Reyna karina Martínez López
Expediente 173/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna karina Martínez López
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias que adjuntaron las autoridades responsables como complemento a su informe de ley, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En razón a que los actos reclamados en este asunto han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ahora bien, mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el veintidós de febrero del año en curso, REYNA KARINA MARTÍNEZ LÓPEZ, promovió juicio de amparo indirecto contra actos del Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades, consistentes en: ".DEL DELGADO EN MICHOACÁN Y DEL EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 83, AMBOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo: A.- LA DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA QUE ME HA SIDO PROPORCIONADA Y QUE PONE EN PELIGRO MI SALUD. B.- LA OMISIÓN DE PRACTICARME LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE NEFRECTOMÍA DE MI RIÑÓN DERECHO, ASÍ COMO EL RETIRO DE CATÉTER EN EL RIÑÓN IZQUIERDO Y DE CALCULO EN EL MISMO RIÑÓN IZQUIERDO. DE LA JEFA DE CIRUGÍAS DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 83 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, RECLAMO: A.- LA OMISIÓN DE PROGRAMAR FECHA PARA QUE ME SEA PRACTICADA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE NEFRECTOMÍA DE MI RIÑÓN DERECHO, ASÍ COMO EL RETIRO DE CATÉTER EN EL RIÑÓN IZQUIERDO Y DE CALCULO EN EL MISMO RIÑÓN IZQUIERDO.". Es importante señalar que, para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de practicar a la quejosa una intervención quirúrgica de nefrectomía de riñón derecho, así como el retiro de catéter en riñón izquierdo y de cálculo en el mismo riñón izquierdo. Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables allegaron a este juicio de amparo, como complemento a su informe justificado, entre otras cosas, se advierte lo siguiente: 1.- Hoja de resultados de diversos estudios clínicos preoperatorios practicados a la quejosa, de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho (foja 55). 2.- Consentimiento bajo información para la realización de procedimientos quirúrgicos otorgado por la quejosa el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho (foja 69). 3.- Hoja frontal de ingreso de la quejosa al Hospital General de Zona Número 83, en esta ciudad, de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, a la especialidad de urología (foja 52). 4.- Nota de egreso de urología de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho (foja 76 vuelta). De igual manera, al rendir su informe justificado las autoridades responsables manifestaron lo siguiente: "..En primer término, conviene hacer mención que las autoridades que represento han brindado la atención médica que ha solicitado la quejosa, tal y como se encuentra acreditado dentro de los autos que integran el presente juicio de amparo, con las documentales que se adjunta al presente informe, así como las que fueron adjuntadas al rendir el informe dentro de la suspensión de plano decretada por ese H. Juzgado. Acotado lo anterior, tenemos que en el presente caso se actualiza la causal da improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo en vigor, en virtud de que ha cesado el acto señalado como reclamado por la quejosa, puesto que si el acto reclamado se hizo consistir en la supuesta deficiente atención médica y la negativa a llevarle a cabo intervención quirúrgica de nefrectomía y retiro de catéter, de las notas médicas que se adjuntan al presente informe se advierte que este Instituto; 1. En todo momento otorgó el servicio médico solicitado; 2. Que en fecha veintiséis de febrero del presente año se solicitaron nuevamente estudios de laboratorio de control y se le hizo del conocimiento la carta de consentimiento bajo información, ya que se le practicaría intervención quirúrgica de nefroctomía derecha, firmando de conformidad la ahora quejosa dicha carta de consentimiento bajo información; del mismo modo, la ahora quejosa firmó la autorización, solicitud y registro de intervención quirúrgica, 3. Que el veintisiete de febrero se le practicaron los estudios de laboratorio indicados en la nota descrita en el punto anterior; 4. Que en fecha uno de marzo del dos mil dieciocho ingresó al Hospital General de Zona número 83, con la finalidad de ser intervenida quirúrgicamente, llevándose a cabo dicho procedimiento y dándola de alta hospitalaria al segundo día, manejándose como plan o tratamiento a seguir el uso de antibióticos, analgésicos y cuidados de sonda Foley" (foja 50 vuelta). Lo anterior, pone en evidencia que en el caso particular cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo. Esto es, porque al estar demostrado que el uno de marzo de dos mil dieciocho, ingresó al hospital General de Zona número 83, con la finalidad de ser intervenida quirúrgicamente, llevándose a cabo dicho procedimiento y dándola de alta hospitalariamente al día siguiente, manejándose como plan o tratamiento a seguir el uso de antibióticos, analgésicos y cuidados de sonda Foley, es evidente que quedaron destruidos en todos sus efectos los actos de omisión reclamados, ya que éstos consistían precisamente en la omisión de proporcionarle atención medica, lo que hizo desaparecer la situación que tenía como si se hubiera otorgado el amparo. Por consiguiente, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. ...
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...Agréguese el oficio sin número, signado por la Apoderada Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación del Delegado Regional de Michoacán, Director del Hospital General de Zona No. 83 y Jefa de Cirugías del Hospital General de Zona No. 83, todas del Instituto Mexicano del Seguro Social; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene rendido el informe justificado que les fue solicitado, con lo cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, se tiene a las citadas autoridades adjuntando como complemento a su informe de ley copias de las constancias relativas al acto reclamado. ...
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...Agréguese el oficio sin número, signado por....mediante el cual informan que se programó cita para la quejosa.....
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Vista la demanda de garantías promovida por REYNA KARINA MARTÍNEZ LÓPEZ, contra actos del Delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de la materia, SE ADMITE la demanda de garantías, por los actos que hace consistir en: ".DEL DELGADO EN MICHOACÁN Y DEL EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 83, AMBOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, reclamo: A.- LA DEFICIENCIA EN LA ATENCIÓN MÉDICA QUE ME HA SIDO PROPORCIONADA Y QUE PONE EN PELIGRO MI SALUD. B.- LA OMISIÓN DE PRACTICARME LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE NEFRECTOMÍA DE MI RIÑÓN DERECHO, ASÍ COMO EL RETIRO DE CATÉTER EN EL RIÑÓN IZQUIERDO Y DE CALCULO EN EL MISMO RIÑÓN IZQUIERDO. DE LA JEFA DE CIRUGÍAS DEL HOSPITAL GENERAL ZONA 83 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, RECLAMO: A.- LA OMISIÓN DE PROGRAMAR FECHA PARA QUE ME SEA PRACTICADA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA DE NEFRECTOMÍA DE MI RIÑÓN DERECHO, ASÍ COMO EL RETIRO DE CATÉTER EN EL RIÑÓN IZQUIERDO Y DE CALCULO EN EL MISMO RIÑÓN IZQUIERDO.". Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 173/2018. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Ahora bien, como la quejosa señala como acto reclamado destacado la omisión de proporcionar el acceso al derecho y protección a la salud, por no otorgarle el tratamiento necesario para el padecimiento que aduce tener, lo que pone en riesgo su integridad física y salud. En mérito a lo anterior, y atendiendo a que los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las condiciones de salud, y que toda persona tiene derecho de protección a la salud, conforme a las modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud; con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, los actos que impliquen riesgo en la salud de la quejosa REYNA KARINA MARTÍNEZ LÓPEZ, que puedan poner en peligro su vida, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. En el entendido de que atendiendo al derecho humano contemplado en el mencionado artículo 4° constitucional y a la complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades responsables, en el ámbito que a ellas les corresponde, deberán otorgar a la citada quejosa el tratamiento médico y medicamentos necesarios para preservar su vida, de acuerdo a la enfermedad que padece, esto en atención a la valoración de la urgencia que se realice. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis I.7o.A.316 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1880, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.". Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano, apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado, el cual deberán rendir dentro del término de quince días contados a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por la autoridad responsable. En el entendido de que en caso de no rendir informe se presumirá cierto el acto reclamado y se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte, serán sancionados en los términos que el artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a la autoridad responsable informe a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciban provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se le requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la promovente ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que adjunta a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presunciones en su doble aspecto legal y humana, pruebas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Téngase a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, en las oficinas que ocupa la Delegación Morelia del Instituto Federal de Defensoría Pública ubicadas en Avenida Camelinas número 3550, tercer piso, colonia Club Campestre en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Santiago Orozco Valencia, Olivia Benítez Reyes y Alejandro León Cortés, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 1069 del Código de Comercio, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales números 2267698, 1843984 y 2700974, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para imponerse de los autos a Cipriano Rodrigo Sandoval Villanueva, Norma Guillén Tinoco, Laura Iliana Valladares Vega, Diana Guadalupe Guerrero Aguilar y Olga Cleopatra Ramos Nava. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otro lado, en términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentren y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negaren a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a la autoridad que en su caso les revista el carácter de tercero interesado, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberá hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que la autoridad responsable acuse recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE.
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