Reyes Alberto Herrera Aranda
Expediente 1006/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 27 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1006/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 23/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Reyes Alberto Herrera Aranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el telegrama de la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en Valladolid, Yucatán, sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento alguno en relación con su contenido, toda vez que mediante acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se ordenó el archivo definitivo en este juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Licenciado ROGELIO EDUARDO LEAL MOTA, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Karlos David Moreno Sequera, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el ocho de abril de dos mil veintiuno, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. De igual manera, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1006/2020-IV-A, promovido por REYES ALBERTO HERRERA ARANDA, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y remitido el día siguiente a este Juzgado Federal por razón de turno, compareció REYES ALBERTO HERRERA ARANDA, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la siguientes autoridades: ORDENADORAS. 1. JUEZ PRIMERO DE CONTROL DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN, CON SEDE EN VALLADOLID. EJECUTORAS. 2. FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 3. DIRECTOR DE LA AGENCIA MINISTERIAL INVESTIGADORA. 4. SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. 5. DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. 6. FISCAL INVESTIGADOR DEL MINISTERIO PÚBLICO CON SEDE EN TIZIMÍN, YUCATÁN 7. AGENTES DE LA POLICÍA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 8. AGENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previa reanudación y diferimientos tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37, de la Ley de Amparo, 48, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." La orden de aprehensión, detención, presentación, captura o medio de apremio girado en su contra; y su ejecución. TERCERO. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables Fiscal General de Justicia (2), Director de la Agencia Ministerial Investigadora (3), Secretario de Seguridad Pública (4), Director de la Policía Estatal de Investigación (5), agentes de la Policía Estatal de Investigación (7), agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (8), todos del Estado, con residencia en esta ciudad y Fiscal Investigador del Ministerio Público, con domicilio en Tizimín, Yucatán (6). Lo anterior, pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus correspondientes informes justificados por conducto del Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por ausencia del Fiscal General (2), encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación (3, 5, 7), Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública (4 y 8), todos del Estado, con sede en esta ciudad, Fiscalía Investigador de la Unidad de Atención y Determinación de la Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público del Fuero Común (6), con residencia en Tizimín, Yucatán, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna tendente para desvirtuar dichas negativas. De igual manera, la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán (1), también señaló que los actos reclamados, consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, presentación, captura o medio de apremio libradas en contra del quejoso no existen. Sin que la parte quejosa hubiese aportado medio de convicción alguno que evidenciara su existencia, por lo que así debe tenerse para los efectos legales conducentes. Cabe precisar que la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, después de negar los actos, refirió que al efectuar una revisión minuciosa en el libro de gobierno de ese órgano jurisdiccional advirtió que existe la carpeta administrativa 62/2020, radicada en contra del quejoso y otra persona, por el hecho que se le ha atribuido y que constituye el delito de ROBO DE GANADO MAYOR COMETIDO EN PANDILLA, en la que el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Agencia Décimo Quinta del Ministerio Público: Licenciado Fernando Pacheco Noh, mediante escrito de esa misma fecha, solicitó se fijara fecha y hora para realizar la formulación de la imputación relativa, por lo que en proveído de veinte de noviembre del año en cita se accedió a su pretensión, fijándose las diez horas del siete de diciembre de dos mil veinte para tal efecto. Asimismo, se observa de las constancias que remitió la juez de Control responsable, acordadas en auto de once de marzo de dos mil veintiuno, a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se advierte que el aquí amparista acudió a la citación que le fue realizada para la audiencia de mérito, misma que después de ser desahogada en todas sus fases y habiendo formulado la representación social la imputación de los hechos al implicado, solicitó su vinculación a proceso, a lo cual, al darle la vista relativa, el acusado aquí quejoso, pidió a la juzgadora de origen que procediera en ese momento a resolver su situación jurídica, lo cual le fue concedido. Así, una vez escuchadas las partes en sus respectivas intervenciones, a las diecisiete horas con cuarenta y siete minutos de ese día siete de diciembre de dos mil veinte, se decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra REYES ALBERTO HERRERA ARANDA y diversa persona, por los hechos probablemente constitutivos del delito ROBO DE GANADO MAYOR COMETIDO EN PANDILLA, previsto y sancionado por el artículo 339, en relación con el diverso 165, ambos del Código Penal del Estado, denunciado por Susano López Rosado y Saúl Amado Saidén Medina. Lo cual evidencia en mayor grado que los actos reclamados por el amparista consistentes en las órdenes de aprehensión, detención, presentación, captura o medio de apremio libradas en su contra, no existen, pues a lo mucho sólo se emitió un citatorio para la formulación de la imputación; el cual no se dictó en los términos que señala el quejoso, como restrictivo de la libertad, por lo no se puede equiparar a los señalados como actos reclamados. Cabe precisar que la regulación de la citación a esa audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. En esas condiciones, se reitera, los actos reclamados por el quejoso son inexistentes y, por tanto, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio por falta de materia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que la parte no hizo manifestación respecto del derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 215 y 217 de la referida Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por REYES ALBERTO HERRERA ARANDA, en contra de los actos precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando quinto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio remitido por la Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán, en el que en cumplimiento al proveído dictado el veintiocho de enero de dos mi veintiuno, remite copia certificada de las constancias relativas de la resolución de siete de diciembre de dos mil veinte, que guarda relación con la carpeta administrativa 62/2020, de su índice, asimismo, adjunta un disco versátil digital (DVD) que contiene el archivo de dicha resolución. Por tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexos de mérito, debiéndose relacionarse en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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