Ricardo Carreón Sánchez

Expediente 743/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
743/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Carreón Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 14998. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo su INFORME JUSTIFICADO: Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. DOMICILIO. Téngase a la responsable de referencia, señalando el domicilio que indica para recibir notificaciones. DELEGADOS Y CORREO ELECTRÓNICO. En términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad de referencia, designando como delegados a las personas que señala. Por otro lado, se le tiene proporcionando el correo electrónico que apunta, por tanto manténgase bajo resguardo, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto de carácter no procesal. Finalmente como lo solicita, se le tiene adhiriéndose al folio de infracción número 66004, mismo que fue exhibido por la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte la existencia de una tarjeta informativa de hechos y muestra de la prueba de alcoholimetría practicada, mismos que el impetrante no conocía al momento de presentar la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, y 111 de la Ley de Amparo vigente, y a efecto de no dejar al impetrante en estado de indefensión, prevéngase al quejoso, para que dentro del término de QUINCE DÍAS previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, computado legalmente, manifieste por escrito, y con copia para cada una de las autoridades y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, si es su deseo ampliar su demanda de amparo; en el entendido que de no hacerlo, se resolverá este juicio únicamente respecto de los actos y autoridades originalmente planteados en la demanda; en la inteligencia de que para dicha ampliación, deberán reunir los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior la tesis I.9o.A.19 K, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, página 1298, con registro digital 162386, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003). De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  2. Principal

    En veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 14739. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la siguiente autoridad rindiendo su INFORME JUSTIFICADO: Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán. Con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. DOMICILIO. Téngase a la responsable de referencia, señalando el domicilio que indica para recibir notificaciones. DELEGADOS. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo se le tiene designando como delegados a las personas que refiere. CORREO ELECTRÓNICO. Por otro lado, téngasele proporcionado el correo electrónico que señala y manténgase bajo resguardo a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto de carácter no procesal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, en virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo se autoriza, a las personas que refiere, el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente expediente, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente incidente de suspensión, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  3. Incidental

    En quince de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 14438. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. INFORME PREVIO EXTEMPORÁNEO. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos, únicamente para que obre como constancia, el oficio suscrito por la autoridad responsable Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, en su denominación correcta Secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal, en Uruapan, Michoacán, toda vez que el pasado trece de noviembre, se dictó la resolución interlocutoria en el presente incidente. DOMICILIO, DELEGADOS Y DATOS DE CONTACTO. Téngase a la autoridad de referencia señalando el domicilio que indica para recibir notificaciones. Asimismo, en términos del artículo 9o de la Ley de la Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que señala. Por otro lado, se le tiene proporcionando el correo electrónico que apunta, por tanto manténgase bajo resguardo, a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

  4. Incidental

    trece de noviembre de dos mil veintitréstrece de noviembre de dos mil veintitrés En Uruapan, Michoacán, siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés, René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, procede a celebrar la audiencia incidental señalada para este día, asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruiz, en el presente incidente de suspensión ********************. La Secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron por escrito estar presentes en la audiencia ni acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención. Acto continuo, para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 144, de la Ley de Amparo, se declara abierta la presente audiencia y la secretaria da cuenta con las constancias necesarias para resolver y el Juez acuerda lo conducente. Posteriormente, la Secretaria da cuenta al Juez que las autoridades responsables Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán y Dirección General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de esta ciudad, no rindieron su informe previo, no obstante estar debidamente notificadas de su requerimiento. Al respecto, el Juez acuerda; con fundamento en los artículos 138 fracción III, y 140 de la Ley de Amparo, téngase por omisas a las citadas autoridades responsables, ante la falta de rendición de su informe. Acto seguido, el Juez, declara abierto el periodo probatorio y la Secretaria da cuenta con las documentales que exhibió el quejoso en su escrito inicial de demanda. A lo que el Juez determina: de conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su especial naturaleza y se cierra esta fase. Enseguida, el Juez abre el periodo de alegatos y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos en su favor. A lo que el Juez acuerda: se tiene a las partes por precluido su derecho para formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Finalmente, se da por concluida la audiencia y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Ricardo C********************, solicitó la suspensión provisional, y en su momento la definitiva, de los actos reclamados a las autoridades responsables. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 48 en relación con el 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. En el caso, la parte quejosa señala como actos reclamados: "4.- ACTO RECLAMADO I. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la retención ilegal del vehículo por supuestos hechos de tránsito, de la marca Ford Explorer, con placas PJK942C, color guinda, modelo 2005, con número de identificación vehicular NIV1FMZU63E75UA03334, del cual acredito el interés jurídico con la presentación de la factura que me avala como propietario. lI. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la expedición de la ilegal boleta de infracción con folio 66004, misma que carece de los requisitos esenciales de fundamentación y motivación y que deja en estado de indefensión al suscrito por los defectos de su elaboración. Ill. De las autoridades señaladas como responsables reclamo la omisión de informarme los datos de localización de mi vehículo, toda vez que desde el día que me fue arrebatado he acudido a las instalaciones dónde se domicilian Ias autoridades responsables a solicitar dicha información, misma que me ha sido negada hasta el momento de la presentación de la demanda de garantías." Interés Suspensional. La parte quejosa acredita su interés jurídico, con la copia certificada de la factura número 7782 E, de cuatro de septiembre de dos mil trece, de la que se advierte que fue endosada en favor del quejoso el siete de marzo de dos mil veintidós, documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; medio de convicción, que hasta este momento, es suficiente para acreditar de manera indiciaria, que la parte quejosa es propietaria del vehículo que ampara dicha factura. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades responsables fueron omisas en rendir su informe de ley, no obstante encontrarse notificadas para ello, según se desprende de las constancias de notificación que obran en autos, por lo que en términos del cuarto párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman. QUINTO. Pronunciamiento sobre la suspensión definitiva. A efecto de proveer lo conducente en este apartado, es menester precisar que para que proceda conceder la suspensión de los actos reclamados, de conformidad con el dispositivo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos 128, 131 y 147, de la Ley de Amparo, se requiere tomar en cuenta los siguientes elementos: Que exista la solicitud del agraviado. La naturaleza de los actos reclamados; y, Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, el primero de los requisitos se encuentra colmado, en virtud de que en el escrito de demanda, la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, y por ende, existe la petición de parte agraviada. Por lo que ve al segundo de los extremos, también se acredita, porque los efectos de los actos reclamados tienen naturaleza positiva y, por ende, son susceptibles de suspensión. En cuanto al tercero de los requisitos, también se encuentra reunido, ya que con la concesión de la suspensión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pues la devolución del vehículo que en esta vía se defiende, no causa ningún perjuicio al orden público ni a la colectividad. Ahora bien, acorde a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente caso, se considera que no se afectaría el interés social pues, por al contrario, de no concederse la medida cautelar, se transgredirían los derechos de propiedad y de posesión que detenta la parte quejosa sobre el vehículo que defiende. No obstante, si bien la parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado y precisa los efectos que pretende con la misma, debe decirse que, cuando la suspensión es procedente en términos del artículo 147, de la Ley de Amparo, es facultad del órgano jurisdiccional, sin llegar al extremo de ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso; de ahí que, este órgano jurisdiccional, hará el pronunciamiento conforme a los términos establecidos, con la única limitante de que la suspensión se debe dictar dentro de los extremos establecidos en la litis, sin poder extenderse a actos que no fueron reclamados en la demanda. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Tomo I, página 14, Febrero de 2019, registro digital: 2019200, bajo el rubro y texto: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo. " Dicho lo anterior, se retoma que la parte quejosa se ostenta propietaria del vehículo marca Ford Explorer, modelo 2005, tipo vagoneta, color guinda, con número de serie 1FMZU63E75UA03334, número de pedimento 1340-3985-3037837 y placas de circulación PJK942C. Para acreditar su interés suspensional exhibe copia certificada de la factura número 7782 E, expedida el cuatro de septiembre de dos mil trece, por Grupo de Comercio Exterior Globalizado, Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre de Pedro Pedraza Ramírez y endosada en favor del quejoso Ricardo C********************. En consecuencia, al reunirse los requisitos dispuestos por los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables devuelvan a la parte quejosa en calidad de depositario el vehículo marca Ford Explorer, modelo 2005, tipo vagoneta, color guinda, con número de serie 1FMZU63E75UA03334, número de pedimento 1340-3985-3037837 y placas de circulación PJK942C. Lo anterior, siempre y cuando la parte quejosa acredite de manera fehaciente, ante las autoridades responsables, la propiedad del referido automotor y se realice el pago correspondiente a la multa y circunstancias administrativas que para ello se prevean. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.III.A. J/13 A (11a.) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, visible a página 4165, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA RETENCIÓN DEL VEHÍCULO AUTOMOTOR CON MOTIVO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO "SALVANDO VIDAS", AL NO SEGUIRSE PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVENIRSE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes arribaron a conclusiones disímbolas al analizar la procedencia de la suspensión provisional en el amparo, contra la retención del vehículo que se generó con motivo de la aplicación de sanciones administrativas derivadas de la aplicación del programa "Salvando Vidas" a que se hicieron acreedores los quejosos en los procesos constitucionales de origen, por conducir el automotor bajo los influjos del alcohol. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que sí procede otorgar la suspensión provisional en contra de la retención del vehículo automotor con motivo de la aplicación del programa operativo "Salvando Vidas", para el efecto de que le sea devuelto, pues con base en el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, se obtiene que con esa medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que no se deja sin materia el juicio principal ni se constituyen derechos a favor del quejoso. Justificación: El estudio funcional de los artículos 20, 48, 72, 73 y 186 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, y 170 a 174 de su Reglamento, que sustentan el objeto del programa denominado "Salvando Vidas", así como las medidas de seguridad que pueden implementar las autoridades a cargo de los operativos, a fin de salvaguardar distintos bienes jurídicos, permite descubrir que el "arresto administrativo" pretende salvaguardar la vida y la seguridad de los conductores en estado de ebriedad, así como de terceros, aunque sea de carácter momentáneo (durante el lapso que dura el estado de ebriedad); en cambio, la "retención del vehículo" tiende a prevenir accidentes por manejar en ese estado, riesgo que finaliza cuando el conductor recupera la sobriedad. En esa medida, aunque ambas medidas de seguridad se encuentran relacionadas, ya que esta última es consecuencia de la primera, lo cierto es que el inminente riesgo que comporta que una persona conduzca en estado de ebriedad desaparece por meras razones de temporalidad y, por tanto, la retención del vehículo ya ha dejado de cumplir con su finalidad, puesto que no existe razón material o legal que sustente que el automóvil deba mantenerse en el depósito vehicular. Consecuentemente, con base en un análisis ponderado entre la afectación al interés social, así como la contravención a disposiciones de orden público frente a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, es posible establecer con certeza que en el juicio de amparo indirecto sí procede otorgar la suspensión provisional para el efecto de que se libere el vehículo y se permita su circulación, porque con ello no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social; en cambio, con esa medida cautelar únicamente se busca paralizar momentáneamente las consecuencias jurídicas que surgen con motivo de la retención vehicular, como pudiera ser una afectación desmedida de índole económica como resultado del resguardo del bien mueble. Finalmente, es propio establecer que en ese caso, la suspensión en el amparo se encuentra condicionada a que se constituya la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, únicamente en relación con las multas que se hubieren generado con motivo de la infracción cometida por el conductor, así como del pago de los servicios de arrastre y de pensión en los depósitos vehiculares." No pasa inadvertido, que el quejoso solicita la suspensión para el efecto de que no se genere o deje de generarse cobro alguno por la retención del vehículo de su propiedad; asimismo, que manifiesta ser un adulto mayor, pues cuenta con setenta y cuatro años de edad, sin embargo, este órgano jurisdiccional discurre en que tal circunstancia no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe concederse la medida cautelar, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que puede enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para considerar que se encuentra en una situación de desventaja, pues la edad por sí sola no es suficiente para estimar que se encuentra en el supuesto de condiciones de pobreza o marginación a que alude la fracción VII del numeral invocado, ya que es necesario que dicha persona se halle comprendida en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social. Sirve de apoyo la tesis aislada I.12o.C.26 K (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 65, Abril de 2019, Tomo III, página 2121, registro digital 2019651, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. PARA SU APLICACIÓN, CUANDO SE ENCUENTREN INVOLUCRADOS ADULTOS MAYORES, ES NECESARIO QUE SE HALLEN COMPRENDIDOS EN UN GRUPO SOCIAL DE MARGINACIÓN Y DESVENTAJA QUE SE GENERA CON UNA CONDICIÓN MULTIFACTORIAL ECONÓMICA Y SOCIAL. El principio de estricto derecho en el juicio de amparo no es absoluto porque, tratándose de materia civil, quedan comprendidas personas, relaciones jurídicas y materias específicas que requieren una tutela especial por parte del Estado mediante la autoridad jurisdiccional; de manera que opera forzosamente para identificar dichos aspectos en los que la autonomía de la voluntad y libertad contractual que implica disponer de sus bienes tienen un límite. Por ejemplo, en el caso de la usura o cuando exista una violación manifiesta de la ley que haya dejado sin defensa al quejoso o recurrente; y en razón de las personas afectadas como son los menores de edad, incapaces o que por su situación de vulnerabilidad no tienen acceso cabal a una noción de justicia completa si se les somete plenamente al principio aludido. Por otro lado, con la suplencia de la queja se le permite al Juez de amparo privilegiar el orden constitucional y la tutela de los derechos humanos, frente a su deber de imparcialidad y no alteración de la litis que se integra entre los conceptos de violación y las consideraciones que rigen el acto reclamado. Dicha figura se encuentra prevista en el artículo 79 de la Ley de Amparo, en el cual se especifican los casos en que la autoridad que conozca del juicio de amparo suplirá la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, como lo es, en cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; en favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia. En materia penal, en favor del inculpado o sentenciado, del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente. En materia agraria, en favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En materia laboral, en favor del trabajador; en otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa y en cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En el caso de los adultos mayores, la aplicación de la suplencia de la queja, en los asuntos donde se encuentren involucradas personas pertenecientes a este grupo, nuestro Máximo Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que esa categoría no es un caso de excepción al principio de definitividad, sino que tiene que quedar comprendido en alguno de los otros supuestos. Consecuentemente, si el quejoso es adulto mayor, esa cualidad no implica que por sí misma haga aplicable el supuesto de condiciones de pobreza o marginación a que alude la fracción VII del numeral invocado, ya que es necesario que dicha persona se halle comprendida en un grupo social de marginación y desventaja que se genera con una condición multifactorial económica y social." Así como, la tesis XVII.2o.P.A.30 A (11a.), a contrario sensu, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Septiembre de 2023, Tomo V, página 5765, con registro digital 2027283, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA A UN ADULTO MAYOR CUANDO ACREDITA POR SU CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, QUE DE CONSUMARSE EL ACTO RECLAMADO SE LE GENERARÍA MAYOR AFECTACIÓN A SU INTERÉS QUE AL DE LA SOCIEDAD. Hechos: Un guardia de seguridad de un Centro de Reinserción Social en el Estado de Chihuahua promovió juicio de amparo indirecto contra la orden verbal de cambio de adscripción a otro Municipio y solicitó la suspensión provisional del acto reclamado argumentando su condición de adulto mayor, que padece enfermedades crónicas y por su entorno familiar. El Juez de Distrito la negó, al estimar que con su concesión se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, pues sus funciones impactan al sistema de seguridad pública estatal, las cuales son de interés general. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto al adulto mayor que acredita por su condición de vulnerabilidad, que de consumarse el acto reclamado le generaría de modo irreparable mayor afectación que la que podría producir al interés social. Justificación: Lo anterior, porque al realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, conforme a los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión provisional, se concluye que procede en aquellos asuntos en los que el quejoso es un adulto en edad avanzada, que acredita por sus circunstancias de vulnerabilidad (edad, estado de salud, situación económica y entorno familiar, por mencionar algunos), que la consumación del acto reclamado le generaría mayor afectación de modo irreparable, que la que eventualmente podría llegar a sufrir la sociedad. Ello, dada la óptica con la que debe realizarse dicha ponderación, atendiendo al nuevo paradigma de derechos humanos a raíz de la reforma constitucional de 2011, que se reflejó en el artículo 1o. de la Constitución General, de la que derivaron el Manual para juzgar casos de personas mayores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diversas leyes secundarias que reconocen la protección reforzada de los derechos de los adultos mayores vulnerables, como lo es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores." Máxime que, hasta este momento procesal no se ha aportado elemento alguno que le permita a este juzgador determinar que el quejoso se encuentra en un supuesto de excepción -ocupación, situación económica, entorno familiar-, o si la ejecución del acto -pago de la infracción- puede causarle un perjuicio de difícil reparación o que éste le impida la satisfacción de sus necesidades fundamentales y así estar en condiciones de realizar un ejercicio de ponderación de manera preliminar; por el contrario, de las constancias que exhibe, se advierte que cuenta con redes de apoyo, al menos de su hijo, quien bajo protesta de decir verdad, manifiesta que le acompañaba en el vehículo que defiende en esta instancia constitucional y, de la copia certificada del acta de nacimiento que exhibe se advierte que, a la fecha este cuenta con treinta años de edad, por lo que no podría presumirse que requiere del pago de alimentos o que depende económicamente de su progenitor; asimismo, de la solicitud de estudios clínicos que anexa, se obtiene que recibe atención médica privada para el padecimiento trombosis venosa que refiere, sin que manifieste o pueda advertirse, al menos indiciariamente, que el acto reclamado y su ejecución -expedición de la boleta de infracción y su pago-, pudiera causarle un daño patrimonial o económico de imposible reparación, aunado a que tratándose esta de una situación de carácter extraordinario, le corresponde al impetrante aportar tales elementos. REQUISITOS DE EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR. Esta medida cautelar surte sus efectos desde este momento, hasta que las responsables reciban la notificación sobre el auto que declare firme la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión. Dicha suspensión no surtirá efecto, si la retención del automotor, se refiere a situaciones diferentes a infracciones y/o multas, o el vehículo sea retenido por ser objeto, producto o instrumento de algún delito. Además, la presente medida no constituye autorización para que la quejosa contravenga disposiciones de carácter administrativo, quedando expeditas las facultades de las autoridades para aplicar dichas normas y complementarias que prevean las sanciones correspondientes. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 146 fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se concede a Ricardo C********************, la suspensión definitiva del acto reclamado, en los términos del considerando quinto, de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

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