Reyes Martin Arceo Acevedo

Expediente 1066/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1066/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/08/2023

Partes del expediente

  • Reyes Martin Arceo Acevedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el memorial de cuenta signado por el quejoso Reyes Martín Arceo Acevedo, mediante el cual solicita la devolución del documento que acompañó a su escrito de demanda de amparo. En consecuencia, no habiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvasele el documento que solicita, haciéndolo por el conducto que señala, debiendo recabarse la constancia correspondiente a su entrega. Finalmente, y en atención al contenido del memorial de cuenta, téngase como autorizados en términos restringidos a las personas que señala, para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con el licenciado Guillermo Bacab Pech, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de veinte de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de julio de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el memorial de cuenta signado por la parte quejosa Reyes Martín Arceo Acevedo; con el que, en cumplimiento a la prevención que se le hizo en acuerdo de diez de julio del año actual, aclara que promueve el presente asunto por propio derecho; escrito al que acompaña copias suficientes para correr traslado a cada una de las demás partes. DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, ténganse por desahogado dicho requerimiento y con la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se tiene a Reyes Martín Arceo Acevedo, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Encargada de la Jefatura del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de junio de esta anualidad. DESECHAMIENTO. Ahora bien, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto tiene la obligación de examinar ante todo las demandas que le sean presentadas para que, en el evento de encontrar causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que los actos reclamados, no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, y por ello procede el desechamiento de la demanda. Así se tiene que la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6°que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, los numerales 5, fracción I, y 6° de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107 fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61 fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada y/o quien lo represente legalmente, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad o la representación legal que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Lo anterior es así, pues generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta el interés jurídico de la parte quejosa, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." En este orden de ideas, se afirma que en la especie se actualiza la apuntada causa de improcedencia invocada de oficio, ya que en el caso, si bien Reyes Martín Arceo Acevedo suscribió el memorial de cinco de junio del año en curso, dirigido a la Encargada de la Jefatura del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, en el que reiteró la solicitud de vacaciones a favor de una persona que dijo representar como Secretario General del ********************, de donde se destaca que el escrito de petición lo formuló bajo ese carácter que ostentó y no en lo particular; también es cierto, que el amparo lo solicitó en lo personal y no como Secretario General del referido sindicato. Por tanto, al haber manifestado en su escrito aclaratorio que promueve en nombre propio, no se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, a título personal, pues su petición, como ya se dijo, la realizó como Secretario General del ******************** y no por propio derecho; de manera que la circunstancia de que no se haya emitido una respuesta a él en lo personal no le causa un perjuicio; aunado a que tampoco acreditó el carácter de Secretario General pues las copias simples que exhibió no son aptas para tal efecto al carecer de certificación legal alguna y por su fácil confección que no permiten asegurar la realidad de su existencia jurídica. Sin perjuicio a lo anterior, debe decirse que el desechamiento decretado no implica que con la representación debidamente acreditada pueda promover una nueva demanda de amparo si aún persiste la violación, al ser de tracto sucesivo y no existir temporalidad para su reclamo, mientras subsista la misma. En tales condiciones, al no afectar los actos reclamados el interés jurídico de la parte quejosa, lo procedente es desechar la presente demanda. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5°, fracción I, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 113 de la invocada ley, en relación al acto reclamado a la Encargada de la Jefatura del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, si suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto eindudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente a la quejosa.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, se tiene a **************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Encargada de la Jefatura del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, que hace consistir en: La omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de junio de esta anualidad. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1066/2023-VII-A, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. PREVENCIÓN Ahora bien, a fin de estar en aptitud de acordar lo que legalmente corresponda en el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 108, fracción I, en relación con el 114 en sus fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído, aclare su demanda en los siguientes términos: Precise el carácter con el que promueve la demanda de amparo, pues en el proemio de la misma manifestó hacerlo por su propio derecho y en el petitorio primero "tenerme por reconocida la personalidad con la que me ostento"; aunado a que de la copia del oficio que exhibió como prueba, cuya omisión de proveer pretende reclamar en este asunto, se advierte que lo signó el aquí quejoso como "********************". En el caso de que promueva la demanda con el aludido carácter de Secretario General, deberá adjuntar a su escrito aclaratorio la documental que acredite tal representación. Sirve de apoyo la Jurisprudencia visible en la página 373, Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19-21, con los títulos de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES ILEGAL' y 'PODERES INSUFICIENTES POR OMISIÓN DE REQUISITOS AL DICTARSE LA SENTENCIA, NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no pueda analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuando para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." APERCIBIMIENTO Se apercibe al promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del plazo otorgado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del artículo 114 de La Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE COPIAS De igual manera, hágase saber a la parte quejosa, que deberá adjuntar las copias suficientes de su escrito aclaratorio de demanda para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma. Siendo que en el presente caso resultan necesarias tres, en virtud de que una es para la autoridad responsable, una para el tercero interesado y una para la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la contradicción de tesis 9/2000, entre las sustentadas por el Séptimo y Octavo Tribunales Colegiados, ambos en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 79, del Tomo XIII, del mes de abril, del año dos mil uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, misma que no se contrapone a las nuevas disposiciones de la actual legislación de la materia, cuyo rubro es del tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda de amparo y como autorizados a las personas que señala, pero con las limitaciones que establece dicho dispositivo en su parte final, hasta que acrediten estar debidamente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho; para lo cual, no sólo deberá proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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