Reyna Birzabeth Gómez Islas
Expediente 229/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reyna Birzabeth Gómez Islas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, RESPECTIVAMENTE, DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO FEDERAL, A LA PARTE QUEJOSA, EL(LA) ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN, DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL(LA) CUAL EN LO CONDUCENTE SEÑALA: Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número ..., signado electrónicamente por la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada ..., con número de serie ..., con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa a su oficio de cuenta, consistente en el juicio ordinario individual número ...; así como el disco óptico en formato DVD que contiene audio y video de la audiencia de preliminar, celebrada el doce de abril de dos mil veintitrés en la que las partes procedieron a firmar un convenio que fue elevado a la categoría de cosa Juzgada y con el cual se dio por terminada la contienda judicial. Lo anterior, de conformidad la jurisprudencia ..., emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Asimismo, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN TOMO de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista de la Secretaría al momento de resolver. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por ..., mediante la utilización de firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal ... con número de serie ...a nombre del citado apoderado, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, consistente en: A) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; la providencia cautelar de fecha 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. C) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de admisión de demanda de fecha 18 dieciocho de enero del año 2023 dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario oral laboral registrado con el número ... Demanda que fue desechada por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin embargo, con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa fue revocado mediante ejecutoria emitida en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, previa prevención, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fue admitida únicamente respecto de los actos reclamados que hizo consistir en: A) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; la providencia cautelar de fecha 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en esencia reclama: a) El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se dictó providencia cautelar. b) El proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual, se decretó la inscripción de la parte actora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo, ello así, en razón a que de las constancias remitidas por la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, se desprende que en el procedimiento del que emana el acto reclamado en este asunto, ha operado un cambio de situación jurídica. Así, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. Sobre esa base, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/96 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. Así, se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. En efecto si bien es cierto el quejoso reclama los acuerdos de treinta de enero y nueve de febrero de dos mil veintitrés, en los que se dictaron providencias cautelares, siendo la segunda la inscripción de la parte actora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante, en la celebración de la audiencia preliminar, que se llevó a cabo el doce de abril del año en curso, las partes llegaron a la fase de conciliación de la que se advierte que las partes dialogaron entre sí para llegar a un convenio, mismo que la Jueza aprobó y sancionó en todas y cada una de sus partes, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y ordenando el archivo correspondiente del juicio ordinario laboral individual 5/2023, del índice de la autoridad responsable. Así, en el juicio ordinario laboral individual 5/2023, la parte aquí quejosa ... y tercero interesada ..., celebraron convenio, el cual, se llevó a cabo el doce de abril de dos mil veintitrés ante la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, el cual al no controvertir disposiciones de orden público, la citada Jueza aprobó y sancionó el convenio, elevándolo a cosa juzgada e instruyó a la secretaria para archivar el expediente como asunto totalmente concluido, por lo que la constitucionalidad de los actos reclamados, ya no pueden examinarse en la medida que existe un cambio de situación jurídica, dado que la suerte de los involucrados se regirá ahora por lo determinado en la resolución que aprobó el convenio, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica. En efecto, existe un cambio de situación jurídica dado que derivado del referido convenio que se elevó a categoría de cosa juzgada las partes satisficieron sus pretensiones, por tanto, resulta innecesario analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en el presente juicio de amparo; y en consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia número ..., consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio número 393/2023, signado electrónicamente por la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia mediante la implementación de la Firma Electrónica Certificada (FIREL), con número de serie 706A6620636A6600000000000000000000028885, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se le tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa a su oficio de cuenta, consistente en el juicio ordinario individual número 5/2023; así como el disco óptico en formato DVD que contiene audio y video de la audiencia de preliminar, celebrada el doce de abril de dos mil veintitrés en la que las partes procedieron a firmar un convenio que fue elevado a la categoría de cosa Juzgada y con el cual se dio por terminada la contienda judicial. Lo anterior, de conformidad la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Asimismo, debido al volumen y para su mejor manejo, con tales constancias fórmese UN TOMO de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello, las cuales se ordena conservarlas por separado y tenerlas a la vista de la Secretaría al momento de resolver. Atento a lo anterior, como de los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por ..., mediante la utilización de firma electrónica certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL) con número de serie 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.36.35.33.36.32.39.36 a nombre del citado apoderado, promovió juicio de amparo indirecto en contra de la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, consistente en: ". A) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; la providencia cautelar de fecha 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. C) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de admisión de demanda de fecha 18 dieciocho de enero del año 2023 dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario oral laboral registrado con el número 5/2023. .". Demanda que fue desechada por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, sin embargo, con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa fue revocado mediante ejecutoria emitida en sesión de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, previa prevención, en proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fue admitida únicamente respecto de los actos reclamados que hizo consistir en: ". A) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; la providencia cautelar de fecha 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social." Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que el quejoso en esencia reclama: a) El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se dictó providencia cautelar. b) El proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual, se decretó la inscripción de la parte actora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, en la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de las Ley de Amparo, ello así, en razón a que de las constancias remitidas por la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, se desprende que en el procedimiento del que emana el acto reclamado en este asunto, ha operado un cambio de situación jurídica. Así, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. [.]" El precepto transcrito establece la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de los actos que, por haber operado un cambio de situación jurídica, se consuman de modo irreparable; lo que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a su emisión. Sobre esa base, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2a. CXI/96 determinó que los requisitos que deben reunirse para que se actualice el cambio de situación jurídica, son los siguientes: a. Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado. c. Que no se pueda estudiar sobre la constitucionalidad de la actuación impugnada sin afectar la nueva situación jurídica en que se encuentra el quejoso, debiendo considerarse con ello irreparablemente consumadas. d. Que exista autonomía entre el acto de que se duele el quejoso y la nueva resolución, por lo que la situación jurídica que la última generó, pueda subsistir aun cuando desaparezca el primero. Así, se concluye que existe cambio de situación jurídica y, por ende, el juicio constitucional resulta improcedente, cuando la resolución que constituye el acto reclamado sea substituida por otra dictada con posterioridad en el mismo procedimiento, de tal suerte que no pueda efectuarse el estudio del acto impugnado sin afectar la nueva situación de derecho existente, independientemente de que se conserve o no sub-judice el negocio. En efecto si bien es cierto el quejoso reclama los acuerdos de treinta de enero y nueve de febrero de dos mil veintitrés, en los que se dictaron providencias cautelares, siendo la segunda la inscripción de la parte actora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social; no obstante, en la celebración de la audiencia preliminar, que se llevó a cabo el doce de abril del año en curso, las partes llegaron a la fase de conciliación de la que se advierte que las partes dialogaron entre sí para llegar a un convenio, mismo que la Jueza aprobó y sancionó en todas y cada una de sus partes, elevándolo a la categoría de cosa juzgada y ordenando el archivo correspondiente del juicio ordinario laboral individual 5/2023, del índice de la autoridad responsable. Así, en el juicio ordinario laboral individual 5/2023, la parte aquí quejosa Reyna Birzabeth Gómez Islas y tercero interesada Brenda Sarahí Sandoval Miguel, celebraron convenio, el cual, se llevó a cabo el doce de abril de dos mil veintitrés ante la Jueza Segundo en Materia Laboral de la Región Judicial con sede en Morelia, el cual al no controvertir disposiciones de orden público, la citada Jueza aprobó y sancionó el convenio, elevándolo a cosa juzgada e instruyó a la secretaria para archivar el expediente como asunto totalmente concluido, por lo que la constitucionalidad de los actos reclamados, ya no pueden examinarse en la medida que existe un cambio de situación jurídica, dado que la suerte de los involucrados se regirá ahora por lo determinado en la resolución que aprobó el convenio, por lo que las violaciones de las que pudiera adolecer el acto reclamado, ya quedaron irreparablemente consumadas, precisamente con ese cambio de situación jurídica. En efecto, existe un cambio de situación jurídica dado que derivado del referido convenio que se elevó a categoría de cosa juzgada las partes satisficieron sus pretensiones, por tanto, resulta innecesario analizar los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en el presente juicio de amparo; y en consecuencia, siendo esto así, es indudable que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, Tomo XVII Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Finalmente, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintitrés de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la audiencia incidental dentro del cuaderno de suspensión relativo al juicio de amparo 229/2023, en audiencia de derecho el licenciado LUIS FERNANDO ARREOLA VILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en unión del Secretario que autoriza licenciado Alejandro Ramos Saldaña, la declaró abierta, sin asistencia de las partes. El Secretario, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Amparo, hizo relación de constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de la demanda de amparo, así como con el oficio número 392/2023, remitido vía correo electrónico por la Jueza Segundo Laboral de la Región de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad. (R.E. 9331), a lo cual se acuerda: Agréguese el oficio número 392/2023, remitido vía correo electrónico por la Jueza Segundo Laboral de la Región de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene rendido el informe previo que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia que el aludido oficio ha sido previamente certificado por la Secretaria de este Juzgado Federal, acorde con el ordinal 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia y al criterio que aparece publicado en la página 245, del tomo XI, del mes de abril de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VIA FAX VALOR PROBATORIO DE LOS.- Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si estos son certificados por el funcionario competente". Ahora bien, cabe precisar que no es obstáculo para la celebración de la presente audiencia, que en este momento se estén recibiendo los informes a que se hace alusión, lo que tiene apoyo en la jurisprudencial P./J. 119/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 22, tomo XII, diciembre 2000, Novena Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta que establece: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. Si se toma en consideración que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad y que el artículo 131 de la Ley de Amparo exige que la audiencia incidental se celebre dentro del plazo de setenta y dos horas con informe o sin él, es inconcuso que no procede diferir aquélla, si el Juez de Distrito da cuenta con dicho informe durante la celebración de la audiencia, tanto más si las autoridades responsables al rendir su informe niegan la existencia del acto reclamado, en virtud de que en la propia audiencia, los quejosos están en aptitud de ofrecer las pruebas documental y de inspección ocular tendentes a desvirtuar dicha negativa, lo que no produce la indefensión de aquéllos, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, último párrafo, de la ley de la materia, las partes pueden objetar en cualquier tiempo el contenido del informe previo." Atento a lo anterior, téngase por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario certifica que únicamente las ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda y que obran dentro del presente incidente, con lo cual se concluye dicho periodo. A continuación se procede a abrir la etapa de alegatos, y el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por tanto, se declara cerrada dicha fase. Con lo anterior, se da por terminada la presente audiencia y a continuación se procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 229/2023, promovido por ******************** apoderado jurídico de la parte quejosa ********************, contra actos de la Jueza Segundo Laboral de la Región de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad; y, C O N S I D E R A N D O: I. Demanda de amparo. La parte quejosa en su escrito de demanda señaló como autoridades y actos reclamados: "A) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; la providencia cautelar de fecha 30 treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social." II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar en forma clara y precisa los actos reclamados en el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente. Así, la parte quejosa reclama: Jueza Segundo Laboral de la Región de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad. El acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, en el que se dictó providencia cautelar. El proveído de nueve de febrero de dos mil veintitrés, a través del cual, se decretó la inscripción de la parte actora ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. III. En principio, conviene señalar que para determinar la procedencia de la suspensión, de acuerdo con la técnica jurídica, debe estudiarse primeramente la certeza de los actos reclamados o los efectos o consecuencias combatidos; enseguida, si la naturaleza de dichos actos permite su paralización, después, si se satisfacen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo; por último, si es necesaria la exigencia de alguna garantía ante la existencia de terceros interesados, o bien alguna medida de efectividad. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 199, volúmenes 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, TÉCNICA QUE DEBE SEGUIRSE EN EL ESTUDIO DE LA. Por razón de técnica en la suspensión definitiva del acto reclamado, deben analizarse, por su orden, las siguientes cuestiones: a) Si son ciertos los actos reclamados o los efectos y consecuencias combatidos (premisa). b) Si la naturaleza de esos actos permite su paralización (requisitos naturales). c) Si se satisfacen las exigencias previstas por el numeral 124 de la Ley de Amparo (requisitos legales); y d) Si es necesaria la exigencia de alguna garantía, por la existencia de terceros interesados (requisitos de efectividad)." IV. La autoridad responsable, Jueza Segundo Laboral de la Región de Morelia, Michoacán, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo manifestó que son ciertos los actos reclamados, sin embargo, también informó que el doce de abril del año en curso, se celebró la audiencia preliminar dentro del juicio de origen, en la cual, las partes convinieron y se dio por terminada la contienda judicial, por lo que el asunto se encuentra totalmente concluido,en tal virtud, se queda sin materia para resolver este incidente de suspensión, pues en el caso no existe materia sobre la cual decretarla. Por lo expuesto y fundado en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE DECLARA SIN MATERIA EL PRESENTE NCIDENTE DE SUSPENSIÓN respecto de la autoridad responsable y actos reclamados en el presente asunto, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por ...poderado jurídico de la parte quejosa, mediante el cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de uno de junio de dos mil veintitrés; consecuentemente, con fundamento en los artículos 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 108, 110, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de amparo, contra actos del Juez Segundo Oral Laboral de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por los actos que hace consistir en: "[.] B) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de fecha 09 nueve de febrero del año 2023 dos mil veintitrés, en la cual se decretada la inscripción de la tercera interesada ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. C) DEL JUEZ SEGUNDO ORAL EN MATERIA LABORAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACÁN; El auto de admisión de demanda de fecha 18 dieciocho de enero del año 2023 dos mil veintitrés, dentro del juicio ordinario oral laboral registrado con el número 5/2023.". Por tanto, dése vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley. Fórmese por separado y sólo en original el incidente de suspensión por haberse solicitado, ello de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid 19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de Amparo, requiérase a la autoridad señalada como responsable su respectivo informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días contado a partir del momento en que reciba el oficio en el que se le solicita, por escrito o en medios magnéticos, en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar, en su caso, las constancias en que se hayan basado para emitir el acto, o copia certificada legible y completa de las mismas, en el entendido que en cualquiera de dichos supuestos, deberán estar debidamente foliadas, rubricadas y entreselladas por las autoridades responsables. En el entendido, de que en caso de no rendir el informe se presumirá cierto el acto reclamado y se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la Materia. En la inteligencia, de que si al momento de rendir su informe justificado, afirmaran una falsedad o negaran la verdad en todo o en parte, serán sancionados en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Es aplicable en lo que aquí interesa, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, publicada el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato". Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo en consulta, solicítese a las autoridades responsables informen a este juzgado de Distrito, si dentro del expediente del que deriva el acto reclamado, la parte quejosa o alguna otra persona, aun tercera extraña al procedimiento de origen, promovió diverso juicio de garantías, o bien, si tienen conocimiento de alguna causa que diera lugar al sobreseimiento del presente juicio, para lo cual, en ese caso, deberá exhibir las constancias que la acrediten; requerimiento que se hace extensivo a las demás partes del juicio, bajo apercibimiento de que en caso de que cualquiera de las partes que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 251 de la Ley en consulta. Para la celebración de la audiencia constitucional se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Infórmese a las autoridades responsables que no deberán acusar recibo de los oficios que reciba provenientes de este juzgado, sino sólo de aquellos en los que expresamente se les requiera para que lo haga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como pruebas de la parte quejosa las documentales que adjuntó a su escrito inicial de demanda y a su escrito aclaratorio, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva En términos de los artículos 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en materia de amparo se les dirijan, ya sea en sus oficinas, en su domicilio o en el lugar donde se encuentre y desde ese momento la notificación surte sus efectos legales; si se negare a recibir tales oficios, el funcionario correspondiente hará del conocimiento del encargado de la oficina respectiva que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de ello subsistiera la negativa, dicho funcionario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; todo lo anterior sin perjuicio de imponer, al dictar sentencia, una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, a la autoridad responsable que, por sí o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, conforme lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo en vigor. Por otra parte, con fundamento en los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se hace saber a la autoridad que se señala como responsable y a las autoridades que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estimen necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menos trascendentales se notificarán por lista, en la inteligencia de que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se comunicarán por oficio las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencias de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las que a criterio del suscrito se estimen relevantes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad de razón, visible en la página 1253, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar" Hágase saber a la autoridad responsable que para rendir su informe deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde VÍA FAX, TELEGRAMA o CORREO ELECTRÓNICO, ya no es necesario rendirlo vía postal, (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), asimismo, no es indispensable que las autoridades responsables acusen recibo de los autos por los cuales se difiera la celebración de la audiencia constitucional. Así también, dígase a la autoridad responsable que si desean rendir su informe justificado vía fax o correo electrónico, podrán hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese.
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