Reyna Adriana Garcia Varguez
Expediente 852/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reyna Adriana Garcia Varguez
- C L F G
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada en este juicio el catorce de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, que en su punto resolutivo primero sobreseyó en el presente juicio de amparo, CAUSA EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previos los registros respectivos en el Libro de Gobierno relativo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada el cuaderno del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno de incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, inciso b), del acuerdo general relativo. Por lo tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción de ambos cuadernos, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación de los expedientes destruidos. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 852/2023-I-A, promovido por Reyna Adriana García Varguez, contra los actos que reclama de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el treinta de mayo de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Reyna Adriana García Varguez a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de siete de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa en: El acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, en la parte conducente por el que se decretó la medida provisional de régimen de convivencia, entre el señor ********************y la menor de edad de iniciales ******************** de identidad reservada, dentro del juicio ordinario familiar 10/2023. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 9575), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1ª. /J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 194697, visible en la página 13, Tomo IX (enero de 1999), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Sentado lo anterior, conviene precisar que la improcedencia en el juicio de amparo debe entenderse como una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si los actos reclamados son inconstitucionales o no, es decir, la actualización de una causal, provoca en el resolutor una limitación para el estudio y pronunciamiento de la cuestión de fondo que importa a la litis constitucional sujeta a su potestad, la cual como ya se dijo, debe analizarse aún de oficio, pues constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, además de obligatorio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El numeral transcrito establece que el juicio será improcedente, cuando el acto de molestia cese en sus efectos. Sobre ese tópico, ha sido criterio de los Tribunales Federales señalar que la mencionada improcedencia se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se presenta cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos. En tanto que el segundo, opera por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los actos reclamados, que se encontraban en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la tesis I.3o.C.92 K, bajo el número de registro 165870, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el caso, se reclama la parte conducente del acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, pronunciado por la juez responsable en el juicio de origen 10/2023, en la que se estableció una medida provisional respecto al régimen de convivencia a favor de ********************, respecto de su menor hija de iniciales ********************; las cuales habrían de desarrollarse en los términos siguientes: ".Ahora bien, con fundamento en los artículos 322 y 325 del Código de Familia del Estado, en ejercicio de las facultades concedidas por el artículo 79 del Código de Procedimientos Familiares, ambos ordenamientos vigentes en el Estado y anteponiendo el interés supremo de las niñas, niños y adolescentes por encima del de sus progenitores o de cualquier adulto involucrado en la contienda, tomando en cuenta que el menor involucrado tiene derecho a convivir y mantener relaciones directas con sus padres, para estrechar los lazos filiales y disminuir en la medida de lo posible los efectos negativos que la separación tenga sobre ella, ya que así se establece tanto en el preámbulo de la Convivencia Sobre los Derechos del Niño como en los artículos 8.1, 9.1 y 9.3 de dicha Convención; y no producir un menoscabo en la convivencia a que tiene derecho la referida menor de edad, con su padre JOSÉ MANUEL FLORES ONTIVEROS; en consecuencia, se fija la medida provisional respecto al régimen de convivencia a favor del antes nombrado con su hija menor, los días sábados y domingo de cada semana en un horario comprendido de las diez horas a las diecisiete horas, en el entendido de que el citado FLORES ONTIVEROS, pasará al domicilio donde habita la referida menor compañía de su madre, el día sábado a las diez horas, debiendo regresar a su hija menor a las diecisiete horas, y de igual manera el día domingo; dicha convivencia comenzará a partir del sábado inmediato a la notificación del presente auto, la cual se llevará a cabo siempre y cuando el padre de la menor se presente en estado conveniente; en este contexto, se reitera a las partes interesadas en este asunto, que su hija menor de edad, tiene el derecho de convivir con el padre que no tiene la custodia material, por lo que no se debe impedir la misma, ya que en las determinaciones de custodia y convivencia con hijos debe aplicarse el principio de igualdad y sólo por mandato judicial puede impedirse, suspenderse o limitarse aquellas de existir graves circunstancias que a juicio del juez pongan en riesgo la integridad de las niñas, niños y adolescentes, pues el derecho de los hijos de convivir con el progenitor que no tiene su cuidado, es imprescriptible, aun cuando los padres estén divorciados o separados, ya que tiene como finalidad favorecer el desarrollo emocional de la menor de edad; en tal virtud, se previene a las partes de este asunto para que todo el tiempo en que tengan consigo a su hija menor, procuren desempeñar el cuidado necesario y especial, con la finalidad de proteger la integridad física, emocional y espiritual de su hija, absteniéndose de propiciar conductas que los induzcan a tomar actitudes infundadas de rechazo o desprecio para con el padre o la madre." Sin embargo, mediante oficio 2454/2023, de fecha ocho de agosto de dos mil veintitrés (número de promoción 12472), la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar Turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, dentro del juicio de origen 10/2023, informó que emitió una diversa determinación el ocho del presente mes y año, en la cual modificó el régimen de visitas y convivencias previamente establecido en diverso auto de once de mayo de la anualidad que transcurre, para quedar como sigue: ". Ahora bien, atento el estado del presente asunto, así como las constancias que integran los autos, de conformidad con los artículos 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9° de la Convención Sobre los Derechos del Niño, toda vez que esta Autoridad se encuentra obligada a proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo al interés superior de la menor de edad hija de los contendientes, asimismo, por cuanto se advierte que la señora ********************señaló en su contrapropuesta de convenio, bajo protesta de decir verdad, que el ciudadano JOSÉ MANUEL FLORES ONTIVEROS, y la menor de edad ******************** de identidad reservada, al ser un padre ausente no ha generado lazos paterno-filiales con esta, solicitando que las visitas se lleven a cabo en el Centro de Convivencia Familiar del Estado; en ese orden de ideas, se modifica el régimen provisional decretado en proveído de fecha once de mayo del año en curso; por lo que, se establece que la citada menor de edad convivirá, con su padre el citado FLORES ONTIVEROS, en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, por un período de tres meses, los días sábados y domingos, en un horario comprendido de las diez hasta las doce horas, siempre y cuando el progenitor se encuentre en estado conveniente y la salud de su hija menor lo permita, únicamente dentro de las instalaciones de dicho Centro y bajo la supervisión del personal de Trabajo Social designado al efecto por la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado, debiendo aquella, rendir a esta Autoridad un reporte circunstanciado de las visitas supervisadas, de acuerdo a sus atribuciones, cuidando que exista un periodo gradual de adaptación, coadyuvando para que la mencionada menor de edad, adquiera confianza con su progenitor y se sienta segura en su presencia, privilegiando interacciones de juego que a su vez generen posibles expresiones de efecto, previo al restablecimiento total de sus relaciones paterno-filiales; y una vez concluido dicho periodo, previo informe positivo del Centro de Convivencia Familiar del Estado, se proveerá lo conducente respecto al régimen de convivencia. Hágase saber a la señora ********************que deberá presentar a su hija de identidad reservada, en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, ubicado en la calle diecisiete letra "C", diagonal, número cuatrocientos sesenta y cuatro por treinta y seis y treinta y cuatro del Fraccionamiento Juan Pablo II (antes CENDI 6 del ISSTEY), de esta ciudad de Mérida, Yucatán; los días y horas antes señalados, dentro de un periodo de tres meses, siendo el primer sábado y domingo el inmediato siguiente al que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, asimismo, se exhorta al señor JOSÉ MANUEL FLROES ONTIVEROS, que se presente de forma puntual a las instalaciones del multicitado Centro, apercibiéndolo que de no llegar dentro de los primeros treinta minutos de la hora señalada para el inicio de la convivencia supervisada a que tiene derecho, éste será suspendida, de conformidad con la fracción II del artículo 21 del Reglamento Interior en cita. Comuníquese esta determinación a la Coordinadora del Centro de Convivencia Familiar del Estado. Se hace saber las partes de este asunto, que lo anterior se trata de una medida provisional que pudiera ser modificada en la sentencia definitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Familia para el Estado de Yucatán; es decir, pueden cambiar atendiendo a las circunstancias." Esto es, determinó que las visitas entre el progenitor ********************y su menor hija de iniciales ********************; debían ser supervisadas por el Centro de Convivencias Familiar del Estado de Yucatán, por un periodo de tres meses, los días sábados y domingos en un horario comprendido de las diez hasta las doce horas, únicamente dentro de las instalaciones de dicho centro y bajo la supervisión del personal de trabajo social designado por la coordinadora de dicho centro, comenzando el primer sábado y domingo inmediato siguiente al que surta sus efectos la notificación del citado acuerdo. En resumen, con la emisión de la determinación de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la jueza responsable modificó el régimen de convivencias reclamado, para el restablecimiento total de las relaciones paterno-filiales entre el padre con la menor de edad iniciales ******************** De ahí que se actualice el segundo de los supuestos en estudio, pues la actuación de once de mayo de dos mil veintitrés, aquí reclamado, dejó de surtir efectos, al haber sido sustituidas procesalmente por la diversa de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en la que, como ya se dijo, modificó el régimen de convivencias entre el progenitor ********************y su menor hija de inicial ********************; por tanto, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados, al haber sido sustituidos procesalmente por otros. Por tanto, si con la emisión de la determinación de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la jueza responsable modificó el régimen de convivencias establecido en auto de once de mayo de la presente anualidad, es evidente que los efectos de los actos reclamados cesaron, dado que, con su emisión, desaparecen las consecuencias que se generaban en la esfera jurídica de la parte quejosa con el proveído reclamado, pues será la determinación de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la que rija las referidas convivencias. En esas condiciones, resulta infructuoso estudiar la constitucionalidad de unos actos que ya no inciden en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo, al ser materialmente sustituido por una diversa determinación judicial. Situación que por sí misma no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, ni la deja en estado de indefensión, pues se insiste que será lo establecido en el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintitrés, la que rija la forma en que deben realizarse las convivencias entre el progenitor ********************y su menor hija de iniciales ********************. Orienta a lo anterior, por su contenido, la Tesis I.2o.P.4 K (10a.), bajo el registro 2013461, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2546, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, enero de 2017, Tomo IV, de la Décima Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." En tales condiciones, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al surtirse las causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con la fracción V del diverso 63 del ordenamiento legal en cita. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en contra del acto que reclamó de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del Turno Vespertino del Primer Departamento del Estado de Yucatán, con en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la audiencia constitucional en el juicio de amparo 852/2023-I-A se llevó a cabo a las once horas con once minutos del diez de julio de dos mil veintitrés, por lo que dicho juicio de amparo se encuentra en estudio para su resolución. En ese sentido, con el fin de no dejar pendiente promoción por acordar, fórmese cuadernillo de antecedentes para atender el oficio signado por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, del turno vespertino, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa a este Juzgado Federal que en auto de ocho de agosto del año en curso, modificó el régimen de provisional decretado el once de mayo pasado, y estableció que la menor aquí quejosa ********************convivirá con su padre ********************, en la modalidad de visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar del Estado de Yucatán, por un período de tres meses, los días sábados y domingos, en un horario comprendido de las diez a las doce horas, siempre y cuando el citado ********************se encuentre en estado conveniente y la salud de la infante lo permita. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Una vez emitida la sentencia definitiva, glósese a los autos del expediente principal el presente cuadernillo formado con motivo del escrito de mérito. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 852/2023-I-A, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ******************** R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En el correspondiente escrito de demanda, ********************, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó de la Jueza Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo de siete de junio de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno principal, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento, tiene verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa, el acto que la parte quejosa reclama es: El acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, por el que se decretó la medida provisional de régimen de convivencia, dentro del juicio ordinario familiar 10/2023. SEGUNDO. Certeza de los actos. Son ciertos los actos reclamados a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad (número de promoción 9576), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe previo. TERCERO. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, debiendo tomar en consideración la naturaleza del acto reclamado, que en la especie se trata de uno de carácter consumado con efectos positivos, por tanto, aun y cuando ya se haya emitido, respecto de sus consecuencia sí es posible que sea objeto de la medida cautelar, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En el caso, se considera colmado el primero de los presupuestos, ya que el quejoso sí solicitó la medida cautelar en la demanda de amparo. Luego, en relación con el segundo de los requisitos, que es que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de interés público, no se colman en la especie. Al respecto, debe decirse que en el artículo 129 de la citada Ley de Amparo se enumeran los supuestos ejemplificativos de los casos en que se generan perjuicios al interés social, o bien, se contravienen disposiciones de orden público, entre ellos, destaca por estar relacionado en el presente asunto un menor, lo previsto en la fracción VIII. Asimismo, de conformidad con el párrafo final del citado numeral: "El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." Acorde a lo expuesto, para conceder o negar la suspensión del acto reclamado, habrá de apreciarse de forma integral tanto la naturaleza de éste, como los elementos y factores que hayan intervenido en el entorno en que se emitió; de manera que si la parte quejosa solicitó la suspensión, ésta deba ser otorgada, a fin de preservar la materia del amparo, siempre que con la concesión de la medida no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, lo anterior determinado, en los casos en que la naturaleza del acto lo permita, mediante el análisis ponderado que realice el órgano jurisdiccional de amparo, de la apariencia del buen derecho y del interés social; y en los casos en que los efectos del acto reclamado trasciendan a la situación del menor de edad, atendiendo también a que se sigue perjuicio al interés social cuando, de concederse la suspensión, se afecten intereses del menor. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que establezca la propia Constitución. Asimismo, conforme a lo señalado en la parte conducente del artículo 4° Constitucional: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Esto es, el Estado, a través de sus instituciones, entre ellas, las de administración de justicia, debe velar porque se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, mediante la realización de los actos que en el ámbito de su competencia garanticen, en forma plena, los derechos del menor; esos derechos son los que aseguren su desarrollo integral, tales como alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Al efecto, una forma de lograr un desarrollo integral y sano del menor es mediante el respeto de su derecho a no ser separado de sus padres, y cuando esta separación sea necesaria, mediante la adopción de las medidas y decisiones que le garanticen la permanencia en el apego al vínculo familiar, siempre ponderando el interés superior de éste y salvo los casos en que lo anterior sea perjudicial para el menor. De igual manera, en congruencia a lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el órgano jurisdiccional de amparo, al resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, habrá de tomar en cuenta las manifestaciones que hayan formulado las partes, especialmente la parte quejosa (y el tercero interesado, en su caso), así como considerar el acto en forma valorada-concreta, con la apreciación de los medios de prueba que, en su caso, se hubiesen rendido, para de esa forma advertir, de haberla, la existencia de algún riesgo para el menor de edad y, en consecuencia, resolver en justo balance con las disposiciones y criterios aplicables, priorizando la decisión que salvaguarde el interés superior del menor. Bajo esa óptica, si en el caso concreto, el acto reclamado consiste básicamente en el acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario familiar 10/2023, que promovió José Manuel Flores Ontiveros, en la parte que determinó fijó un régimen convivencia con su hijo menor de edad ********************, lo que se trata de una determinación judicial que tiene la presunción de legalidad y de que fue emitida con base al interés superior del nombrado menor, hasta en tanto no se demuestre lo contrario; y que no está evidenciado en autos, al menos de manera presuntiva, que de ejecutarse el acto se actualizará un riesgo real en relación con su bienestar, desarrollo y salud; ya que si bien es verdad que la menor no ha convivido con su padre en estos últimos años, de las constancias enviadas por la responsable, se advierte que con anterioridad sí lo hacía de manera recurrente y que a decir del hoy tercero interesado, se suspendió las convivencias por causas ajenas a su voluntad. De manera, que el hecho de reactivar las mismas, no iría en perjuicio de la menor. En efecto, el acto que impugna la quejosa es el acuerdo que determinó la convivencia entre su padre con su hijo menor, y de suspenderse tal acto, es claro que ello podría ir en perjuicio del menor, pues precisamente, se parte de la premisa de que la resolución judicial, en la forma que fue dictada, es tendente a proteger el desarrollo psicológico del menor. Por tanto, la suspensión definitiva del acto reclamado debe negarse, pues de esa manera no se entorpece el cumplimiento de esa determinación judicial, ya que se atiende al interés superior del menor al procurarle el beneficio que genera la convivencia con su progenitor, que deberá seguir, aunque sea de forma provisional. Efectivamente, corresponde negar la suspensión definitiva de dicho acto con base en el mayor beneficio para el interés superior del menor, pues la determinación judicial reclamada tiene la presunción de legalidad y de haberse emitido en aras del interés superior del infante. Máxime que la procedencia o improcedencia de la suspensión del acto reclamado no depende de los argumentos que al respecto viertan las partes, sino de la existencia y naturaleza del acto reclamado y de la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; sin que tal negativa de la medida cautelar en modo alguno implique prejuzgar sobre el fondo del asunto, porque ese estudio corresponde hacerlo en el cuaderno principal. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ********************, por propio derecho y en representación de su hijo menor de edad ********************, la suspensión definitiva del acto reclamado de la autoridad responsable Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado del turno Vespertino, con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. Notifíquese y cúmplase.
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