Reynalda Luz Jiménez Ruiz
Expediente 118/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/03/2018
Partes del expediente
- Reynalda Luz Jiménez Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista; la certificación anterior y apareciendo que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en Vigor, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de uno de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distritos; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes ni tomos que devolver, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Visto, el oficio signado por el Juez Primero en Materia Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 32/2018, con número de orden 45/2018, deducida del juicio de amparo en que se actúa, misma que se envió a efecto de que el actuario judicial de su adscripción, notificara personalmente a la parte quejosa +++, el contenido íntegro del proveído de uno de febrero de dos mil dieciocho, por las razones que ahí expone. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones enviadas. Atento a lo anterior, a efecto de no dejarlo en estado de indefensión, notifíquesele el proveído de referencia, así como los subsecuentes, aun las de carácter personal, por lista de estrados, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de febrero de dos mil dieciocho. Vista la razón que antecede realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, de la que se advierte que no ha sido posible notificar el auto de uno de febrero de dos mil dieciocho, a la parte quejosa por si o por conducto de quien legalmente la represente, por las razones expuestas. ..., gírese atento despacho al Juez del Ramo Civil en Turno del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, para que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda, notifique íntegramente el presente proveído a la quejosa; así como del diverso de uno de febrero del año en curso, y le requiera para que dentro del término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le harán por lista que se publica en los estrados de este juzgado.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Reynalda Luz Jiménez Ruiz, por propio derecho, contra actos de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 118/2018-I, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo y a la siguiente tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." De lo anterior se explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del análisis de la demanda, la quejosa aduce que promueve el juicio de amparo indirecto por propio derecho, aduciendo ser titular de un interés legítimo, reclamando la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Seguridad Interior Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, específicamente los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 26 y 30, con motivo de su entrada en vigor. Manifiesta que se encuentra legitimada para acudir a esta vía de amparo, toda vez que con la vigencia de la norma general que reclama, se priva su derecho humano a la libertad de manifestación, de expresión, de reunión, por cuanto no están claros los conceptos de seguridad interior, amenaza a la seguridad interior, uso legítimo de la fuerza, inteligencia para la seguridad interior y acciones de seguridad interior, además de otorgar amplias facultades la Presidente de la República para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior. Ahora bien, es conveniente hacer referencia a la norma impugnada, para poder establecer si existe afectación al interés jurídico de la quejosa. El artículo 2° de la ley reclamada, permite salvaguardar la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno e instituciones, y desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional; de igual manera que comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional. Respecto al numeral 4 señala qué debe entenderse por amenazas a la seguridad interior, riesgo a la seguridad interior, declaratoria de protección a la seguridad interior e inteligencia para la seguridad interior. Por lo que hace al numeral 9, establece que la información que se genere será considerada de seguridad nacional. En lo atinente al numeral 11, establece las autoridades que podrán identificar, prevenir, atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior, así como cuando podrá intervenir la Federación. En lo atinente al artículo 16, hace referencia a las acciones inmediatas a tomar. Respecto del artículo 26, señala que las autoridades federales llevaran a cabo acciones de seguridad interior a fin de identificar, prevenir y atender riesgos, las cuales son de carácter permanente. Finalmente, el numeral 30 señala quienes desarrollaran actividades de inteligencia y que podrán hacer uso de cualquier medio lícito de recolección de información, con pleno respeto a los derechos humanos. Como se puede observar, tales numerales regulan la protección de los derechos humanos por parte de la federación, las entidades federativas y municipios frente a riesgos y amenazas, al ejercer actividades de prevención y beneficio de la población en general. Expuesto lo anterior, respecto al acto reclamado, se advierte que en el presente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dado que no afecta el interés legítimo de la quejosa, en atención a las siguientes consideraciones: Resulta necesario precisar que el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en el artículo 5 fracción I, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, en su fracción I, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Del contenido de los preceptos trascritos, se obtiene que como requisito de procedencia del juicio de amparo, el quejoso debe acreditar tener interés jurídico o legítimo, individual o colectivo, salvo para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en cuyo supuesto, el quejoso deberá necesariamente, aducir ser titular de un derecho subjetivo que lo afecte de manera personal y directa, situación ésta última que no se actualiza en el caso específico, toda vez que únicamente se requiere el interés legítimo. El interés legítimo solo se puede invocar, tratándose de normas generales o actos, de autoridades que no sean tribunales; se actualiza cuando el gobernado sin contar con un derecho subjetivo que le permita una acción judicial para exigirlo, por la afectación que tiene a un derecho constitucional, o por el reconocimiento que la propia ley de la materia le otorgue podrá reclamarlo. A mayor abundamiento, mediante el interés legítimo se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad; es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen; sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado. Esto es, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad; es decir, una lesión objetiva a la persona derivada de la aplicación de la ley. Con base en las anteriores premisas, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que la quejosa carece de interés jurídico o legítimo en función de su situación particular frente a la Ley de Seguridad Interior, cuya declaración de inconstitucionalidad pretenden generar a través de este juicio de amparo. En efecto, en el caso, no se advierte que la quejosa forme parte de un grupo vulnerable o exista una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, con la ley impugnada para reconocer el interés legítimo, sin esperar al acto de aplicación. Ello es así pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, esto es la oposición a la norma. Pues para que exista un interés legítimo para impugnar una norma por razón de una afectación de estigmatización, es necesario reunir los siguientes requisitos: 1) Se combata una norma de la cual se extraiga un mensaje perceptible objetivamente -aunque no cabe exigir que sea explícito, sino que puede ser implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, la historia de discriminación, etcétera, que simplemente permitan afirmar al quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma. No será requisito exigir al quejoso acreditar un acto de aplicación de la parte dispositiva de la norma que regule el otorgamiento de beneficios o la imposición de cargas. 2) Se alegue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación sospechoso, en términos del artículo 1 constitucional, del cual, se insiste, el quejoso es destinatario por pertenecer al grupo identificado por alguno de esos elementos -origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas-. 3) Finalmente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del mensaje. Lo cual en el caso no acontece, ya que la quejosa persigue un interés general como el de todos los ciudadanos del país, pues la Ley de Seguridad Interior se aplicará en todo el territorio nacional, sin que se advierta que esté destinada a un grupo de personas en particular. En efecto, resulta evidente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple, similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables; sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos de la quejosa; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio para la accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica de la promovente de amparo. Lo anterior permite concluir desde este momento, que la promovente guarda una situación genérica, no especial frente al orden jurídico en cuestión (la Ley de Seguridad Interior), es decir, su situación es simplemente igual a la de todos los gobernados a nivel nacional, estatal y municipal, de manera que no existe un interés particularmente distinto o diferenciado entre el entorno personal de la quejosa y el resto de la población, en relación con la sola entrada en vigor de dicha norma. De ahí que aparte de no generarle un perjuicio, la norma general reclamada beneficia a todos. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad como lo pretendes la promovente, pues de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto o norma general, y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA. Esta Primera Sala ha determinado que, de manera excepcional, pueden encontrarse en el ordenamiento jurídico normas generales heteroaplicativas, identificables así por su estructura normativa interna, que no obstante, generan una afectación de tal gravedad para nuestra democracia constitucional, que pueden identificarse como autoaplicativas, por lo que debe tenerse por acreditado el interés legítimo para impugnarlas. El primero de este tipo de normas corresponde al de aquellas que son estigmatizadoras, es decir, aquellas que con independencia de que establezcan contenidos condicionados a un acto de aplicación, terminan por proyectar un mensaje discriminatorio contra ciertos sujetos, que resienten una afectación generada por la parte valorativa de la norma, al incluir criterios vedados por el artículo 1o. constitucional. Un segundo tipo de normas en este supuesto, corresponde a aquellas que se erigen como barreras de acceso al debate público o que inhiben la propia deliberación pública, entendiendo que las condiciones normativas para la generación óptima de esta última se encuentran constitucionalmente protegidas, en tanto que son condiciones de existencia de un espacio público sin el cual un gobierno democrático de naturaleza deliberativa no sería posible. La afectación que producen este segundo tipo de normas no es generada por su parte valorativa, sino por sus repercusiones sobre la apropiada preservación de canales de expresión e intercambio de ideas que deben mantenerse abiertos, por ejemplo, estableciendo impedimentos, requisitos u obligaciones, aún de abstención, que obstaculicen el desenvolvimiento de las personas en el debate público, especialmente cuando se refieran al discurso político o a quienes se dedican a informar. Ante este segundo tipo de normas, lo relevante para el juzgador no es determinar si la norma impugnada trasciende en la esfera jurídica del quejoso desde la perspectiva de los actos de aplicación requeridos para su materialización, sino la afectación generada a los canales de deliberación pública. INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIGMATIZADORAS. Los significados son transmitidos en las acciones llevadas por las personas, al ser producto de una voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen, ya que no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es especialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio contra un sector discriminado se sustenta en una compleja red de leyes y normas que regulan los intercambios de las personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la sociedad independientemente de la eficacia de determinados contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discriminación no sólo se puede resentir cuando la norma regula directamente la conducta de un grupo vulnerable, sino también mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a construir un significado social de exclusión o degradación, que si bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulnerable como destinatarios, los efectos de su aplicación mediante la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala estima que junto a la afectación material o tradicional que puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras palabras, el estigma por discriminación puede ser una afectación expresiva generada directamente por una norma, la cual comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectaciones materiales secundarias, con motivo de la puesta en práctica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embargo, lo relevante es que independientemente de las partes heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afectación de estigmatización por discriminación generada directamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. Cabe precisar que este tipo de afectación no diluye el concepto de interés legítimo en interés simple, pues no puede considerarse como un estigma la afectación ideológica que produce una ley en ciertos miembros de la población en general, ni permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposición a la norma. La afectación por estigmatización es una afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disidencia ideológica a una ley, generable por un mensaje tachado de discriminatorio por la utilización de una de las categorías sospechosas establecidas en el artículo 1o. constitucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que se determina mediante la derivación de entendimientos colectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve y la historia de los símbolos utilizados. Por tanto, resulta innecesario admitir una demanda de amparo, que con independencia de los elementos que se alleguen durante el juicio, no podrá superar esa ausencia o insuficiencia del perjuicio que el acto genera en la circunstancia de los promoventes. Tiene sustento lo anterior, la tesis siguiente: INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional. En conclusión, los quejosos carecen de un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí que se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, porque carecen de interés jurídico y legítimo. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia del siguiente rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En las relatadas consideraciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, por notoria improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Reynalda Luz Jiménez Ruiz, contra acto del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia, de texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso.
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