Rene Mendoza Cancino

Expediente 1180/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1180/2016
Año
2016
Actuaciones
10
Última actuación
27/09/2016

Partes del expediente

  • Rene Mendoza Cancino

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio II-1033-A (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 1180/2016-II-A, original y duplicado del incidente de suspensión, ocho copias del escrito de ampliación de demanda y dos tomos de pruebas, consistentes en el duplicado de la causa penal 158/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por René Mendoza Cancino. Ahora bien, toda vez que la superioridad aceptó la competencia; en consecuencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones de ley y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita.

  2. Principal

    (CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO LA RESOLUCIÓN DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA:"Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa para efecto de que proporcionara la denominación correcta de la autoridad responsable que señaló como: 3. Director, Comandante, Encargado o Responsable de la Agencia Federal de Investigación, adscrito a la Delegación en la ciudad de Puebla de la Procuraduría General de la República al mando del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el que se conminó a la parte quejosa en proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciséis y se tiene por inexistente dicha autoridad y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ella. En otro sentido, agréguese a los autos, para que surta los efectos legales procedentes, el escrito signado por el quejoso René Mendoza Cancino y, en atención a su contenido, téngasele desahogando la vista concedida por acuerdo dictado el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, pues para tal efecto amplía su demanda de amparo, señalando como nueva autoridad responsable al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito y como acto que le reclama la resolución dictada el siete de octubre de dos mil quince, dentro del toca penal 126/2015-I, en la que revocó la diversa resolución de diez de junio de dos mil quince, dictada por la Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, en la causa penal 158/2015, de su índice y libró orden de aprehensión en contra del quejoso, en su carácter administrador único de la persona moral contribuyente denominada "REMC Y CIA", Sociedad Anónima de Capital Variable, por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, el primero previsto y sancionado en el artículo 108, párrafo primero, y fracción III, y el segundo de los injustos consignado y penado en los preceptos 109, fracción I, y 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año de dos mil nueve). En ese tenor, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para seguir conociendo del presente juicio de amparo por los motivos que se exponen a continuación. Primeramente, es necesario precisar que la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. Así pues, el juez por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, pero no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino sólo aquellos para los que la ley le faculta, es decir, para los cuales es competente. Sirven de sustento a lo anterior la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos rubro y texto son: "COMPETENCIA JURISDICCIONAL. Es principio elemental en derecho procesal, que la jurisdicción la da la ley y no las partes, de suerte que, colocada en la categoría de presupuesto de procedimiento, adquiere la entidad de una institución de derecho público, y por ello tanto los códigos de procedimientos civiles del Distrito y Territorios Federales, como las leyes procesales de los Estados y aun la misma Ley Federal del Trabajo, consignan la prevención de que en cualquier estado del procedimiento, pueda declararse la incompetencia, para el efecto de que el litigio o el conflicto, se decidan por las autoridades a quienes correspondan." También, es preciso indicar que las cuestiones de competencia son de orden público y oficioso pronunciamiento. Sirve de apoyo, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita a continuación: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso." Ahora bien, conviene señalar que los artículos 35, 36 y 48 de la Ley de Amparo disponen: "(.) Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. También lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo." "Artículo 36. Los tribunales unitarios de circuito sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. (.)" "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." "Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente." "Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior." "Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente." "Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva. (.)" Por su parte, el artículo 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone: (.) Artículo 29. Los tribunales unitarios de circuito conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; (.) De la interpretación de los artículos transcritos se advierte, que a los Tribunales Unitarios de Circuito les compete conocer, entre otros casos, de los juicios de amparo indirecto promovidos contra los actos de otros tribunales unitarios, que no constituyan sentencias definitivas y, que será competente para conocer de ese tipo de asuntos el órgano más próximo a la residencia del tribunal responsable. Y que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Establecido lo anterior, se tiene que mediante demanda presentada por el quejoso René Mendoza Cancino ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla el ocho de agosto de dos mil dieciséis, remitida por razón de turno a este juzgado de distrito el mismo día, reclamó de las autoridades responsables 1. Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, 2. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla y 3. Director, Comandante, Encargado o Responsable de la Agencia Federal de Investigación, adscrito a la Delegación en la ciudad de Puebla de la Procuraduría General de la República al mando del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, la orden de aprehensión librada en su contra, así como su ejecución (fojas 2 a 13). Luego, por acuerdo dictado el nueve de agosto de dos mil dieciséis se admitió la referida demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y se ordenó el emplazamiento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado (fojas 17 a 20). Mediante proveído de dieciocho de agosto del actual (fojas 31 y 32), se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda de amparo, toda vez que del informe justificado de la Jueza Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, así como del duplicado del proceso penal 158/2015 de su índice (el cual acompañó a su informe), se advertía que el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito mediante resolución dictada el siete de octubre de dos mil quince, dentro del toca penal 126/2015-I, revocó la diversa resolución de diez de junio de dos mil quince, dictada por la citada Jueza de Distrito y, luego, decidió librar orden de aprehensión en contra del quejoso, en su carácter administrador único de la persona moral contribuyente denominada "REMC Y CIA", Sociedad Anónima de Capital Variable, por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, el primero previsto y sancionado en el artículo 108, párrafo primero, y fracción III, y el segundo de los injustos consignado y penado en los preceptos 109, fracción I, y 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año de dos mil nueve). Finalmente, en el escrito con el que se da cuenta se tiene al quejoso ampliando su demanda de amparo respecto al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito, reclamándole la citada resolución dictada el siete de octubre de dos mil quince, dentro del toca penal 126/2015-I. En esas condiciones y como se adelantó, de conformidad con los artículos 35, 36 y 48 de la Ley de Amparo y el diverso 29, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer del presente asunto, toda vez que en la especie se combate un acto emitido por el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Sexto Circuito. Sirven de apoyo a lo aquí señalado, la tesis de jurisprudencia P./J. 31/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. SU COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NO SE LIMITA A LA MATERIA PENAL. La interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o. y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los antecedentes legislativos que motivaron la incorporación de los Tribunales Unitarios de Circuito al ámbito competencial del juicio de amparo indirecto, pone de manifiesto que esa facultad no se limita a los casos previstos en los artículos 16 en materia penal, 19 y 20 de la Carta Magna, sino que la intención del legislador fue la de concederla en sentido irrestricto a todos aquellos actos provenientes de un tribunal de esa naturaleza, respecto de los cuales procediere el juicio de amparo indirecto; por lo que debe atenderse al espíritu que inspiró su adición para darle el verdadero alcance que impide que un Juez de Distrito, aun como Juez de amparo, juzgue los actos de quien jerárquicamente es su superior. En esa tesitura, previa formación del cuaderno de antecedentes para constancia, el juicio de amparo 1180/2016-II-A, junto con sus anexos, copias del escrito de ampliación de demanda y cuadernos incidentales (los cuales a la fecha han sido resueltos mediante interlocutoria dictada el doce de agosto de dos mil dieciséis) deberá ser remitido a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Unitarios del Sexto Circuito, para que sea turnado al Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, solicitando atentamente a dicho Tribunal informe si acepta la competencia planteada, salvo mejor determinación de la Superioridad; y se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y con una copia simple de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido"

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que el dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se requirió a la parte quejosa para dentro del término de quince días contados a partir de que surtiera efectos la notificación del citado proveído, manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de este Sexto Circuito Sin embargo, dicho término se encuentra transcurriendo, lo anterior en virtud de que el auto de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se notificó por lista el veinticuatro de agosto del actual, surtió efectos veinticinco siguiente; por lo que el término transcurre del veintiséis de agosto al veinte de septiembre del actual, descontándose los días veintisiete y veintiocho de agosto así como el tres, cuatro, diez, once, catorce, quince, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil dieciséis Atento a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS Por otra parte, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que mediante proveído de doce de agosto de dos mil dieciséis (foja 25), se reservó proveer respecto de la razón asentada por la actuaria judicial de la adscripción, mediante la cual manifestó la imposibilidad para notificar el oficio II-D-0990-3, dirigido a la autoridad 3. Director, Comandante, Encargado o Responsable de la Agencia Federal de Investigación, adscrito a la Delegación en la ciudad de Puebla de la Procuraduría General de la República al mando del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, hasta en tanto obraran la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables del auto de nueve de agosto del actual (auto admisorio); por lo que cumplida dicha condición se provee: Con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, respecto a la citada autoridad responsable, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por inexistente a dicha autoridad; mientras tanto suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con la misma. Tiene aplicación a lo anterior el siguiente criterio: AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SU DECLARATORIA DEBE ESTAR PRECEDIDA DE LA NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DE ESE EVENTO PROCESAL Y DEL APERCIBIMIENTO PARA QUE PRECISE, CORRIJA O ACLARE EL NOMBRE DE LA AUTORIDAD QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. Dado que la jurisprudencia 1a./J. 111/2008 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 52, de rubro: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN.", parte de la premisa de que se ha efectuado la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable, pero no precisa las condiciones bajo las que esa declaratoria debe realizarse; es menester señalar que en la ejecutoria de la que emana dicho criterio obligatorio, se advierte que la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable derivada del hecho de que no hubiere sido factible notificarla, debe estar precedida de la notificación de ese evento procesal al quejoso y del apercibimiento posterior de que, si una vez enterado de esa eventualidad no precisa, corrige o aclara el nombre de la autoridad que no fue posible emplazar, entonces se le sancionará declarándola inexistente y suspendiendo de inmediato toda comunicación, sin que sea dable pronunciarse nuevamente al respecto, en la sentencia que en su caso se dicte. Notificación que resulta necesaria, porque sin esa oportunidad, el quejoso no se encuentra en condiciones de corregir, de estimarlo conveniente, la denominación de la autoridad responsable, de continuar con la sustanciación del juicio de amparo y de lograr el examen de constitucionalidad que pretende.

  4. Principal

    CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE 2016 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso René Mendoza Cancino, atento a su contenido, se provee: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa del ocursante fotocopia certificada de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo obre en autos, quienes deberán comparecer con identificación oficial y vigente (y fotocopia simple de ésta). En el entendido de que dicho trámite deberá efectuarse dentro del horario comprendido de las diez a las doce horas, en días hábiles, por así permitirlo las labores de este juzgado. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que mediante proveído de quince de agosto del actual (foja 27), se tuvo al Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, rindiendo su respectivo informe justificado; del cual se advierte en lo que interesa lo siguiente: ". ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO a esta autoridad. Lo anterior es así, ya que mediante resolución de diez de junio de dos mil quince, esta autoridad negó la orden la aprehensión solicitada por la representación social, en contra de René Mendoza Cancino, en su carácter de administrador único de la persona jurídica REMC y CIA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la comisión de los delitos de Defraudación Fiscal y Defraudación Fiscal Equiparable. Luego, inconforme con dicha resolución el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito interpuso recurso de apelación, con motivo del cual, mediante ejecutoria de siete de octubre de dos mil quince, pronunciada por el Segundo Tribunal Unitario de este Sexto Circuito, en el toca penal 126/2015-I, de su índice, revocó la resolución de diez de junio de ese propio año, para el efecto de librar orden de aprehensión en contra de René Mendoza Cancino, en su carácter de administrador único de la persona jurídica REMC y CIA, Sociedad Anónima de Capital Variable, por la comisión de los delitos de Defraudación Fiscal y Defraudación Fiscal Equiparada, el primero previsto y sancionado en el artículo 108, párrafo primero, y fracción III, y el segundo de los injustos consignado y penado en los preceptos 109, fracción I, Y 108, fracción III, ambos del Código Fiscal de la Federación (vigente en el año dos mil nueve)". En consecuencia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído refiera si es su deseo señalar como nueva autoridad responsable al Magistrado del Segundo Tribunal Unitario de este Sexto Circuito, y como nuevo acto reclamado a éste la resolución dictada el siete de octubre de dos mil quince, dentro del toca penal 126/2015-I de su índice, donde en su segundo punto resolutivo libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso (fojas 175 a 292 del anexo I). Lo anterior con apoyo en las jurisprudencias que se reproducen: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que en el caso de señalar a la aludida autoridad como responsable, así como el acto reclamado de referencia, deberá acompañar una copia de su escrito de demanda para emplazarla de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo, así como copias suficientes del escrito de ampliación precisando la autoridad y el acto que se reclama y los conceptos de violación para ser distribuidas entre las partes. Así mismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que de no dar cumplimiento a dicho requerimiento, se tendrá únicamente como acto reclamado y autoridades responsables los señalados en su escrito de demanda y, sobre esa base, se tramitará y resolverá el presente sumario constitucional, con las consecuencias legales que procedan.

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