Ricardo Maldonado Govea
Expediente 406/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 406/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ricardo Maldonado Govea
- Juez Primero de Primera Instancia En Materia Civil, En Apatzingán, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En tres de octubre de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que el plazo de diez días que disponían las partes para recurrir la sentencia en la que se determinó negar el amparo en el presente asunto, transcurrió para la parte quejosa, del dieciocho al veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en virtud de que fue notificada por medio de lista el doce de septiembre de dicho año, mientras que para la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, del dieciocho al veintinueve de septiembre del mismo año, toda vez que fue notificada por oficio el trece de septiembre del año en cita, descontando los días inhábiles, sin que lo hubieran hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta misma fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede y, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan del Progreso, Michoacán de Ocampo, tres de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia dictada en el presente asunto en la que se determinó negar el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. ORDEN DE ARCHIVO. En mérito de lo anterior, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro electrónico. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES CONSERVABLE. Una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente principal, previa anotación correspondiente en los libros electrónicos, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el artículo 17, párrafo primero, del citado acuerdo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. En consecuencia, el único cuadernillo incidental es conservable, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del referido Acuerdo General. De conformidad con citado artículo 17, primer párrafo, del citado acuerdo, el original del incidente de suspensión consérvese, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser remitido a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. CONSTANCIA. En virtud de que no se agregará a este expediente el cuaderno original incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en ése, para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE TOMOS DE PRUEBAS. Toda vez que el presenta asunto se encuentra concluido, resulta innecesaria la permanencia de los tres tomos de prueba relativos al juicio ejecutivo mercantil ********************, remitidos por la autoridad responsable, en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, -fojas 6 a 8-, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número de expediente 406/2023; se pidió el informe justificado de la autoridad responsable; se reservó proveer respecto del emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obraran las constancias relativas al acto reclamado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de tres de julio de dos mil veintitrés, -fojas 15 a 18- se tuvo por recibido el informe justificado de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, con el que se ordenó dar vista a las partes para los efectos legales a que hubiera lugar; y, se reconoció con el carácter de tercera interesada a la persona moral Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por lo que se ordenó su emplazamiento. La audiencia constitucional se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, lo anterior, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I, y 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, 35 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior en virtud de que el acto reclamado se dictó una vez concluido el juicio y se atribuye a una autoridad Judicial que tiene su residencia dentro de la circunscripción territorial en la que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, quien suscribe precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de la demanda de amparo y de las demás constancias que integran este asunto se advierte que el quejoso reclama: De la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán de Ocampo: - La resolución interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de liquidación de sentencia relativa al juicio ejecutivo mercantil número 717/2017, promovido por la parte actora Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en la que se aprobó parcialmente dicho incidente. Cobra aplicación por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta en la tesis, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 192097, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, ya que lo aceptó al rendir el informe de ley -foja 14 -. En tal virtud, se encuentra probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente de origen, la cual goza de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse de documentales públicas, por haber sido expedidas por un servidor público en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable, la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal, consultable en la página 153, del tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como, la tesis 6 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radio Difusión y Telecomunicaciones, con jurisdicción en toda la República, publicada en la página 1994, del libro 6, mayo de 2014, tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2006571, del rubro y texto: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales". CUARTO. CUESTIONES NECESARIAS PARA RESOLVER. Este Juez Federal, a efecto de dar claridad al asunto, procede narrar los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante ocurso presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, -fojas 1 a 3, del tomo de pruebas- ante la Oficialía de Partes y Turno del Distrito Judicial de Apatzingán, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, el cual fue turnado al Juzgado Primero de lo Civil, de esa localidad, Tania Anabel Morales Zambrano, en su carácter de endosataria en procuración de la parte actora Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, promovió juicio en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra del ahora quejoso Ricardo Maldonado Govea, de quien reclamó las prestaciones siguientes: "I. El pago de la cantidad de $200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se reclama como suerte principal. II. El pago de intereses ordinarios, pactados por el 18.00% (DIECIOCHO POR CIENTO) anual (más IVA), sobre saldos insolutos desde la fecha de suscripción, hasta la total liquidación del adeudo. III. El pago de intereses moratorios, pactados por el 36.00% (TREINTA Y SEIS POR CIENTO) anual (más IVA), iniciando desde el momento en que los deudores incurrieran en mora y los que se sigan generando hasta la total liquidación del adeudo. IV. El pago de honorarios, gastos y costas judiciales que se originen por la tramitación del presente juicio." 2. Por acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete -fojas 8 a 9, del tomo de pruebas- el Juez Primero de lo Civil de Apatzingán Michoacán de Ocampo, admitió la demanda a trámite; la radicó con el número de expediente 717/2017; y, despachó ese auto con efectos de mandamiento en forma, a efecto de que se requiriera de pago, embargara y emplazara a la parte demandada. 3. Seguido el juicio por su curso legal, el tres de febrero de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia definitiva correspondiente -fojas 442 a 453 del tomo de pruebas- al tenor de los considerandos y puntos resolutivos, que en lo que interesa, señalan: ". En este apartado se abordará el estudio sobre si los intereses pactados por las partes, actualizan lo que se conoce como usura, análisis con el cual este tribunal resuelve las excepciones y defensas opuestas por parte del accionado Ricardo Maldonado Govea, del siguiente modo: Se trae a colación en primer orden, el criterio que a continuación se transcribe: "USURA. SU PROHIBICIÓN APLICA TANTO PARA LOS INTERESES ORDINARIOS COMO PARA LOS MORATORIOS PACTADOS EN UN PAGARÉ. (.)" Ahora bien, respecto a los intereses pactados en el título de crédito base de la acción, debe decirse que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el juicio de amparo directo 94/2016, es preciso destacar que tanto del escrito de demanda como del contenido del título accionado, se desprende que los ahora contendientes pactaron como tasa de interés ordinaria y moratoria en el título la siguiente: a. Pagaré suscrito el 11 once de junio del 2016 dos mil dieciséis, valioso por la cantidad de $200,000.00 doscientos mil pesos 00/100 m.n., documento en el que se pactó un interés ordinario del 18% anual y moratorio del 36% anual, ambos más IVA; señalándose como fecha de vencimiento el 12 doce de junio de 2017 dos mi diecisiete. Con relación a ello, debe subrayarse que el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales en los asuntos de su competencia deben realizar el estudio y análisis ex oficio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas a aplicar; actualizándose dicha obligación únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en el bloque constitucional, aunque no haya sido impugnada, porque tal ejercicio oficioso garantiza la efectiva protección a los derechos humanos. Asimismo, el artículo 21, párrafo 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consagra el derecho a la propiedad privada reza: (.) El artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, permite a las partes la libre convención de intereses; sin embargo, una interpretación conforme con la Constitución respecto de dicho numeral, autoriza sostener que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo, sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; lo anterior, con el propósito de salvaguardar el derecho fundamental de no explotación del hombre por el hombre, consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en si numeral 21. En la presente, la parte actora hace descansar su acción en un título de crédito, en el cual se estipuló, como quedó anotado en párrafos precedentes, una tasa de interés ordinaria del 18% anual y moratoria del 36% anual, ambas más IVA. En el entendido de que, la legislación mercantil, prevé como interés legal el 6% seis por ciento anual; es decir, 0.5% el punto cinco por ciento mensual. En ese contexto, cuando se fija un interés excesivo derivado un préstamo, a partir del cual una persona obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro beneficio, se actualiza lo que conocemos como usura, lo cual está proscrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumento internacional del que México forma parte. Por tanto, la explotación del hombre, por el hombre prevista en el numeral 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se actualiza cuando una persona o grupo de individuos utiliza abusivamente en su provecho los recursos económicos de las personas, el trabajo de éstas o a las propias personas, siendo un caso indiscutible de explotación del hombre, por el hombre: la usura, la cual está prohibida a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al atentar contra el derecho fundamental a la propiedad privada. Bajo ese marco jurídico, si bien es cierto las partes pueden libremente pactar el interés que deba cubrirse en cada caso, también lo es que tal facultad no es ilimitada, pues los contratantes deben sujetarse al hecho de que tal rédito no sea usurario, pues tal límite encuentra justificación en la idea de que una de las partes no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad del otro, un interés excesivo derivado de un préstamo; ante tal situación, y partiendo del principio pro persona, es decir, de aquella interpretación que genere el mayor beneficio al justiciable, el juzgador está facultado para inaplicar la norma que previene el libre pacto de intereses entre las partes, y reducir el rédito correspondiente al interés legal, a fin de no contravenir el derecho fundamental a la propiedad privada previsto en el numeral 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis, publicada en la página 400, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Materias Constitucional, Civil Décima Época, registro 2006794, del tenor literal siguiente: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]." (.) Además, sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia publicada en la página 402, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, Materias Constitucional, Civil, Décima Época, registro 2006795, del tenor literal siguiente: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE." (.) Ahora, la segunda de las tesis invocadas en párrafos precedentes, señala como parámetros para evaluar, los siguientes, en el entendido de que se deberá atender a cada caso concreto: a. El tipo de relación entre las partes; En este rubro, se desprende del expediente que la relación existente entre las partes deriva de la propia firma del pagaré. b. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré; En lo que respecta a la parte actora, por ser una caja popular, es una persona moral destinada al ahorro y préstamo de dinero; en tanto que, de autos únicamente se desprende la calidad de personas físicas en los accionados. c. El destino o finalidad del crédito; De igual manera, en autos no hay dato alguno que permita determinarlo. d. El monto; El pagaré fue suscrito por la cantidad de $200,000.00 doscientos mil pesos 00/100 m.n. e. El plazo; Fue de 1 un año, plazo que comprende desde la fecha de firma -11 once de junio del 2016 dos mil dieciséis- al vencimiento -12 doce de junio del 2017 dos mil diecisiete-. f. La existencia de garantías para el pago; No se dejó garantía alguna para asegurar el pago del adeudo contraído. g. Las tasas bancarias de interés para operaciones similares a las analizadas; En este rubro se encontró que las tasas de interés promedio mensual para operaciones similares a esta, en el mes de junio del 2016 dos mil dieciséis -antecedente más cercano-, oscilan entre el 88.96% ochenta y ocho punto noventa y seis por ciento la más alta -tarjeta de crédito Banorte básica- y la más baja 46.14% cuarenta y seis punto catorce por ciento -tarjeta HSBC básica-. Factor que esta juzgadora estima prudente usar como referencia, como más adelante se funda y motiva. h. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo; Con la finalidad de calcular lo anterior, se ingresó a la página de internet: https://www.inegi.org.mx/app/indicesdeprecios/Calculadoralnflacion.aspx, se ingresó del periodo del mes de junio del 2016 dos mil dieciséis, a junio del 2017 dos mil diecisiete, arrojando como inflación promedio mensual el .51% punto cincuenta y uno por ciento. i. Las condiciones del mercado; No se advierten condiciones que sean relevantes para el análisis del interés usurario. j. Cualquier otra situación que genere convicción en el juzgador. A criterio de esta juzgadora no hay alguna situación que pueda ser considerada, solo las que más adelante se detallan. Para efectos del análisis, se consultó la página de la Condusef, en el apartado de indicadores básicos de tarjeta de crédito, posteriormente se buscó el cuadro que refleja el costo anual total del producto más representativo de cada institución, como lo dispone la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aplicable al presente contradictorio, cuya información es un hecho notorio que pueden invocar los tribunales del orden común, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis que a continuación se transcribe: "USURA. EN LA EVALUACIÓN DE LO NOTORIAMENTE EXCESIVO DE LOS INTERESES ESTIPULADOS, EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) QUE REPORTE EL VALOR MÁS ALTO RESPECTO A OPERACIONES SIMILARES, ES UN REFERENTE FINANCIERO ADECUADO PARA SU ANÁLISIS, CUANDO EL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN ES UN TÍTULO DE CRÉDITO." (.) Se ingresó a la página de la Condusef en el apartado de histórico costo anual total, se consultó el antecedente más cercano a la fecha de firma del documento base de la acción (junio 2016), obteniendo como valor más alto el 88.96% ochenta y ocho punto noventa y seis por ciento, y el más bajo el 46.14% cuarenta y seis punto catorce por ciento, como se desprende de la referencia de las diversas tasas de interés que aplican las instituciones bancarias en relación con una tarjeta de crédito del tipo clásica, siendo esta una de las opciones más populares en el mercado, por tanto, haciendo las operaciones matemáticas correspondientes se obtiene como tasa promedio anual el 67.55% setenta y siete punto cincuenta y cinco por ciento, cantidad que se divide por 12 doce que son los meses del año, lo que da como resultado 5.62% cinco punto sesenta y dos por ciento mensual. En atención al artículo 1º Constitucional que establece que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos, por lo tanto, todas las autoridades deberán de reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley; ahora, en el documento fundatorio de la acción se pactó una tasa de interés ordinaria del 18% anual (1.5% mensual) y moratoria del 36% anual (3% mensual); luego, en atención a lo argumentado en párrafos anteriores, se aprueban por no resultar excesivas, al situarse por debajo del promedio antes referido, en relación a las tasas de interés publicadas en la página electrónica en consulta. Partiendo del hecho de que se considera que un interés es usurario cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo, situación que debe estar proscrita por la ley. En atención a ello, es que cuando los juzgadores adviertan que el interés pactado genere un provecho abusivo para el actor, con relación al interés pactado, en detrimento del patrimonio de los demandados, de oficio, debe proceder a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, como no sucedió en el presente, tomando en consideración las circunstancias particulares del caso y las constancias que integran los autos. Bajo esa tesitura, no le asiste la razón al accionado Ricardo Maldonado Govea, al oponer su excepción y defensa relativa a que los intereses pactados son usurarios; consecuentemente atento a lo regulado por los imperativos 362, párrafo primero, 1391, 1408, 1410 de la codificación mercantil 170 y 174 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, como la parte accionada Ricardo Maldonado Govea ha cubierto la suerte principal que le fue reclamada, se declara parcialmente procedente la acción cambiaria directa que en la vía ejecutiva mercantil ejercitaron los endosatarios en procuración de Caja Popular Los Reyes S.C. de A.P. de R.L. de C.V., frente a Ricardo Maldonado Govea, deudor principal, María Esther Zepeda Martínez, aval, a quienes se les absuelve del pago de dicha suerte principal, condenándolos al pago de los intereses ordinarios del 18% dieciocho por ciento y moratorios del 36% treinta y seis por ciento, ambos anuales, más IVA, pactados en el pagaré base de esta acción, los primeros que comenzaron a correr desde la fecha de suscripción del documento base de la acción; y, los segundos -pactados como adicionales en el documento base de la acción- desde la fecha de constitución en mora -los que deberán calcularse tomando como referencia el monto de la suerte principal-; ambos computables hasta el día 11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós, fecha en que se exhibió ante este juzgado el cheque de caja que en copia simple obra en autos a fojas 387, con el cual, el accionado Ricardo Maldonado Govea, cubrió el pago de la suerte principal; lo cual, aceptó la parte actora en data 10 diez de agosto del 2022 dos mil veintidós (fojas 434); cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. (.) R E S O L U T I V O S PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y resolver en forma definitiva el presente asunto. SEGUNDO. En términos del considerando respectivo de este fallo, se declara parcialmente procedente la acción cambiaria directa, ejercitada en la vía ejecutiva mercantil, por los endosatarios en procuración de Caja Popular Los Reyes, S.C. de A.P. de R.L. de C.V., frente a Ricardo Maldonado Govea, deudor principal, a quien le fueron analizadas sus excepciones y defensas; y, María Esther Zepeda Martínez, aval, quien no compareció a dar contestación a la demanda interpuesta en su contra. TERCERO. Consecuentemente, se condena a Ricardo Maldonado Govea, deudor principal, María Esther Zepeda Martínez, aval, al pago de los intereses ordinarios del 18% dieciocho por ciento y moratorios del 36% treinta y seis por ciento, ambos anuales, más IVA, pactados en el pagaré base de esta acción, los primeros que comenzaron a correr desde la fecha de suscripción del documentos base de la acción; y, los segundos -pactados como adicionales en el documento base de la acción- desde la fecha de constitución en mora- los que deberán calcularse tomando como referencia el monto de la suerte principal, a la fecha de liquidarlo-; ambos computables hasta el día 11 once de mayo de 2022 dos mil veintidós, fecha en que se exhibió ante este juzgado el cheque de caja que en copia simple obra en autos a fojas 387, con el cual, el accionado Ricardo Maldonado Govea, cubrió el pago de la suerte principal; lo cual, aceptó la parte actora en data 10 diez de agosto del 2022 dos mil veintidós (fojas 434); cuya cuantificación se reserva para la etapa de ejecución de sentencia. CUARTO. En su oportunidad, embárguense bienes de los demandados, hágase trance, previo avalúo, y remate en términos de lo dispuesto en el artículo 1410 del Código de Comercio, y con su producto, el pago a la parte acreedora, de los intereses ordinarios y moratorios pactados en el documentos base de la acción, cuya cuantificación deberá realizarse en ejecución de sentencia, siguiendo para tal efecto los lineamientos que sobre el particular prevé la ley. QUINTO. Se condena a Ricardo Maldonado Govea, deudor principal, María Esther Zepeda Martínez y Víctor Manuel Equihua Equihua, avales, al pago de los gastos y costas del juicio, a favor de su contraparte, previa su aprobación y regulación judicial, de conformidad a lo señalado en el considerando respectivo...". 4. Por auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, a petición de la parte actora, la responsable declaró que la sentencia definitiva causó ejecutoria por ministerio de ley, por lo que se concedió el término de tres días a los demandados para que dieran cumplimiento voluntario a la sentencia -foja 458 del tomo I de pruebas-. 5. Mediante escrito presentado el cinco de mayo de dos mil veintitrés, la parte actora promovió incidente de liquidación de gastos y costas -fojas 1 y 2 del tomo 2 de pruebas-, el cual se admitió a trámite por auto de once de mayo del mismo año -foja 3 del tomo 2 de pruebas-. 6. El cinco de junio de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia interlocutoria dentro de la planilla de liquidación, como se indica a continuación: ".TERCERO. Ahora bien, el incidentista reclama la cantidad de $658,041.25 seiscientos cincuenta y ocho mil cuarenta y un pesos 25/100 m.n., por concepto de intereses ordinarios, moratorios, ambos más IVA y honorarios profesionales; lo anterior en los siguientes términos: Tomando en consideración que la parte demandada realizó la consignación de la suerte principal $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), me permito realizar la cuantificación y cálculo de los accesorios reclamados en el escrito inicial de demanda, lo que hago a continuación: INTERESES ORDINARIOS MÁS IVA. La cantidad de $175,085.48 (ciento setenta y cinco mil ochenta y cinco pesos 48/100 m.n.). por concepto de intereses ordinarios a razón del 18% (dieciocho por ciento) anual, respecto de la suerte principal, computados desde el día 13 de junio de 2017 dos mil diecisiete, en cuanto día hábil siguiente a la fecha en que los deudores incurrieron en mora, hasta el 11 once de mayo de 2022 dos mil veintidós; cantidad que nos resulta multiplicar 11 once días por $98.68 (noventa y ocho pesos 68/100 m.n.), 10 diez meses por $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.). y 4 años por $36,000.00 (treinta y seis mil pesos 00/100 m.n.). La cantidad de $28,013.67 (veintiocho mil trece pesos 67/100 m.n.), por concepto de IVA del interés ordinario, cantidad que nos resulta $175, 085.48 (ciento setenta y cinco mil ochenta y cinco pesos 48/100 m.n.) por el 16% (dieciséis por ciento). Cantidad que, si bien no está correctamente calculada se aprueba, ante la imposibilidad que tiene este tribunal de ir más allá de lo solicitado; lo anterior, pues contrario a lo manifestado por el incidentista los intereses ordinarios comienzan a correr desde el día en que se suscribe el documento; a saber, 11 once de junio el 2016 dos mil dieciséis, y no desde la fecha de constitución en mora; por lo que, desde aquella fecha, hasta el día computable según la sentencia definitiva dictada (11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós), transcurrieron 4 años, 10 meses; por lo que, la cantidad correcta en dicho periodo, por concepto de interés ordinario, más IVA, asciende a $247,080.00 doscientos cuarenta y siete mil ochenta pesos 00/100 m.n.; de ahí que este tribunal arriba a la conclusión que la cantidad solicitada no sea la correcta. INTERESES MORATORIOS MÁS IVA Corresponde la cantidad de $350,170.96 (trescientos cincuenta mil ciento setenta pesos 96/100 m.n.), por concepto de intereses moratorios a razón del 36% (treinta y seis por ciento) anual, respecto de la suerte principal, computados desde el día 13 de junio de 2017 dos mil diecisiete, en cuanto día hábil siguiente la fecha en que los deudores incurrieron en mora, hasta el 11 once de mayo de 2022 dos mil veintidós: cantidad que nos resulta de multiplicar 11 días por $197.36 (ciento noventa y siete pesos 36/100 m.n.), 10 diez meses por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 m.n.) y 4 años por $72,000.00 (setenta y dos mil pesos 00/100 m.n.). La cantidad de $56,027.35 (cincuenta y seis mil veintisiete pesos 35/100 m.n.), por concepto de IVA del interés moratorio, cantidad que nos resulta multiplicar $350,170.96 (trescientos cincuenta mil ciento setenta pesos 96/100 m.n.), por el 16% (dieciséis por ciento). Cantidad que, si bien no está correctamente calculada se aprueba, ante la imposibilidad que tiene este tribunal de ir más allá de lo solicitado; lo anterior, pues contrario a lo manifestado por el incidentista, desde la fecha de constitución en mora; a saber, 13 trece de junio del 2017 dos mil diecisiete, hasta el día 11 once de mayo del 2022 dos mil veintidós, transcurrieron 4 cuatro años, 10 diez meses, 28 veintiocho días; por lo que, la cantidad correcta a reclamar, por concepto de intereses moratorios (más IVA), en dicho periodo sería de $410,090.25 cuatrocientos diez mil noventa pesos 25/100 m.n.; de ahí que este tribunal arriba a la conclusión que la cantidad solicitada no sea la correcta. (.) En consecuencia, se declara parcialmente procedente el incidente sobre liquidación de sentencia promovido por el abogado Juan Carlos Naranjo Castañeda, endosatario en procuración de la parte actora Caja Popular Los Reyes S.C. de A.P. de R.L. de C.V., S.A. de C.V. (sic) frente a Ricardo Maldonado Govea y María Esther Zepeda Martínez, condenándose a éste al pago de la cantidad de $658,041.25 seiscientos cincuenta y ocho mil cuarenta y un pesos 25/100 m.n. la cual resulta de la suma de los intereses ordinarios, moratorios, ambos más IVA y honorarios profesionales; lo anterior, de conformidad a lo detallado en el cuerpo de la presente resolución. (.) PRIMERO. Este juzgado es competente para conocer y fallar de manera interlocutoria el presente asunto. SEGUNDO. Resultó parcialmente procedente el incidente sobre liquidación de sentencia formulado por el endosatario de la parte actora Caja Popular Los Reyes S.C. de A.P. de R.L. de C.V., frente a Ricardo Maldonado Govea y María Esther Zepeda Martínez, a quien se le condena a pagar la cantidad que establecida quedó en la parte considerativa de este fallo, -que incluye el pago de intereses ordinarios, moratorios, ambos más IVA y honorarios profesionales, del presente juicio-. TERCERO. No se hace especial condena en el pago de las costas incidentales." La resolución interlocutoria citada en el último término constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. INNECESARIA TRANSCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Al no existir alguna causal de improcedencia que hagan valer las partes, o que se advierta de oficio (al haberse verificado, entre otras cosas, que la demanda se presentó de manera oportuna), procede entrar al estudio del fondo del asunto, al tenor de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. ESTUDIO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Los conceptos de violación son inoperantes. En sus conceptos de violación, el quejoso argumenta, que la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido del artículo 14 Constitucional, en su párrafo segundo, que dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos si no mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho con lo que se violentan los principios de seguridad y certeza jurídica. Lo anterior, en atención a que el interés que determina la autoridad responsable en la resolución reclamada obedece a tasas ilegales, que atentan contra la dignidad humana, pues abusando de las necesidades e ignorancia de las personas, son establecidas de manera unilateral por las empresas, lo cual las convierte en usura. Dice, que no dio motivo para su cobro, por lo que debe declarar improcedente dicha prestación, en atención a que ha liquidado la suerte principal reclamada, siendo ilícito el cobro de intereses ya que, en todo caso tendría que calcularse atendiendo al monto autorizado como interés legal del 9% anual. Expone, que la cuantificación de intereses a que arriba la responsable es contraria a la ley, tal y como lo establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José Costa Rica, en su artículo 21, fracción 3, que dice que tanto la usura como cualquier forma de explotación al hombre por el hombre, deben ser prohibidos por la ley. Argumenta, que al momento de tener conocimiento del juicio instaurado en su contra compareció para emplazarse legalmente y liquidó la deuda que tenía en favor de la parte actora, por lo que no había motivo para que se le requiriera del pago de intereses ordinarios y moratorios, los cuales, aduce, son usureros acorde en lo dispuesto por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora, como se adelantó los conceptos de violación son inoperantes. En efecto, en principio cabe mencionar que los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. En ese sentido, el artículo 1348 del Código de Comercio dispone: "Artículo 1348.- Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo, de tramitación inmediata" De la interpretación del artículo transcrito, se desprende que la materia de los incidentes de liquidación de sentencia consiste en la cuantificación de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio de origen, ya que con base en éstas se determinará de manera precisa la cantidad de dicha condena. Así, éstos tienen como finalidad primordial determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero respetando lo decidido en dicha sentencia. Por tanto, si el objetivo de los incidentes de liquidación es hacer eficaz la sentencia definitiva dictada al establecer la cantidad líquida de condena, la sentencia interlocutoria que se llegare a dictar se encuentra vinculada a dicha sentencia definitiva, que constituye cosa juzgada. Cobra aplicación sobre este último aspecto, la jurisprudencia J/10, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 2381, del tomo XXVI, septiembre de 2007, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171449, del rubro y texto siguientes: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. NO PUEDE DESCONOCER UN DERECHO YA RECONOCIDO EN LA SENTENCIA DEFINITIVA. Los incidentes de liquidación, aun cuando tienen objeto y contenido propios, como conflictos jurisdiccionales de cognición, sólo tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles que no se pudieron dilucidar en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución, pero no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, pues ello sería antijurídico e ilegal, porque atentaría contra los principios fundamentales del proceso, como los de la invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada, ya que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural el juzgador decide sobre las prestaciones deducidas por las partes, ya sea en forma específica o general; en consecuencia, el incidente no tiene como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva sino, en su caso, sólo la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio." En relación con la cosa juzgada, el artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al Código de Comercio, dispone: "Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley". De lo citado, se induce el principio de inmutabilidad de la cosa juzgada, ya que una vez que una sentencia alcanza esta categoría jurídica no puede ser modificada; es decir, se hace indiscutible el hecho sentenciado, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, sobre el tema. Es ilustrativa de lo expuesto, la jurisprudencia J/28, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 565 del tomo VI, septiembre de 1997, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 197717, que señala: "COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS. Supuestas las identidades clásicas de partes, de cosa u objeto y de causa de pedir o hecho generador del derecho ejercitado, del pronunciamiento de derecho emana la autoridad de cosa juzgada formal, que hace irrecurrible el acto, y de cosa juzgada material, que hace indiscutible el hecho sentenciado, esto es, las partes no pueden reabrir nueva discusión ni la autoridad resolutora, o alguna otra, pueden pronunciarse otra vez respecto del hecho ya definitiva e irrecurriblemente juzgado". En suma, se tiene que, por una parte, la materia de los incidentes de liquidación de sentencia se constriñe a cuantificar las prestaciones que no se encontraban determinadas en cantidad precisa en la sentencia definitiva y, por la otra, que una vez que la sentencia definitiva alcanza la categoría de cosa juzgada, ésta no puede ser modificada. En el caso, la sentencia que concluyó con el juicio ejecutivo mercantil de origen, en lo que interesa, se determinó que: - Era infundada la excepción opuesta por el demandado Ricardo Maldonado Govea, relativa a que los intereses ordinarios y moratorios pactados eran usurarios. - Como el accionante Ricardo Maldonado Govea, había cubierto la suerte principal que le fue reclamada, resultaba parcialmente procedente la acción ejercida contra el deudor principal. - Se condenaba a la parte demandada al pago de los intereses ordinarios del 18%, anual más IVA, pactados en el pagaré base de la acción, desde la fecha de suscripción del documento base de la acción. - Se condenaba a la parte deudora al pago de los intereses moratorios al 36% anual, más IVA, pactados en el documento base de la acción, desde la fecha de constitución en mora. - Los intereses debían calcularse tomando como referencia la suerte principal, ambos computables hasta el once de mayo de dos mil veintidós, fecha de pago de la suerte principal por el deudor directo. De lo expuesto se advierte, que la Jueza responsable en la sentencia definitiva, en primer lugar determinó que los intereses tanto ordinarios como moratorios pactados no eran usurarios y, en segundo lugar, condenó a la parte demandada al pago de los intereses ordinarios del 18% y moratorios del 36%, ambos anuales, más el impuesto al valor agregado (IVA), pactados en el pagaré base de esa acción, los primeros que comenzaron a correr desde la fecha de suscripción del documento base de la acción; y, los segundos desde la fecha de constitución en mora, tomando como referencia el monto de la suerte principal, a la fecha de liquidarlo. El fallo definitivo en comento fue declarado ejecutoriado en auto de diez de marzo dos mil veintitrés. En consecuencia, constituye cosa juzgada. No obstante lo anterior, como se precisó, el quejoso hace derivar la ilegalidad de la aprobación de la planilla de liquidación de sentencia, de lo siguiente: 1. Que al haber liquidado la cantidad reclamada por concepto de suerte principal no había motivo para que se le requiriera del pago de los intereses de que se le requiriera del pago de los intereses ordinarios y moratorios, ambos más el impuesto al valor agregado (IVA). 2. Que los intereses ordinarios y moratorios a que fue condenado eran usurarios. Empero, las cuestiones relativas a la obligación por parte del deudor al pago de los intereses ordinarios y moratorios pactados, así como al porcentaje que se tomó en consideración para su cálculo, al estimarse que no eran usurarios constituyen un aspecto que no puede estar sujeto a discusión ni mucho menos reexaminarse en la etapa de ejecución, en virtud de que ya fueron analizadas al momento de resolverse el juicio ejecutivo mercantil de origen, en el cual, se condenó a los demandados al pago de dichos conceptos y se aprobaron los intereses por los porcentajes pactados por las partes en el pagaré base de la acción, lo cual, como se dijo, constituye cosa juzgada. Sirve de sustento a lo anterior el criterio de jurisprudencia J/58 establecido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1919 del tomo XXVII, febrero de dos mil ocho, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 170370, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos". En consecuencia, al ser inoperantes los conceptos de violación y no existir alguna cuestión por la que corresponda suplir la deficiencia de la queja en términos de lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo; procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ricardo Maldonado Govea , contra el acto que reclama de la Jueza Primero de lo Civil de Apatzingán, Michoacán de Ocampo, precisado en el considerando segundo, consistente en la Sentencia Interlocutoria de cinco de junio de dos mil veintitrés dictada en el expediente 717/2017, por los motivos expuestos en el considerando sexto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando último. Notifíquese.
- Principal
En veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita licenciada Rocío Guía Calderón, Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad CERTIFICO: Que el plazo de tres días concedido a la moral tercero interesada Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veintidós de agosto de dos mil veintitrés Que el plazo de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que la referida tercera interesada se imponga del contenido del informe justificado que obra en autos, transcurre del dieciocho al veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Lo anterior, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente y emplazada a juicio por conducto de su autorizado, el dieciséis de agosto del presente año, sin que lo hubiera hecho. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta al Juez con la certificación que antecede. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se desprende que el plazo de tres días concedido a la moral tercero interesada Caja Popular Los Reyes, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en proveído de veinte de julio de dos mil veintitrés, a efecto de que señalara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, transcurrió del dieciocho al veintidós de agosto de dos mil veintitrés, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente por conducto de su autorizado, el dieciséis del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y con apoyo en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las personales, por la lista de acuerdos que se publica en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación; para el efecto legal conducente, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Asimismo, se advierte que el plazo de ocho días que refiere el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que la referida tercera interesada se imponga del contenido del informe justificado que obra en autos, transcurre del dieciocho al veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. En consecuencia, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, quien actúa asistido de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
- Principal
En veintidós de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 10723. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE DESPACHO. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Jueza Primero de lo Civil de Apatzingán, Michoacán, mediante el cual devuelve, diligenciado el despacho 308/2023 (número de orden 571/2023), en el que se ordenó practicar el emplazamiento a la moral tercera interesada ********************Dese de baja la comunicación oficial que se recibe y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SE TIENE A TERCERA INTERESADO EMPLAZADA A JUICIO. Ahora bien, en términos de la diligencia practicadas en la comunicación oficial que se recibe y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene por emplazada a juicio a la citada moral tercera interesada, para todos los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Rocío Guía Calderón, quien da fe.
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