Ricardo Linares Martínez
Expediente 43/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ricardo Linares Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 43/2023-IX. Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe ejecutoria. Se agrega al expediente el oficio de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja, interpuesto por, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, contra el acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, en cuyo punto resolutorio se establece: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por, a través de su autorizado en términos amplios, en contra del proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo, por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, encargado del despacho.". En consecuencia, se ordena acusar recibo a la superioridad. Además, destrúyase las copias certificadas devueltas en virtud de que es innecesaria su conservación, toda vez que sólo se trata de una reproducción de este juicio de amparo. Archivo. Dado el sentido de la ejecutoria dictada en el recurso de queja referido, es inconcuso que el desechamiento de la demanda de amparo origen de este juicio, ha causado estado. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días 1 En el proceso de destrucción de expedientes de este juzgado, más próximo. siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por medio de oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (acuse de recibo); y cúmplase
- Principal
JUICIO DE AMPARO 43/2023-IX. Puebla, Puebla, treinta de enero de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso de queja. Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas del presente juicio de amparo y del escrito de agravios. Además, comunica que, en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, la magistrada presidenta del citado tribunal, admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso, el cual quedó radicado en el expediente Q-16/2023. De lo que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
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JUICIO DE AMPARO 43/2023-IX. Puebla, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Recurso de queja. Se agrega al expediente el ocurso de cuenta, con firma electrónica de *, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja y exhibe escrito de agravios, contra el proveído de trece de enero de dos mil veintitrés, donde se desechó de plano la demanda de protección. Además, solicita que se remitan la totalidad de los autos del presente expediente al tribunal de alzada para la sustanciación del recurso. Por lo anterior, es innecesario proceder en términos del artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso) pues además el recurrente resulta ser la única parte en el presente juicio, dado el desechamiento de la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto dicho recurso. Remisión del recurso. Conforme a lo determinado en párrafos anteriores, se ordena el envío del escrito donde obran los agravios, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al órgano encargado de substanciar el citado recurso de queja. Ahora, toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, desde este momento se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario remitir copias certificadas de los autos que integran el presente asunto, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Por lo tanto, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano". Informe de la queja. Entonces, con motivo de todo lo anterior, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de trece de enero de dos mil veintitrés se determinó desechar de plano la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Sin suspensión del procedimiento. Se descarta suspender el procedimiento en este asunto, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial. Indicación a la actuaria. Se ordena al actuario encargado del presente asunto, que el oficio de remisión y el escrito de agravios, las entregue de manera física en la citada oficina de correspondencia. Notificación por lista. Por último, se deja establecido que es inviable ordenar una notificación personal para la parte quejosa, con el contenido de este acuerdo, porque ya se dio trámite a su recurso y todavía falta la decisión que emita el tribunal colegiado. De ahí que este acuerdo sólo se notificará por medio de lista. Notifíquese; por oficio al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito; y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 43 2023 III. Puebla, Puebla, trece de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por, promoviendo por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada con iniciales, contra actos de la Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Familia, Mesa de Trámite 7 3 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra Las Mujeres. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. DIGITALIZACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. EXHORTACIÓN PARA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO".3 En el presente caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Ahora, respecto de los actos reclamados se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De dicha causal se desprende: Se afirma lo anterior, porque el ejercicio o no de la acción penal reclamada en la demanda de amparo tiene prevista una ruta ordinaria de impugnación, que debe agotar el promovente antes de solicitar esta vía de control constitucional. Para demostrar lo anterior, se invoca el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prevé: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De lo anterior se obtuvo la regla siguiente: las víctimas u ofendidos que resientan un impacto a sus derechos fundamentales, por abstenciones, decisiones, determinaciones incluso negativas u omisiones imputables al ministerio público encargado de una carpeta de investigación, deben acudir ante un juez de control para reclamar ese tipo de actos, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la impugnación extraordinaria (el juicio de amparo indirecto). Es más, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada que de los artículos 109, fracción XXI, así como 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, deriva una ruta ordinaria para impugnar cualquier omisión u abstención del agente del ministerio público en el desempeño de su labor de investigación. Esa ruta ordinaria corresponde a la impugnación que pueden hacer las víctimas u ofendidos ante el juez de control, para que sea éste quien revise la legalidad de la actividad o inactividad en una carpeta de investigación a cargo del ministerio público. Sobre todo porque el juez de control, en términos de los preceptos citados, puede ordenar que cese el estado de inactividad y, en consecuencia, instruir al ministerio público la reanudación de las investigaciones en forma efectiva, hasta determinar lo procedente al ejercicio de la acción penal. O, en su caso, dicho juzgador natural puede revisar la actuación ministerial a fin de que ésta tome un cauce diversa, en el que se repare decisiones que eventualmente vulneren derechos, en particular, de la víctima. Bajo este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que las víctimas u ofendidos deben agotar el medio de defensa ordinario, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir el principio de definitividad que rige el acceso a la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta. Por consiguiente, es válido afirmar en este juicio que el acto reclamado por debe llevarse a la ruta ordinaria de impugnación prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de cumplir con el principio de definitividad, al tratarse de una omisión por parte de la fiscal responsable de ejercitar la acción penal dentro de una carpeta de investigación en donde aquél tiene el carácter de denunciante. De hecho, debe agotar primero la ruta ordinaria de impugnación, contra la determinación o decisión combatida en La demanda de protección de derechos fundamentales; motivo por el cual tiene las condiciones necesarias para impugnar esas abstenciones en el procedimiento ordinario de impugnación. Además, si la resolución que se pronunciara después por el juez de control, al examinar las actuaciones practicadas en la indagatoria, fuera adversa al propósito de investigar o darle continuidad a la indagatoria o el promovente estimara que el análisis de la carpeta desatendió algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal; podrá acudir a la vía extraordinaria de impugnación que es el juicio de amparo indirecto (en particular contra la resolución del juez de control que emerja al respecto). Esto, porque si bien la demanda contiene datos que existe una carpeta de investigación misma que dio inicio gracias a la denuncia realizada por el quejoso y en representación de sus menores hijas de identidades reservadas de iniciales por hechos constitutivos de los delitos de Sustracción de Menores y Desobediencia a un Mandato Judicial en contra de (madre de las menores), lo cierto es que el medio impugnación que pretende interponer no constituye a una regla prevista por la ley, aunado a ello si bien indica en la demanda de amparo que viene en representación de sus hijas en ningún momento exhibió constancia alguna que acreditara su dicho. Por tanto, se considera que, en el presente caso, el reclamo planteado por Ricardo Linares Martínez encuentra una causa indudable y manifiesta de improcedencia conforme al orden jurídico vigente que ha interpretado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en particular, la relativa al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues el acto combatido en la demanda de protección está inmerso en los actos de investigación que acontecen dentro de una carpeta que está en desarrollo aún. Por ello, es inconcuso que debe impugnarlo primero, en la ruta ordinaria que deriva del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que continuar la tramitación de este juicio, sólo implicaría un retardo para la situación que tiene el quejoso en su condición de denunciante, pues el trámite de este juicio de amparo provocaría una desatención a la ruta ordinaria de impugnación y con ello un retraso al control judicial, el cual debe solicitar en la vía ordinaria si a su interés conviene, para conseguir que un juez de control examine la actuación del ministerio público. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61, se desecha de plano la demanda que originó este juicio, pues se actualiza al respecto una causa de improcedencia manifiesta e indudable (definitividad). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada, no contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". ANOTACIONES INTERNAS Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones, el señalado en su escrito de demanda (ubicado en San Andrés Cholula, Puebla). Por otra parte, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas señalados: , dado que se encontraron registrados sus cédulas profesionales ante el Registro Único de Profesionistas del Derecho, y en términos restringidos al ciudadano Arturo Chávez Reyes por así haberlo solicitado el quejoso en su escrito de demanda. No pasa por alto para esta autoridad que el quejoso señala como medio para recibir notificaciones un correo electrónico; empero, dicha vía electrónica no se encuentra establecida como herramienta para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, precisa que las notificaciones electrónicas sólo pueden realizarse a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO El quejoso solicita acceso al expediente electrónico y, para ello, proporciona al usuario . En consecuencia, se autoriza el acceso y consulta al expediente electrónico al usuario:; por lo que se instruye la habilitación de dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el mismo. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.
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