Ricardo Forcelledo Cabrera

Expediente 372/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
372/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Forcelledo Cabrera

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de doce de abril de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Sin devolución de documentos. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos irremplazables) para devolver al quejoso. Inexistencia de documentos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Caratula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede realizarlo por tener acceso a la consulta electrónica del expediente por así haberlo solicitado.

  2. Principal

    Puebla,Puebla, doce de abril de dos mil veintitrés.Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por el quejoso *, por propio derecho, contra un acto del ".Juez de Control de la Región Centro Poniente con sede en la Ciudad de Cholula, Puebla." (sic). En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber al quejoso que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constará únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que transite hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrá consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta al quejoso para que, cuando le sea posible, transite hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece la obligación de examinar en su integridad la demanda de tutela constitucional, porque de encontrarse un motivo indudable y manifiesto de improcedencia, debe desecharse de plano. Lo anterior se relaciona con el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución federal, porque este permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes. Sobre todo porque debe evitarse la creación de falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, en particular que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos aportados por las partes. 1 Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial de rubro: "*"2 . Bajo ese contexto, se examinó la demanda de amparo en su intregridad y se encontró que el acto del que se duele el quejoso, es el siguiente: El auto de tres de abril de dos mil veintitrés, emitido por la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, en San Andrés Cholula, Estado de Puebla (su denominación correcta), en la causa penal *, que recayó a un escrito presentado por el defensor de aquél. Acuerdo donde la citada jueza estableció que ya había negado señalar una audiencia para la solicitud de acumulación de causas, planteada por el defensor, motivo por el cual tanto éste como el imputado (aquí quejoso), debían atenerse a esa negativa y más porque ningún recurso habían interpuesto contra esa determinación. Así, esta juzgadora constitucional visualiza desde este momento, una causal de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, en particular la prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que el quejoso no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Para demostrar la actualización de dicha causal, es conveniente citar el texto de dicho dispositivo: * Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;. " La fracción XVIII del mencionado artículo contiene la causal de improcedencia que descansa en el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual consiste en que previo a la promoción del juicio de protección, es necesario agotar el recurso o medio de defensa ordinario por el cual el acto combatido, pueda ser modificado, revocado o nulificado. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1100, Tomo VII, Octubre de 1998, Novena Época, de rubro: "*" En ese tenor, de los antecedentes expuestos por el quejoso en la demanda -bajo protesta de decir verdad- se advierte que no combatió el acuerdo reclamado con el medio ordinario de defensa, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." Ese recurso fue dispuesto por el legislador, contra las resoluciones de mero trámite que emita la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal, con el propósito de que el propio juzgador analice de nueva cuenta su determinación y con base en ello, resuelva confirmarla, modificarla o revocarla. La única salvedad que se introdujo para la procedencia de ese recurso, quedó circunscrita a las resoluciones emitidas sin sustanciación, esto es, que hubieran sido pronunciadas por la autoridad judicial durante una audiencia o en un proveído escrito, sin haber seguido un procedimiento específico en el cual se hubiera emplazado a las partes para debatir y otorgado plazos. Así lo interpretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 331/2019, que generó la tesis jurisprudencial 35/2020 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, página 2760, con el texto siguiente: *. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico.". Esa interpretación orienta a subsumir el proveído reclamado en la hipótesis de "resoluciones de mero *trámite", pues la jueza responsable dictó un acuerdo para uno de los escritos presentados por el defensor del aquí quejoso, en el cual solicitó por segunda ocasión se señalara día y hora para celebrar una audiencia en la cual se discutiera la acumulación de las causas penales *. De hecho, la jueza responsable dictó el acuerdo combatido, en el cual indicó que ya había negado señalar una audiencia para la solicitud de acumulación de causas, planteada por el defensor, motivo por el cual afirmó que tanto éste como el imputado (aquí quejoso), debían atenerse a esa negativa y más porque ningún recurso habían interpuesto contra esa determinación. Tal acuerdo fue dictado sin haber seguido un procedimiento específico, en el cual la jueza responsable hubiera emplazado a las partes y otorgado plazos. No obstante, el quejoso omitió interponer la revocación contra el proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, aunque éste le fue notificado. En efecto, decidió promover el juicio de amparo indirecto en forma inmediata, aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez de control responsable efectuara un nuevo análisis de su petición. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, el criterio emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, contenido en la jurisprudencia *. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, la omisión de impugnar ese proveído no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla, y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Todo lo cual robustece la aplicación de la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, respecto del acto reclamado, pues el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial * Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, titulada: *. Pero además, esta juzgadora constitucional visualiza que el acuerdo reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación que pueden combatirse con el juicio de amparo indirecto, motivo por cual se mantendría la improcedencia aun cuando se descartara el recurso de revocación. De hecho, la improcedencia se actualizaría por la causal que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos se obtiene -para efectos del juicio de amparo indirecto-, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Ello conduce a explicar el parámetro actual de imposible reparación. Este derivó de los problemas detectados en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde los temas procedimentales, al grado de evitar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales aspectos fueron examinados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia -por el derecho fundamental de justicia pronta- se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto. Régimen excepcional que visualizó el Pleno en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución federal y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. Ello a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento, se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos relacionados con derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación, el cual exige una afectación material a derechos sustantivos, y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a aspectos procesales. Así quedó establecido en la tesis jurisprudencial * del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -derivada de la contradicción de tesis 377/2013- que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39, con el rubro: *. Pero además, debe indicarse que el espectro actual de imposible reparación -contra actos dentro de juicio- tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. En particular frente a los alcances del principio de progresividad, 3 tutelado en el artículo 1 de la constitución federal, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se obtiene que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales, que involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia definitiva por parte del juzgador. Entonces, frente al gobernado que ve limitada su posibilidad de impugnar actos procesales -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales 3 Para entender el principio de progresividad tenemos la opinión doctrinaria siguiente: ".De manera complementaria, la prohibición de regresividad indica que una vez logrado el avance en el disfrute de los derechos, el Estado no podrá, salvo en ciertas circunstancias, disminuir el nivel alcanzado. Este principio debe observarse en las leyes, políticas públicas, decisiones judiciales y, en general, en toda conducta estatal que afecte derechos. Se trata de un análisis sustantivo sobre las decisiones estatales; es decir, que los contenidos asignados a su actividad no decrezcan lo ya logrado en cuanto al contenido y alcance del derecho. Se trata de evaluar a quién beneficia la medida, a quién perjudica, en qué medida cumple el derecho y, en su caso, cómo lo amplía. De disminuir su alcance en alguna forma estaremos frente a una regresión prohibida.". Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación práctica. *. Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La introducción de la opinión doctrinaria previa, se realizó con apoyo en la tesis aislada 2a.LXIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII de Mayo de 2001, página 448, de rubro: * están dispuestas en esencia para la resolución de derechos sustantivos. Por consiguiente, la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los procesos para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias, como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas, en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución federal.4 Todas esas premisas conducen a visualizar que el proveído combatido por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el reclamo de aquél comprende un acuerdo de la jueza responsable, dictado el tres de abril de dos mil veintitrés, donde indicó que ya había negado señalar una audiencia para la solicitud de acumulación de causas, planteada por el defensor, motivo por el cual afirmó que tanto éste como el imputado (aquí quejoso), debían atenerse a esa negativa y más porque ningún recurso habían interpuesto contra esa determinación. Entonces, el citado acuerdo de ninguna forma repercute en derechos sustantivos, porque sólo puede encuadrar en actos procesales que no tienen el carácter de irreparables. 4 Esto se robustece con la tesis aislada (III Región)5o.14 K (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con residencia en Morelia, Michoacán, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2521, que se titula: * Sobre todo porque la eventual sentencia definitiva que se pronuncie en la fase de juicio oral, todavía puede ser favorable a los intereses del quejoso, y entonces ninguna repercusión habrá tenido la negativa implícita de la jueza responsable, a la segunda solicitud de una audiencia para discutir la acumulación de causas. Ello impide considerar que el acuerdo combatido en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues no determinó una ruta específica de análisis para los hechos con apariencia de delito por los cuales haya sido vinculado el quejoso, en la causa penal. Además, el reclamado acuerdo tampoco implica que vaya a declararse la plena culpabilidad de éste en la fase de juicio oral, ni siquiera se advierte que la decisión de la jueza responsable, haya generado una restricción a los derechos que le asisten como imputado, entre los cuales obra el relativo a obtener la suspensión condicional del proceso. En efecto, el acuerdo de marras no impuso restricciones a los derechos sustantivos que tiene el quejoso en la causa penal, pues ningún indicio existe en la demanda para considerar que la jueza responsable hubiera establecido restricciones a los derechos que tiene aquél, para continuar el ejercicio de su defensa en la causa penal o en la etapa de juicio oral y como se dijo, aquel proveído nunca implicó que se vaya a declarar la materialidad del delito o la plena responsabilidad penal del quejoso, según se desprende del contenido de la demanda. Por consiguiente, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el acuerdo reclamado. Máxime que los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, y los conceptos de violación expuestos contra el mencionado auto, permiten descartar que este hubiera trascendido a derechos sustantivos del quejoso, como imputado en la causa penal. Luego, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del quejoso, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo puede generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal, porque no constituye un acto de ejecución irreparable. Por tanto, se declara que el acto combatido por aquél, también encuentra la diversa causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo. Bajo este contexto, con fundamento en los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por el quejoso, pues el acto que reclamó encontró sendas causales de improcedencia, con las características de manifiestas e indudable, en términos de las consideraciones expuestas. Conclusión que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis5 del tenor siguiente: 5 Tesis XVI.1º A.T.2 K del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, del Semanario Judicial *. Anotaciones internas. Se instruye a la encargada de los libros de gobierno y a la oficial del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento previo. Domicilio procesal y autorizados. El quejoso solicitó que las notificaciones le sean efectuadas de manera electrónica a través del usuario "lic.rafael". En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como vía para recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "lic.rafael". Por otra parte, Ignacio Morales Gutiérrez queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque el quejoso le otorgó esas facultades y se encontró registro de su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente electrónico. El quejoso solicitó se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario "lic.rafael". Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, página 1167. Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal6 , se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber al quejoso el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. En ese sentido, se tienen expresadas las manifestaciones del quejoso en el sentido de oponerse a la publicación de sus datos personales. Habilitación de días y horas inhábiles. Por último, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar 6 Que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias

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