Ricardo Dominguez Mora
Expediente 678/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ricardo Dominguez Mora
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de dos de diciembre de dos mil veinte, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por ********************, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio signado por el juez Menor Mixto en Acámbaro, Guanajuato, a través del cual remite las constancias relativas a la diligenciación del despacho local número 285/2020. En consecuencia, dese de baja en la estadística de este juzgado la mencionada comunicación. Háganse las anotaciones correspondientes tanto en el libro de comunicaciones oficiales enviadas, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Recepción de demanda. Visto el escrito de demanda presentado por xxxxxxx, en contra de actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato; de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 61, 107 y 113 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes físico y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), así mismo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente con el número 678/2020-IV-B. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4113 de la Ley de Amparo, el juez tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. En ese sentido, es necesario destacar que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar la resolución que decretó el no ejercicio de la acción penal de siete de octubre de dos mil veinte, de acuerdo con lo siguiente: ".la OMISIÓN por parte del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de Acámbaro, Guanajuato, el LICENCIADO RAFAEL BARROSO MENDOZA de llevar acabo la investigación del delito que se desprende de la narración de los hechos que contenía mi denuncia identificada con en el número de carpeta de investigación 92272/20, OMISIÓN que se encuentra en la RAZÓN DE ABSTENCIÓN de fecha 07 siete de Octubre del año 2020 dos mil veinte y que me fue debidamente notificada en día 26 veintiséis de noviembre del año 2020." Al respecto, es necesario precisar que el promovente del amparo allegó copia de la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, de la cual se desprende lo siguiente: Como se evidencia de la imagen anterior, en la especie, el acto reclamado consiste en la resolución de siete de octubre de dos mil veinte, en la cual se decretó el no ejercicio de la acción penal. En tal virtud, se estima que en el presente asunto se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que, por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, solo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, tiene estrecha relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables." "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por ende, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito deben impugnarse ante el juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y posteriormente consignaba el asunto a un juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del juez de control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse en sede jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de control, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro 2017640, décima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 943, que es de rubro y contenido literal siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Asimismo resulta aplicable el criterio jurisprudencial con número de registro 201764, décima época, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página: 945 de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Bajo ese contexto, si en el presente asunto la parte quejosa reclama la resolución en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal dictado en la carpeta de investigación 92272/20, resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte quejosa debe acudir ante el juez de control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido el fiscal responsable, Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes y al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ricardo Domínguez Mora. Similar criterio sostuvo este juzgado en el juicio de amparo 1002/2018, que fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, en el recurso de queja penal 203/2018. Autorizada. Se tienen como autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lucina Ivania Brito Ballesteros, por no proporcionar mayores datos que justifique que cuenta con facultad legal para ejercer la profesión de abogada, tales como su número de cédula profesional o de inscripción en el Registro Único de Profesionales del Derecho del Poder Judicial de la Federación, como lo requiere la última parte del mencionado artículo. Lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier momento puedan acreditarlo. Domicilio. Atento a que el promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle xxxxxx en Acámbaro, Guanajuato, esto es, fuera de la ciudad donde este órgano de control constitucional tiene su residencia, pero dentro de su jurisdicción, en términos del artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, y con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2, gírese atento despacho al juez Menor Mixto en Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de la justicia federal, lleve a cabo la notificación del presente proveído al quejoso. En el entendido que el juez despachado deberá ordenar al actuario judicial de su adscripción que se constituya en el domicilio señalado y notifique el presente proveído a Rxxxxxxxx; así mismo, lo requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo que de no hacerlo, las ulteriores, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito, incluso sin ulterior acuerdo. En el entendido que con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que la autoridad en comento pueda llevar a cabo la notificación de que se trata. Una vez practicada la diligencia encomendada, se requiere que las constancias que así lo acrediten sean remitidas a este juzgado a la brevedad. Con el apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada cien veces, en términos a lo dispuesto en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en concordancia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo de la Ley de Amparo desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa mediante despacho. Así lo proveyó y firma Günther Demián Hernández Núñez, juez Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, asistido de César Antonio Hernández León, secretario que autoriza y da fe.
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