Ricardo Flores Vallejo

Expediente 849/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
849/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
16/10/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Flores Vallejo

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio suscrito por la Magistrada Supernumeraria de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el cual acusa recibo del propio 15322/2017, por el cual se le remitió copia certificada del proveído de treinta de agosto del año en curso.

  2. Principal

    Por recibido el oficio que suscrito por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, por el que por una parte acusa recibo del propio ****por el que se le remitió la copia certificada del expediente ***y toca de apelación **** Y por la otra como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, remítasele copias certificadas de las constancias que indica.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el treinta de agosto de dos mil diecisiete [f. 25-29], en el que este Juzgado desechó la demanda promovida por ********** autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio de Ricardo Flores Vallejo, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Finalmente, por lo que hace a la copia certificada del expediente ***y toca de apelación ****, devuélvansele a la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para los efectos legales a que haya lugar; solicitándole el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    A sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, en el Estado de Guanajuato, anexó demanda de amparo formulada por **********, autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio de **********, copia certificada del oficio 2823 suscrito por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato original y tres copias de la demanda de amparo, constancias de notificación practicada al quejoso, copia certificada del expediente *** y toca de apelación ***; toda vez que el tribunal de su adscripción se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma. Acúsese recibo de estilo. En cumplimiento de lo determinado por el Órgano Colegido, este Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo de mérito. En ese orden, de la constancia descrita se advierte que el promovente tiene el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio del directo quejoso **********. Por lo voluminoso de las constancias que remite la autoridad oficiante, fórmense dos tomos de prueba para el mejor manejo del expediente. Hechas las precisiones que anteceden, y vista la demanda de amparo presentada por **********, autorizado en términos del artículo 1069 del Código de Comercio de **********, contra actos de la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y otra autoridad; fórmese el expediente físico y electrónico, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 849/2017. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ahora, de los antecedentes narrados en la demanda, así como de las constancias del juicio natural, se desprende que: 1. "**********, por conducto de sus endosatarios en procuración **********, y otros, demandó en la vía ejecutiva mercantil a **********, por conducto de su representante legal ********** como aval, el pago de dos millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos tres pesos como suerte principal y otras prestaciones; asunto radicado en el Juzgado Segundo Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, con el número ***. 2. El juez del conocimiento por resolución de veintisiete de septiembre de dos mil trece, absolvió **********, en todas y cada una de las prestaciones que le reclamaron y condenó a ********** en su calidad de aval, al pago de dos millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos tres pesos por concepto de suerte principal, por los dos pagares base de la acción, así como al pago de intereses ordinarios, a partir de la fecha de celebración de los documentos fundatorios y hasta el día de su total liquidación a razón del ocho por ciento anual, cada uno de ellos; así como al pago de los gastos y costas erogados por la parte actora por la tramitación del presente asunto. 3. Inconforme con lo anterior, ambas partes interpusieron recurso de apelación, informando el Juez Segundo Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, mediante proveído de veinticuatro de enero de dos mil catorce, que a partir del cinco de febrero de dos mil catorce, la continuación en la tramitación del Juicio Ejecutivo Mercantil ***, se seguiría en el Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, quien lo registró con el número ***. 4. Medios de impugnación que tocó conocer a la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con número de registro de toca ***y resolvió el veintinueve de noviembre de dos mil trece, confirmando la sentencia apelada. 5. Posteriormente, en etapa de ejecución, **********, por conducto de su endosatario en procuración **********, promovió incidente de liquidación de intereses, el que el Juez Primero Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, resolvió en interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la que condenó al demandado **********, a pagar la cantidad de doscientos doce mil novecientos cuatro pesos con noventa y seis centavos por concepto de intereses ordinarios generados del treinta y uno de agosto de dos mil doce al treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, no decretando especial condena en costas. 6. Inconforme con lo anterior, **********, por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio, interpuso recurso de apelación, el que correspondió conocer a la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con número de registro de toca ***, resolviendo el treinta de mayo de dos mil diecisiete, en el sentido de confirmar la interlocutoria de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete." (Determinación que constituye el acto reclamado). Bajo ese contexto, la suscrita estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 °, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora bien, en el caso concreto, **********Ríos, tiene reconocida dentro de los autos del juicio de origen su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 1069 del Código de Comercio de **********, y con esa representación promueve el presente juicio, reclamando la resolución de treinta de mayo del año en curso, pronunciada por la Magistrada de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dentro del toca número ***. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que el referido acto reclamado no causa al promovente un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de Amparo, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que lo legitime para solicitar la protección de la justicia federal, en virtud de que no es la parte demandada en el juicio de origen. Lo cual se considera puesto que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien plantea una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, por lo que los actos vinculados directamente con la fijación de tal pretensión inicial, como lo es la formulación de la demanda, son exigibles al titular del derecho de acción o a su representante legal o apoderado. Tal criterio, implica que para formular la demanda sea exigible que la petición provenga de los titulares de la acción, dado que son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo. En ese sentido, la demanda de amparo debe formularse por la quejosa o su representante legal o apoderado, sin que pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, del Código de Comercio, porque incluso del artículo 11 de la Ley de Amparo, se advierte que dicha autorización sólo surte efectos para atender procesalmente el juicio mercantil de origen, ya que el alcance de las facultades de "defensa de los derechos del autorizante", no se traduce en que pueda realizar cualquier acto en nombre de éste, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso mercantil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el autorizado adquiriera el carácter de representante legal; y, por otro, porque tales facultades procesales deben armonizarse con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva a la parte quejosa como directamente afectada la formulación de la demanda de amparo indirecto en materia mercantil. En consecuencia, en el juicio de amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como parte formal en el juicio de origen o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado en amplios términos del artículo 1069, del Código de Comercio. Al respecto tiene puntual aplicación la jurisprudencia 1a./J.108/2013 (10a.), pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis del presente mes y año, del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, toda vez que no proporcionaron mayores datos que justifiquen que cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Asimismo, de autos se desprende que señaló como domicilio los estrados del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito. Por tanto, gírese atento oficio a la autoridad Juez Primero Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este órgano judicial federal, proceda a ordenar a quien corresponda, notifique el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio en el que se le haya practicado la última notificación dentro del expediente **********, en el entendido de que si señaló los estrados o alguna dirección electrónica, en esa forma deberá practicarse. Para lo anterior, el funcionario que designe deberá seguir las reglas establecidas en los numerales 24, 26 y 27 de la Ley de Amparo, por lo que deberá requerir al buscado para que dentro del término de tres días señalen domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, apercibiéndole que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.

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