Reyes Mejía Jiménez

Expediente 1050/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1050/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
11/01/2022

Partes del expediente

  • Reyes Mejía Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintidós. Agréguese el oficio número 153/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo 1050/2021-V, y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de seis de enero de dos mil veintidós, firmado electrónicamente, dentro del recurso de queja civil número 204/2021, interpuesto por el quejoso ..., en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno; asimismo, comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Ahora bien, y toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente original al Tribunal de Alzada, está integrado por copia íntegra del juicio en que se actúa, de lo que se sigue que resulta innecesario que éstas se glosen al presente expediente, por lo que únicamente se agregaran aquellas constancias que en original obren en dicho cuaderno. Finalmente, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte promovente que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 4497/2021, suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el acusa recibo del oficio 20992, por el que se rindió el informe correspondiente y se remitió el original del escrito de queja, así como el juicio de amparo 1050/2021-V, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso..., en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó su demanda de amparo, mismo que admitió y registró con el número 204/2021; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que la quejosa, no realizó manifestaciones en relación a las constancias remitidas por la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Mediante sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ...En auto de cuatro de julio de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso ..., interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de mayo del propio año. Mediante auto de tres de diciembre de dos mil veinte, se recibió el oficio número 2769, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual remitió el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de dos de julio de dos mil veinte, dentro del amparo en revisión civil 180/2019, así como los autos originales del juicio de amparo número IV-49/2019, mediante el cual resolvió: "PRIMERO: SE REVOCA LA SENTENCIA RECURRIDA. SEGUNDO: La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ..., en contra del acto que reclamó del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, descrito en el resultando primero de este fallo. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria." Auto en el que además, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, la concesión del amparo fue para el efecto de que el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: ". para el efecto de que el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, deje insubsistente la sentencia reclamada y requiera al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, para que le remita las constancias faltantes en el testimonio de apelación que sí habían sido señaladas y exhibidas por el apelante, hecho lo cual, emita una nueva sentencia, resolviendo con plenitud de jurisdicción lo que conforme a derecho corresponda." El Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante oficio número 61, presentado el veintiséis de febrero del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, adjuntó copias certificadas del auto de veintitrés del citado mes y año, en el que dejó sin efectos la resolución pronunciada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho en el toca de apelación número I-342/2018, que confirmó la interlocutoria que declaró procedente el incidente de liquidación de gastos y costas promovido por el aquí tercero interesado dentro del juicio ordinario civil número 232/2014, sobre acción plenaria de posesión promovió el aquí quejoso frente al tercero interesado. Mediante oficio número 440, presentado el diecisiete de mayo del presente año, en la Oficialía de Partes de este Juzgado; a través del cual remitió testimonio autorizado de la nueva resolución emitida el trece de mayo de dos mil veintiuno en el toca de apelación número I-342/2018, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, dentro del juicio de amparo en revisión 180/2019, del cual se advierte, en especial, de su punto resolutivo quinto, que requirió al a quo las constancias que fueron indicadas en la aludida ejecutoria, mismas que recibió el cinco de mayo del año en curso, a fin de estar en aptitud legal de emitir la resolución correspondiente, asimismo, de sus considerandos y puntos resolutivos, que con libertad de jurisdicción, resolvió el recurso de apelación referido. Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veinticinco de febrero del año en curso, dictó un auto en el toca de apelación número I-342/2018, en el que dejó sin efectos la resolución pronunciada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, y el trece de mayo de la presente anualidad, una vez recabadas las constancias que le fueron indicadas por el tribunal colegiado, con libertad de jurisdicción, emitió nueva resolución en el citado toca; de ahí que se tenga por cumplida la ejecutoria de que se trata. Una vez que transcurra el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, a efecto de que alguna de las partes en el presente asunto interponga, de ser su deseo, recurso de inconformidad en contra del presente proveído, provéase lo relativo al archivo de este expediente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo y/o resolución de fecha nueve de noviembre dos mil veintiuno, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el escrito signado por el quejoso .., mediante el cual cumple con la prevención formulada en proveído de tres de noviembre del año en curso. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "La resolución dictada el día 20 veinte de octubre del año en curso, dentro del juicio sumario civil 155/2012, relativo al interdicto para retener la posesión que tengo promovido en contra del tercero interesado.". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa hace valer como acto reclamado la resolución de veinte de octubre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ario de Rosales, Michoacán, dentro del juicio sumario civil 155/2012, a través de la cual resolvió revocar el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, a través del cual le dijo que se estuviera a lo acordado en el diverso de siete de abril de la misma anualidad, este último en el cual se acordó que la Actuaria adscrita a dicho Juzgado, realizara la diligencia de ejecución siguiendo las reglas del Título Décimo Primero Capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para ahora ordenar la ejecución forzosa, ordenando que el embargo se volviera a practicar, en la hora y fecha que señalara la Actuaria adscrita al juzgado responsable, para su verificativo; de lo que se sigue que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama, aunado a lo anterior, que no se advierten alguna causa que obstaculice la ejecución forzada, o bien, su diligencia. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". Aunado a que, con la resolución reclamada tampoco se obstaculiza la ejecución de lo condenado, pues si bien es verdad se ordenó que el embargo en ejecución de sentencia se volviera a practicar, en la hora y fecha que señalara la Actuaria adscrita al juzgado responsable, no menos lo es que, el quejoso no se duele del señalamiento de una fecha remota para su verificativo, o de alguna situación análoga que impida la ejecución de lo condenado en el juicio de origen. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

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