Rene Perez Hernandez
Expediente 501/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 27 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 501/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 10/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Perez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada para hacerlo haya recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior que no obre en autos la constancia de notificación de la referida sentencia a las autoridades responsables 1. Titular de Unidad Encargada de Despacho de la Zona Sur de la Fiscalía de Investigación Regional, 3. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, 4. Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur, de la Agencia Estatal de Investigación y 5. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Izúcar de Matamoros de la Agencia Estatal de Investigación, pues tomando en consideración el sentido del mencionado fallo (sobreseimiento) es evidente que no le perjudica a esas autoridades y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión aquellos a quienes resulte desfavorable la determinación que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: "REVISION IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique" (Octava Época, Registro: 224681, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia(s): Laboral, Común, Tesis: Página: 265). "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado" (artículo 87 de la misma ley) (Sexta Época, Registro: 267363, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LI, Materia(s): Común, Tesis: Página: 105). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental por lo que es destruible cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del acuerdo general señalado. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA En diverso aspecto, hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con lo que al respecto dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que ofreció como prueba en este expediente, consistentes en: i) original de un contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y ********************, respecto del inmueble ubicado "********************" (foja 14); y ii) recibo de pago por expedición de constancia de medidas preventivas de protección civil del negocio "********************" (foja 15), con el apercibimiento que de no hacerlo, correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
Con fundamento en el artículo 26, fracción III, artículo 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa, el proveído de 10 de agosto de dos mil veintitrés: San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada para hacerlo haya recurrido la sentencia de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No es obstáculo para lo anterior que no obre en autos la constancia de notificación de la referida sentencia a las autoridades responsables 1. Titular de Unidad Encargada de Despacho de la Zona Sur de la Fiscalía de Investigación Regional, 3. Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, 4. Encargado del Departamento de la Inspectoría de Apoyo Policial, Zona Sur, de la Agencia Estatal de Investigación y 5. Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Izúcar de Matamoros de la Agencia Estatal de Investigación, pues tomando en consideración el sentido del mencionado fallo (sobreseimiento) es evidente que no le perjudica a esas autoridades y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión aquellos a quienes resulte desfavorable la determinación que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: "REVISION IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique" (Octava Época, Registro: 224681, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia(s): Laboral, Común, Tesis: Página: 265). "RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado" (artículo 87 de la misma ley) (Sexta Época, Registro: 267363, Instancia: Segunda Sala, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, LI, Materia(s): Común, Tesis: Página: 105). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el cuaderno único del incidente de suspensión. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto, en el que se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental por lo que es destruible cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20 fracción I, del acuerdo general señalado. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar definitiva, se decreta que es destruible cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, ello, en términos del artículo 20, fracción III, del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. DEVOLUCION DE DOCUMENTOS A LA PARTE QUEJOSA En diverso aspecto, hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con lo que al respecto dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, deberá comparecer en el término de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a recoger las documentales que ofreció como prueba en este expediente, consistentes en: i) original de un contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y ********************, respecto del inmueble ubicado "********************" (foja 14); y ii) recibo de pago por expedición de constancia de medidas preventivas de protección civil del negocio "********************" (foja 15), con el apercibimiento que de no hacerlo, correrá la misma suerte que el expediente en que se actúa, sin responsabilidad alguna para el juzgado sobre su cuidado. INTEGRACIÓN AL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dado que en ésta se ordena el archivo del expediente y genera notificaciones. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Intégrense a sus autos el oficio signado por el Subsecretario de Coordinación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, mediante el cual -en atención al oficio 393.7 de once de julio de dos mil veintitrés- informa lo siguiente: "[.] Que esta Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial, tiene conocimiento y da cumplimiento de la negativa de suspensión dictada en los autos al rubro indicado. [.]" De lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución no se integrará al expediente físico pues no resulta indispensable para el impulso del presente incidente de suspensión. Cúmplase.
- Principal
V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo 501/2023, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés (fojas 2 a 13), mediante Buzón Judicial, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Tiene(n) el carácter de autoridad(des) responsable(s), en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, la (s) siguiente(s): 1.- A la Titular y/o Coordinadora y/o Encargada de la Fiscalía de Investigación Regional en Izúcar de Matamoros, Puebla, con domicilio oficial bien conocido en la Unidad de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ubicada en. 2.- El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Primer Turno del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, con domicilio oficial bien conocido en la Unidad de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ubicada en. 3.- El Agente del Ministerio Público Investigador adscrito al Segundo Turno del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla, con domicilio oficial bien conocido en. b) EJECUTORA(S).- 1.- Encargado y/o Inspector Regional de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en Izúcar de Matamoros, Puebla con domicilio. 2.- Encargado y/o Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con domicilio. 3.- Director de Seguridad Pública Municipal del Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, con domicilio. 4.- Encargado y/o responsable de la Base de Operaciones de la Policía Estatal en Izúcar de Matamoros, Puebla, con domicilio. 5.- Director de la Policía Estatal Preventiva en el Estado de Puebla, con domicilio. IV.- ACTO(S) RECLAMADO(S): 1.- De las autoridades señaladas como Ordenadoras del acto de molestia, les reclamo los siguientes: a).- La ilegal orden de evitar el derechos de tránsitos (sic) hacia el interior de la zona de tolerancia que se encuentra ubicada sobre Carretera Federal Izúcar de Matamoros, Puebla-Cuautla, Morelos, a la altura del kilómetros (sic) cinco (5), en la Colonia Amatitlanes en el Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla, misma de la que desconocemos su contenido. b).- La orden de aseguramiento del inmueble en donde se encuentra el bar denominado "********************" ubicado en ********************, misma orden dictada dentro de la Carpeta de Investigación número FGEP/CDI/FIR/IZUCARMAT-I/********************/2023, de la que desconozco su contenido. 2.- De las autoridades señaladas como Ejecutoras del acto de molestia, les reclamo el cumplimiento que le esté dando a las ilegales órdenes emitidas por las Autoridades Responsables identificadas como Ordenadoras." La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 17, 20, 21 y 133 Constitucionales; 8, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14, numeral 3, inciso b), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Radicación, prevención, desahogo, admisión y trámite de la demanda de amparo. En auto de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 17 a 23), se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto número 501/2023 de este índice y se previno a la parte quejosa en los términos siguientes: "Primero: Precise qué autoridad dictó la orden para impedirle el libre tránsito al interior de lo que denomina "zona de tolerancia" que se ubica sobre Carretera Federal Izúcar de Matamoros, Puebla-Cuautla, Morelos, a la altura del kilómetro 5, colonia Amatitlanes, municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; así como la fecha en que se emitió y la diversa en que tuvo conocimiento. (.) Asimismo, deberá indicar la autoridad que ejecutó dicha orden. Segundo: Precise la fecha en que se emitió la orden de aseguramiento del inmueble que señala en su demanda de amparo como bar denominado "********************", cuándo tuvo conocimiento de dicha orden e indique si ésta ya se ejecutó." Por escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés (fojas 24 a 27), la parte quejosa desahogó la prevención aludida pues, en esencia, manifestó que desconoce la autoridad que emitió las órdenes reclamadas así como la fecha en que se emitieron y ejecutaron. Así, previa ratificación de la firma que calza dicho ocurso (foja 35), en acuerdo de cinco de junio del presente año (fojas 37 a 40), se admitió a trámite la demanda, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión en cuaderno único, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 49). Cuarto. Cita para audiencia. En auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés (fojas 88 a 89), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades en materia penal, con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: a) La orden de evitar el libre tránsito al interior de la "********************; b) La orden de aseguramiento del bar denominado "********************" ubicado en la "********************; c) La ejecución de dichas órdenes. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primero, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados precisados en el considerando segundo de esta sentencia a las autoridades responsables siguientes, en su denominación correcta: Orden Autoridad responsable. Sentido del informe Foja 1 Titular de Unidad Encargada de Despacho de la Zona Sur de la Fiscalía de Investigación Regional. Negó 96 2 Agente del Ministerio Público en funciones de Titular de la Agencia del Ministerio Público Primer Turno de Izúcar de Matamoros, Puebla Negó 76 y 93 3 Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional de Izúcar de Matamoros Negó 50 y 70 4 Encargado del Departamento de la Inspectoría de apoyo Policial, Zona Sur, de la Agencia Estatal de Investigación. Omitió -- 5 Comandante Titular de la Unidad de Apoyo Policial en Izúcar de Matamoros de la Agencia Estatal de Investigación Negó 67 6 Director de Seguridad Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Negó 85 a 86 7 Responsable del Centro Coordinador de la VIII Región Atlixco, Puebla de la Policía Estatal Preventiva Negó 99 8 Director General de la Policía Estatal Preventiva Negó 59 Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba idónea para desvirtuar tales negativas. Es así, pues aun cuando la quejosa ofreció como prueba: i) original de un contrato de arrendamiento celebrado entre el quejoso y ********************, respecto del inmueble "********************" (foja 14); ii) recibo de pago por expedición de constancia de medidas preventivas de protección civil del negocio "********************" (sic) ubicado en ******************** (foja 15); y iii) recibo de consumo de energía eléctrica suministrado por Comisión Federal de Electricidad, respecto del servicio brindado en "********************." (Foja 16), las cuales se aprecian al tenor de lo que disponen los artículo 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cierto es que dichos documentos no son idóneos para demostrar la existencia de los actos reclamados, de ninguna de ellas se advierte ni siquiera indiciariamente su existencia. No se inadvierte que la autoridad responsable Director de Seguridad Pública Municipal del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla, informó que mantiene bajo resguardo policial tres inmuebles identificados como bar "********************", bar "********************" y bar "********************"; sin embargo, lo cierto es que no corresponden a la negociación que la parte quejosa ostenta como propia, ni se ofreció medio de convicción alguno para acreditar que corresponde a alguno de los ya mencionados. Tampoco se ignora que la autoridad responsable Encargado del Departamento de la Inspectoría de apoyo Policial, Zona Sur, de la Agencia Estatal de Investigación, omitió rendir informe justificado, a pesar de estar notificada del oficio mediante el cual se le requirió (foja 65); no obstante, al haberse establecido la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras, es evidente que no está en aptitud de cumplir un mandato inexistente. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI. 2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Forma de publicación de la sentencia e integración al expediente físico. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Finalmente, en términos de lo que dispone el penúltimo párrafo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionado por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso dada su trascendencia. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia e intégrese al expediente físico en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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