René Muñoz Ríos

Expediente 979/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
979/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • René Muñoz Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el doce de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a RENÉ MUÑOZ RÍOS; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, devuélvase al JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TENOSIQUE, TABASCO, la copia certificada del expediente 250/2002 y dos incidentes de cancelación de pensión alimenticia, de su índice, las que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada, constante de tres tomos.?????????????? Notifíquese

  2. Incidental

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 979/2020-4, promovido por René Muñoz Ríos, contra actos del Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, residente en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido en buzón judicial de los Juzgados de Distrito el seis de noviembre de dos mil veinte, recibido el diecisiete siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Circuito, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, René Muñoz Ríos solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "Es la orden de retención ilegal del 40% del salario que devengo como trabajador de la Dirección de Atención Ciudadana del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, hecha mediante oficio 1812, dentro del expediente civil número 250/2002, relativo al juicio especial de alimentos promovido por Doris Robinson López, en contra del suscrito." (sic) A U T O R I D A D E S R E S P O N S A B L E S "Señalo como autoridad responsable ordenadora señalo al Juzgado Civil de Primera Instancia del Décimo Primer Distrito Judicial, perteneciente al Poder Judicial del Estado de Tabasco, [.] Como autoridad ejecutora, señalo a la Dirección de Administración del H. Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, (.)" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 979/2020-4; se ordenó notificar a la parte tercero interesada; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO A LAS PARTES TERCERO INTERASADAS. En proveído de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el despacho diligenciado por el Juzgado Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, mediante el cual se emplazó a las partes tercero interesadas, Doris Robinson López y Doris Viridiana Muñoz Robinson, al presente juicio de amparo el once de febrero de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I , de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente refirió como acto reclamado: El acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que el Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, determinó girar oficio a la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, a fin de que se descontara el 40% de su salario base y demás prestaciones por concepto de pensión alimenticia; y su ejecución a través del oficio 1812, remitido a la referida dirección. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, al rendir su informe justificado indicó que el acto reclamado es cierto, lo cual se corrobora con la copia certificada del expediente 250/2002, con dos anexos referentes a los incidentes de cancelación de pensión alimenticia, que adjuntó a su informe justificado . Por otra parte, la autoridad responsable Directora de Administración del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, al rendir su informe justificado no aceptó ni negó el acto reclamado; sin embargo, la existencia del mismo está confirmada con las constancias que envió la precitada autoridad Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco. Sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En su único concepto de violación la parte quejosa aduce que le causa perjuicio la determinación de la autoridad responsable porque el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, obliga a la tercero interesada a promover un incidente de aumento de pensión alimenticia para que se modifique o altere el convenio pactado de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el cual tenía el carácter de cosa juzgada. Por lo que, la orden en el oficio 1812, carece de fundamentación y motivación, y violenta su garantía de audiencia, ya que no se acordó que los ingresos que percibe como trabajador del Ayuntamiento de Tenosique estuvieran señalados en el convenio. Asimismo, la parte quejosa manifiesta que el juzgador señala dentro del referido oficio, que el propósito del mismo era cumplir con las cláusulas primera y segunda del convenio ya citado, siendo que lo mencionado en realidad en dichas cláusulas, es muy distinto a lo señalado por el juzgador, atribuyéndose entonces la capacidad de anexar al convenio cuestiones no señaladas y que tampoco fueron materia de litis. Y, la parte quejosa señala que fue molestado en sus ingresos, sin existir un procedimiento previo que lo justifique realmente, toda vez que sin un procedimiento incidental de aumento de pensión y sin notificarlo del acto, lo que violentó sus garantías judiciales. Es infundado su concepto de violación debido a las siguientes consideraciones. Ahora bien, artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del anterior precepto constitucional transcrito, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, registro número 176546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Resulta pertinente señalar que relacionado con la garantía de fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra el principio de congruencia y exhaustividad que se refiere a la conformidad entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y todas las pretensiones deducidas oportunamente por las partes, en cuanto a extensión, concepto y alcance; que no contengan resoluciones ni afirmaciones contradictorias entre sí, esto es, el análisis exhaustivo de los puntos que integran la Litis . Dicho principio tiene dos vertientes, la congruencia interna y la externa. La primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos. La segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, esto es, que resuelva la controversia atento a lo planteado por las partes respecto de la resolución, la demanda y la contestación, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controvierten. Por ende, para considerar que cualquier determinación jurisdiccional está investida de congruencia externa, por regla general, el juzgador se encuentra obligado a realizar pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los argumentos vertidos por el promovente en el medio de defensa relativo. Cabe destacar que el principio de congruencia cuenta con dos aspectos, el positivo y el negativo, el primero se refiere a la obligación de los tribunales de resolver todos los puntos controvertidos; y el segundo, la prohibición de que los juzgadores decidan cuestiones ajenas a la litis , salvo los casos en que opere, por disposición de la ley, la suplencia de la queja deficiente. Ahora bien, el acto reclamado en el presente juicio es el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veinte, en el que el Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, determinó girar oficio a la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, a fin de que se descontara el 40% (cuarenta por ciento) de su salario base y demás prestaciones por concepto de pensión alimenticia; y su ejecución a través del oficio 1812, remitido a la referida dirección. el referido proveído se desprende que el Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, determinó girar oficio a la Dirección de Administración del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, a fin de que se descontara el 40% (cuarenta por ciento) de su salario base y demás prestaciones por concepto de pensión alimenticia, conforme a lo pactado en el convenio de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, en específico en las cláusulas primera y segunda; mismo que se trae a la vista para mejor referencia: En ese sentido, contrario a lo aduce la parte quejosa, se encuentra debidamente fundado y motivado, porque la autoridad responsable en atención a que la acreedora alimentista indicó que el deudor alimentario -aquí parte quejosa- ahora trabajaba para la Dirección de Atención Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, de conformidad con lo pactado en las cláusulas primera y segunda del convenio celebrado entre las partes el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, giraba exhorto a la Dirección de Administración del referido órgano jurisdiccional para hacer el descuento correspondiente al pactado, esto es, el 40% (cuarenta por ciento) del salario base y demás prestaciones que perciba la parte quejosa. También, se traen a la vista las cláusulas primero y segunda de del convenio celebrado entre las partes el dieciséis de junio de dos mil dieciséis: Y, si bien en la cláusulas primera y segunda del convenio del dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se pactó la cantidad que resulte del 40% (cuarenta por ciento) del salario base y demás prestaciones que perciba la parte quejosa, como empleado de la Secretaría de Educación Pública; lo cierto es que no son cuestiones diversas al convenio y sí son materia de la litis porque no cambiaron los acreedores, deudor o el monto fijado a pagar, que es el 40% (cuarenta por ciento), sin que la variable consistente en el cambio de empleo del deudor -aquí quejoso- modifique el objeto del convenio celebrado. Además, debe tenerse en cuenta que los alimentos cumplen una función social y tienen su fundamento en la solidaridad humana, este derecho debe recaer necesariamente en quienes carecen de lo necesario y se encuentran en estado de necesidad, y la obligación de otorgarlos sea en quienes tienen la posibilidad económica para satisfacerlos, ya sea de manera total o parcial. Por lo que, la necesidad de los alimentos requiere de acciones adecuadas e inmediatas que permitan su pronta satisfacción, esto es, que el pago de la pensión alimentaria no puede ni debe retardarse, porque se funda en una necesidad apremiante como lo es la conservación de la vida, por lo que las determinaciones que se tomen al respecto deben ser breves . En ese orden de ideas, es también infundado el argumento en el que la parte quejosa aduce que le causa perjuicio la determinación de la autoridad responsable porque el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, obliga a la tercero interesada a promover un incidente de aumento de pensión alimenticia para que se modifique o altere el convenio pactado de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, el cual tenía el carácter de cosa juzgada. Y que fue molestado en sus ingresos, sin existir un procedimiento previo que lo justifique realmente, toda vez que sin un procedimiento incidental de aumento de pensión y sin notificarlo del acto, lo que violentó sus garantías judiciales. Teniendo en cuenta que el artículo 340 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco indica lo siguiente: "ARTÍCULO 340.- Resoluciones que podrán modificarse. Las resoluciones judiciales firmes sobre prestaciones futuras y las dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción no contenciosa y las demás que prevengan las leyes, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias." Del anterior artículo se desprende que las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, de entre otros, sólo tendrán autoridad de cosa juzgada mientras no se alteren las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. No obstante, como ya se señaló con anterioridad, las circunstancias no han variado en el asunto, pues en virtud de que sigue surtiendo sus efectos el convenio realizado por las partes el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, subsiste la dualidad que se observa para decretar los alimentos, esto es, que el deudor tenga posibilidad económica para darlos y que quien los reciba tenga la necesidad de ello; lo cual, hasta el momento no se ha modificado. A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de rubro "ALIMENTOS, EN MATERIA DE, NO SE CONSTITUYE COSA JUZGADA", determinó que en los juicios sobre alimentos no existe la figura de cosa juzgada, toda vez que la fijación del monto de los mismo siempre es susceptible de aumento o disminución, conforme a la posibilidad económica del deudor y la necesidad del acreedor, que es la regla de proporcionalidad de los alimentos. En ese sentido, también resulta infundado el argumento referente a que fue molestado en sus ingresos, sin existir un procedimiento previo que lo justifique realmente, toda vez que sin un procedimiento incidental de aumento de pensión y sin notificarlo del acto; porque como ya se dijo no se trata de un nuevo procedimiento sino que a través del ofició 1812, remitido Dirección de Administración del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, se hace efectivo el convenio pactado, y que continúa subsistente, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis. Además, para proveer sobre los alimentos requiere se necesitan acciones inmediatas que permitan su pronta satisfacción al tratarse de una cuestión urgente que garantiza su subsistencia. Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 61/2005, determinada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Tomo XXII, julio de 2005, materia Civil, registro número 178077, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ALIMENTOS. PROCEDE LA ACCIÓN AUTÓNOMA PARA EXIGIR SU PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NOMBRE QUE SE LE DÉ, Y DE LA EXISTENCIA PREVIA DE UN CONVENIO CELEBRADO AL RESPECTO DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO. El artículo 252 del Código Civil para el Estado de Veracruz dispone que el derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción; sin embargo, el numeral 2884 del referido código establece una excepción en el sentido de que podrá haber transacción, pero únicamente sobre las cantidades debidas por alimentos, lo cual significa que es factible celebrar convenio entre acreedor alimentario, o su representante, y el deudor alimentista conforme a esa excepción. Ahora bien, la existencia de dicho acuerdo de voluntades respecto de los alimentos de los hijos habidos en el matrimonio, dentro de un juicio de divorcio por mutuo consentimiento, debidamente juzgado, no representa obstáculo o impedimento legal alguno para que el acreedor alimentario reclame del deudor, mediante acción autónoma, el pago de la pensión alimenticia a que se encuentra obligado legalmente, pues si bien es cierto que ante el incumplimiento de los contratos procede la acción relativa para exigir su cumplimiento, también lo es que carecería de sentido condicionar el ejercicio de aquella acción a un procedimiento previo en el que se hicieran valer otros recursos o medios legales de defensa, ya que ello tornaría inoportuna la atención de esa necesidad que en sí misma implica la subsistencia de la persona, además de que por tales razones de prioridad, la acción de pago procederá en todo tiempo con independencia del nombre que la parte actora le dé, y de si la acción deriva o no de un juicio de divorcio, toda vez que la aludida pensión no sólo procede por derivación de la separación matrimonial, sino que es una institución de derecho familiar que prospera siempre que se satisfagan los requisitos de posibilidad-necesidad, por lo que retrasar su ministración por formalismos procesales pondría en peligro la subsistencia del acreedor y, en tal caso, corresponderá al juzgador atender la acción ejercida para exigir el cumplimiento inmediato de tan apremiante necesidad. Ello, en congruencia con la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, la cual se violaría al hacer nugatorio el derecho del acreedor alimentario a que se resuelva la cuestión efectivamente planteada, ante la exigencia del ejercicio de acciones ajenas a la obtención inmediata de los alimentos, en virtud del valor fundamental que implica la satisfacción de tal necesidad de los menores, elevada a rango constitucional en el artículo 4o. de la Ley Fundamental." Por las anteriores consideraciones, se niega a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal La negativa del amparo de hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la Directora de Administración del Ayuntamiento Constitucional de Tenosique, Tabasco, debido a que no se combaten por vicios propios. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a René Muñoz Ríos, en contra del acto reclamado y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones establecidas en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    MESA 4 VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, que remite el Juez Civil de Primera Instancia de Tenosique, Tabasco, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 112/2020-4, deducido del juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, del contenido de despacho que se provee se advierte que el once de febrero de dos mil veintiuno, fueron emplazadas a juicio las terceros interesadas DORIS ROBINSON LÓPEZ y DORIS VIRIDIANA MUÑOZ ROBINSON, sin que hasta el día de hoy hayan señalado domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en esta ciudad, dentro del término de tres días que se le concedió en auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, lapso que transcurrió del quince al diecisiete de febrero del año en curso. Por lo tanto, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se ordena al Actuario de este juzgado, notificar a la parte tercero interesada de mérito, por lista de acuerdos el presente auto, así como los subsecuentes proveídos, aun los de carácter personal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.

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