley General de Salud, reglamentaria del derecho a la protección de la salud que consagra el artículo 4°, párrafo cuarto de la Carta Magna, en sus artículos 2o., 23, 24, fracción I, 27, fracciones III y VIII, 28, 29 y 33, fracción II, señala que tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población. Asimismo, que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y, por servicios básicos, entre otros: a) La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y, b) La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. Toda vez que, la protección de la salud constituye un derecho fundamental que el Estado está obligado a garantizar, en términos de los ordenamientos antes apuntados, de los cuales se advierte que los servicios básicos de salud consisten, entre otros aspectos, en la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico y catálogo de insumos del sector salud. Aquí, es conveniente acudir a lo establecido en los artículos 77 bis 1, 77 bis 2, 77 bis 11 y 77 bis 12, todos de la Ley General de Salud, los cuales son reproducidos al tenor siguiente: "Artículo 77 bis 1.- Todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social. La protección a la salud, será garantizada por el Estado, bajo criterios de universalidad e igualdad, deberá generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Invariablemente, se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud. (.) "Artículo 77 bis 2. Para los efectos de este Título, se entenderá por prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia provean la Secretaría de Salud, por sí o en coordinación con las entidades agrupadas en su sector coordinado, así como los gobiernos de las entidades federativas a través de sus servicios estatales de salud." "Artículo 77 bis 11.- La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federación y por las entidades federativas en términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 77 bis 12.- El Gobierno Federal, conforme a lo que se establezca en el Presupuesto de Egresos de la Federación, destinará anualmente recursos para la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados cuyo monto no deberá ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior, en términos de lo que se establezca en las disposiciones reglamentarias y sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Los recursos a que se refiere el párrafo anterior se entregarán a las entidades federativas, cuando cumplan con lo previsto en el artículo siguiente." De esta manera podemos observar que el principio de gratuidad en la prestación de servicios de salud, con el objeto de preservar la salud en las personas, está consagrado en favor de aquéllas que no se encuentren bajo el régimen de algún mecanismo de seguridad social, a fin de que puedan obtener sin costo alguno tanto el servicio de salud, en estricto sentido, como los medicamentos y demás insumos necesarios para preservar su integridad física, sin importar su condición social. Lo cual incluye, no sólo lo que podría considerarse como una atención básica, sino también las intervenciones quirúrgicas que requiera, así como los farmacéuticos y enseres hospitalarios que necesite en congruencia con su estado actual de salud. Dependiendo así la prestación de los servicios de salud gratuita de la Secretaría de Salud Federal, como de las entidades federativas por intervención de sus correspondientes servicios estatales de salud; de ahí que, solidariamente estarán obligados a aportar las cuotas necesarias para hacer frente a dicha necesidad, que como se dijo, está constituido como prerrogativa fundamental. Por ello, incumbe al Gobierno Federal establecer anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos que destinara para tal fin; siendo así la única condicionante para el ejercicio de esa prerrogativa fundamental el límite presupuestario con que cuentan las instituciones de salud para poder proporcionar la atención médica integra. Por otro lado, teniendo como referente que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental, dentro del marco regulatorio internacional el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impone el deber al Estado Mexicano, por una parte, de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial el derecho al acceso a los servicio de salud y, por otra, la obligación de cumplimiento progresivo de ese derecho, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. Por tanto, el derecho al nivel más alto posible de salud, debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar un estado de bienestar general, que no solo abarca la atención de salud oportuna y apropiada, sino acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; en el entendido que existen elementos esenciales que informan el desarrollo del derecho humano a la salud, a saber, la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano: I) cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; II) que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y III) que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural, deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico, y ser de buena calidad. Por ello, la obligación de <<cumplir>> requiere que los Estados adopten medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho a la salud: de ahí que si el Estado mexicano aduce que la limitación de recursos imposibilita el pleno cumplimiento de las obligaciones que ha contraído en virtud del pacto, tendrá que justificar no sólo ese hecho, sino que ha realizado todo lo posible por utilizar al máximo los recursos de que dispone para satisfacer el derecho a la salud. Así, en el caso, el quejoso Ricardo Guerra Valencia, fue diagnosticado con enfermedad renal crónica, desde hace tres años dos meses, en razón de ello, se le estableció un tratamiento de tres sesiones de hemodiálisis por semana, según relata en su escrito de demanda , mientras que de la receta médica que anexa, se lee que acude a dos sesiones de hemodiálisis . Documental que se le otorga valor probatorio de indicio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, en razón de fue emitida por un tercero a la presente contienda constitucional, y hacen prueba en favor del quejoso y contra la autoridad responsable, en razón de que no las objetó. Medio de convicción que su valor queda a la libre apreciación de este órgano de control constitucional y del que se aprecia el padecimiento del quejoso. Ahora, la falta de atención médica que se reclama a las autoridades responsables consistente en practicar al quejoso sesiones de hemodiálisis que necesita para la enfermedad renal crónica que padece, así como otorgarle el tratamiento y la atención médica requeridos, prevalece, puesto que en su informe con justificación las autoridades responsables solo expusieron que para encontrarse en condiciones de dar atención médica al quejoso, era indispensable que compareciera al nosocomio, ya que no tenían expediente clínico, por lo que indicaron que el quejoso, debía comparecer con la intención de realizarle una valoración médica, y con ello estar en condiciones de determinar el tratamiento a seguir. Asimismo, informaron, que, con la finalidad de brindar una atención médica al quejoso, determinaron brindar un tratamiento de manera subrogada en la clínica particular denominada CALIDAD EN HEMODIÁLISIS, ubicada en Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, en la que se le aplicaran como parte del tratamiento dialítico hierro y eritroproyectina. Empero, no exhibieron constancias para acreditar las acciones que dicen haber realizado al respecto. Aún más, el quejoso, informó a través de su autorizada legal, que, no obstante haber acudido a la cita médica que le fuera generada, no fue atendido por el especialista, por requerir estudios recientes. En tales condiciones, como no se demostró en autos que se haya otorgado la atención médica al quejoso; por lo tanto, no se satisface, ni garantiza la protección a su derecho a la salud, porque, no se propone en algún programa de salud de manera definitiva, que garantice brindarle, tratamiento médico y medicamento, de manera gratuita y cercano a su domicilio en Loma Blanca, municipio de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, para atender la insuficiencia renal crónica que padece. De tal manera, que tal omisión afecta su derecho de seguridad jurídica que se interrelaciona a su derecho a la salud, puesto que, se reitera, se carece de certeza para que se continúe con el tratamiento de hemodiálisis en forma definitiva al quejoso, y deja abierta la posibilidad de que ésta cesará con el tiempo. Por lo que, es insuficiente para colmar el derecho a la protección de la salud de la peticionaria de amparo, que dependa al cumplimiento de la medida adoptada por la autoridad, dado que la restitución de ese derecho, acontecerá, cuando se verifique una orden concreta de la autoridad, con la cual se integre a ésta a un programa de salud de manera continua y permanente, consolidando con ello formalmente, el tratamiento y servicios que requiere para tratar la insuficiencia renal, cuya omisión de tratamiento, inicialmente reclamó al promover esta acción de amparo; pues lo que pretende evitar es el riesgo de inseguridad en su derecho a la salud, riesgo que se evita, si las responsables le reconocen como integrante a sus programas de salud pública, en la calidad de permanente. Sin que, para las autoridades responsables, represente un obstáculo para cumplir con el derecho a la protección a la salud del quejoso, en el padecimiento de insuficiencia renal crónica que padece, que no esté afiliada en alguna institución de seguridad social, en razón a que, en términos de la Ley General de Salud, ese derecho a la protección a la salud, es una obligación para el Estado mexicano que de manera solidaria debe cumplir por la federación y las entidades federativas, en términos de la esa Ley y sus disposiciones reglamentarias. Esto es, está claro que la omisión de las autoridades responsables, al no brindar la atención médica gratuita al quejoso, vulneró su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no establecer una opción definitiva o permanente concreta para atender su padecimiento, con los recursos que la Ley General de Salud impone de manera solidaría entere la Federación y la entidad federativa correspondiente, en el caso, el Estado de Michoacán. Asimismo, la opción definitiva de atención a la protección del derecho a la salud que también debe ser sensible a la cercanía a su domicilio, tomando en cuenta la residencia del quejoso, la cual se localiza en Loma Blanca, municipio de Tepalcatepec, Michoacán de Ocampo, donde las autoridades responsables, están en condiciones de brindar la mejor opción, para el quejoso, considerando la cercanía a su domicilio. Además, es importante señalar que, en el presente asunto, el acto reclamado, surge en el ámbito jurisdiccional a la luz del COVID-19, respecto de lo cual, diversas instituciones de índole internacional, se han pronunciado a efecto que los Estados al adoptar medidas específicas para contrarrestar los efectos de la pandemia, prevengan y tomen atención a casos de violencia contra las mujeres y menores de edad, así como de personas vulnerables. Tal es caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien emitió su declaración 1/20 y, respecto de aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad en la pandemia e indicó: "Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos que son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, las niñas y los niños, las personas con discapacidad, las personas migrantes, los refugiados, los apátridas, las personas privadas de la libertad, las personas LGBTI, las mujeres embarazadas o en período de post parto, las comunidades indígenas, las personas afrodescendientes, las personas que viven del trabajo informal, la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza, y el personal de los servicios de salud que atienden esta emergencia." Por ello, al involucrarse en este procedimiento, a persona que pertenecen a grupo vulnerables, en el caso, una persona enferma, respecto de los cuales, debe reforzarse su atención en los asuntos donde se encuentren inmersos, este órgano de control constitucional considera tal y como opinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es obligación de las autoridades, en el ámbito de su competencia, advertirlo, a efecto de proteger sus derechos humanos que pudieran sufrir afectación; de ahí que la opción de protección al derecho a la salud que decante su decisión la autoridad responsable, deberá prever evitar colocar en riesgo la salud del quejoso ante los efectos de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ricardo Guerra Valencia. OCTAVO. EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede a Ricardo Guerra Valencia, el amparo solicitado a efecto que: La autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo: ? En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto que al quejoso, le sea proporcionado el tratamiento médico; en específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de insuficiencia renal crónica que padece, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requeridos; además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal, a través de la atención médica, tratamiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis que tiene prescritas médicamente, debiendo, para ello, tomar en cuenta: a) En la opción que se elija, por las autoridades responsables, se considere el lugar de residencia del quejoso, en el caso, Buenavista Tomatlán, Michoacán de Ocampo, a efecto que sea la más cercana a su domicilio; b) Se ordenen que se haga la valoración médica correspondiente al quejoso, las veces que sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis semanales es el correcto o si debe aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salud, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. c) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico al quejoso, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esta sentencia. d) Para efecto de los dos incisos anteriores, será obligación de la parte quejosa para continuar gozando de la protección de amparo concedida, acudir ante la autoridad responsable Hospital General, para que sea abierto su expediente y valorado medicamente, cuando lo requiera el hospital y le cite al efecto. Respecto al Hospital General "Dr. Ramón Ponce Álvarez", con sede en Apatzingán, Michoacán de Ocampo": ? Ejerza todas las acciones médicas y administrativas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, verificando que se aplique el tratamiento médico correspondiente al solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ricardo Guerra Valencia contra el acto reclamado Secretaría de Salud y Titular del Hospital General de Apatzingán "Dr. Ramón Ponce Álvarez", ambos del Estado de Michoacán de Ocampo, por los motivos expresados en el considerando séptimo y para los efectos descritos en el correlativo octavo del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando noveno de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también al secretario licenciado Abel Jonapá García, quien da fe. "FIRMADA ELECTRONICAMENTE [EVIDENCIA CRIPTPGRÁFICA].
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