Renzo Mitchell Vidal Villanueva

Expediente 111/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
111/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/02/2023

Partes del expediente

  • Renzo Mitchell Vidal Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    mesa 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. El proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés [fojas 48 y 49], en el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 2 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En ese contexto, la suscrita Juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, procede decretar el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. No impide determinar lo anterior, que la demanda de amparo no haya sido ratificada por el citado quejoso, pues como se mencionó anteriormente, no se advierte que haya estado detenido ni privado de su libertad fuera de procedimiento. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VLLAHERMOSA, TABASCO, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. En ese contexto, la suscrita Juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, procede decretar el SOBRESEIMIENTO del juicio, de conformidad con el artículo la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. No impide determinar lo anterior, que la demanda de amparo no haya sido ratificada por el citado quejoso, pues como se mencionó anteriormente, no se advierte que haya estado detenido ni privado de su libertad fuera de procedimiento. Por lo que, no se trata del supuesto de desaparición forzada que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas al respecto. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA 2.- VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 111/2023-2. La parte quejosa señaló como autoridades responsables en esta ciudad a: Director de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco. Subdirectora Jurídica A y/o B de la Estación Migratoria dependiente del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Jefe de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad. Encargado y/o Titular y/o Jefe y/o Director Jurídico con sede en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. Por tanto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de la autoridad, por lo que en el presente juicio de amparo se tiene como responsable a la SUBDIRECTORA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA EN VILLAHERMOSA, TABASCO. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN A LOS ACTOS RECLAMADOS DETENCION E INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, ASEGURAMIENTO Y ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de ********************, de nacionalidad ********************, a fin de que cesen inmediatamente los actos consistentes en DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN, MALOS TRATOS, ASEGURAMIENTO Y ATAQUE A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de la garantía individual peticionada. En la inteligencia que el hecho que se ********************, de nacionalidad ********************, interno en las instalaciones de la Estación Migratoria Delegación Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad o en su caso en la Estación Migratoria Delegación Baja California, con sede en Mexicali, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues la autoridad responsable debe respetar los derechos humanos mínimos de la parte impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentra recluida suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Así también, se concede la suspensión de plano para que las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo en la que se afirmó que fue privado de su libertad por autoridades migratorias, para lo siguiente: Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que el referido impetrante no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. Se le requiera al quejoso para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde pueda ser localizado, el cual deberá encontrarse en esta ciudad o en la de Mexicali, Baja California, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esta ciudad. Se indique a la parte impetrante que no deberá abandonar la demarcación geográfica de esta ciudad o de la ciudad de Mexicali, Baja California, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera al quejoso en cita para que presente solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad del quejoso y se contraponga con lo aquí ordenado. Asimismo, le deberán hacer saber que tiene el derecho de ser asistido por las autoridades consulares de su país en caso de que así lo solicite. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra del precitado quejoso. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que los peticionarios de amparo fueran deportados o retornados a su país de origen, trayendo como consecuencia que se les ocasionara daños y perjuicios de difícil reparación, pues provocaría en ellos una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Lo anterior, en el entendido que, de conformidad con el artículo 111 de la Ley de Migración, deberán resolver la situación regular de la parte quejosa en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación. Y si bien la parte quejosa, manifiesta que no puede estar privado de su libertad, debe decirse que, en caso de estar sujeto a un procedimiento administrativo, para resolver su situación migratoria, deberá estar a lo previsto en la hipótesis antes mencionada. Ello, pues la suspensión no puede tener por efecto que dichas autoridades dejen de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". Por tanto, las autoridades administrativas se encuentran en aptitud de ejercer sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2002071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 27/2012 (10a.), página: 1168, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con dicho numeral, cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución. Ahora bien, de no proceder la libertad caucional, la suspensión no tendrá por efecto dejarlo en libertad, sino que se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena y queden las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; es decir, el quejoso continuará privado de su libertad, por lo que el estatus de interno y el régimen de vida penitenciaria que padece dentro de determinado reclusorio, constituye una circunstancia no comprendida en los alcances de la medida precautoria concedida. En esa tesitura, el hecho de que el quejoso quede a disposición del tribunal colegiado, debido al otorgamiento de la suspensión, no implica que dentro de las facultades de dicho órgano esté la de intervenir en los actos de disposición que en el ejercicio de sus atribuciones despliega la autoridad carcelaria y administrativa respecto de la persona del quejoso, hecha excepción del supuesto en que llegaran a realizar algún acto vinculado directamente con la ejecución de la pena, objeto de la suspensión. Consecuentemente, frente a actos propios de tales autoridades administrativas que determinan el traslado del condenado o cualquier otra medida que modifique su situación de recluso, no procede el recurso de queja por incumplimiento de la suspensión, sino el amparo indirecto, sujeto al principio de definitividad, o no, según el caso." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2013633, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: PC.I.P. J/28 P (10a.), página: 658, de título y texto: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. El acta de rechazo aludida constituye un acto administrativo derivado de un procedimiento de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual, no procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al no estar comprendido en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 15 y 126 de la Ley de Amparo, y, además, porque no pone en riesgo la vida, la integridad física, ni la libertad de la persona, en tanto que el extranjero es libre de regresar a su lugar de procedencia tan pronto como las condiciones fácticas lo permitan, sin más limitación que la de ingresar al territorio nacional; además, porque constituye un acto autónomo e independiente que encuentra sustento en el artículo 11 constitucional, que lo hace distinto de la deportación o expulsión, y bien puede atenderse a través de la suspensión ordinaria en el incidente correspondiente y conforme a la normativa aplicable." De igual modo, en su parte conducente, la diversa jurisprudencia de la Octava Época, con registro: 218415, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.2o. J/44, página: 63, de título y texto: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA. Tratándose de la suspensión de los actos reclamados en el juicio de garantías, no es razón suficiente para otorgarla el solo hecho de que se reclame, entre otros, la inconstitucionalidad de la ley o reglamento que exija el permiso o licencia para ejercer alguna actividad, pues, de suceder así, se estaría en el incidente de suspensión, decidiendo sobre la necesidad o no de contar con la licencia respectiva para la realización de esa actividad, lo que significaría resolver el fondo del asunto, tema que no puede abordarse en la materia suspensional. No basta, pues, impugnar la inconstitucionalidad de las disposiciones que reglamenten una actividad para obtener del órgano de control constitucional la suspensión, a efecto de seguir realizando esa misma actividad, pues esto sería tanto como, por medio de la medida suspensional, evadir el cumplimiento de disposiciones legales de orden público, que deben acatarse mientras no se decida lo contrario, y equivaldría a una sustitución del Juez de Distrito en facultades exclusivas de las autoridades administrativas, en contravención a la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, lo que resulta inadmisible para este tribunal." ACTO RELATIVO A LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO. Por otro lado, en relación a la petición del quejoso en el sentido de que se conceda el libre tránsito sobre el territorio mexicano; se NIEGA LA MEDIDA CAUTELAR; puesto que el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Empero, el ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República. Dicho precepto 11 es del tenor siguiente: "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." En el caso, la Ley de Migración, es la encargada de regular la política migratoria, con un enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. Las disposiciones de la Ley de Migración son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Por lo que al haber una disposición de orden público y de interés social, que regula la política migratoria, y por corresponder dicho acto jurídico administrativo a la autoridad migratoria, es de negarse la medida cautelar, por contravenir el requisito establecido en la fracción II, del artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: (.) II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." Lo anterior se determina de esta manera, reiterando que ya se concedió la suspensión de oficio y de plano respecto a los actos privativos de libertad, incomunicación y deportación, en términos de los numerales 126 y 160 de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a las autoridades responsables la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" COMISIÓN AL ACTUARIO JUDICIAL DE ESTA JURISDICCIÓN. En ese contexto, toda vez que del escrito de demanda se observa que el quejoso ********************, de nacionalidad ********************, pudiera encontrarse detenido en las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, se comisiona al actuario judicial de la adscripción de este juzgado, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable, y notifique la presente determinación a la referida parte quejosa; además, para que a través de sus sentidos, dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentre, y la fecha en que ingresó a la estación migratoria, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requiera al aludido quejoso, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta: Manifiesten SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. EXHORTO Toda vez que el promovente aduce que el directo quejoso ********************, de nacionalidad ********************, pudiera encontrarse en las instalaciones de la Estación Migratoria en Mexicali, Baja California, dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esa entidad federativa, y dado que dicha estación migratoria se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. Con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), en relación al 27, fracción II y 116 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea o interconexión, al JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESIDENCIA EN MEXICALI, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA DE GUARDIA. Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y de la Justicia Federal, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituyan en las instalaciones de la autoridad responsable Estación Migratoria en Baja California, con sede en Mexicali, dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esa entidad federativa, y notifique la presente determinación al quejoso; además, para que a través de sus sentidos dé fe del estado físico y condiciones en que se encuentre, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requiera al directo quejoso ********************, de nacionalidad ********************, para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifieste SI RATIFICA O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejará sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. En términos del artículo 21 Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a ese Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se ordena a la autoridad responsable, así como a las personas subordinadas a éstas y a quienes se encuentren encargadas de la mesa de guardia, para que permitan al actuario judicial adscrito el acceso a las instalaciones de los lugares donde probablemente se encuentra detenido el quejoso ********************, de nacionalidad ********************, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, prevéngase a las responsables, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2, infórmese a las autoridades responsables en cuestión que está en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. Apercibidas que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el siete de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III de éste último ordenamiento. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte promovente, señalando como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que señala en su escrito de demanda, y como autorizado a ********************, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, la parte promovente solicita se le autorice la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante el portal en línea con el nombre de usuario: "********************". Por lo anterior, se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en el ordinal 36 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo1. Por otro lado, instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. 1 Artículo 36. Las juezas, jueces, magistradas y magistrados otorgarán a las partes, a sus representantes y a los autorizados facultados conforme al segundo párrafo del artículo precedente, que así lo soliciten, los permisos necesarios para la consulta de los expedientes electrónicos o, en su caso, la revocación de los concedidos. Las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Las y los titulares verificarán si quien autoriza cuenta con la capacidad procesal necesaria. Se acordará favorablemente la solicitud únicamente respecto de quienes cumplan los requisitos respectivos, a través de una promoción electrónica o impresa. La autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. La autorización se puede realizar respecto de uno o varios expedientes. En el segundo supuesto, la persona autorizada tendrá acceso al módulo de Consulta de Expedientes, cuyos submódulos le permitirán revisar cada expediente de manera individual, o los correspondientes a todos los asuntos en los que haya recibido la autorización respectiva, ya sea mediante una vista global o dentro de cada órgano jurisdiccional. Los permisos otorgados para la consulta de expedientes electrónicos y para la práctica de notificaciones se conservarán para cualquier instancia o incidente." Ahora, en relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento como comunicaciones no procesales, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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