Rey David Salomé Alejandro

Expediente 1680/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1680/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
26/12/2022

Partes del expediente

  • Rey David Salomé Alejandro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MESA 9--VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista de la certificación que antecede, se advierte que en esta misma fecha se archiva físicamente como asunto totalmente concluido el presente juicio de amparo. De igual forma, que en términos del párrafo segundo, del artículo 25 del acuerdo general del pleno del consejo de la judicatura federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa, se encuentra digitalizado y la versión electrónica coincide en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    mesa 7.-CAUSA EJECUTORIA Por otra parte, de la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Rey David Salomé Alejandro, hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós (fojas 31 a 39), en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1680/2022-9, promovido por ************, contra el acto que reclama del Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el veintinueve siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el treinta posterior, Rey David Salomé Alejandro solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO la omisión a cargo de la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 3 DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, de dictar laudo dentro del expediente 6163/2015, ya que, desde el 09 de marzo del año 2020, cerro instrucción dentro del expediente laboral." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El tres de octubre de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1680/2022-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza negativa de reclamo, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; no se ordenó el trámite del incidente de suspensión, por no así haberlo solicitado la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la Junta responsable de DICTAR el respectivo laudo dentro del expediente laboral 6163/2015, de su índice. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es inexistente la conducta omisiva incoada a la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, pues de lo manifestado en el informe respectivo y las constancias relativas al juicio natural que remitió en justificación, se evidencia su inexistencia. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por ser expedida por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, registro número 394182, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". En efecto, se considera inexistente el acto reclamado, toda vez que de la copia certificada que la responsable adjuntó a su informe justificado, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós-, está no se encontraba en aptitud de dictar el laudo dentro de la controversia natural, pues del contenido del auto de seis de octubre de dos mil veintidós, se advierte que tuvo a las partes por desistidas de las pruebas que hubiese pendientes por desahogar dentro del proceso laboral de origen, por lo que declaró cerrada la instrucción y ordenó turnar lo autos a uno de los dictaminadores para que formule el proyecto de resolución correspondiente, la cual consiste en la última actuación en el referido expediente laboral. Acuerdo que instruyó notificar mediante estrados a las partes sometidas a la controversia. Para mejor proveer, se reproduce íntegramente el citado auto respectivo: Tal proceder guarda sustento en lo previsto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone: Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo.". Del numeral transcrito podemos deducir que, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes se formulará por escrito el proyecto de laudo. Por tanto, el presupuesto procesal indispensable para que la autoridad responsable se encuentre en aptitud legal de dictar laudo, es que se haya decretado el cierre de instrucción en el juicio laboral, lo cual hará una vez que haya concluido el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan probanzas por desahogar. Por tanto, se evidencia que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no estaba en condiciones dictar el laudo en el expediente laboral 6163/2015 de su índice, en virtud de que, a la fecha de la presentación de la demanda -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós- aún no se había atendido los parámetros establecidos por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, en los términos descritos en párrafos precedentes, tal y como se advierte de las constancias que obran agregadas en autos. De lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en proveídos de catorce de octubre de dos mil veintidós, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que demostrara que al momento de la presentación de la demanda de amparo, la Junta responsable se encontraba en aptitud de cumplir con la omisión de la cual se duele, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento. También es de tomar en cuenta la jurisprudencia 2a./J. 3/94, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Es aplicable a lo expuesto, la tesis VII.1o.C.4 K, formulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, página 433, registrada con el número 198320, del siguiente rubro y texto: SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, décima época, materia constitucional, registro digital 2005917, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por las razones y motivos expuestos en el considerando tercero de esta ejecutoria. SEGUNDO. En atención al último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral 60/2004 de su índice; entre las que destacan: a) Convenio de pago parcial de laudo de doce de septiembre de dos mil veintidós, en favor de los quejosos HERLINDA MORALES CRUZ y otros. b) Acuerdo de veintiséis de septiembre del año en curso. c) Convenio de pago parcial de laudo de diez de octubre de dos mil veintidós, del que se desprende que los aquí quejosos Fabio Alberto Hernández Ramírez y/o Fabio Hernández Ramírez y otros, recibieron el título de crédito correspondiente al pago del mes de octubre del presente año, a saber: Título de crédito denominado cheque número 0000412 que ampara la suma de $17,889.99 (diecisiete mil ochocientos ochenta y nueve pesos 99/100 moneda nacional), previo descuento de ISR por la cantidad de $3,026.62 (tres mil veintiséis pesos 62/100 moneda nacional), que hacen un total de $20,916.61 (veinte mil novecientos dieciséis pesos 61/100 moneda nacional), en favor de HERLINDA MORALES CRUZ. Título de crédito denominado cheque número 0000408 por la cantidad de $49,700.16 (cuarenta y nueve mil setecientos pesos 16/100 moneda nacional), previo descuento de ISR por la cantidad de $14,470.71 (catorce mil cuatrocientos setenta pesos 71/100 moneda nacional), que hacen un total de $64,170.87 (sesenta y cuatro mil ciento setenta pesos 87/100 moneda nacional), en favor de CARLOS ALBERTO PÉREZ LEÓN. Título de crédito denominado cheque número 0000414 por la cantidad de $17,469.77 (diecisiete mil cuatrocientos sesenta y nueve pesos 17/100 moneda nacional), previo descuento de ISR por la cantidad de $2,912.48 (dos mil novecientos doce pesos 48/100 moneda nacional), que hacen un total de $20,382.25 (veinte mil trescientos ochenta y dos pesos 25/100 moneda nacional), en favor de FABIO ALBERTO HERNANDEZ RAMÍREZ. Título de crédito denominado cheque número 0000407 por la suma de $49,700.16 (cuarenta y nueve mil setecientos pesos 16/100 moneda nacional), previo descuento de ISR por la cantidad de $14,470.71 (catorce mil cuatrocientos setenta pesos 71/100 moneda nacional), que hacen un total de $64,170.87 (sesenta y cuatro mil ciento setenta pesos 87/100 moneda nacional), en favor de BRAULIO RAMÓN GIL PEÑATE. Título de crédito denominado cheque número 0000413 de dos de septiembre del presente año, por la suma de $36,441.30 (treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 30/100 moneda nacional), previo descuento de ISR por la cantidad de $8,878.35 (ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos 35/100 moneda nacional), que hacen un total de $45,229.65 (cuarenta y cinco mil doscientos veintinueve pesos 65/100 moneda nacional), en favor de HERUNDINO ACOSTA FÉLIX. Todos de fecha cuatro de octubre de dos mil veintidós, expedidos por la Institución Bancaria BBVA Bancomer, Instituto de Banca Múltiple, Grupo, financiero, relativo a la cuenta 00117900457; de lo que se toma conocimiento y se tiene a la autoridad oficiante en vías de cumplimiento. De lo que se toma conocimiento y se tiene a las autoridades en vías de cumplimiento; sin que se haga mayor pronunciamiento respecto de los anexos señalados en los incisos a) y b), en virtud de lo acordado en autos de veinte y veintinueve de septiembre pasado. Sin embargo, atendiendo la constancia citada en el inciso c), con apoyo en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días hábiles, contado a partir de que fenezcan los plazos otorgados a los funcionarios que integran el Ayuntamiento demandado, remita las constancias con las cuales se acredite la continuación de los pagos parciales en favor de los citados quejosos, o en su defecto el pago total que el Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, realice en favor de los quejosos de mérito y por las sumas establecidas con antelación. Asimismo, deberá informar la cantidad que a la fecha se resta a cada uno de los quejosos. Con el apercibimiento a las autoridades responsable y vinculadas, que de no cumplir con el requerimiento realizado dentro del plazo señalado en la presente determinación, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 59/2014 (10a.), Décima Época, con número de registro 2007911, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 5, cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1a./J. 36/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 359, Décima Época, de rubro siguiente: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. DE SER PROCEDENTE SU IMPOSICIÓN EN LOS CASOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEA UNA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, TAL SANCIÓN DEBE SER IMPUESTA AL PRESIDENTE DE LA MISMA, NO A LOS REPRESENTANTES DE LOS SECTORES OBRERO Y DEL CAPITAL QUE LA INTEGRAN (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Asimismo, la jurisprudencia P./J. 54/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, Décima Época, registro 2007918, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.

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