Ricardo Hernández Ávalos

Expediente 82/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
82/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Hernández Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, once de noviembre de dos mil veintiuno. En atención al contenido del AG 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado procesal que guardan los autos se aprecia que obra copia certificada del juicio sumario civil 163/2019, sobre terminación de contrato de arrendamiento promovido por Homero Corona Ornelas, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, solicitadas por este Juzgado a fin de resolver el asunto; ahora bien, toda vez que a la fecha el presente asunto se encuentra concluido, por lo que resulta innecesaria la permanencia de dichas constancias, se ordena remitir dichas constancias a la referida autoridad responsable. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, este órgano de control constitucional emite las determinaciones siguientes: CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnada en legal término la sentencia dictada en este juicio; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. SE RESERVA ENVIO FÍSICO DEL EXPEDIENTE AL ARCHIVO. Una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, con un cuaderno de pruebas, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante resolución interlocutoria de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3.1. En consecuencia, el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del referido acuerdo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 3.2. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20 del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese, y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Pedro Allende Nazario, quien da fe. Pan * Mcvp.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintitrés de octubre de dos mil veinte. Visto el oficio que remite la autoridad responsable Jueza de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, mediante el cual acusa recibo del diverso 14836/2020, a través del cual se le notificó la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Cúmplase. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; dando fe, bajo la misma forma de suscripción, el Secretario Pedro Allende Nazario, quien da fe. Pan * Mcvp.

  4. Principal

    SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 82/2020. RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Ricardo Hernández Ávalos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán y otras autoridades, que estimó violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales se precisarán en el apartado correspondiente de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. La demanda se registró con el número 82/2020, asimismo, fue desechada en cuanto a los actos reclamados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, enseguida, se admitió respecto de las restantes autoridades; y seguido el juicio por su cauce legal, fue celebrada la audiencia constitucional, de conformidad con el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten: Del Juez de Primera Instancia de Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán. Todo lo actuado en el juicio 163/2019, sobre terminación de contrato de arrendamiento de inmueble, promovido por Homero Corona Ornelas contra Hospital Santa María de Sahuayo S. A.de C. V. Del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán. Todo lo actuado en el toca 1-364/2019, derivado de recurso de apelación que se promovió en el juicio 163/2019. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que los actos reclamados conllevan ejecución, la cual tiene verificativo en el municipio de Sahuayo, Michoacán, correspondiente a la circunscripción territorial de este juzgado. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, Juez de Primera Instancia de Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán y Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, pues así lo informaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que exhibieron con sus informes justificados. Documentales con valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de causales de improcedencia. No obstante la certeza del acto reclamado, no se estudiará el fondo del asunto, en virtud de que en el caso opera la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la quejosa no justificó su interés jurídico. Conforme a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de éstos; sin embargo, cuando se reclama un acto proveniente de tribunales judiciales, el agraviado debe justificar que es titular de un derecho subjetivo que se ve afectado de manera personal y directa con tal acto. De ahí que, tratándose de resoluciones provenientes de tribunales judiciales, para que sea procedente el juicio de amparo no basta que la parte quejosa funde sus pretensiones en un simple interés, sino se requiere que acredite la titularidad de un derecho subjetivo que se vea afectado con el acto que en la vía constitucional reclama. La afectación a dicho derecho subjetivo debe comprobarse de manera fehaciente y no inferirse solamente con base en presunciones. Luego, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, de manera general, se debe demostrar lo siguiente: La existencia de un derecho legítimamente tutelado, respecto del cual el gobernado sea titular; y La transgresión de dicho derecho por los actos de autoridad tildados de inconstitucionales, lo cual faculta a aquel para solicitar la protección constitucional en su contra. En el caso, Ricardo Hernàndez Àvalos, reclama del Juez de Primera Instancia de Materia Civil del Distrito Judicial de Sahuayo, Michoacán, todo lo actuado en el juicio 163/2019, sobre terminación de contrato de arrendamiento de inmueble, promovido por Homero Corona Ornelas contra Hospital Santa María de Sahuayo S. A.de C. V., y del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, todo lo actuado en el toca 1-364/2019, derivado de recurso de apelación que se promovió en el juicio 163/2019, como consecuencia de ello, pretender despojarlo de la posesión y derechos que le corresponden en cuanto arrendatario del inmueble ubicado en el inmueble marcado con el número 229, Boulevard Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Sahuayo, Michoacán. Así, en consideración a que el acto reclamado se relaciona con el derecho de posesión de un bien raíz, debe decirse, para que dicha posesión sea objeto de la protección constitucional cuando una persona se ostenta tercero ajeno, es necesario acreditar su derecho a poseer con un título sustentado en alguna de las figuras jurídicas o preceptos de las legislaciones secundarias relativas. Apoya lo anterior por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 1/2002, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. El quejoso aduce esencialmente violación a su derecho fundamental de legalidad y audiencia porque en su calidad de tercero extraño a juicio, se le pretende lanzar de la propiedad que tiene en arrendamiento, en el inmueble marcado con el número doscientos veintinueve, Boulevard Lázaro Cárdenas, de la ciudad de Sahuayo, Michoacán, sin haberle dado la oportunidad de haber sido oído y vencido en juicio. Para acreditar su interés jurídico ofreció como prueba: 1. El original de dos contratos de arrendamiento suscritos el uno de enero de dos diecinueve y dos mil veinte, por el referido quejoso con Enrique Sahagún Sahagún, en su carácter de representante legal de la persona moral hospital Santa Maria de Sahuayo S.A. de C.V.", respecto del consultorio dos, en el inmueble aludido anteriormente. 2. Catorce recibos de pago de arrendamiento respecto al inmueble arrendado, correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil diecinueve, así como enero y febrero de dos mil veinte. 3. Documental consistente en el Registro Federal de Contribuyentes de Ricardo Hernández Avalos, expedido por el Servicio de Administración Tributaria. 4. Documentales consistentes en doce facturas del pago de servicio de energía eléctrica, correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil diecinueve. El citado documento, de carácter público como es el Registro Federal de Contribuyentes, así como los de carácter privado consistentes en el contrato privado de arrendamiento, los recibos de pago de renta y luz, adquieren valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202, 203, 209, 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, ya que el documento público hace fe de los hechos afirmados por la autoridad en ejercicio de sus funciones, y los documentos privados hacen prueba de la existencia de los mismos más no de los hechos declarados. Sin embargo, dichos elementos de convicción, son ineficaces para acreditar el interés jurídico del quejoso que lo legitime en el presente juicio de amparo, pues en cuanto a los recibos de luz y el Registro Federal de Contribuyentes, solo demuestran que en las dependencias donde fueron expedidos, se reportó como domicilio el señalado en los mismos, empero, como nadie puede producir prueba por sí mismo, en su provecho, es decir, que sus declaraciones unilaterales ante autoridades o empresas, no permite considerar justificado derecho alguno de posesión sobre el inmueble; además ninguno de ellos contiene el derecho legal que se sustente en alguna figura jurídica que autorice al quejoso para poseer dicho inmueble. En cuanto a los contratos de arrendamientos que el quejoso exhibió en originales, así como los recibos de pago por concepto de renta, cabe precisar que si bien se tratan de documentos privados sustentados en una figura jurídica, susceptible de generar el derecho a poseer, sin embargo, carecen de valor jurídico y es ineficaz para acreditar el interés jurídico del quejoso en el presente juicio de amparo. Es así, ya que tanto los contratos de arrendamiento, así como los recibos de pago, no puede surtir efectos contra terceros por carecer de fecha cierta; esto es, no se celebró o ratificó ante fedatario público, como tampoco se inscribió ante un Registro Público, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, pues dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros; por tanto, únicamente surtirá efectos entre los contratantes. En vista de lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. . Además, del sumario electrónico, se advierte que el contrato de arrendamiento primigenio se celebró entre Enrique Sahagún Sahagún, en su carácter de representante legal de la persona moral hospital Santa María de Sahuayo S.A. de C.V.", como arrendatario y Homero Corona Ornelas, como arrendador, si que la parte quejosa ofreciera medio de convicción alguno que demostrara que en la fecha de celebración del contrato, Enrique Sahagún Sahagún, en su carácter de representante legal de la persona moral hospital Santa Maria de Sahuayo S.A. de C.V.", persona que le arrendó tuviera facultades para arrendar, de ahí que no se encuentre acreditado su interés jurídico. Se invoca, por las razones que informa, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "SUBARRENDATARIO, INTERES JURIDICO DEL. Ostentándose la quejosa como extraña al procedimiento que reclama, debió comprobar el interés jurídico que le asiste, o sea, aquel que la ley protege, para estimar que la quejosa tiene la posesión derivada del inmueble, lo que no sucede en la especie, si la persona que le subarrendó no estaba facultada para subarrendar, y en esa virtud, por falta de ese interés, la orden de desocupación que reclama no puede afectarle ni causarle perjuicios de difícil reparación." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia ley. Cobra aplicación la tesis aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO ACREDITARSE LA AFECTACIÓN DEL. Atento a lo anterior, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues la actualización de alguna causa de improcedencia y por ende, el sobreseimiento del juicio, impiden jurídicamente entrar requisitos establecidos por la ley para el ejercicio de la acción constitucional. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74 y 124 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ricardo Hernández Ávalos, contra los actos reclamados precisados en el considerando primero y por los motivos expresados en el diverso cuarto de este fallo. Notifíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Pedro Allende Nazario, quien da fe. PAN * Mcvp.

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