Ricardo García Luna
Expediente 1210/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 1 actuación registrada, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1210/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo García Luna
Actuaciones
- Principal
Se recibe la demanda de amparo signada por *****, por propio derecho, contra actos del Juez de Control en turno adscrito al Distrito Judicial de Puebla (sic) y otras autoridades. Se ordena formar el expediente relativo al juicio de amparo que habrá de registrarse en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectúense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Prevención. De la lectura integral de la demanda se detectan irregularidades en el señalamiento de la denominación de una autoridad responsable ordenadora y al mencionar los actos que se pretenden reclamar, pues el artículo 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, impone al quejoso la obligación de señalar autoridades existentes y en su denominación correcta y el acto que de cada una de ellas se reclame, a fin de asegurar la integración de la litis constitucional. En primer lugar, en el capítulo de autoridades se advierte que contiene imprecisiones que son imposibles de suplir en forma oficiosa en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues ello implicaría cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables ; tales irregularidades con las siguientes: El quejoso mencionó como autoridad responsable ordenadora al Juez de Control en turno adscrito al Distrito Judicial de Puebla. Sin embargo, es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, que en distintos juicios de amparo del índice de este juzgado de distrito, que los jueces de control a nivel Estado, se denominan como Jueces de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro con sede en Puebla y a nivel federal como Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; de ahí que el juez antes mencionado no existe. En segundo lugar, se observa que el quejoso señala textualmente como actos reclamados lo siguiente: ".A) De las autoridades señaladas como ordenadoras, se reclama la posible emisión de orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación, girada en contra del hoy quejoso, tendente a que se me prive de la libertad, con el fin de instruir en mi contra y en forma contraria a derecho, proceso penal. B) De las autoridades señaladas como ejecutoras, se reclama la posible privación de mi libertad, con motivo de la ejecución de la orden de aprehensión, arraigo, detención y/o presentación referida. C) De ambas autoridades (ordenadoras y ejecutoras), reclamo todo lo que de hecho y por derecho se traduzca en perjuicio de mi interés y en particular el pretender detenerme ilegalmente, así como las consecuencias jurídicas que emanen de dichos actos." Tales cuestiones son imprecisas porque el reclamo de una orden de detención (debe limitarse a aprehensión o reaprehensión) a autoridades jurisdiccionales (jueces) lo que implicaría la existencia de un proceso; y el de una orden de presentación, pero el quejoso no señala a ningún agente del Ministerio Público como responsable (por la presentación), ya que los menciona de manera genérica. De la misma manera, se advierte que el quejoso también reclama una orden de arraigo; sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo Décimo Primero Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, esa norma no modificó la competencia federal para emitir la orden de arraigo, permitida exclusivamente para delitos de delincuencia organizada, ni debe interpretarse en el sentido de que los agentes del Ministerio Público o los jueces locales puedan participar de tal decisión; de ahí que el quejoso debe manifestar, bajo protesta de decir verdad, si insiste o se desiste de reclamar la orden de arraigo . Por otra parte, es indispensable señalar que las órdenes de detención solo pueden ser expedidas por una autoridad judicial, sin embargo, el quejoso también reclama esa orden al Fiscal General del Estado de Puebla; por lo que también se le requiere para que manifieste si insiste en señalarla como responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones III y IV, en relación con el 114, fracciones I y IV, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad: 1. Refiera si desea limitar el acto reclamado a la orden de aprehensión librada en su contra y de ser así señale a qué autoridades judiciales atribuye dicho acto. 2. En caso de insistir en la orden de presentación, indique el agente del Ministerio Público al cual atribuye dicha orden. 3. Manifieste bajo protesta de decir verdad si insiste en señalar como acto reclamado la orden de arraigo y de ser así, deberá exponer los hechos que constituyen los antecedentes de ese acto. Apercibimiento al quejoso. Se hace saber al quejoso que de incumplir el requerimiento efectuado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas), se tendrá por no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones a su nombre, el indicado en su demanda de amparo (en la ciudad de Puebla) y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****, porque el quejoso les confirió facultades amplias y además, fueron encontrados los registros de sus respectivas cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto a ****, queda autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones, pues a pesar de que el quejoso le confirió facultades amplias, no fue encontrado el registro de su cédula profesional en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; de igual forma a las demás personas mencionadas en la demanda de amparo, porque así fue solicitado. Autorización para toma de fotografías. Hágase saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de quienes comparezcan a este juzgado, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección . Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal , en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si descartaran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se ordena a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que se omita el libramiento de algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita).
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