Renso Michel Hernández Pérez
Expediente 102/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Renso Michel Hernández Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Renso Michel Hernández Pérez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, advirtiéndose de la certificación de cuenta que en auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós se CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN DE PLANO a la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 102/2022-7, promovido por Renso Michel Hernández Pérez, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de enero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Renso Michel Hernández Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La orden de detención, presentación, alojamiento temporal, privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación, expulsión y/o retorno, por parte de las autoridades migratorias. 2 La violación del derecho que le asiste como extranjero, de ingresar, salir y transitar de manera libre por el territorio mexicano. 3 Los actos de incomunicación, maltrato, vejaciones, tortura psicológica y/o intimidación y aislamiento, sin ser informado sobre los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede. 4 La violación a su derecho de contar con una representación legal o persona de confianza, que lo asista en el procedimiento administrativo migratorio que le fue instruido. 5 La violación a la determinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de otorgar a todos los integrantes de la caravana migrante, documento migratorio consistente en visa por razones humanitarias, para poder seguir con el camino y estar de manera legal dentro del territorio nacional. 6 La omisión de informarle sobre su derecho a regularizar su situación migratoria en el país. 7 La violación al derecho de los extranjeros de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias. 8 La violación a contar con un procedimiento administrativo expedito, donde se resuelva su situación migratoria y de continuarlo fuera de la estación migratoria. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Villahermosa, Tabasco. 2 Encargado de la Estación Migratoria, con residencia en Villahermosa, Tabasco. 3 Subdirector de Control y Verificación de la Oficina de Representación, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo León. SEGUNDO. SUSPENSIÓN DE PLANO Y PREVENCIÓN DE RATIFICACIÓN DE DEMANDA. En acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano al quejoso y se le previno para que ratificara la demanda de mérito, lo cual hizo ante el actuario judicial de este órgano jurisdiccional en la diligencia de esa misma fecha. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por auto de veintisiete de enero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 102/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque los actos reclamados tienen ejecución dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La orden de detención, presentación, alojamiento temporal, privación de la libertad fuera de procedimiento, deportación, expulsión y/o retorno, por parte de las autoridades migratorias. La violación del derecho que le asiste como extranjero, de ingresar, salir y transitar de manera libre por el territorio mexicano. Los actos de incomunicación, maltrato, vejaciones, tortura psicológica y/o intimidación y aislamiento, sin ser informado sobre los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le concede. La violación a su derecho de contar con una representación legal o persona de confianza, que lo asista en el procedimiento administrativo migratorio que le fue instruido. La violación a la determinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de otorgar a todos los integrantes de la caravana migrante, documento migratorio consistente en visa por razones humanitarias, para poder seguir con el camino y estar de manera legal dentro del territorio nacional. La omisión de informarle sobre su derecho a regularizar su situación migratoria en el país. La violación al derecho de los extranjeros de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias. La violación a contar con un procedimiento administrativo expedito, donde se resuelva su situación migratoria y de continuarlo fuera de la estación migratoria. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE CON LOS INCISOS C, D, E, F, G Y H. No son ciertos los actos reclamados concernientes al maltrato, vejaciones y tortura psicológica y/o intimidación, por haberlos negado en el informe justificado, la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco. De lo que se dio vista oportuna al quejoso en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, en términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, omitiendo manifestarse al respecto. Sin que de la demanda de amparo se pueda obtener dato alguno que permita advertir la existencia de los actos reclamados referidos, concretándose el quejoso a señalarlos en el apartado correspondiente, sin describir o narrar los hechos para su corroboración. Lo cual, esta juzgadora estima era indispensable, a fin de tener una base razonable para considerar que el impetrante fue o es objeto de dichos actos por parte de las autoridades responsables. En cambio, la inexistencia de los actos en cuestión se puede corroborar con el certificado médico de diecinueve de enero de dos mil veintidós, signado por la doctora Sonia Pérez López, adscrita a la Estación Migratoria en Villahermosa, del que no se advierte ningún dato que conlleve a presumir los malos tratos, vejaciones y torturas que aduce el impetrante de amparo. Asimismo, de la diligencia de veintiséis de enero de dos mil veintidós, realizada por el fedatario judicial de este órgano jurisdiccional, se obtiene que, en relación al impetrante, dio fe e hizo constar lo siguiente ". Hecho lo anterior, lo requiero para que en este acto manifieste si ha sido objeto de malos tratos, tortura, tanto física como psicológica, a lo que me responde que no.". Constancia que, en términos del artículo 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al ordinal 2 de la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, al haber sido realizada por una persona con fe pública, en ejercicio de sus funciones. Al respecto, sirve de apoyo la tesis formulada por el Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Materias(s): Común, Volumen 181-186, Sexta Parte, página 16, con número de registro 249049, del siguiente rubro y texto: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". En ese tenor, la suscrita considera que no hay base razonable para tener por acreditado el dicho del quejoso, por lo que resultan inexistentes los aludidos actos reclamados, pues, como quedó establecido anteriormente, el actuario de este juzgado dio fe de que el impetrante manifestó que no era objeto de malos tratos o tortura. Sin que de la referida diligencia se desprenda que el quejoso haya reiterado que estaba siendo objeto de tortura o maltrato; tampoco que le indicara huellas de ello o le señalara los actos que las autoridades responsables estaban desplegando para afectarlo emocional o psicológicamente, ni que estuviera enfermo o padeciera algún malestar. De igual forma, no es cierto el acto consistente en la incomunicación y aislamiento, ya que, en las copias certificadas que remitió la precitada autoridad, obran los acuerdos de autorización de visita con su abogado particular de veinticuatro, veinticinco, veintisiete, treinta y uno de enero, y uno de febrero de dos mil veintidós, así como la constancia de llamada telefónica de veintisiete de enero de dos mil veintidós. También obra la constancia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, en la que se advierte que se hizo saber al impetrante, información relacionada con sus derechos, sobre la solicitud de reconocimiento de refugiado en México y sobre el derecho de las víctimas alojadas en la estación migratoria. Tampoco es cierto el acto reclamado relativo a la violación a su derecho de contar con una representación legal o persona de confianza, que lo asistiera en el procedimiento administrativo migratorio que le fue instruido. Ello porque, como se observa del acta de comparecencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, se hizo saber al ahora quejoso, que tenía derecho a designarlo, manifestando que no deseaba hacerlo. No obstante, de los acuerdos de autorización de visita señalados anteriormente, se obtiene que tuvo reuniones con José Domingo Morales Jiménez, quien, de acuerdo a la demanda de amparo, se ostenta como su abogado particular. En cuanto a la violación a la determinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de otorgar a todos los integrantes de la caravana migrante, documento migratorio consistente en visa por razones humanitarias, para poder seguir con el camino y estar de manera legal dentro del territorio nacional. Es inexistente porque, además de no acreditar con documento fehaciente que haya formulado la solicitud respectiva, de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de enero de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Migración, a través de la Representación Local de Palenque, Chiapas, le otorgó la tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con número de NUE 0000002317219. Respecto del acto reclamado relativo a la omisión de informarle sobre su derecho a regularizar su situación migratoria en el país; es inexistente, en razón a que, como se desprende del acta de comparecencia de diecinueve de enero de dos mil veintidós, remitida por la autoridad responsable, se hizo saber al ahora impetrante de amparo, que tenía derecho a regularizar su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la Ley de Migración, firmando al calce la misma, sin que objetara dicho documento con motivo de la vista que se le dio del mismo. De igual forma, no es cierto el acto reclamado concerniente a la violación del derecho de los extranjeros de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias. Pues, como el quejoso lo refiere en el escrito de demanda de amparo y se corrobora con las constancias remitidas por la responsable, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Migración, a través de la Representación Local de Palenque, Chiapas, le otorgó la tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con número de NUE 0000002317219. Además, en el momento de su detención se encontraba en trámite el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado que el impetrante inició ante la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Palenque, Chiapas. Lo que se obtiene del oficio ORPAL/0268/20Z2, de veintiuno de enero de dos mil veintidós, signado por la Encargada de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Palenque, Chiapas, por el que comunicó a la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Tabasco, que en esa fecha tuvo por concluido el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado por lo que respecta al aquí quejoso, por abandonar la entidad federativa. Asimismo, es inexistente el acto reclamado relativo a la violación a contar con un procedimiento administrativo expedito, donde se resuelva su situación migratoria y de continuarlo fuera de la estación migratoria. Porque, como el quejoso lo refiere, el dieciocho de enero de dos mil veintidós, acudió a la Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Palenque, Chiapas, a solicitar la expedición de la tarjeta por razones humanitarias, la que, como se observa en la misma, le fue entregada en esa fecha. De igual forma, se obtiene de la demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que el impetrante inició el trámite de referencia fuera de la estación migratoria, es decir, sin estar alojado, tan es así que se trasladó al Estado de Tabasco, donde fue detenido el diecinueve de enero de dos mil veintidós. Aunado a ello, en acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintidós, la responsable dictó acuerdo de salida provisional en favor del quejoso, previa exhibición de la garantía que fijó para ese efecto, sin que obre constancia de que lo haya hecho. De ahí que, las documentales remitidas por la autoridad responsable resultan suficientes para establecer la inexistencia de los referidos actos reclamados, sin que el impetrante desvirtuara la negativa de los mismos, aun cuando se le dio vista con los informes y anexos correspondientes. En lo tocante al Subdirector de Control y Verificación de la Oficina de Representación, del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Nuevo León, si bien fue omiso en rendir informe justificado, no obstante que le fue requerido por oficio 3120/2022, que recibió el quince de febrero de dos mil veintidós, como se advierte del rastreo realizado a la guía de Correos de México, en la página electrónica https://www.correosdemexico.gob.mx/SSLServicios/SeguimientoEnvio/Seguimiento.aspx, con número MN030276485MX; no pueden presumirse ciertos los precitados actos reclamados, por las consideraciones antes expuestas. Respecto de la aludida autoridad, tampoco son ciertos los restantes actos reclamados, porque de la demanda de amparo no se advierte que se le haya atribuido alguna participación en los hechos que narra el quejoso y de las constancias remitidas por sus homólogos no se desprende ninguna, aunado a la circunstancia de que el impetrante fue detenido en el Estado de Tabasco. Es aplicable la tesis IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noven Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materias(s): Común, Tomo XX, septiembre de 2004, página 1714, con número de registro 180736, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". En las relatadas circunstancias, se consideran inexistentes los aludidos actos reclamados; con motivo de ello, se decreta el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONCERNIENTES A: LA ORDEN DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, ALOJAMIENTO TEMPORAL, PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y/O RETORNO, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS, Y, LA VIOLACIÓN DEL DERECHO QUE LE ASISTE COMO EXTRANJERO, DE INGRESAR, SALIR Y TRANSITAR DE MANERA LIBRE POR EL TERRITORIO MEXICANO. Son ciertos los aludidos actos reclamados, por haberlos reconocido en el informe justificado la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó del expediente administrativo migratorio del quejoso Renso Michel Hernández Pérez. Sobre el particular, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, decretó la salida provisional de Renso Michel Hernández Pérez, aquí quejoso, de la Estación Migratoria en cuestión. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintiséis de enero de dos mil veintidós-, indudablemente existían los actos reclamados de mérito. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Renso Michel Hernández Pérez, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando PRIMERO, por las razones expuestas en los considerandos TERCERO y QUINTO de la presente resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando esta sentencia. Notifíquese.
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VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable, con el cual en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en proveído de cinco de abril del presente año, remite copia de diversas constancias del expediente administrativo migratorio del quejoso Renso Michel Hernández Pérez. En consecuencia, téngase el oficio y anexo como complemento a su informe justificado y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con éstos a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN." En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de las constancias que anexó, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede se advierte que mediante proveído de quince de marzo pasado, se tuvo a la Representante Local, encargada de la Jefatura del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, autoridad señalada como responsable, remitiendo copia de diversas constancias del expediente administrativo migratorio del quejoso Renso Michel Hernández Pérez. No obstante, se desprende que no obra acta en la que conste la salida del aquí quejoso, ni del acuerdo de evasión que refiere en su informe de once de marzo pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a dicha autoridad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede notificado del presente acuerdo, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada de las constancias referidas en el párrafo que antecede, en virtud de que resultan necesarias para resolver el presente asunto. En el entendido, que de no cumplir, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de amparo, se le aplicará multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00. (nueve mil seiscientos veintidós pesos), la que se deduce de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año, al tenor de la parte conducente de los artículos 192, 193, 195, 197 y 258 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 6, visible en la página 728, Tomo VII, Marzo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RECABAR DE OFICIO LAS RENDIDAS ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. REFORMAS AL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.- El nuevo texto del último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo no establece solamente una facultad potestativa de los tribunales de control constitucional para recabar oficiosamente pruebas cuando se actualicen los supuestos previstos en el mismo, susceptible de ejercitarse o no. Por el contrario, impone como un deber de los Jueces de amparo el de recabar en forma oficiosa las pruebas que fueron rendidas ante la responsable, que no obren en los autos del juicio constitucional y que estimen necesarias para la resolución del asunto. Por tanto, de acuerdo con la nueva redacción del precepto que se examina, de no cumplir los Jueces de Distrito la obligación de recabar pruebas oficiosamente cuando ello sea procedente, su omisión constituirá una infracción a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que motivará la revocación de la sentencia recurrida en revisión para reponer el procedimiento, a fin de que el Juez de amparo omiso cumpla con lo ordenado en el artículo 78, último párrafo, de la misma ley." Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
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