Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado

Expediente 1460/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1460/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia firmada el treinta de agosto de dos mil veintidós, se realizó a la parte quejosa y tercera interesada, el día treinta y uno de agosto siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la sentencia señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el fallo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable. Siendo que en relación a la autoridad señalada como responsable, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión en contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la autoridad en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiéndose remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, adjuntándoles para tal efecto, copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió la suspensión definitiva solicitada; acorde con lo dispuesto en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20 del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que el presente sumario coincide en su totalidad con el expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 1460/2022-V-A, promovido por REYES PAULINO GUTIERREZ MALDONADO, contra el acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, Yucatán; y ANTECEDENTES PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado el nueve siguiente este Juzgado Segundo de Distrito, compareció REYES PAULINO GUTIERREZ MALDONADO a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, Yucatán. SEGUNDO. Por auto de diez de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la que se registró con el número 1460/2022-V-A; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, esencialmente, en: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 481/2010 de su índice y sus consecuencias. TERCERO. Certeza del acto. Son ciertos los actos reclamados a las responsables, pues no obstante lo negaron, hicieron manifestaciones de donde se desprende su existencia, lo que se corrobora en el contenido de los mismos. Cobra aplicación, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-Julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Se destaca que la hipótesis de improcedencia hace referencia a la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias legales o materiales ha desaparecido, sin que exista posibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando en la esfera de derechos de la parte quejosa al ya no existir su objeto, por lo que no es factible que dicho acto afecte al peticionario de amparo, lo cual puede deberse incluso a causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, y en ese contexto, la protección constitucional que en su caso se concediera carecería de efectos al no poder cumplir con su finalidad. En este orden, para fijar el alcance de la causa de improcedencia que se analiza, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan la procedencia a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a sus efectos y alcance y así trascender en una efectiva salvaguarda a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII anteriormente transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado. O bien, no tendría efecto jurídico alguno la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna susceptible de reparación en la esfera de derechos del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. En ese sentido, como ya se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 481/2010 de su índice y sus consecuencias. Ahora bien, de las constancias que anexó la Jueza responsable a su informe justificado, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: Que mediante escrito de veinticinco de agosto de dos mil diez, la persona moral Caja la Asunción, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de sus endosatarios en procuración, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Reyes Paulino Gutierrez Maldonado, como deudor principal, y Claudia Ivone Pérez Ramayo y Rosenda Rita Maldondo Quiñones, como avales, a quienes reclamó el pago de diversas prestaciones. Por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diez se admitió a trámite la demanda y se comisionó al actuario realice el emplazamiento de los demandados, así como les efectuara el requerimiento de pago. En diligencia de veintitrés de septiembre de dos mil once se llevó a cabo el emplazamiento de Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado, en donde se le requirió de pago y quien manifestó que no pagaba, por lo que la parte actora señaló como propiedad para embargar como del demandado, la camioneta marca Ford, tipo pick up, F-150, color azul, con placas de circulación YP-21-747 del Estado de Yucatán. Seguido el juicio ejecutivo mercantil en sus diversas etapas, mediante sentencia de veinte de enero de dos mil catorce, la Jueza declaró procedente el juicio y condenó a los demandados a pagar a la parte actora la cantidad de treinta mil pesos, sin centavos, moneda nacional, en concepto de capital, los intereses ordinarios al tipo pactado y los intereses moratorios, así como al pago de gastos y costas. Escrito de diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por medio del cual, la parte actora se desistió de la acción y de la prosecución de la ejecución de la sentencia única y exclusivamente respecto del demandado Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado, aquí quejoso. Por acuerdo de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por desistida a la parte actora respecto del demandado Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado. De lo anterior se desprende que si bien se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, al juicio ejecutivo de origen, en el que incluso se dictó sentencia, se advierte que la parte actora con posterioridad, se desistió de la acción intentada en su contra, así como de la ejecución de la sentencia. Lo anterior, pone de manifiesto que aun subsistiendo el acto reclamado, los efectos del mismo no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, pues se reitera, con independencia de la legalidad del emplazamiento que le fue efectuado, dicha circunstancia, se vio superada con el proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por desistida formalmente a la parte actora respecto del demandado, aquí quejoso. Luego, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando el emplazamiento reclamado subsiste, el objeto o materia del mismo ha dejado de existir al haberse desistido la parte actora respecto del demandado Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado. En ese sentido, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir su finalidad, pues resulta inconcuso que el objeto o materia del emplazamiento que por esta vía constitucional reclamó la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara su constitucionalidad, lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse, ya que el objeto del amparo sería para que se le realizara un debido emplazamiento al juicio ejecuto mercantil de origen, el cual ya no existe jurídicamente. De ahí que al haberse desistido en el juicio de origen respecto del demandado, aquí quejoso, deviene inconcuso que aun subsistiendo el emplazamiento reclamado, sus efectos han desaparecido de la esfera jurídica de la parte demandada, aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXlV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por REYES PAULINO GUTIERREZ MALDONADO, en contra de los actos reclamados a Juez Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, ambos con sede en Progreso, Yucatán por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama de la Jueza Primero Mixto y de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuaria de su adscripción, ambas con sede en Progreso. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diez de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir esencialmente en: La falta de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 481/2010 de su índice, y sus consecuencias. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán (promoción 15238) y actuaria de su adscripción (promoción 15478), pues aunque lo negaron al rendir su informe previo, hicieron manifestaciones que evidencian su existencia. TERCERO. Primeramente, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado por la parte quejosa, pues deviene incuestionable que resulta necesario atender dicha característica, a efecto de determinar si pueden ser o no paralizados. En razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado. Hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación relativa, así como de la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Amparo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, por lo que ve a la suspensión definitiva solicitada, en relación con los actos reclamados, atendiendo a su naturaleza, debe estimarse, que se tratan de actos consumados con efectos positivos, por lo que contra la emisión de los actos, es improcedente la suspensión, al ser dicha cuestión un aspecto que tendrá que analizarse al resolverse el fondo del asunto; sin embargo, al tener efectos positivos, es sobre éstos que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223638, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el juicio de amparo se pronuncie." Por tanto, en cuanto a los efectos y consecuencias del acto reclamado que se traducen en la orden de embargo emitida en autos del juicio ordinario civil 481/2010 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Progreso, es sobre lo que deberá hacerse el pronunciamiento respectivo, en cuanto a la procedencia o no de la suspensión definitiva. Por tanto, previamente a determinar la procedencia o no de la suspensión, se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. Ahora bien, en el caso, el primero de los requisitos previstos en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo queda colmado, ya que la medida suspensional fue solicitada expresamente por la parte quejosa, y para acreditar su interés indiciario, se tienen las manifestaciones del quejoso realizadas bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda y con lo informado por las responsables, respecto a que es parte demandada en el juicio de origen 481/2010. Tiene aplicación al caso la tesis aislada, sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, visible en la página 352, Volumen 217-228, Sexta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 246970, cuyo rubro y texto dicen: "INTERES JURIDICO PARA LA SUSPENSION PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, también se colma este requisito en virtud de que el acto que se reclama, incide básicamente sobre intereses particulares de la parte quejosa, quien se duele de todo lo actuado en el juicio ejecutivo ordinario civil 481/2010 del índice del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Progreso, derivado del ilegal emplazamiento. Por tanto, con relación a los efectos y consecuencias del referido acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 128 y 147 de la citada Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión definitiva que solicita la parte quejosa, para el efecto de que no se materialicen los efectos de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil 481/2010, esto es, si los bienes que se ordenaron rematar pertenecen al quejoso, una vez llevado a cabo el remate, no se ordene la escrituración y entrega de los mismos, hasta en tanto se resuelva por sentencia ejecutoria el juicio principal del que derivan estos autos; sin que lo anterior implique paralizar el procedimiento de ejecución por ser de orden público. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se CONCEDE a Reyes Paulino Gutiérrez Maldonado, la suspensión definitiva de los actos que reclama de la Jueza Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuaria de su adscripción, ambas con sede en Progreso, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, en contra de la sentencia de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo; medio de impugnación que se admitió bajo el número de toca 234/2022, del índice de la Superioridad. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

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