Reyna Pérez Indili

Expediente 217/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
217/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/03/2018

Partes del expediente

  • Reyna Pérez Indili

Actuaciones

  1. Principal

    Vista; la certificación anterior de la que se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que se tuvo por desechada la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por la parte quejosa, se deja de proveer lo relativo.

  2. Principal

    AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL... RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR ***... SEGUNDO. LA PRESENTE RESOLUCION SERA PUBLICABLE...

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA:....Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado; Coordinadora de Política Fiscal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla, Gutiérrez; Director de Catastro Urbano y Rural de Gobierno del Estado; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial; Delegado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tuxtla; Director del Diario Chiapas; Director del Diario Cuarto Poder; y Director del Diario la Voz, todos con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 217/2018-IX, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que la quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad, lo siguiente: "El acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 209/2016. Mientras que a las responsables Coordinadora de Política Fiscal del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tuxtla, Gutiérrez; Director de Catastro Urbano y Rural de Gobierno del Estado; Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial; Delegado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial de Tuxtla; Director del Diario Chiapas; Director del Diario Cuarto Poder; y Director del Diario la Voz, todos con residencia en esta ciudad, les reclama: Los efectos y consecuencias legales que se deriven de la ejecutoria emitida en el expediente de origen. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tal aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; es decir, contra la resolución que ponga fin al procedimiento de ejecución, la cual determine como cumplida o no la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen del procedimiento citado; así mismo, que tratándose de procedimientos de remates se entenderá como última resolución aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso las violaciones cometidas durante ese procedimiento, también se harán valer cuando se reclame esta última, en los términos del párrafo anterior, lo que implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, pues por la naturaleza propia del procedimiento, conlleva una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con una resolución, esto es, dada la vinculación de causa a efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que existió la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que retrase la administración de justicia. En ese orden de ideas, debe afirmarse que si el acto reclamado según se advierte de la demanda de amparo, se trata del acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho emitido en el juicio ejecutivo mercantil 209/2016 por medio del cual se ordenó el remate en publica subasta en primera almoneda del bien propiedad de la hoy quejosa, debe decirse que dicho auto no constituye el último acto de ejecución en el procedimiento de remate respectivo, pues como quedó asentado en líneas anteriores, se entenderá como tal aquel que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De lo anterior se colige que la violación reclamada emana del trámite de la etapa de ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio ejecutivo mercantil natural, la cual puede ser combatida en el amparo indirecto que se promueva en contra de la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. De ahí entonces, que la parte quejosa no esté en condiciones de reclamar las violaciones que estima la han dejado sin defensa durante el procedimiento de ejecución aludido, en la inteligencia, que éstas en todo caso, las deberá combatir al momento de impugnar la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados; estimar lo contrario, haría que el juicio de garantías se utilizara para retardar y obstaculizar el cumplimiento de una resolución con el carácter de cosa juzgada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, del rubro y texto siguientes: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES. De la interpretación literal del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose del procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, la última resolución es aquella que "en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados", pudiendo reclamarse las violaciones cometidas en el procedimiento, de modo que, aun cuando dichas determinaciones se emitan en forma separada, en aras de la fuerza legal de la cosa juzgada e inmediata ejecución de la sentencia del caso, la procedencia de la acción de amparo se actualiza hasta que se cumplan ambos supuestos que expresamente señaló el legislador, ya que debe atenderse al contenido jurídico de dichas condiciones más que al momento en que se dicten; de ahí que en el procedimiento de remate, la última resolución es la que ordena otorgar la escritura de adjudicación y entregar la posesión de los inmuebles rematados aunque se dicten en distintas determinaciones. Es ilustrativo el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que se lee: ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO LO ES EL FALLO QUE APRUEBA O REPRUEBA EL REMATE. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia el amparo procede en dos supuestos: el primero, previsto en el párrafo segundo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, y el segundo, contenido en el párrafo tercero, tratándose de remates contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Sin embargo, no debe confundirse la "última resolución" con la "resolución definitiva" a las que se refiere el precepto citado, ya que si bien ambas son pronunciadas en el periodo de ejecución de sentencia, la mencionada "última resolución" es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo definitivo, o se declara la imposibilidad para darle cumplimiento, como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 26 publicada en la página 20 del Tomo VI del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO."; en cambio, la "resolución definitiva" en la que se hubiere aprobado o no el remate decide un procedimiento específico de significativa importancia dentro del propio periodo de ejecución, con lo que, según sea el caso, se pudiera dar cumplimiento a la totalidad de lo condenado o sólo a parte de ello, ya que puede acontecer que además de la condena a pagar cierta cantidad de dinero, el reo se encuentre obligado a hacer determinados actos, por ejemplo, en un juicio de rescisión o terminación de arrendamiento, además de pagar las pensiones rentísticas, también tendrá que entregar la finca materia de tal contrato; al cumplimentarse el fallo dictado en un juicio hipotecario se procederá a escriturar a favor del adjudicatario el inmueble rematado, así como a la entrega voluntaria o forzosa de la posesión; también pudiera suceder que dentro del procedimiento de ejecución existieran varios remates, si el primero de ellos no fuera suficiente para cubrir la condena, de donde deriva que según lo sentenciado será el trámite a efectuar en el procedimiento de ejecución que se lleve a cabo para cumplimentar la resolución definitiva, en el que pudiera existir o no la subasta de bienes. Así las cosas, el acto señalado como reclamado en este juicio de amparo, sin duda forma parte de aquéllos que se dictan dentro de la fase netamente de ejecución de sentencia, en razón de que forma parte del procedimiento de remate sin que sea la última resolución en dicha etapa. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, al surgir a la vida jurídica de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo en vigor; con apoyo en el ordinal 113 de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda en estudio. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y como autorizados en términos de la parte in fine del artículo 12, en relación al numeral 24 de la Ley de Amparo a ****. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Respecto a la reproducción electrónica, que solicita se autoriza su uso en el presente expediente, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad, en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga. No así la expedición de las actuaciones en USB, pues las actuaciones del presente juicio de amparo se encuentran a su disposición en el expediente electrónico respectivo, máxime que, de acordar de conformidad su petición se pondrían en riesgo los equipos de cómputo con los que cuenta este órgano jurisdiccional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

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