Rene Mendez Coyotl
Expediente 312/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 312/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 14/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rene Mendez Coyotl
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran de la resolución dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, donde se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, ha transcurrido, sin que lo hubieran hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, no es de relevancia documental, pero es susceptible de depuración después de transcurridos tres años. En la inteligencia que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales que la autoridad responsable Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, remitiera como justificación de su informe consistente en el duplicado de la causa penal 39/2013 (Anexo I), se ordena su devolución; sin que sea necesario requerirle el acuse de recepción, en virtud de que dicha autoridad reside en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional, por lo cual, se encomienda al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore de que en el acuse de recepción, se haga constar la entrega de la documental descrita. Notifíquese por lista a la parte quejosa y tercera interesada; mediante oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada, y al agente del Ministerio Público Federal adscrito.
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 14 DE JUNIO DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió al quejoso René Méndez Coyotl el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto al auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo de la sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veinte de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sustanciada la etapa de ejecución, por auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 2547 de la citada autoridad responsable -registro 9649 de 2021-, a través del cual, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de mayo del actual, dentro de la casa penal de origen; con lo cual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se consideró inconstitucional el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual, el juez responsable concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por violar la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 Constitucional, al no fundar ni motivar suficiente y debidamente su decisión. Por tanto, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Se arribó a tales conclusiones, con base en -medularmente- lo siguiente: A. Que la responsable, al fijar los citados montos, no realizó mayor fundamentación y motivación a la cita del artículo 20, fracción I, Constitucional y de los diversos 31, 165, 350, 351, 354 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la consideración de que no existía constancia alguna de que el quejoso hubiere sido condenado con anterioridad por un delito grave y a la precisión de que tales cantidades podían exhibirse en cualquiera de las formas legalmente establecidas (en efectivo o en pólizas de fianza expedidas por cualquier compañía afianzadora legalmente autorizada y a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en observancia al artículo 13 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas). B. En efecto, se dijo que el auto reclamado carecía de total motivación, cuenta habida que el juez responsable no había justificado ni explicado los motivos por los cuales fijó los montos para que el quejoso accediera del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Dicho en otras palabras, la autoridad únicamente fijó las cantidades y precisó los conceptos pero no señaló las razones que tomó en consideración para establecerlas. C. Que, especialmente, no había valorado la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. D. Que, en ese tenor, se estuvo ante la presencia de una violación formal a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, por existir una omisión total del argumento explicativo, tan insuficiente que el destinatario no podía conocer lo esencial de las razones que informaban el acto de autoridad, de manera que estuviera imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme la sentencia y se requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictara otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijara nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no podían ser mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, debía fundar y motivar las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, entre otros preceptos que estimara aplicables. Finalmente, se indicó que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad al quejoso ni tampoco el que se anularan actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la determinación dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 39/2013 de su índice, mediante la cual, efectuó lo siguiente: A. Dejó insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; B. Citó el contenido del artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación- y realizó una interpretación de los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para extraer los requisitos y condiciones para fijar los montos para que el imputado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, destacando que la intención del constituyente al introducir el concepto de asequibilidad no fue el permitir que una persona por el simple hecho de argumentar un salario inferior al mínimo o simplemente por no tener empleo formal, estuviera exento de satisfacer una caución que garantizara su comparecencia al desarrollo del proceso penal, el cual, por ser de orden público, tenía un contrapeso relevante para la sociedad ante la posibilidad de obtención de la libertad del inculpado, ya que correspondería al juzgador ponderar todas las circunstancias que incidieran en su determinación acorde las reglas inherentes a fin de que se satisficieran las obligaciones procesales y, en caso de emitirse sentencia condenatoria, existiera la posibilidad efectiva de su cumplimiento. C. Luego, expuso la naturaleza del delito (lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), del Código Penal del Estado de Puebla), su modalidad (de consumación instantánea y a título doloso) y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución. D. Enseguida, narró los antecedentes del quejoso: ".originario y vecino de Cuautlancingo, Puebla, con domicilio en Miguel Hidalgo número 8 ocho de Cuautlancingo, Puebla, de 36 años de edad, que la fecha de su nacimiento es el 27 veintisiete de noviembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, estado civil soltero, que es la primera vez que se le instruye un proceso, actualmente desempleado y en la época de los hechos, esto es en el año 2011 dos mil once, era chalan de carpintería, percibiendo como salario aproximadamente $50.00 cincuenta pesos diarios, que sí sabe leer y escribir por haber cursado la instrucción preparatoria, que no es afecto a las bebidas embriagantes, no es afecto a las drogas y sustancias enervantes o estupefacientes, que profesa la religión católica". E. Señaló que de dichos antecedentes, se podía concluir que el quejoso se trataba de una persona mayor de edad y maduro, toda vez que en el año de los hechos (2011) contaba con veinticinco años de edad y, por ende, con capacidad suficiente de discernir y comprender los alcances y consecuencias de su actuar, máxime que no se desprendía que presentara alguna afectación que le impidiera razonar su actuar. F. Indicó que el quejoso había mostrado una buena conducta pre-delictiva, cuenta habida que de actuaciones no se apreciaba que contara con algún antecedente penal o ingreso a algún centro penitenciario, sin que la fiscalía demostrara lo contrario, por lo que estimó que al momento de fijar los montos, se consideraría la penalidad más cercana a la mínima. G. Precisó que el quejoso presentaba un interés menor de sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que de los antecedentes narrados se advertía que su domicilio se localizaba en la jurisdicción del juzgado penal; de igual forma, indicó que el quejoso se encontraba en condiciones económicas bajas, porque en el año de los hechos (2011) era chalan de carpintería, con un salario diario de $50 pesos. H. Adujo que la penalidad más cercana a la mínima para el delito de lesiones calificadas imputado al quejoso, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, y 328, todos del Código Penal del Estado de Puebla, era de 6 años, 10 meses y 14 días o 2504 días, la cual multiplicada por el 50% del salario que dijo percibir el quejoso en el año de los hechos (2011), es decir, por $25 pesos, resultaba la cantidad de $52,600.00 (cincuenta y dos mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), misma que fijó por concepto de libertad caucional. I. Por cuanto al concepto de sanción pecuniaria que en su caso podría imponerse al quejoso, de igual manera, señaló que debía ser la más cercana a la mínima, ante el interés escaso del quejoso de sustraerse de la acción de la justicia y ante la buena conducta pre-delictiva, por lo que mencionó el monto de $3,798.90 (tres mil setecientos noventa y ocho pesos, noventa centavos, moneda nacional), que derivaba de multiplicar 67 días de salario mínimo vigente en la fecha de la comisión del evento delictivo por el monto de dicho salario mínimo; esto es, por $56.70 (cincuenta y seis pesos setenta centavos, moneda nacional), establecido para el área geográfica "C" a la que pertenece el Municipio de Cuautlancingo, Puebla. J. Que no obstante ello, dijo que en la ejecutoria de amparo se había precisado que los montos a fijar no debían ser mayores a los asentados en el acto reclamado, por lo que por el concepto de posible multa a imponer, estableció la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional). K. Finalmente, por concepto de reparación del daño, no fijó monto alguno, tomando en consideración la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; y, ii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictó otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijó nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no fueron mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, fundó y motivó las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso René Méndez Coyotl en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y al tercero interesado José Javier López Arellano -víctima u ofendido del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción..."
- Principal
catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió al quejoso René Méndez Coyotl el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto al auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo de la sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veinte de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sustanciada la etapa de ejecución, por auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 2547 de la citada autoridad responsable -registro 9649 de 2021-, a través del cual, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de mayo del actual, dentro de la casa penal de origen; con lo cual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se consideró inconstitucional el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual, el juez responsable concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por violar la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 Constitucional, al no fundar ni motivar suficiente y debidamente su decisión. Por tanto, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Se arribó a tales conclusiones, con base en -medularmente- lo siguiente: A. Que la responsable, al fijar los citados montos, no realizó mayor fundamentación y motivación a la cita del artículo 20, fracción I, Constitucional y de los diversos 31, 165, 350, 351, 354 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la consideración de que no existía constancia alguna de que el quejoso hubiere sido condenado con anterioridad por un delito grave y a la precisión de que tales cantidades podían exhibirse en cualquiera de las formas legalmente establecidas (en efectivo o en pólizas de fianza expedidas por cualquier compañía afianzadora legalmente autorizada y a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en observancia al artículo 13 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas). B. En efecto, se dijo que el auto reclamado carecía de total motivación, cuenta habida que el juez responsable no había justificado ni explicado los motivos por los cuales fijó los montos para que el quejoso accediera del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Dicho en otras palabras, la autoridad únicamente fijó las cantidades y precisó los conceptos pero no señaló las razones que tomó en consideración para establecerlas. C. Que, especialmente, no había valorado la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. D. Que, en ese tenor, se estuvo ante la presencia de una violación formal a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, por existir una omisión total del argumento explicativo, tan insuficiente que el destinatario no podía conocer lo esencial de las razones que informaban el acto de autoridad, de manera que estuviera imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme la sentencia y se requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictara otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijara nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no podían ser mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, debía fundar y motivar las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, entre otros preceptos que estimara aplicables. Finalmente, se indicó que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad al quejoso ni tampoco el que se anularan actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la determinación dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 39/2013 de su índice, mediante la cual, efectuó lo siguiente: A. Dejó insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; B. Citó el contenido del artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación- y realizó una interpretación de los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para extraer los requisitos y condiciones para fijar los montos para que el imputado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, destacando que la intención del constituyente al introducir el concepto de asequibilidad no fue el permitir que una persona por el simple hecho de argumentar un salario inferior al mínimo o simplemente por no tener empleo formal, estuviera exento de satisfacer una caución que garantizara su comparecencia al desarrollo del proceso penal, el cual, por ser de orden público, tenía un contrapeso relevante para la sociedad ante la posibilidad de obtención de la libertad del inculpado, ya que correspondería al juzgador ponderar todas las circunstancias que incidieran en su determinación acorde las reglas inherentes a fin de que se satisficieran las obligaciones procesales y, en caso de emitirse sentencia condenatoria, existiera la posibilidad efectiva de su cumplimiento. C. Luego, expuso la naturaleza del delito (lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), del Código Penal del Estado de Puebla), su modalidad (de consumación instantánea y a título doloso) y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución. D. Enseguida, narró los antecedentes del quejoso: ".originario y vecino de Cuautlancingo, Puebla, con domicilio en Miguel Hidalgo número 8 ocho de Cuautlancingo, Puebla, de 36 años de edad, que la fecha de su nacimiento es el 27 veintisiete de noviembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, estado civil soltero, que es la primera vez que se le instruye un proceso, actualmente desempleado y en la época de los hechos, esto es en el año 2011 dos mil once, era chalan de carpintería, percibiendo como salario aproximadamente $50.00 cincuenta pesos diarios, que sí sabe leer y escribir por haber cursado la instrucción preparatoria, que no es afecto a las bebidas embriagantes, no es afecto a las drogas y sustancias enervantes o estupefacientes, que profesa la religión católica". E. Señaló que de dichos antecedentes, se podía concluir que el quejoso se trataba de una persona mayor de edad y maduro, toda vez que en el año de los hechos (2011) contaba con veinticinco años de edad y, por ende, con capacidad suficiente de discernir y comprender los alcances y consecuencias de su actuar, máxime que no se desprendía que presentara alguna afectación que le impidiera razonar su actuar. F. Indicó que el quejoso había mostrado una buena conducta pre-delictiva, cuenta habida que de actuaciones no se apreciaba que contara con algún antecedente penal o ingreso a algún centro penitenciario, sin que la fiscalía demostrara lo contrario, por lo que estimó que al momento de fijar los montos, se consideraría la penalidad más cercana a la mínima. G. Precisó que el quejoso presentaba un interés menor de sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que de los antecedentes narrados se advertía que su domicilio se localizaba en la jurisdicción del juzgado penal; de igual forma, indicó que el quejoso se encontraba en condiciones económicas bajas, porque en el año de los hechos (2011) era chalan de carpintería, con un salario diario de $50 pesos. H. Adujo que la penalidad más cercana a la mínima para el delito de lesiones calificadas imputado al quejoso, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, y 328, todos del Código Penal del Estado de Puebla, era de 6 años, 10 meses y 14 días o 2504 días, la cual multiplicada por el 50% del salario que dijo percibir el quejoso en el año de los hechos (2011), es decir, por $25 pesos, resultaba la cantidad de $52,600.00 (cincuenta y dos mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), misma que fijó por concepto de libertad caucional. I. Por cuanto al concepto de sanción pecuniaria que en su caso podría imponerse al quejoso, de igual manera, señaló que debía ser la más cercana a la mínima, ante el interés escaso del quejoso de sustraerse de la acción de la justicia y ante la buena conducta pre-delictiva, por lo que mencionó el monto de $3,798.90 (tres mil setecientos noventa y ocho pesos, noventa centavos, moneda nacional), que derivaba de multiplicar 67 días de salario mínimo vigente en la fecha de la comisión del evento delictivo por el monto de dicho salario mínimo; esto es, por $56.70 (cincuenta y seis pesos setenta centavos, moneda nacional), establecido para el área geográfica "C" a la que pertenece el Municipio de Cuautlancingo, Puebla. J. Que no obstante ello, dijo que en la ejecutoria de amparo se había precisado que los montos a fijar no debían ser mayores a los asentados en el acto reclamado, por lo que por el concepto de posible multa a imponer, estableció la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional). K. Finalmente, por concepto de reparación del daño, no fijó monto alguno, tomando en consideración la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; y, ii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictó otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijó nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no fueron mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, fundó y motivó las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso René Méndez Coyotl en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y al tercero interesado José Javier López Arellano -víctima u ofendido del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
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(publicación aviso) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE 14 DE junio DE 2022, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: catorce de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de mayo pasado, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que ninguna de ellas haya desahogado la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento del fallo protector con los elementos que obran en autos. 1. Antecedentes. El veinticinco de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió al quejoso René Méndez Coyotl el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto al auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual se le concedió el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por las razones expuestas en el considerando octavo de la sentencia y para los efectos precisados en el considerando noveno del propio fallo. Mediante acuerdo emitido el veinte de mayo del año en curso, dicha sentencia causó ejecutoria; ello, en atención a que no fue recurrida por parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de revisión; por lo que, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sustanciada la etapa de ejecución, por auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 2547 de la citada autoridad responsable -registro 9649 de 2021-, a través del cual, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintisiete de mayo del actual, dentro de la casa penal de origen; con lo cual, se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que estimaran conducente sobre tal cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 2. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia de amparo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se consideró inconstitucional el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por el cual, el juez responsable concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los siguientes montos para tal efecto: i) $65,000.00 (sesenta y cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de libertad caucional; ii) $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de probable multa a imponer; iii) $48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño material; y, iv) $11,340.00 (once mil trecientos cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), por concepto de reparación del daño moral. Lo anterior, por violar la garantía de legalidad, consagrada en el artículo 16 Constitucional, al no fundar ni motivar suficiente y debidamente su decisión. Por tanto, se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de dicha determinación. Se arribó a tales conclusiones, con base en -medularmente- lo siguiente: A. Que la responsable, al fijar los citados montos, no realizó mayor fundamentación y motivación a la cita del artículo 20, fracción I, Constitucional y de los diversos 31, 165, 350, 351, 354 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, a la consideración de que no existía constancia alguna de que el quejoso hubiere sido condenado con anterioridad por un delito grave y a la precisión de que tales cantidades podían exhibirse en cualquiera de las formas legalmente establecidas (en efectivo o en pólizas de fianza expedidas por cualquier compañía afianzadora legalmente autorizada y a nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, en observancia al artículo 13 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas). B. En efecto, se dijo que el auto reclamado carecía de total motivación, cuenta habida que el juez responsable no había justificado ni explicado los motivos por los cuales fijó los montos para que el quejoso accediera del beneficio de la libertad provisional bajo caución. Dicho en otras palabras, la autoridad únicamente fijó las cantidades y precisó los conceptos pero no señaló las razones que tomó en consideración para establecerlas. C. Que, especialmente, no había valorado la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. D. Que, en ese tenor, se estuvo ante la presencia de una violación formal a los derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, por existir una omisión total del argumento explicativo, tan insuficiente que el destinatario no podía conocer lo esencial de las razones que informaban el acto de autoridad, de manera que estuviera imposibilitado para cuestionarlo y defenderse adecuadamente. En ese tenor, el amparo solicitado se concedió para el efecto de que el 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, una vez que quedara firme la sentencia y se requiriera su cumplimiento, realizara lo siguiente: 1. Dejara insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; y, 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictara otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijara nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no podían ser mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, debía fundar y motivar las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, entre otros preceptos que estimara aplicables. Finalmente, se indicó que la concesión del amparo no implicaba que se dejara en libertad al quejoso ni tampoco el que se anularan actuaciones diversas a la precisada, sino únicamente que la responsable se ciñera a los efectos de la concesión apuntados, así como a las consideraciones que los sustentaban. 3. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la determinación dictada el veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal 39/2013 de su índice, mediante la cual, efectuó lo siguiente: A. Dejó insubsistente únicamente el auto dictado el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dentro de la causa penal 39/2013 de su índice, por el cual se concedió al quejoso René Méndez Coyotl el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fijaron los montos para tal efecto -acto reclamado-; B. Citó el contenido del artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación- y realizó una interpretación de los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, para extraer los requisitos y condiciones para fijar los montos para que el imputado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, destacando que la intención del constituyente al introducir el concepto de asequibilidad no fue el permitir que una persona por el simple hecho de argumentar un salario inferior al mínimo o simplemente por no tener empleo formal, estuviera exento de satisfacer una caución que garantizara su comparecencia al desarrollo del proceso penal, el cual, por ser de orden público, tenía un contrapeso relevante para la sociedad ante la posibilidad de obtención de la libertad del inculpado, ya que correspondería al juzgador ponderar todas las circunstancias que incidieran en su determinación acorde las reglas inherentes a fin de que se satisficieran las obligaciones procesales y, en caso de emitirse sentencia condenatoria, existiera la posibilidad efectiva de su cumplimiento. C. Luego, expuso la naturaleza del delito (lesiones calificadas, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), del Código Penal del Estado de Puebla), su modalidad (de consumación instantánea y a título doloso) y las circunstancias de modo, tiempo y lugar de ejecución. D. Enseguida, narró los antecedentes del quejoso: ".originario y vecino de Cuautlancingo, Puebla, con domicilio en Miguel Hidalgo número 8 ocho de Cuautlancingo, Puebla, de 36 años de edad, que la fecha de su nacimiento es el 27 veintisiete de noviembre de 1985 mil novecientos ochenta y cinco, estado civil soltero, que es la primera vez que se le instruye un proceso, actualmente desempleado y en la época de los hechos, esto es en el año 2011 dos mil once, era chalan de carpintería, percibiendo como salario aproximadamente $50.00 cincuenta pesos diarios, que sí sabe leer y escribir por haber cursado la instrucción preparatoria, que no es afecto a las bebidas embriagantes, no es afecto a las drogas y sustancias enervantes o estupefacientes, que profesa la religión católica". E. Señaló que de dichos antecedentes, se podía concluir que el quejoso se trataba de una persona mayor de edad y maduro, toda vez que en el año de los hechos (2011) contaba con veinticinco años de edad y, por ende, con capacidad suficiente de discernir y comprender los alcances y consecuencias de su actuar, máxime que no se desprendía que presentara alguna afectación que le impidiera razonar su actuar. F. Indicó que el quejoso había mostrado una buena conducta pre-delictiva, cuenta habida que de actuaciones no se apreciaba que contara con algún antecedente penal o ingreso a algún centro penitenciario, sin que la fiscalía demostrara lo contrario, por lo que estimó que al momento de fijar los montos, se consideraría la penalidad más cercana a la mínima. G. Precisó que el quejoso presentaba un interés menor de sustraerse de la acción de la justicia, tomando en consideración que de los antecedentes narrados se advertía que su domicilio se localizaba en la jurisdicción del juzgado penal; de igual forma, indicó que el quejoso se encontraba en condiciones económicas bajas, porque en el año de los hechos (2011) era chalan de carpintería, con un salario diario de $50 pesos. H. Adujo que la penalidad más cercana a la mínima para el delito de lesiones calificadas imputado al quejoso, previsto y sancionado por los artículos 305 y 308, fracción IV, inciso e), en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, 311, 323, 326, fracción II, y 328, todos del Código Penal del Estado de Puebla, era de 6 años, 10 meses y 14 días o 2504 días, la cual multiplicada por el 50% del salario que dijo percibir el quejoso en el año de los hechos (2011), es decir, por $25 pesos, resultaba la cantidad de $52,600.00 (cincuenta y dos mil seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), misma que fijó por concepto de libertad caucional. I. Por cuanto al concepto de sanción pecuniaria que en su caso podría imponerse al quejoso, de igual manera, señaló que debía ser la más cercana a la mínima, ante el interés escaso del quejoso de sustraerse de la acción de la justicia y ante la buena conducta pre-delictiva, por lo que mencionó el monto de $3,798.90 (tres mil setecientos noventa y ocho pesos, noventa centavos, moneda nacional), que derivaba de multiplicar 67 días de salario mínimo vigente en la fecha de la comisión del evento delictivo por el monto de dicho salario mínimo; esto es, por $56.70 (cincuenta y seis pesos setenta centavos, moneda nacional), establecido para el área geográfica "C" a la que pertenece el Municipio de Cuautlancingo, Puebla. J. Que no obstante ello, dijo que en la ejecutoria de amparo se había precisado que los montos a fijar no debían ser mayores a los asentados en el acto reclamado, por lo que por el concepto de posible multa a imponer, estableció la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos, cero centavos, moneda nacional). K. Finalmente, por concepto de reparación del daño, no fijó monto alguno, tomando en consideración la comparecencia del agraviado José Javier López Arellano ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde manifestó que recibió por parte del quejoso -imputado de origen- la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón en favor de aquél. 4. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, el juez responsable cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que: i) dejó sin efectos el acto reclamado; y, ii) con base en los razonamientos indicados en el considerando octavo de la sentencia, dictó otro proveído en el que, con libertad de jurisdicción, fijó nuevamente los montos que el referido quejoso debía exhibir para obtener su libertad provisional bajo caución, mismos que no fueron mayores a los establecidos en el auto impugnado; para lo cual, fundó y motivó las razones de su decisión, tomando en cuenta las constancias de la causa penal -como la comparecencia del agraviado ante la representación social de veintisiete de julio de dos mil doce, en donde se dio por pagado de la reparación del daño y otorgó su perdón al quejoso- y, desde luego, lo previsto en el artículo 20, Apartado A, inciso I, Constitucional -vigente antes de la reforma publicada el 18 de junio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación-, así como en los diversos 350 y 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. De ahí que la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. Notifíquese personalmente al quejoso René Méndez Coyotl en el domicilio señalado para tal efecto en la demanda de amparo y por conducto de su personal autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y al tercero interesado José Javier López Arellano -víctima u ofendido del delito-; y, por oficio a las autoridades responsables, al fiscal tercero interesado y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
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