Reyna Margarita Morales Pimentel
Expediente 775/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 14/11/2023
Partes del expediente
- Reyna Margarita Morales Pimentel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el escrito signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en el presente juicio, mediante el cual solicita copias certificadas de la sentencia dictada en el presente juicio, asimismo, para el efecto, señala el correo electrónico ********************. Al efecto, se acuerda: Respecto de lo precisado en el punto I que antecede, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos el escrito de cuenta. Atento a su contenido, referente a las copias que solicita, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra regulado acorde al lineamiento establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a partir del quince de mayo del año en curso. En tal virtud, reitéresele a la promovente que a partir de la data supracitada, toda documentación recibida en el presente juicio vía electrónica (demanda, recursos, promociones etc,) o generada de esa forma (acuerdos, notificaciones electrónicas), consta únicamente en el expediente electrónico; considerándose certificada electrónicamente al incluir la evidencia criptográfica; ello, en tratándose de los documentos que cuenten con firma electrónica de quien, en su caso, los suscribe. En ese sentido, conforme a lo estipulado en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º, por única ocasión expídasele a su costa las copias de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, previa razón y firma de recibo que deje en autos para constancia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IX.1o.7 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicado en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 10, septiembre de 2014, tomo III, materia común, página: 2387, localizable también con el número de registro 2007376, de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO "FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)" Así también, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se reitera a la autorizada de la parte quejosa que uno de los principios rectores del acuerdo antes mencionado es el impulso tecnológico, pues por regla general, se debe optar por documentos, servicios y procesos digitales de forma preferente a aquéllos realizados en papel, salvo en casos cuya excepción sea debidamente justificada; por lo que, se le exhorta a realizar sus promociones y la consulta del expediente, por esa vía; ya que las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico pueden descargar en su equipo de cómputo toda la documentación que integra el mismo; esto es, tanto de las constancias recibidas en forma impresa como las generadas electrónicamente. Por otra parte, téngasele proporcionando el correo electrónico que al efecto señala, para que a través de los mismos se pueda entablar comunicaciones no procesales cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de agosto de dos mil veintitrés. Visto; el oficio de cuenta firmado criptográficamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, recayéndole el número 577/2023. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta y se toma conocimiento de lo antes expuesto. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto; el libelo de cuenta suscrito por Rocío del Pilar Olea Encizo; autorizada en términos amplios de la parte quejosa Reyna Margarita Morales Pimentel, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia constitucional de seis de julio del año en curso, dictada en este juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el original y copia del aludido escrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA; ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Gustavo Antonio Villanueva Cervantes, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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La Jueza de Distrito declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Informe justificado Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: Autoridad responsable Sentido del informe Fecha de autos Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a través del Jefe de la Unidad Jurídica. Cierto 01/06/2023 La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron el siguiente medio de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa. Documentales relacionada con el acto reclamado. 15/05/2023 2 Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a través del Jefe de la Unidad Jurídica. Copia certificada del dictamen de otorgamiento de pensión 007/2023, por viudez de once de enero de dos mil veintitrés, y oficio ISSTECH/SPS/2301/2023, de veinticuatro de abril del año en curso. 01/06/2023 La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, el Secretario del juzgado hace constar que los formuló la parte quejosa, por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada la presente audiencia constitucional, procediéndose al dictado de la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del presente juicio de amparo número 775/2023-IX, promovido por Reyna Margarita Morales Pimentel, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito presentado el diez de mayo de dos mil veintitrés en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Reyna Margarita Morales Pimentel, presentó demanda de amparo contra la autoridad y acto reclamado siguientes: SEGUNDO. Autoridad responsable. Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. TERCERO. Acto reclamado. ".A. El contenido del oficio ISSTECH/SPS/2301/2023 de fecha 24 de abril de 2023, el cual me fue notificado el miércoles 03 tresde mayo 2023. Por cuanto de la simple lectura se observa la negativa ilegal (anotan suspensión) al pago de la pensión por viudez que me fuera otorgada mediante oficio de reconocimiento de pensión connúmero007/2023, DE FECHA 11 DE ENERO DE 2023, por cuanto tal oficio vulnera mis derechos a la garantía de seguridad social que tutela y protege el 123 constitucional y la negativa de pago me deja sin derecho a cubrir mis necesidades que sustentan mi vida. Negativa de pago que la responsable no es clara, resulta incompleta, falta de verdad, e incongruente." (sic). CUARTO. Admisión y trámite. En auto de quince de mayo del año en curso, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, ordenando registrarla bajo el número 775/2023-IX, se pidió informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional, la que se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; con relación al 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como del Acuerdo General 03/2013 y 16/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, amén de que la emisión del acto reclamado, se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad, la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en su rubro y texto dice: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Y el criterio aislado del Pleno del Máximo Tribunal del País, cuyo rubro y texto dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama de la Subdirectora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: El oficio ISSTECH/SPS/2301/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, por medio del cual se le informó que a partir de ese mes se le retendría el pago de la pensión por viudez que le fue otorgada mediante dictamen 007/2023, de once de enero de esa misma anualidad, con motivo de que existe diverso tramite respecto de los mismo a cargo de otra interesada. TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; apoya la anterior consideración el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, del contenido siguiente: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancias de autos, se advierte lo siguiente: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable por así haberlo aceptado al rendir su informe justificado el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. Lo que corroboró con la copia certificada de del dictamen de otorgamiento de pensión 007/2023, por viudez de once de enero de dos mil veintitrés, y del oficio ISSTECH/SPS/2301/2023, de veinticuatro de abril del año en curso, que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional, mismos que exhibió la responsable como apoyo a su informe justificado y que obran agregadas en autos del presente juicio; a las cuales se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se tratan de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo expuesto con anterioridad, permite tener la certeza de los actos reclamados. CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia de la acción de amparo intentada, ya sea que las hagan o no valer las partes, o bien, que de oficio se advierta, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, e impida el análisis de fondo de la cuestión debatida. Lo anterior, en aplicación de la tesis de jurisprudencia número II.1°.J./5, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable refiere que en el caso, debe decretarse el sobreseimiento del juicio por actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado); sin embargo, no esgrimió ninguna consideración del porqué se actualiza esa causal, de ahí que deba desestimarse. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Al no advertir alguna causal de improcedencia que en el caso cobre vigor, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. QUINTO. Estudio de fondo. Resulta infundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, sin que se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, por las razones que más adelante se expresarán. Sin que para su estudio, sea el caso transcribir la totalidad de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, pues no existe precepto legal alguno que obligue al juzgador a ello; además, tal circunstancia no lo deja en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. PREMISA CONSTITUCIONAL. Los motivos de disenso esgrimidos por la parte quejosa, se impone analizarlos a la luz del artículo 16, párrafo primero, Constitucional, que establecen que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Ahora bien, por fundamentación se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por motivación, se entiende que deben señalarse, con toda claridad, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas; esto es, la garantía de legalidad constriñe a las autoridades a ajustar su actuación a los preceptos legales que las facultan para ello, y como consecuencia, a respetar las formalidades de los procedimientos contenidos en las leyes; lo que de suyo se traduce en que, adoleciendo el acto de autoridad de cualquiera de ellas, entonces dicho acto es transgresor de ese principio y, por ende, de la Ley Fundamental. Lo anterior es así, porque el contenido formal de la garantía fundamental de legalidad prevista en el citado artículo 16 Constitucional, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca "el para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa; por lo que dicha garantía exige a las autoridades no simplemente que citen la ley aplicable, sino que también precisen con claridad y detallen el precepto, la fracción o fracciones en que apoyan sus determinaciones y motiven el por qué resultaron aplicables. Cobra aplicación, por las razones que informa, la Jurisprudencia siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción. Establecida la premisa normativa aplicable, se procede a establecer la cuestión fáctica. En el oficio que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional la autoridad responsable le hace del conocimiento a la quejosa lo siguiente: Que derivado de la solicitud de pensión presentada por Arminda Elizabeth Barrios Velázquez, quien acreditó su trámite con el acta de matrimonio, se procedió a la retención de la pensión de viudez que le fue otorgada de conformidad con los artículos 85 fracción II y 88 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, a causa de fallecimiento de Antonio Pérez Díaz. Que diga retención correría a partir de la emisión de la nómina del mes de abril de dos mil veintitrés, hasta en tanto se acredite a quién le corresponde el derecho a la pensión por viudez ante los juzgados o tribunales correspondientes. CONCLUSIÓN ENTRE LAS PREMISAS NORMATIVA Y FÁCTICA, SE PROCEDE A EMITIR LA CONCLUSIÓN. De la confrontación del concepto de violación esgrimido por la parte quejosa y las razones expresadas por la responsable para retener el pago de la pensión por viudez que gozaba, se estima que el primero deviene infundado, por las razones siguientes: En efecto, en su concepto de violación refiere el quejoso que el oficio reclamado viola en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, en virtud de que no se encuentra fundado y motivado, ya que citó los artículos 85 y 88 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, siendo que el primero de los citados no tiene relación con lo que pretende justificar la responsable, pues dicho numeral se refiere al incremento de la pensión de manera gradual hasta llegar al 50% de lo que recibía el pensionado al momento de fallecer. Por otra parte, refiere la quejosa que en ese mismo oficio en cita señala el artículo 90 de la referida ley, siendo que de su literalidad se refiere que en el supuesto en que existe concurso de concubinatos tratando de acreditar su derecho, ninguno podrá gozar de la pensión, supuesto que no es aplicable en el caso, ya que su derecho a recibir la pensión por viudez, se otorgó de manera primigenia mediante dictamen de procedencia. Dicho motivo de disenso deviene infundado por las siguientes razones. En efecto, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, la resolución reclamada no adolece de fundamentación y motivación, pues si bien en el oficio que constituye el acto reclamado, la responsable hizo la cita de los artículos 85 y 88 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, ello no fue para justificar la retención de su pago de pensión, sino que constituyen propiamente los fundamentos del derecho para recibir la pensión por viudez que estaba recibiendo con motivo del fallecimiento de su concubino. Referente a que en el oficio que constituye el acto reclamado se citó el artículo 90 de la referida ley, siendo que de su literalidad se refiere que en el supuesto en que existe concurso de concubinatos tratando de acreditar su derecho, ninguno podrá gozar de la pensión, supuesto que no es aplicable en el caso, ya que su derecho a recibir la pensión por viudez, se otorgó de manera primigenia mediante dictamen de procedencia. Dicho motivo de disenso deviene infundado, porque contrario a lo que sostiene la quejosa, es correcta la aplicación del numeral 90 de la Ley del del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, para retener el pago de la pensión por viudez. Dicho numeral refiere a que cuando existieran varias personas intentando acreditar la calidad de concubina o concubinario, ninguno tendrá derecho a la pensión, lo cual debe interpretarse en el sentido que esas solicitudes puedes hacerse por cualquier interesado incluso cuando ya se haya acreditado por uno de ellos. Máxime que el diverso numeral 87 de la referida Ley, dispone que el Instituto podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido como base para conceder una pensión. En ese sentido, le asiste la razón a la autoridad responsable en su decisión de retener el pago de la pensión de viudez por existir diversa solicitud por quien presentó el trámite a través de un acta de matrimonio; por tanto, para decidirse a quién corresponde reconocer el derecho a recibir pensión por viudez, ya sea a quien acreditó ser concubina o a la cónyuge supérstite, es indispensable que se someta la controversia al conocimiento del Juez que tiene competencia para dilucidar conflictos del orden familiar vinculados con prestaciones de seguridad social, pues de manera previa debe se debe decidir cuál es el vínculo que subsiste jurídicamente, de acuerdo con las reglas de derecho común. Dicha medida de retención de pago de pensión tiene justificación de conformidad con el numeral antes referido 90 porque la circunstancia que diversa persona haya presentado el trámite de la solicitud de pensión acreditando su interés con un acta de matrimonio con el trabajador fallecido, genera la incertidumbre sobre a quién se le debe pagar esa pensión, ya sea a la concubina hoy quejosa o a la posible cónyuge, y, esa falta de certidumbre legal, necesariamente debe ser resuelta y someterse al conocimiento de los jueces competentes, antes de decidir sobre quién debe ser reconocida como beneficiaria del otorgamiento de la pensión en cita. Luego entonces, esta juzgadora estima que es apegado a derecho lo que se resolvió en el oficio reclamado, en el sentido de que, las condiciones que dieron origen a la pensión por viudez de la que gozaba la quejosa, no son las mismas que dieron origen al trámite, por encontrarse una segunda solicitud de pensión por el mismo derecho y, que el Instituto no es la autoridad competente para determinar quién tiene mejor derecho. Sirve de orientación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 32/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, Abril de 2017, Tomo I, página 969, registro digital 2014146, de rubro y texto: PENSIÓN DE VIUDEZ. PARA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE, ANTE LA EXISTENCIA DE VARIAS ACTAS DE MATRIMONIO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL LABORAL PUEDE OTORGAR VALOR PROBATORIO A LA MÁS ANTIGUA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA VALIDEZ O NULIDAD DEL MATRIMONIO O DE LAS PROPIAS ACTAS. El órgano jurisdiccional competente en materia laboral no debe conocer de un juicio que verse sobre la validez o nulidad del matrimonio o de las actas del registro civil en el que éste se haga constar, ni emitir un pronunciamiento jurisdiccional al respecto, pues con ello invadiría las competencias del órgano jurisdiccional competente en materia familiar. Sin embargo, ello no impide que en un juicio laboral que tenga por objeto determinar a quién corresponde otorgar una pensión de viudez, ante la existencia de varias actas de matrimonio, y a falta de otras pruebas para conocer la verdad de los hechos, la autoridad laboral otorgue valor probatorio a la más antigua de esas actas del registro civil, sin que ello implique un pronunciamiento sobre la validez o nulidad del matrimonio o de las propias actas, pues simplemente se trata de un acto de valoración probatoria en el que el órgano jurisdiccional verifica el cumplimiento de un requisito desde un punto de vista formal y adjetivo, únicamente para identificar presuntivamente a la persona que debe considerarse como titular de los derechos laborales derivados de la muerte de un trabajador, sin perjuicio de que, en el caso de que el órgano jurisdiccional competente resuelva sustantivamente sobre la validez de dichas actas en sentido diverso, se sigan los procedimientos pertinentes para corregir el estado de cosas resultante, dejando a salvo al Instituto Mexicano del Seguro Social de un doble pago por la misma pensión. Ante lo infundado del concepto de violación, lo procedente en negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 79, 124, 217 y demás aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a Reyna Margarita Morales Pimentel, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo por los motivos y fundamentos desplegados en el considerando quinto, de esta resolución. Segundo. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MIUTA. Así lo resolvió y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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