Ricardo Antúnez Martínez

Expediente 701/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
701/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
22/09/2022

Partes del expediente

  • Ricardo Antúnez Martínez
  • Juez de Control de Huajuapan, Oaxaca y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    INC 701/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que no obra el acuse de recibo relativo al oficio 18086/2022, que acredite que la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado de Oaxaca, perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca hubiese quedado notificada de la interlocutoria dictada el veintitrés de junio del año en curso; sin embargo, en el caso, no se considera necesario reexpedir dicho comunicado, toda vez que en proveído de veinticuatro del mismo mes y año se tuvo por inexistente a esa autoridad. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 701/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de julio de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada el treinta de junio de este año, que sobreseyó en el juicio de amparo promovido por Ricardo Antúnez Martínez, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Precisión. Sin que se realice pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Se invoca como apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Instrucción Secretaría y Actuaría. Se instruye a el(la) secretario(a) y actuario(a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública de la sentencia sea consultable por internet. 5. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que este último es destruible. 6. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 7. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. 8. Incidente de suspensión. En el entendido de que mediante interlocutoria dictada el veintitrés de junio dos mil veintidós se proveyó sobre el destino del original y duplicado del incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 701/2022 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese un oficio del coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, a través del servidor público designado, mediante el que rinde informe justificado; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que por sentencia dictada el treinta de junio del año en curso se sobreseyó en este juicio de amparo. Delegados y canales de comunicación. Con independencia de lo anterior, téngasele designando como delegados a las personas que menciona, en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo y señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Se autoriza el uso de medios electrónicos. Como lo solicita la autoridad oficiante, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las personas que menciona la utilización de aparatos electrónicos para obtener la toma de acuerdos y captura de constancias; sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte ocursante, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, y se hace de su conocimiento que este Juzgado podrá restringir el uso de dichos medios cuando se trate de documentos que tengan información reservada o confidencial, por lo que, ante este supuesto, las constancias no podrán ser transmitidas, copiadas, fotografiadas, escaneadas o reproducidas por cualquier medio. Lo anterior, acorde a la jurisprudencia 26/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". Por ello, se indica al actuario que cuando se lleve a cabo la utilización de los aparatos electrónicos de referencia por la referida responsable, solicitará la identificación de la persona respectiva y asentará razón del nombre y de las constancias que se capturarán. Esa autorización surtirá sus efectos, únicamente siguiendo las disposiciones que respecto a la comparecencia de las personas en el órgano jurisdiccional establece el artículo 3 del acuerdo general 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo general 9/2022). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 522/2021 MESA 7 Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 522/2021; y R E S U L T A N D O S: Primero. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo depositada el trece de mayo de dos mil veintiuno en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma data, "Carrusel del Istmo A.C.", a través de su apoderado legal Teófilo Hamui Waysel, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la jefa de Servicios en la Representación Estatal Oaxaca, de conformidad con la Comisión para realizar funciones en la Subdelegación de Administración del ISSSTE en Oaxaca; que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8.1. de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, y el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y expresó el concepto de violación que estimó pertinente. Segundo. Personalidad. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, la personalidad de Teófilo Hamui Waysel, como apoderado legal del "Carrusel del Istmo A.C"., se acredita con la copia certificada del testimonio notarial número trescientos ochenta y nueve, de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, otorgado ante la fe de la notaria Público Número Veintiséis en el Estado, con residencia en la ciudad y Puerto de Salina Cruz, Estado de Oaxaca, consistente en el poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración, otorgado a su favor. Tercero. Registro y desechamiento. En auto de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el número 522/2021 y se decidió desecharla. Cuarto. Recurso de queja y admisión. Contra la citada determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, mismo del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito; siendo que mediante ejecutoria de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 208/2021, se declaró fundado el medio de impugnación. En acatamiento a la determinación del Tribunal de Alzada, en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado y se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Quinto. Citación. Previo los trámites de ley, el veinticinco de mayo de este año se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103 fracción I y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que el acto reclamado versa sobre la materia administrativa y sus consecuencias jurídicas y materiales tienen verificativo en un lugar donde este órgano de control constitucional en materia mixta ejerce competencia, en términos de los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, que reforman el diverso 3/2013. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la verdadera intención de promover la instancia constitucional es la de reclamar: La falta o indebida notificación personal de inicio de procedimiento administrativo de rescisión de contrato de un servicio público, que finalizó con la resolución contenida en el oficio número REP/ISSSTE/OAX/01/2021, de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno; misma que se traduce en la violación directa al derecho fundamental de audiencia. Acto que se atribuye a la subdelegada de Administración en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. Lo cual es así, de la armonización de los datos que emanan del escrito inicial de demanda, e incluso con la totalidad de la información de este asunto; atento a la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, tomo XIX, abril de 2014, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Tercero. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, subdelegada de Administración en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado. Sin embargo, dicha negativa se desvirtúa y se tiene por cierto el acto que se le reclama, al corroborarse su existencia de las constancias allegadas a este juicio de amparo por la parte quejosa y autoridad responsable; documental que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2º. Cuarto. Improcedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso se examinará si, en la especie, opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, por lo que procede el estudio del fondo del acto reclamado. Quinto. Concepto de violación. La parte quejosa formuló un único concepto de violación, mismo que se tiene por reproducido y no se transcribe, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Sexto. Estudio de fondo. La parte quejosa expuso, esencialmente, como único concepto de violación que la autoridad responsable viola el derecho de audiencia previa y las formalidades esenciales del procedimiento que le otorga el artículo 14 constitucional, al rescindir de manera arbitraria el "Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil" plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020, celebrado el tres de agosto de dos mil veinte, impidiéndole continuar ejerciendo los derechos con los que contaba derivado de dicho contrato. Como se ve, la parte quejosa se duele, esencialmente, de que, previo a la rescisión del contrato de referencia, no se le otorgó audiencia previa, pues la determinación reclamada constituye un acto privativo de la autoridad, ya que le impide de manera definitiva continuar ejerciendo los derechos con los que la persona jurídica quejosa contaba, derivados de la celebración de ese acto jurídico. A efecto de tener una mayor comprensión del asunto, conviene citar los antecedentes más destacados del acto reclamado, mismos que se advierten de la demanda de amparo, los que constituyen una confesión expresa de la parte quejosa, así como de las constancias remitidas por la responsable y que obran en el tomo anexo I, relativo a este juicio: Con fecha cinco de agosto de dos mil veinte el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la Delegación Estatal Oaxaca, celebró con la parte quejosa, el "Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil" plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020. Mediante oficio número SP/DASCD/507/2020, de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del ISSSTE en Oaxaca, solicitó a la parte quejosa la adecuación de las facturas de los servicios prestados en los meses de agosto y septiembre de dos mil veinte, toda vez que el número de asistentes había sido inferior a la matrícula mínima establecida en los contratos y, para ese supuesto, se pagaría a la quejosa el monto mínimo establecido en cada uno de los ellos, en la parte proporcional a los meses referidos (foja 70). En respuesta a lo anterior¸ con fecha veintisiete de octubre de dos mil veinte la quejosa presentó ante la Subdelegación de Prestaciones del citado Instituto el escrito fechado el veintiséis de ese mes y año, mediante el que justificó la razón por la que no era posible adecuar las facturas de agosto y septiembre de dos mil veinte; porque realizar adecuación a las facturas con la finalidad de que se pague menos, implicaba dejar de brindarles el servicio a los derechohabientes en la modalidad a distancia, lo que significaba despedir a gran parte del personal a distancia, contrariando las disposiciones del Gobierno Federal, en el sentido de no despedir ni reducir los salarios de los trabajadores. Mediante oficio número DELOAX/SP/DASCD/586/2020, de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, el suplente por ausencia del encargado de la Representación Estatal del ISSSTE en Oaxaca consideró que la respuesta de no adecuar las facturas de agosto y septiembre de dos mil veinte era improcedente y, en consecuencia, su pago conforme al contrato, con el argumento de que la Subdelegación de Prestaciones no tenía instrucción alguna por parte de las autoridades competentes del propio Instituto para implementar las clases en línea o modalidad virtual en las estancias contratadas (foja 85). Aunado a que en el contrato de prestación de servicios estaba establecido que la prestación del servicio se realizaría en las instalaciones de la Estancia quejosa, ubicado en Salina Cruz, Oaxaca (foja 86). A través del diverso oficio número SP/DASCD/002/2021, de cuatro de enero de dos mil veintiuno, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del referido Instituto solicitó a la Estancia quejosa enviara las facturas correspondientes a los meses agosto y septiembre, además de las de noviembre y diciembre de dos mil veinte, por el 40% de conformidad con la cláusula Novena ""Forma y Lugar de Pago", Párrafo V, del contrato celebrado (foja 90). Por oficio SP/DASCD/035/2021, de trece de enero de dos mil veintiuno, el subdelegado de Prestaciones solicitó al jefe de la Unidad Jurídica de dicho Instituto su intervención para que citara a la representante legal de la Estancia Contratada No. 370 "Carrusel del Istmo A.C." y diera lectura del contrato celebrado para realizar las aclaraciones correspondientes, ante los incumplimientos referidos; hecho lo cual, procediera a lo dispuesto por la cláusula Vigésima Novena, rescisión administrativa del contrato (foja 95). Mediante oficio UJDELOAX/017/2021, fechado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, el jefe de la Unidad Jurídica del citado Instituto hizo del conocimiento de la parte quejosa que el servicio debía ser prestado de forma presencial y en el domicilio declarado en el contrato; siendo que por lo que hacía al servicio en el área de lactantes y maternales, era indispensable que se proporcionara de manera presencial, siendo evidente que las actividades de manera virtual no cumplían las características que requerían los menores en esa etapa de su desarrollo. Por lo que al no otorgar los servicios pactados y pretender justificar que el Instituto cubriera un importe de pago de servicios contratados, no existía justificación legal y/o administrativa por parte del Instituto para erogar el pago cuando no se había cumplido plenamente con las condiciones del servicio contratado. Aunado a que a la fecha de la emisión del referido oficio, la parte quejosa no había presentado ante el Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva el informe correspondiente a los meses de diciembre de dos mil veinte y enero de dos mil veintiuno. Por lo que, de acreditarse dichas conductas, se daría por rescindido el contrato. Concediéndole a la Estancia quejosa el término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que recibiera la notificación, para ofrecer los medios de prueba que estimara pertinentes y que tengan relación con los hechos e irregularidades administrativas que se le atribuían; en el entendido de que, fenecido dicho término, sin que ofreciera pruebas, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tendría por perdido su derecho (fojas 92 y 94). En respuesta a lo anterior¸ con fecha uno de marzo de dos mil veintiuno, la Estancia quejosa dio contestación al oficio UJDELOAX/017/2021, fechado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, y ofreció las pruebas que consideró pertinentes (fojas 96 a 107). Después, a través del oficio SP/DASCD/200/2021, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE: 1) solicitó el apoyo a la Estancia para que realizara las correcciones precisadas, a fin de continuar con el trámite de pago ante el área de finanzas de dicho Instituto e 2) hizo de su conocimiento que respecto a las facturas de los servicios prestados en el periodo comprendido en los meses de agosto-diciembre de dos mil veinte, se encontraba realizando las gestiones necesarias para el trámite de pago, en virtud de haber sido recursos presupuestales para servicios devengados durante el ejercicio fiscal dos mil veinte (foja 108). Comunicado del que se permite concluir que respecto de las irregularidades por las que se había prevenido a la parte quejosa, habían quedado superadas. Posteriormente, por oficio REP/ISSSTE/OAX/01/2021, firmado por el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, se rescindió el "Contrato Abierto de Prestación de Servicios para el Bienestar y Desarrollo Infantil", plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020, celebrado con la Estancia Carrusel del Istmo A.C. (fojas 41 a 53). Siendo que de su contenido se advierte que se hizo mención a un diverso oficio UJDELOAX/1066/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, en el que se prevenía a la parte quejosa por nuevas irregularidades, y se le concedía un nuevo término de cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas convenientes; sin que de autos se desprenda que la parte quejosa haya atendido esa prevención. Precisados los antecedentes del acto reclamado y una vez analizadas las constancias que integran este juicio de amparo, se concluye que el concepto de violación aducido por la parte quejosa, es fundado, por las razones que a continuación se exponen. Primeramente, es preciso señalar que, en el caso, no se está ante una relación de coordinación entre la parte jurídica quejosa y la autoridad señalada como responsable; toda vez que se trata de un contrato público, siendo que la rescisión decretada por dependencias de la administración pública federal reúne las características para ser considerado un acto de autoridad. Ahora, la parte quejosa aduce, esencialmente, una violación al derecho de audiencia, previa la rescisión del contrato en comento; siendo que es cierto que la rescisión administrativa de un contrato actualiza un acto privativo que exige el pleno respeto al derecho de audiencia previa reconocido en el artículo 14 constitucional, pues se activa ante el incumplimiento de obligaciones del sector privado, a quien se impone esa medida como sanción, lo que, a su vez, puede derivar en otro tipo de sanciones, como la aplicación de penas convencionales, la prohibición de suscribir contratos por el Estado por un término determinado y otras más previstas en la ley o en el contrato respectivo. Al respecto, se cita la jurisprudencia P./J 6/2019, visible en el libro 53, tomo I, página 7, de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. DIFERENCIAS ENTRE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REGULADOS POR LA LEY RELATIVA. Si bien tanto la rescisión administrativa como la terminación anticipada de los contratos administrativos, reguladas por los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, persiguen una actuación más oportuna y eficiente de la administración pública ante circunstancias que hacen patente la necesidad de salvaguardar el interés público o de evitar su detrimento, y se actualizan en la conclusión de las obligaciones previstas en un contrato, de manera previa a la fecha convenida para el término de su vigencia, lo cierto es que la rescisión administrativa del contrato en los términos ahí establecidos sí actualiza un acto privativo que exige el pleno respeto al derecho de audiencia previa reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se activa ante el incumplimiento de obligaciones del proveedor, a quien se impone esa medida como sanción, lo que a su vez puede derivar en otro tipo de sanciones, como la aplicación de penas convencionales, la prohibición de suscribir contratos con el Estado por un tiempo determinado y otras más previstas en la ley o en el contrato respectivo. Por su parte, la terminación anticipada de un contrato administrativo ocurre ante razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. De ahí que la terminación anticipada de un contrato no deriva, en principio, del incumplimiento a una obligación adquirida por el proveedor, sino de razones externas que incluso pueden ser ajenas a la voluntad de la dependencia o entidad contratante. Dicha terminación implica, básicamente, que el proveedor sólo será afectado con la molestia de ya no poder ejercer los derechos sobre los que, en términos del contrato suscrito, tenía mera expectativa de llevar a cabo de no presentarse una condición resolutoria, por lo que en realidad no se le priva de algún derecho adquirido o que hubiese ingresado a su esfera jurídica, máxime que la terminación anticipada conlleva la obligación del Estado de reembolsarle los gastos no recuperables en que pudo haber incurrido antes de la terminación, y no le impide cobrar por los servicios ya prestados o por los bienes entregados o arrendados durante la vigencia del contrato respectivo, ni menos aún, acudir posteriormente a las instancias jurisdiccionales respectivas para combatir la medida o exigir previa audiencia sobre otros derechos que estimara procedentes. Así, mientras en la rescisión administrativa es indispensable prever el derecho de audiencia previa a favor del proveedor, lo que incluso hace el artículo 54 referido, ello no puede extenderse al caso de la terminación anticipada de un contrato, supuesto en el que no es constitucionalmente necesario hacerlo." (Lo subrayado es propio de este Juzgado) De ahí que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que tratándose de un contrato público, para su rescisión, debe respetarse el derecho de audiencia, toda vez que al ser la rescisión administrativa una facultad exclusiva de las autoridades, el particular debe tener derecho de defenderse, pues, de confirmarse el incumplimiento del contrato, la rescisión es la sanción. Por ello, es necesario no sólo escuchar al particular, sino también, permitirle ofrecer pruebas y, en general, concederle las demás formalidades del procedimiento que permitan respaldar la determinación administrativa de rescisión, misma que se actualiza en el caso como una sanción administrativa ante un incumplimiento comprobado. Ello puede corroborarse de la lectura del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, que dispone, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 54. Las dependencias y entidades podrán en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones, conforme al procedimiento siguiente: I. Se iniciará a partir de que al proveedor le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el proveedor. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo, y III. Cuando se rescinda el contrato se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de rescisión. Iniciado un procedimiento de conciliación las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán suspender el trámite del procedimiento de rescisión. Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciere entrega de los bienes o se prestaren los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de la dependencia o entidad de que continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes. La dependencia o entidad podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. Al no dar por rescindido el contrato, la dependencia o entidad establecerá con el proveedor otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de esta ley. Cuando por motivo del atraso en la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, o el procedimiento de rescisión se ubique en un ejercicio fiscal diferente a aquel en que hubiere sido adjudicado el contrato, la dependencia o entidad convocante podrá recibir los bienes o servicios, previa verificación de que continúa vigente la necesidad de los mismos y se cuenta con partida y disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal vigente, debiendo modificarse la vigencia del contrato con los precios originalmente pactados. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este artículo se considerará nulo." Es, precisamente, por ello que, como se observa, en el caso de la rescisión administrativa, el legislador previo un respeto absoluto al derecho fundamental de audiencia previa, y distintas reglas que permiten, incluso, evitar dicha medida, pero, sin duda, la rescisión administrativa está concebida como una sanción. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de febrero de dos mil dieciocho, al resolver la contradicción de tesis 192/2016. Ahora, el artículo 14 constitucional tutela el derecho humano de audiencia, es decir, la prerrogativa de toda persona que considere una afectación a su esfera jurídica, de que antes de resentir el acto privativo de libertad, propiedades, posesiones o derechos, tenga la facultad de acudir a un ".juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de quien lo requiere antes del acto privativo, mismas que, de manera genérica, se traducen en las siguientes: 1. Que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como de la cuestión que habrá de ser objeto de debate y de las consecuencias que se producirán con el resultado de dicho trámite. 2. Que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal que, quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y, quien estime lo contrario, cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones. 3. Que cuando se agote dicha etapa probatoria se le dé oportunidad de formular los alegatos correspondientes. 4. Que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. De no respetarse tales formalidades por parte de la autoridad antes de la emisión del acto privativo, también se impide u obstaculiza una adecuada defensa, por lo cual, su ausencia, o su práctica defectuosa, constituye una violación procesal, pues su actualización provoca que al afectado no se le dé la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes, lo que, lógicamente, implica colocarlo en estado de indefensión. Así, la exigencia de que se trata tiene como finalidad que las autoridades, antes de dictar una determinación que pueda causar alguna afectación al gobernado, le informen el inicio de un procedimiento, a fin de darle oportunidad de alegar y ofrecer las pruebas que convengan a sus intereses, lo que, a su vez, implica darle a conocer, en forma plena y cabal, todos los datos o elementos que, en su caso, puedan servir de base o motivación al acto de autoridad privativo de esos bienes jurídicamente protegidos. En el caso, de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, se desprende que la autoridad, previo a la rescisión de un contrato administrativo, debe realizar el siguiente procedimiento: Se iniciará a partir de que al particular le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. Transcurrido el término referido, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al proveedor dentro dicho plazo. Sin embargo, en el caso en estudio, la emisión del oficio REP/ISSSTE/OAX/01/2021 aconteció sin que previamente se hubiere notificado legalmente el inicio del procedimiento previsto en el referido ordenamiento legal a la persona jurídica quejosa, aun cuando en dicho comunicado se le informaba la rescisión del "Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil" plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020; lo que, evidentemente, implica o se traduce en un acto privativo. Ello es así, toda vez que la única ocasión en la que se notificó a la parte quejosa un término de cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas convenientes, fue cuando se le notificó el diverso oficio UJDELOAX/017/2021, fechado el veintidós de febrero de dos mil veintiuno; siendo que, después de las pruebas y alegaciones de la Estancia quejosa; a través del oficio SP/DASCD/200/2021, de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del ISSSTE: 1) le solicitó el apoyo para que realizara las correcciones señaladas, a fin de continuar con el trámite de pago ante el área de finanzas de dicho Instituto e 2) hizo de su conocimiento que respecto a las facturas de los servicios prestados en el periodo comprendido en los meses de agosto-diciembre de dos mil veinte, se encontraba realizando las gestiones necesarias para el trámite de pago, en virtud de haber sido recursos presupuestales para servicios devengados durante el ejercicio fiscal dos mil veinte (foja 108). Lo que permite concluir que en relación a las irregularidades administrativas por las que se previno inicialmente a la Estancia quejosa, habían quedado superadas; tan es así que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado le solicitó realizar unas correcciones para continuar con el trámite de pago e informó que respecto de las facturas de los servicios de dos meses, ya se encontraba realizando las gestiones para su pago. Por tanto, si en el oficio UJDELOAX/1066/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se previno a la parte quejosa por nuevas irregularidades, y se le concedía un nuevo término de cinco días hábiles para exponer lo que a su derecho conviniera y aportara las pruebas convenientes; en la inteligencia de que, fenecido dicho término, sin que ofreciera pruebas, en concordancia con lo señalado en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se le tendría por precluido su derecho; lo correcto era notificarle nuevamente en términos de ley, a fin de hacer valer su derecho de audiencia en los términos que le conviniere, previa la emisión del comunicado por el que se le informaba la rescisión del contrato administrativo. De ahí que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado debió notificar el oficio UJDELOAX/1066/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, a la Estancia quejosa, de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 36 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, según su artículo 11°. Mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 36.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Diario Oficial de la Federación." Siendo que el oficio UJDELOAX/1066/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, no le fue legalmente notificado a la parte jurídica quejosa; toda vez que mediante comunicado con terminación 2511/2022, acordado en auto de veinticinco de mayo de este año, se tuvo a la jefa de la Unidad Jurídica del multicitado Instituto informando que: El veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno el licenciado Armando Gómez Vásquez, apoderado legal de la Estancia Carrusel del Istmo A.C., se hizo presente en las instalaciones de la Unidad Jurídica del ISSSTE Oaxaca. Cuando el personal adscrito le hizo de su conocimiento que le notificaría el oficio UJDELOAX/1066/2021, en términos de los artículos 134, 135, 136 y 137 del Código Fiscal de la Federación; el referido apoderado legal se negó a recibir el comunicado. Ante la negativa, la licenciada Adelina Julián Caballero procedió a realizar una razón de fecha veinticuatro de ese mes y año, donde hizo constar dicha circunstancia; además de que levantó un acta circunstanciada de los hechos. De ahí que el Instituto prestador inobservó el contenido del artículo 36 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, relativo a la forma de realizar las notificaciones personales para hacer del conocimiento de la parte quejosa el término concedido para alegar y ofrecer pruebas respecto a las nuevas irregularidades por las que se le prevenía; por el contrario, personal adscrito a su Unidad Jurídica asentó una razón y levantó un acta circunstanciada de los hechos en las oficinas de la ahora autoridad responsable. Por tanto, no se colmó con uno de los requisitos de las formalidades esenciales del procedimiento, consistente en la debida notificación del procedimiento administrativo y sus consecuencias; toda vez que, como el jefe de la Unidad Jurídica del Instituto refirió en el oficio UJDELOAX/1066/2021, se trataba de respetar dicho derecho respecto de nuevos hechos e irregularidades, previo a la rescisión del "Contrato Abierto de Prestación de Servicios para el Bienestar y Desarrollo Infantil", plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020, mediante oficio REP/ISSSTE/OAX/01/2021; lo que viola el derecho fundamental de audiencia establecido por el artículo 14 constitucional. Por consecuencia, la indebida notificación del oficio UJDELOAX/1066/2021, que permitía a la Estancia quejosa subsanar o corregir las nuevas irregularidades ahí contenidas, también violó directamente su derecho de defensa. Séptimo. Efectos de la concesión del amparo. Por las consideraciones expuestas en el apartado que antecede, con apoyo en el precepto 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa "Carrusel del Istmo A.C", para que la responsable, subdelegada de Administración en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca: 1º. Deje sin efectos el oficio número REP/ISSSTE/OAX/01/2021, de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno, por el que informó a la persona jurídica quejosa la rescisión del "Contrato Abierto de Prestación de Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil" plurianual 2020-2022, número DEO/DRMO/AD/0059/2020. 2º Notifique a la Estancia quejosa, en términos de la ley aplicable, el contenido del diverso oficio UJDELOAX/1066/2021, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, a fin de que tenga conocimiento de la prevención inserta. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 1°, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia Federal ampara y protege a "Carrusel del Istmo A.C" contra el acto reclamado consistente en la falta o indebida notificación personal de inicio de procedimiento administrativo de rescisión de contrato de un servicio público, que finalizó con la resolución contenida en el oficio número REP/ISSSTE/OAX/01/2021, de fecha veintidós de abril de dos mil veintiuno; misma que se traduce en la violación directa al derecho fundamental de audiencia; atribuida a la subdelegada de Administración en la Oficina de Representación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca; en términos del considerando sexto y para los efectos a que se refiere el considerando séptimo de esta sentencia. Segundo. Dése cumplimiento a lo dispuesto en el último considerando y háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron los labores de este órgano jurisdiccional.

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