Reyna Guadalupe Salazar Narvaes

Expediente 746/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
746/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/07/2022

Partes del expediente

  • Reyna Guadalupe Salazar Narvaes

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de julio de dos mil veintidós. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto de nueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Reyna Guadalupe Salazar Narváez. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 80 y 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, de deja acordar lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargado del Despacho, por encontrarse de vacaciones el Secretario en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio de autorización CCJ/ST/2719/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de veinte de junio de dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERÍODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", asistido de Erika Beatriz Díaz Penagos, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintidós. Vistos; I. El oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite las actuaciones practicadas por esa autoridad dentro del exhorto 315/2022, formado con motivo del similar 187/2022, orden 320/2022, del índice de este juzgado, que se envió para notificar a la parte quejosa Reyna Guadalupe Salazar Narváez, el auto de nueve de junio de dos mil veintidós. II. La certificación de cuenta se observa que se encuentra transcurriendo el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconforme con el citado acuerdo. Al efecto, se acuerda: Respecto al punto I, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio y anexos de cuenta. Ahora bien, tomando en consideración que las constancias remitidas por la autoridad oficiante derivan del exhorto 187/2022, orden 320/2022, se ordena dar de baja en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con la observación que fue diligenciado en los términos solicitados. De este modo, se tiene por notificada a la parte quejosa del acuerdo emitido el nueve de junio de este año. En lo atinente al punto II, se reserva de proveer lo conducente hasta en tanto transcurra el término concedido a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    Visto; el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del exhorto 187/2022, orden 320/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió para notificar personalmente a la quejosa ****, el auto de nueve de junio de dos mil veintidós. Asimismo, comunica que ordenó diligenciar la citada comunicación oficial en los términos solicitados, la cual registró con el número de exhorto 315/2021 y origen 310/2022, de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2, glósese a los autos el oficio de cuenta y téngase al juzgado exhortado acusando recibo de la comunicación oficial precisada en el párrafo que antecede. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Vista; la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, residente en la Ciudad de México y otras autoridades. I. TRÁMITE. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 746/2022-II y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: a) Reclamo por su sola entrada en vigor la norma general consistente en: El Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet https://www.gob.mx/presidencia/prensa/ mexicocontratara=medicos-y-vacunas-a-cubainformapresidente? idiom= es_SeatribuyealPresidentedelosEstadosUnidosMexicanos. b) La omisión de remitir y ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.pob.mx/presidencia/prensa/mexico-contrataramedicos-y-vacunas-a-cuba-informa=presidente?idiom=es. c) La omisión de publicar en el Diario Oficial de la Federación el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexicocontrataramedicos-y= vacunas-a-cuba-informapresidente?idiom=es. d) La omisión de remitir para su aprobación al Senado de la República el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexicocontratara= medicos-y-vacunas-a-cuba-informapresidente?idiom=es. e) En caso de que no se considere como norma general, ad cautelam, señalo como acto reclamado El Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contrataramedicos-y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. f) La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. Se atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Secretario de Trabajo y Previsión Social, al Secretario de Gobernación, al Secretario de Salud y al Secretario de Educación Pública. g) La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago por el traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contrataramedicos-y- vacunas-a-cuba-informa-presidente7idiom=es. h) La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México relación con la calidad académica y la homologación de los estudios de medicina de los quinientos médicos de Cuba, a los que se refiere el Convenio de Cooperación celebrado y suscrito durante su gira el pasado siete y ocho de mayo de dos mil veintidós entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba en materia de salud que incluye la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en nuestro país, el cuál fue publicado el nueve de mayo de dos mil veintidós en la siguiente página de internet: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-contrataramedicos- y-vacunas-a-cuba-informa-presidente?idiom=es. i) La autorización del ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis de medicamentos y patente, al Secretario de Salud. Lo anterior, tomando en consideración el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 5º, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se explica a continuación. La fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente; en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona, cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. En ese sentido, de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5, fracción I y 61, fracción XII de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De esta forma, como presupuesto básico para la promoción del juicio de amparo, la persona -física o moral podrá solicitar legítimamente la protección de la Justicia Federal, en los casos en que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de alguna autoridad. De esta afirmación, se obtienen los requisitos que integran el interés jurídico, a saber: a) La existencia y titularidad de un derecho tutelado por la ley; y b) El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa en ese derecho, proveniente de un acto u omisión de autoridad. Acorde con lo anterior, el interés jurídico necesario para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad, se encuentra en el perjuicio que éste ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados por el orden jurídico, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación; ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o Colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Al respecto, en los conceptos de violación la quejosa expone que tiene interés legítimo sobre la situación que plantea, como ciudadana mexicana y que los actos que reclama vulneran intereses de la sociedad en general y colectivos de toda la ciudadanía mexicana, en especial del sector salud. Expuesto lo anterior, debe decirse que la quejosa no cuenta con interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, ya que no evidencia ni señala en forma alguna, de qué forma los actos que reclama le irrogan un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual, bien en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, derivado de su condición de gobernada o ciudadana mexicana. Lo anterior, porque claramente en su escrito de demanda, aduce un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no demuestra que los actos que controvierte pudieran generar una afectación en algún derecho que esté relacionado con la autorización de contratación de personal médico extranjero que atribuye a las autoridades responsables, ni refiere las características especiales que podría guardar su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo. De ahí que, se colige, no tiene un interés propio y distinto de cualquier otro gobernado, pues los actos que reclama de las autoridades responsables no le agravian de manera directa ni diferenciada en relación al resto de la sociedad. Situación que se torna patente y manifiesta, teniendo en consideración que la parte quejosa emplea expresiones en su escrito de demanda que evidencian que no acude a instar la demanda de amparo por su situación diferenciada en relación al resto de la sociedad, sino que, por el contrario, al referir que: ". se ve afectado porque las autoridades responsables no están protegiendo la salud pública porque no están garantizando la extensión cualitativa de los servicios de salud."; así como ".se ven discriminados médicos mexicanos, ya que están contratando a los extranjeros aunque no cumplan con los requisitos y la verificación cumplimiento de los requisitos debe ser público para garantizar la salud pública." y también dice: ".Causan agravios los actos reclamados en virtud de tener interés legítimo sobre la situación que se plantea, por ser un ciudadano mexicano y tener derecho de reclamar los actos que realizan mandatarios electos para servir al pueblo de México.". Lo cual, denota con claridad, que la pretensión de la parte quejosa no está encaminada a aducir la titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo que se vea afectado; tampoco, la afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; sino que, alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general. Sin que pase inadvertido el hecho de que promueva su demanda como integrante de un colectivo denominado "Frena", puesto que tampoco justifica ser parte de alguna agrupación civil, y por tanto no se desprende de qué manera afecta en su esfera de derechos los actos que reclama. Cabe destacar, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos o susceptibles de protegerse a través del juicio de amparo. Sustenta lo antes expuesto, la tesis: INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general - y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Con base en lo anterior, se considera que la parte quejosa, no cuenta con un interés cualificado actual, real y jurídicamente relevante para reclamar los actos que pretende, sino uno de carácter genérico o simple y, por lo tanto, una eventual concesión del amparo no podría reportarle un beneficio personal para ella, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Criterio sustentado en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de texto: INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURIDICA DIRECTA Y PARTICULAR. Entre los diversos intereses que puede tener una persona, o sean "situaciones favorables para la satisfacción de una necesidad", existen los llamados "intereses simples" que consisten en situaciones en las cuales los particulares reciben un beneficio del Estado cuando éste, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio cuando esa conducta no es adecuada a los propios intereses. En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, pero no tienen ningún derecho para exigir que se mantenga esa situación privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna protección jurídica directa y particular, sino tan sólo la que resulta como reflejo de una situación general, porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares indiferenciales para el Estado. III. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que es notoria y manifiesta. En ese tenor, se invoca la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Asimismo, en el caso ha quedado evidenciado que existen diversos criterios jurisprudenciales que apoyan esa conclusión, esto es, la improcedencia y desechamiento de la demanda de amparo. Al respecto es aplicable la tesis del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE ÉSTA, LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA EXACTAMENTE APLICABLE AL CASO, EN LA QUE SE DEFINE CIERTO ASPECTO QUE DIRECTAMENTE DA LUGAR A LA ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O DE TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.", definió que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base, será motivo manifiesto e indudable de improcedencia la existencia de jurisprudencia exactamente aplicable al caso, en la que se define cierto aspecto que directamente da lugar a la actualización de una causa de improcedencia de ese medio de control constitucional, no desvirtuable con posterioridad a la admisión de la demanda, porque si la aplicación de la jurisprudencia, la cual es obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, presupone el examen de su adecuación concreta al asunto que mediante ella pretende fundamentarse o directamente resolver, entonces, es precisamente ese solo ejercicio de subsunción el que dará pie a que el juzgador de amparo advierta de manera clara y evidente que, por sus elementos, la pretensión que se somete a su potestad tiene las mismas características que el asunto que originó la formación de la jurisprudencia, de suerte que si en ésta se dilucida un aspecto que directamente produce la improcedencia del juicio, para efectos del desechamiento de la demanda, tal hipótesis debe considerarse como manifiesta e indudable respecto del caso concreto. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. V. DOMICILIO y AUTORIZADOS Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa designó domicilio para oír y recibir notificaciones fuera del lugar donde reside este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo establecido en los artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda que: - Se constituya al domicilio ubicado en la Calle de Mariano Azuela No. 8, A-1, de la Colonia Santa María la Ribera, Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06050, en aquella ciudad y notifique a la quejosa ****, el presente proveído. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del exhorto de referencia, señale domicilio en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de dicho Juzgado Federal, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, inciso c) párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Le haga saber que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de conformidad con lo establecido en el artículo 8, del propio reglamento, puede ejercer el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, con fundamento en el numeral 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios a Valente Arizabalo Priego, Edmundo A. Vite, Ruperto Martínez Gómez y Alejandro Romel Martínez, toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. Y únicamente para oír y recibir toda clase de notificaciones, en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal a Miguel Ángel Amaro Martagon y Diana Gutiérrez García, por así haberlo solicitado la parte quejosa. VIII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA POR EXHORTO.

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