Ricardo Forcelledo Cabrera

Expediente 914/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
914/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
18/09/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Forcelledo Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Asunto concluido. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (en adelante sólo Acuerdo General), el presente expediente constituye un asunto concluido, pues el acuerdo que desechó la demanda causó estado (quedó firme), porque el quejoso no lo recurrió. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12 del citado Acuerdo General se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General, se determina que el sumario constitucional es destruible, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Inexistencia de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Sin cuaderno incidental. No ha lugar a emitir pronunciamiento sobre el cuaderno incidental, porque la demanda de amparo se desechó y por tal motivo no se abrió el incidente

  2. Principal

    SE DEJO CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA, POR LO QUE CON ESTA FECHA SE NOTIFICÓ POR LISTA EL JUICIO DE AMPARO: Acuerdo: Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso XXXX, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula Puebla (sic), y otra autoridad responsable. Ahora, la demanda de amparo presentada por el quejoso, revela que pretende reclamar lo siguiente: ".La imposición de una medida cautelar privativa de la libertad en contra del suscrito, por las autoridades señaladas en mi punto de autoridades ordenadoras; y/o en específico dentro de las (sic) causa penal XXX, del juzgado de oralidad penal del sistema acusatorio adversarial de la región judicial, centro-poniente con sede en Cholula, Puebla.". Pero los antecedentes que narró el quejoso bajo protesta de decir verdad, sólo informan: ".Con fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés, mediante audiencia de revisión de medida cautelar dentro de la causa penal XXXXX, el juez de Control . tuvo a bien determinar cesar . prisión preventiva, e imponerme diversas medidas cautelares no restrictivas de mi libertad. - - - Al terminar la audiencia, y salir por la puerta principal . una persona de la fiscalía que desconozco si era Policía o Ministerio Público, pero traía un gafete de dicha institución me dijo: "esto no se va a quedar así, te vamos a chingar en la otra carpeta que tienes en Cholula y te vamos a refundir". al poco tiempo que llegue (sic) a mi domicilio mis familiares y yo nos percatamos que un carro similar a los que usa la policía ministerial con dos personas a bordo, estuvieron vigilando mi domicilio a unos cuantos metros de distancia, pero cuando me acerque (sic) a preguntarles el motivo por el que estaban ahí, de inmediatro (sic) se iban. 4.- Por tal acción y recordando las palabras del personal de la fiscalía . tengo el temor fundado que puedan ejercitar alguna acción legal en mi contra por venganza, pues efectivamente tengo una causa penal abierta en el juzgado de oralidad penal de Cholula bajo la causa penal XXXX . 5.- Si bien es cierto que estoy sujeto a un proceso penal, tengo el temor fundado de que se pueda modificar o imponer una medida cautelar privativa de mi libertad manera ilegal.". Como se observa de los antecedentes transcritos, el quejoso pretende combatir la posible imposición de una medida cautelar privativa de la libertad, en la causa penal XXXX. Ello conduce a visualizar una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en específico la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De los numerales transcritos se obtiene que la procedencia de amparo se ciñe a los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por aquellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el presente caso, el quejoso pretende combatir la posible imposición de una medida cautelar privativa de libertad, en la causa penal que tiene a su cargo el juez de control que señaló como responsable. Sólo que esa posible imposición es futura, porque el juez responsable ni siquiera ha fijado día y hora para celebrar audiencia de medidas cautelares, acorde a lo que se desprende de los antecedentes relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Bajo esa óptica, resulta claro que no existe certeza de la materialización ni de la imposición de alguna medida cautelar privativa de libertad contra el quejoso; en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso. Dicho de otro modo, los actos reclamados en la demanda son futuros e inciertos. Luego, es válido considerar que los actos combatidos no encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que condiciona la procedencia en la vía constitucional a una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Entonces, si de la lectura de la demanda no se obtiene la inminencia de una medida cautelar privativa de libertad contra el quejoso, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, resulta improcedente la acción de tutela constitucional. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada por el quejoso XXXX, por derecho propio, contra actos del Juez de Oralidad y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro-Poniente con sede en Cholula Puebla (sic), y otra autoridad responsable. Ahora, la demanda de amparo presentada por el quejoso, revela que pretende reclamar lo siguiente: ".La imposición de una medida cautelar privativa de la libertad en contra del suscrito, por las autoridades señaladas en mi punto de autoridades ordenadoras; y/o en específico dentro de las (sic) causa penal XXX, del juzgado de oralidad penal del sistema acusatorio adversarial de la región judicial, centro-poniente con sede en Cholula, Puebla.". Pero los antecedentes que narró el quejoso bajo protesta de decir verdad, sólo informan: ".Con fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintitrés, mediante audiencia de revisión de medida cautelar dentro de la causa penal XXXXX, el juez de Control . tuvo a bien determinar cesar . prisión preventiva, e imponerme diversas medidas cautelares no restrictivas de mi libertad. - - - Al terminar la audiencia, y salir por la puerta principal . una persona de la fiscalía que desconozco si era Policía o Ministerio Público, pero traía un gafete de dicha institución me dijo: "esto no se va a quedar así, te vamos a chingar en la otra carpeta que tienes en Cholula y te vamos a refundir". al poco tiempo que llegue (sic) a mi domicilio mis familiares y yo nos percatamos que un carro similar a los que usa la policía ministerial con dos personas a bordo, estuvieron vigilando mi domicilio a unos cuantos metros de distancia, pero cuando me acerque (sic) a preguntarles el motivo por el que estaban ahí, de inmediatro (sic) se iban. 4.- Por tal acción y recordando las palabras del personal de la fiscalía . tengo el temor fundado que puedan ejercitar alguna acción legal en mi contra por venganza, pues efectivamente tengo una causa penal abierta en el juzgado de oralidad penal de Cholula bajo la causa penal XXXX . 5.- Si bien es cierto que estoy sujeto a un proceso penal, tengo el temor fundado de que se pueda modificar o imponer una medida cautelar privativa de mi libertad manera ilegal.". Como se observa de los antecedentes transcritos, el quejoso pretende combatir la posible imposición de una medida cautelar privativa de la libertad, en la causa penal XXXX. Ello conduce a visualizar una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en específico la prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el precepto 5, fracción I, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo. De los numerales transcritos se obtiene que la procedencia de amparo se ciñe a los actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por aquellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. En el presente caso, el quejoso pretende combatir la posible imposición de una medida cautelar privativa de libertad, en la causa penal que tiene a su cargo el juez de control que señaló como responsable. Sólo que esa posible imposición es futura, porque el juez responsable ni siquiera ha fijado día y hora para celebrar audiencia de medidas cautelares, acorde a lo que se desprende de los antecedentes relatados en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Bajo esa óptica, resulta claro que no existe certeza de la materialización ni de la imposición de alguna medida cautelar privativa de libertad contra el quejoso; en consecuencia, no se colma el supuesto de procedencia del juicio de amparo relativo a la existencia de una afectación real, actual o aun inminente, en perjuicio del quejoso. Dicho de otro modo, los actos reclamados en la demanda son futuros e inciertos. Luego, es válido considerar que los actos combatidos no encuadran en la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, que condiciona la procedencia en la vía constitucional a una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual como se explicó previamente, en la especie, no acontece. Entonces, si de la lectura de la demanda no se obtiene la inminencia de una medida cautelar privativa de libertad contra el quejoso, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, resulta improcedente la acción de tutela constitucional. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

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