Reyes Gaspar Hau Cen

Expediente 1163/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1163/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/06/2022

Partes del expediente

  • Reyes Gaspar Hau Cen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio el contenido de la página de internet "https://coronavirus.yucatan.gob.mx/noticia/6350", de la que se obtiene, en la parte conducente, que el Gobierno del Estado de Yucatán, a través del portal Coronavirus Yucatán, comunica que las Secretarías de Salud de Yucatán (SSY) y del Bienestar, a partir del veintiocho de junio al jueves treinta de junio de dos mil veintidós, aplicarán en esta ciudad de Mérida la primera dosis de la vacuna Pfizer pediátrica a menores de cinco a once años de edad, cuyos padres hayan promovido un juicio de amparo. Para el caso específico del poblado de Espita, Municipio del mismo nombre, del Estado de Yucatán, la jornada de vacunación se iniciará en las fechas ya indicadas, aplicando dosis pediátricas de la farmacéutica Pfizer, en la Casa de la Cultura de ese lugar. Mientras que, en la ciudad de Mérida, la vacunación de menores de cinco a once años de edad que cuentan con un juicio amparo, se llevará a cabo únicamente en el Hospital Militar Regional de Mérida en horario de 08:00 a 18:00 horas. Además, se señala que para la jornada de vacunación, los padres o tutores deberán presentar copia del CURP de la parte menor quejosa, acta de nacimiento, formato de vacunación impreso y la copia de la resolución del amparo. En esas condiciones, se ordena hacer del conocimiento lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de presentar a la parte menor quejosa oportunamente para la aplicación de la vacuna en los lugares ya indicados. Por ello, se ordena a cualquiera de los actuarios de la adscripción notificarle personalmente este proveído, a efecto de que a la brevedad posible, le sea aplicada la primera dosis de la vacuna a la parte menor quejosa en su formato pediátrico de la farmacéutica Pfizer. Asimismo, se le solicita a la parte amparista (tutor o tutora), que en el plazo de tres días posteriores a la aplicación de la vacuna de mérito, deberá hacer del conocimiento tal circunstancia a este órgano jurisdiccional, debiendo en lo posible, adjuntar el certificado de vacunación correspondiente, a fin de estar en aptitud de acordar lo conducente. Con el apercibimiento que de no informar al respecto, se le impondrá una multa de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Finamente, el presente proveído deberá ser notificado mediante oficio a las autoridades responsables, reiterándoles la instrucción de aplicar la vacuna a la parte menor quejosa, en cumplimiento a la medida suspensional concedida en los presentes autos, o bien, de conformidad con sus respectivas atribuciones, deberán coadyuvar de inmediato a lograr tal finalidad. Debiendo comunicar en el plazo de tres días contados a partir de que sean legalmente notificados del presente proveído, las acciones que hayan realizado para cumplir lo que se les ha instruido, remitiendo las constancias correspondientes en copia certificada. Apercibiéndoles que de no atender lo anterior, se les aplicará una multa de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100, moneda nacional), equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; la cual se impone en ese parámetro, toda vez que ya son varios requerimientos en materia de suspensión que se les han hecho, sin que los hayan atendido en sus términos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la resolución señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó el acuerdo de que se trata a las autoridades responsables foráneas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar los actos dictados por las autoridades responsables. Y en relación a dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que las responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un fallo en el que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, dado el sentido de la presente determinación, dese cuenta con copia autorizada de este auto en autos del incidente de suspensión derivado de este asunto, para que se acuerde lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintidós. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a este expediente el alegato ministerial de cuenta de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, el cual se reserva para ser tomado en consideración al dictarse sentencia en este asunto, en su caso. Asimismo, como solicita la representante social de la Federación, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídasele en su oportunidad, copia certificada de la sentencia a que se refiere, haciéndole entrega de la misma previo recibo que otorgue en autos. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto: agréguense a este expediente el oficio RAN/YUC/SR/DJ/1819/2022, signado por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, con sede en esta ciudad, así como el anexo que al mismo acompaña y mediante los cuales informa las acciones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo; de lo que se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Asimismo, manifiesta que en relación a la solicitud 3121000371, relativa al trámite de adopción del dominio pleno de la parcela 337 Z-2 P3/3 del Ejido de Yaxkukul, municipio de Yaxkukul, Yucatán, se materializó el título de propiedad 1005099 mismo que fue remitido mediante oficio RAN/YUC/ST/TCD/091/2022 desde el nueve de marzo del año en curso, al Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, sin que a la fecha dicha dependencia hubiese devuelto a la Delegación del Registro Agrario Nacional, en esta ciudad el título original remitido, así como tampoco ha entregado la documentación que ampare la asignación de nomenclatura catastral y del asiento registral correspondiente, a fin de que se entregue a la parte quejosa el título de propiedad correspondiente. Por ello, solicita se vincule al Director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Al efecto, no obstante que la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán, no fue señalada como autoridad responsable en el presente asunto, en atención a lo informado por la autoridad oficiante, requiérase a dicha oficina registral, para que dentro del ámbito de sus funciones, cumpla con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es, para que proceda a realizar los trámites correspondientes al registro e inscripción del título de propiedad 1005099 relativo al trámite de adopción del dominio pleno de la parcela 337 Z-2 P3/3 del Ejido de Yaxkukul, municipio de Yaxkukul, Yucatán y lo devuelva inmediatamente a la autoridad remitente. Lo que deberá informar a este Juzgado Federal dentro del plazo de tres días, enviando para tal efecto las copias certificadas completas y legibles de los documentos que apoyen su dicho. Para lo cual, acompáñese al oficio que se dirija al Instituto requerido, copia simple del oficio y anexos de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, con los que se dio cuenta en este proveído. Se apercibe a la autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria, que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo señalado, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, correspondiente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En apoyo de lo anterior, por analogía cabe citar la tesis de jurisprudencia 178, visible en la página 145, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registrada con el número 917,712 del IUS Intranet, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." También es aplicable la tesis relacionada en quinto lugar con la jurisprudencia 735, visible en la página 1208, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO, AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, TIENEN OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS ACTOS QUE REQUIERA SU EFICACIA. Todas las autoridades, aunque no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, y para que el fallo constitucional logre vigencia real y eficacia práctica." Por otra parte, toda vez que en el propio oficio la autoridad responsable informa que en relación a las solicitudes 31210000372 y 31210000370, se generaron los títulos de propiedad 1005098 y 1005100 que amparan las parcelas 212 Z3 P1/3 y 287 Z 1 P3/3 ambas del Ejido de Yaxkukul, municipio de Yaxkukul, Yucatán, expedidos a favor del quejoso, mismos que ya se encuentran disponibles para su entrega, procediendo a hacer del conocimiento la fecha agendada para tal efecto (doce horas con treinta minutos del quince de junio de dos mil veintidós). En atención a lo anterior, como una medida tendiente a agilizar el cumplimiento de la ejecutoria del amparo por parte de la responsable, atendiendo a que aquella señala, que es del conocimiento público, que esa dependencia no cuenta con notificadores, por lo que a fin de que la justicia sea pronta y expedita tal y como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a este órgano jurisdiccional, se sirva dar vista a la parte quejosa, en relación a la cita que agendó en el Centro de Atención al Público (CAT) de esa Delegación, para la entrega a la parte quejosa de los documentos correspondientes. Lo anterior, a fin de que se constituyan los interesados en la fecha y hora señaladas, en el Centro de Atención al Público (CAT) de esa Delegación y pueda darse por notificado Ello, de conformidad a lo establecido en el artículo 62 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional. Por tanto, dese vista a la parte quejosa con lo informado, a fin de que acuda ante la responsable en la fecha y hora señaladas, a darse por notificado de los documentos respectivos y se le haga entrega de los mismos. Mediante oficio, comuníquese a la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo anteriormente determinado, para que sin mayores dilaciones, proceda a entregar a la parte quejosa los documentos de referencia; lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional en el propio plazo, debiendo adjuntar a su informe de mérito copia completa y legible de las constancias que acrediten ese hecho. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, apercíbase a la parte quejosa para que acuda de forma puntual, el día y hora señalados por la autoridad responsable a fin de que se les haga entrega de los documentos de mérito, pues de lo contrario, este órgano jurisdiccional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Lo anterior, pues el cumplimiento de las sentencias pronunciadas por este Juzgado Federal, en forma alguna puede encontrarse supeditado al proceder de las partes, pues únicamente se deberá velar porque las autoridades responsables den cabal cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de que se trate. Notifíquese y cúmplase.

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