Reyes Mejía Jiménez

Expediente 434/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
434/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • Reyes Mejía Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste.MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que, de la certificación secretarial que antecede, se desprende que transcurrió el término de tres días de que disponía la parte quejosa para recoger las copias de su demanda de garantías, sin que lo hiciera; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y, por tanto, SE ORDENA LA DESTRUCCIÓN DE LAS MISMAS. CÚMPLASE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del dieciocho al veinticuatro de mayo del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase al promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    .En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala:

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por REYES MEJÍA JIMÉNEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el dispositivo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, que disponen respectivamente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En la especie, la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en: "la resolución dictada el día 7 siete de mayo de 2018 dos mil dieciocho con el título "AUTO QUE DECIDE RECURSO DE REVOCACIÓN", dentro del juicio sumario civil número 155/2012 del índice del Juzgado mixto de primera instancia de Ario de Rosales, Michoacán.". Previo al estudio de la causal señalada, es preciso destacar que por regla general, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la sentencia. Sin embargo, existen excepciones a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. Así, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, a saber: a) Actos que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución y, b) Actos en ejecución de sentencia, sólo que se trate de la última resolución dictada en esa etapa de ejecución. Por lo que hace al inciso a), son actos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, esos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto del inciso b), el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Aunado a lo anterior, de manera excepcional, el amparo procede contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado, a la luz de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Lo anterior, conforme a lo señalado en la jurisprudencia 1a./J. 19/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". Dicho criterio ha sido emitido bajo la justificación de que su objeto es evitar abusos en la interposición del juicio de garantías, así como la obstaculización del procedimiento en la etapa de ejecución de la sentencia, la cual, por razón de interés público, no puede entorpecerse o dilatarse por mandato expreso y categórico del artículo 17 constitucional. Precisado lo anterior, en la especie la parte quejosa hace valer como acto reclamado la resolución de siete de mayo de dos mil dieciocho, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia de Ario de Rosales, Michoacán, dentro del juicio sumario civil número 155/2012, a través del cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la actora, aquí quejosa, en contra de la determinación del Juez responsable de no notificar a la parte contraria el auto de doce de abril de la presente anualidad, en el que se fijó la fecha para la ejecución de la condena impuesta en su contra, así como el derecho que le fue concedido con preferencia para pagar lo condenado, o bien, para el señalamiento de los bienes para su embargo; de lo que se sigue que dicho acto no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, según lo previsto en el último párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, dado que, en su caso, viene a ser aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siendo hasta ese momento cuando el inconforme esté en aptitud legal de impugnar los actos que ahora reclama. Sirve de sustento a lo anterior la tesis, aplicada por identidad de razón, publicada en la página 1262, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, correspondiente al mes de Octubre de 1999, Materia Común, Novena Época, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia.". Es así, porque si bien es verdad que el acto reclamado se dirige a lograr el cumplimiento de lo condenado en el juicio natural, también es cierto que todavía faltan otros actos que -sin ser la última resolución- serán tendentes a lograr el cumplimiento de aquella. De igual forma, el acto aquí reclamado tampoco se ubica dentro de los casos de excepción a la regla contenida en la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo en vigor, relativo a los actos de imposible reparación ejecutados dentro de la etapa de ese procedimiento, que generan una afectación inmediata a los derechos sustantivos de la quejosa. En efecto, si bien es cierto que a través del acto reclamado dictado en el procedimiento de ejecución de sentencia, la autoridad responsable negó notificar a la parte contraria a la quejosa el derecho que le fue concedido para pagar lo condenado, o bien, para el señalamiento de los bienes para su embargo, también lo es que dicho acto no afecta de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural y que por ello se deba excepcionalmente aplicar por analogía el citado precepto legal; es así, si se toma en consideración que el acto reclamado, es consecuencia jurídica de la sentencia que se emitió dentro del juicio natural, lo que en modo alguno constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, ni impide el pago de lo condenado en dicha instancia. Tiene aplicación a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia número P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, tomo XXXIII, correspondiente al mes de Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida Morelos Sur, número 721, Centro, en esta ciudad. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, se tiene a la parte quejosa manifestando que no es su deseo que sus datos personales se incluyan en la publicación del presente acuerdo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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