Ricardo Fonseca Sioda

Expediente 442/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
442/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Fonseca Sioda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio con evidencia criptográfica del secretario del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, téngasele acusando recibo del diverso *** emitido por este Juzgado, por el que se le remitieron las constancias de notificación al quejoso, que fueron encomendadas, y precisa el procedimiento que debe realizarse para el envío interconexión de comunicaciones que se envíen a dicho órgano jurisdiccional. Se toma nota de lo anterior para lo subsecuente.

  2. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que ya obra la constancia de notificación por lista al quejoso ****, del proveído de catorce de los actuales en el que se le requirió para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Ciudad de México, tal y como fue solicitado por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México. Por tanto, remítase a dicho órgano jurisdiccional: - El auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno dictado en este cuadernillo, constancia de su notificación por lista y copia parte conducente de la lista que se fija en estrados. - Constancias de notificación por lista al quejoso (razón actuarial y parte conducente de la lista que se fija en estrados) que evidencien que se hizo de su conocimiento el auto de catorce de julio de dos mil veintiuno dictado en el juicio de amparo **** del índice de dicho Tribunal.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se advierte que se realizó la notificación al quejoso *************** de la determinación de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de amparo 353/2021; por tanto, mediante oficio vía interconexión, remítase la constancias relativa al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado mediante oficio registrado con el número 6487.

  4. Principal

    A sus autos el oficio con evidencia criptográfica de la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual solicita la constancia de notificación al quejoso *****, de la determinación de catorce de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio de amparo **** de su índice, la cual fue encomendada mediante el diverso comunicado registrado con el número 6487. Por tanto, a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado por la autoridad oficiante, con fundamento en el artículo 27, fracción III, a de la Ley de Amparo, como lo solicita, notifíquese al quejoso dicho acuerdo, por medio de lista, en términos del numeral 29 del citado ordenamiento legal. Una vez que se cuente con la constancia de notificación relativa, remítase de manera inmediata, vía interconexión, al juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos legales a que haya lugar. Notificación por lista a la parte quejosa: Proveído de fecha 14 de julio del presente año, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. Núm. de Expediente: 353/2021 Fecha del Auto: 14/07/2021 Fecha de publicación: 15/07/2021 Síntesis: Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y RADICACIÓN Por recibido el oficio 6822/2021 de dos de julio de dos mil veintiuno, remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 4422/2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades. En consecuencia, acúsese recibo vía interconexión. en términos de los artículos 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas. Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Regístrese bajo el número 353/2021. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. ESTADO PROCESAL Ahora bien de la demanda no se aprecia señalamiento de domicilio para oír y recibir notificaciones, ni personas autorizadas para ello, y en razón de que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, en auto de dos de julio del presente año, ordenó realizar las notificaciones a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados de ese Juzgado; en consecuencia, en atención a lo acordado en párrafos que anteceden, atentamente se solicita al juzgado oficiante que notifique el presente proveído a la parte quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de ese juzgado, a fin de que tengan conocimiento de esta determinación y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento de este Juzgado de Distrito, remitiendo las constancias de la citada notificación, a fin de estar en posibilidad de proveer lo que corresponda. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Por otra parte, de la lectura del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridades responsables y como actos reclamados, las siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Legislaturas de los Estados. ACTOS RECLAMADOS: (1) El Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. (2) El Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. (3) El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, se provee: DESECHAMIENTO Determinación sobre los actos reclamados Desechamiento respecto del acto reclamado consistente en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte de la demanda de amparo que la parte quejosa también pretende que a través del juicio de amparo se ejerza un control de constitucionalidad sobre la reforma y adición de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil nueve; sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que respecto a dichos artículos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntado qué es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." Asimismo, si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país. La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 2a./J. 3/2014 (10a.), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recursos establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene el registro 2005466 y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resulta porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado constituye una adición, reforma a la Constitución Federal, artículo transitorio o sus procesos de modificación o adición. En el caso, se reclama la reforma y adición de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. Luego entonces, resulta claro que en este juicio de amparo la parte quejosa está reclamando la reforma y adición de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, acto en contra del cual no procede el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.18o.A.3 CS (10a.), del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2012958, de rubro siguiente: "ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA." Por los motivos expuestos y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el Decreto por el por el que se reforman y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales; así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. Desechamiento respecto del acto reclamado consistente en el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, por lo que hace al Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, a consideración del suscrito, de igual forma el presente juicio de amparo resulta improcedente de manera notoria y manifiesta. Lo anterior es así, ya que respecto de dicho acto reclamado, el cual fue reclamado como norma autoaplicativa, a consideración del suscrito se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la I, del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos preceptos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Conforme a la fracción I, del referido numeral 107 de la ley de la materia, el juicio de amparo procede contra normas que por su entrada en vigor o primer acto de aplicación causen un perjuicio al quejoso. Lo que indudablemente exige que la norma que se combate esté vigente. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclamó la disposición normativa en comento publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, puesto que, a su consideración, con su simple expedición le generó un perjuicio. Sin embargo, como destacadamente lo manifiesta la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante su artículo Cuarto Transitorio, fue abrogada la disposición de carácter general de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (materia del presente desechamiento). En consecuencia, ante la lógica que para efectos de la procedencia del juicio protector de derechos humanos se necesita, se puede concluir que la afectación que refirió la parte quejosa, en el particular caso, no existe, ya que admitir lo contrario y proceder al estudio de fondo en el presente amparo implicaría -como tema de litis constitucional- una disposición normativa que a la presente data carece de vida jurídica. Por los motivos expuestos anteriormente y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la I del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Determinación respecto del acto reclamado consistente en (3) el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. CUESTIÓN PREVIA El artículo 108 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y Los conceptos de violación." Por otro lado, siguiendo lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda cuando: "I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Así, una vez analizado el escrito inicial de demanda en forma integral, al igual que el anexo que lo acompaña, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN Ahora bien, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con lo dispuesto en el diverso 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de CINCO DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, realice lo siguiente: Se requiere a la parte quejosa para que precise de manera clara los actos reclamados de cada una de las autoridades señaladas como responsables que participaron en el proceso legislativo, en el entendido que deberá indicar qué parte del proceso legislativo le atribuye a cada una de las autoridades que mencionó, dado que la forma en que los planteó en el capítulo correspondiente del escrito de la demanda de amparo no lo hace de manera clara, precisa y directa. Lo anterior, porque si bien en su demanda de amparo refiere que señala como actos reclamados los siguientes: "c) El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto fue publicado en el medio oficial nacional el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. De esa ley se reclama en concreto los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, así como el artículo transitorio Quinto". De la transcripción anterior, se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos atribuye en forma específica a cada una de las autoridades responsables legislativas que indicó, ya que en forma genérica, señala como acto reclamado en su respectiva competencia a las autoridades responsables el Decreto antes mencionado, debiendo aclarar, como se dijo, de forma precisa, que actos atribuye a cada una de las autoridades responsables legislativas que señaló. Deberá indicar si acude al juicio de amparo reclamando el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con motivo de su entrada en vigor, o bien, en razón de su primer acto de aplicación, en este último caso deberá indicar el acto concreto en que se individualizó y se aplicó en su perjuicio la norma impugnada, así como la fecha en que se hizo conocedor de los mismos, debiendo señalar las autoridades a quién atribuye dicha aplicación. Finalmente, se apercibe a la parte quejosa que, de no desahogar la totalidad de las prevenciones formuladas dentro del plazo señalado para tal efecto, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que el promovente desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten - el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar la prevención y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." TRANSPARENCIA (OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES) Dado que la parte quejosa se opuso expresamente a la publicación de sus datos personales, se ordena suprimirlos en los documentos susceptibles de contener tales datos personales, de conformidad con el artículo 57 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DEL JUZGADO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www.firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por medio de lista a la parte quejosa en atención a lo ordenado en este auto y por conducto del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y a este último por oficio, vía interconexión.

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