Ricardo Fernández Montalvo
Expediente 732/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 732/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Fernández Montalvo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que se tuvo por cumplida la prevención formulada en el diverso acuerdo de uno de los corrientes y se desechó de plano la demanda de amparo intentada, sin que haya realizado manifestación al respecto. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a, y 98 de la Ley de Amparo, en correlación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En cumplimiento al artículo 20, fracción II del aludido acuerdo general, el presente expediente es destruible dentro del plazo de tres años -contado a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Entretanto, resguárdese en el "Archivo de Trámite" de este juzgado.
- Principal
Téngase por recibido el escrito del quejoso, Ricardo Fernández Montalvo, por el cual cumple con la prevención formulada en auto de uno de septiembre pasado, pues refiere, bajo protesta de decir verdad, que en el expediente L-0637/2022-I del índice del Juzgado de Oralidad Laboral de la Región III del estado de Guanajuato, residente en esta ciudad, del que derivan los actos reclamados, aún no se ha dictado sentencia. Asimismo, expresa que en dicho juicio está por verificarse la audiencia preliminar, fijada para las doce horas con cuarenta minutos del siete de septiembre próximo, por lo que todavía no se ha llevado a cabo la diversa audiencia de juicio, ni ha surgido la posibilidad de apersonarse a las mismas, en virtud de que estas aun no acontecen. Precisión preliminar Del análisis integral al ocurso de demanda y su aclaratorio, emerge que la parte quejosa reclama en forma destacada: 1. El emplazamiento a sumario laboral de origen, al hoy quejoso, mediante edictos; 2. El auto de veintitrés de agosto por el que se tuvo al quejoso por no contestando la demanda entablada en su contra, dado lo extemporáneo de ese acto; 3. La omisión de decretar la caducidad en el juicio laboral de origen. Ahora, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad, relata el agraviado, se desprende que figura como parte patronal demandada en el juicio L-0637/2022-I del índice del Juzgado de Oralidad Laboral de la Región III del estado de Guanajuato, en esta ciudad, de donde derivan los actos reclamados; y que dicho controvertido se encuentra en trámite, es decir, que aún no se ha dictado sentencia. Precisado lo anterior, esta juzgadora advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque de acuerdo con su naturaleza, la totalidad de los actos reclamados no producen a la parte agraviada una ejecución de imposible reparación. Por tanto, es inconcuso que el emplazamiento que reclama el demandado constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, en razón de que, al no haberse dictado sentencia definitiva en el juicio de origen, no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la parte promovente, antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la resolución definitiva podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si tal determinación fuera en contra de los intereses de la parte agraviada y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 873-K de la Ley Federal del Trabajo. Si bien es cierto que el emplazamiento puede ser reclamado en amparo indirecto, también lo es que para que la instancia constitucional en esa vía sea procedente, es requisito indispensable que se haya dictado resolución en el controvertido respecto del cual se alega falta o indebido llamamiento. Así lo estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 259/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.), con registro digital: 2000348, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: «EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal. Así, se desprende que si quien pretende ostentarse como tercero extraño por equiparación, tiene conocimiento del juicio y está en posibilidad de apersonarse al mismo, tendrá que hacer valer la violación procesal que alega respecto de su llamamiento en la vía directa del juicio constitucional. Lo anterior porque, se insiste, dada la fase procesal en la que se encuentra el juicio de origen aún le permite apersonarse a esa instancia, acorde con lo previsto en el artículo 873-A , séptimo párrafo, de la codificación laboral Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, en materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: «DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS.
- Principal
Vista la demanda de amparo presentada por ******************** contra actos del Juzgado de Oralidad Laboral sede Celaya, Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De una narración sucinta de los actos combatidos en la presente instancia constitucional, los cuales fueron expuestos, bajo protesta de decir verdad, por el promovente en su ocurso inicial. I. El quejoso reclama la omisión de no decretar la caducidad a la que se refiere el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo, dado que, aduce, en el expediente ******************** no hubo actuaciones procesales del treinta de septiembre de dos mil veintidós al veintisiete de abril del año en curso. II. Respecto del auto de diecinueve de junio pasado, expresa el promovente que dicha actuación estriba en que el juzgado responsable ordenó citar y emplazar al aquí agraviado por medio de edictos, derivado de que en el expediente en cuestión no obraba en autos el domicilio del demandado en el juicio subyacente; lo anterior pese a que, sostiene el quejoso, el dieciséis de junio del año que transcurre se recibió un ocurso de la actora en la instancia de origen por el cual informaba el domicilio de la parte, ubicado en ********************. III. Por cuanto al emplazamiento, refiere el quejoso que fueron publicados edictos para ese objetivo el diez y catorce de julio pasados, sin que, arguye, se levantara la certificación de que contaba con quince días hábiles para dar contestación a la demanda entablada en su contra. Asimismo, refiere que en el diverso auto de dos de agosto del año en curso, el juzgado responsable tuvo por publicados los edictos en cuestión y ordenó notificar dicha determinación por lista, inclusive a la parte reo, aquí agraviada. De dicha cuestión, afirma el peticionario del amparo que tuvo conocimiento en virtud de que fue informado por la parte codemandada. IV. Finalmente, reclama el proveído de veintitrés de agosto pasado con motivo de que en tal providencia el órgano jurisdiccional lo tuvo por no contestando la demanda entablada en su contra, debido a que el ocurso en que formuló contestación fue tildado de extemporáneo por la responsable, lo cual alega el quejoso que es incorrecto. Al respecto, señala el quejoso en el apartado que denominó «PROCEDENCIA del juicio de amparo», lo siguiente: «La interposición del presente juicio de garantías ante su señoría resulta procedente en términos del articulo (sic) 107 de la ley de amparo, por cuanto el hoy quejoso no fue legalmente emplazado al juicio laboral numero (así) ******************** seguido ante Juzgado de Oralidad Laboral de la ciudad de Celaya, Guanajuato en la cual ya sea dictado laudo (sic)» Consecuentemente, previo a proveer sobre la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracción II, III y V, de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso a efecto de que en el término de cinco días legalmente computado, realice lo siguiente: I. Bajo protesta de decir verdad, manifieste si en el juicio de origen, efectivamente, ya se dictó sentencia (no así laudo); en cuyo caso, deberá expresar la fecha de la misma, la data en que fue notificado de dicha resolución y el sentido en que fue dictada. Tal precisión es necesaria en virtud de que el quejoso, en sus antecedentes, es omiso en establecer tales circunstancias, puesto que de la totalidad del ocurso que se atiende, esa es la única referencia que existe respecto de si el juicio natural ya culminó con el dictado de la sentencia correspondiente -que no laudo, se insiste, de conformidad con las reformas constitucionales y legales en materia de justicia laboral-. Tanto más que en el capítulo de suspensión reclamado, el agraviado solicita que se conceda la medida cautelar para el efecto de que «se mantenga el juicio labora (sic) numero (así) ******************** En el estado en que actualmente se encuentra sin continuar NINGUNA DE LAS ETAPAS QUE PROCEDAN (.)» De tal solicitud se deriva una duda respecto de cuál es el estado procesal que guarda el expediente de origen, dado que, por una parte afirma el quejoso que existe un «laudo», pero por otra, se infiere que la secuela procesal aún no concluye. II. En esa línea de pensamiento, por cuestión de lógica secuencial del proceso, en caso de que ya se haya dictado sentencia, deberá precisar en qué fecha se desahogaron las audiencias preliminar y de juicio a las que se refieren las secciones primera y segunda del capítulo XIV de la Ley Federal del Trabajo y especificar si se apersonó a las mismas. Tales antecedentes son necesarios para realizar un adecuado análisis de la demanda de amparo intentada. Apercibimiento Se apercibe al solicitante del amparo que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la prevención deberá ser desahogada por el promovente del amparo, toda vez que los hechos relacionados forman parte de los antecedentes necesarios en una demanda de amparo y, su narración bajo protesta de decir verdad, dan lugar a responsabilidad de carácter personal, de conformidad con la jurisprudencia número 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el veintinueve de agosto de dos mil catorce, cuyo rubro dice: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA."
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