Rene Ortiz Torres

Expediente 801/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
801/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Rene Ortiz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no fue impugnado el auto de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, que desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. Documentos. Finalmente, hágase saber a la parte quejosa que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibido de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, EN TÉRMINOS DEL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE LE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE:Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. 1. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintitrés de junio del año en curso. 1.1. Reconoce personalidad. Ahora bien, téngase a ********************, como apoderado legal del quejoso ******************** -carácter que se le reconoce en términos de los artículos 6 y 10 de la Ley de Amparo al tenor de la copia cotejada que anexa-, 2. Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial. Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En la especie se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los normativos 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.];". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, catorce y dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor". De conformidad con los artículos y fracciones transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en numeral 18 del ordenamiento legal en cita, es decir: A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, O a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo el caso de la fracción I del artículo 17 en el que el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Entonces, siguiendo el marco jurídico, el acto reclamado identificado, se ubica dentro de la segunda regla antes enunciada. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama al Director de la dirección de Planeación, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, área administrativa del Ayuntamiento Constitucional de ******************** de Hidalgo, Michoacán, la expedición de la licencia municipal de construcción número ********************, en la cual se autoriza la obra de construcción en el predio que ocupa la finca marcada con el número ********************, de la calle ********************, en la ciudad de ********************, de esta entidad federativa. De lo narrado en la demanda, concatenado con sus anexos, se obtiene que el quejoso se duele de la afectación siguiente: ". Soy propietario legítimo del bien inmueble que se sitúa en la calle ******************** Número ******************** Colonia ******************** de la ciudad de ********************, Michoacán, . El pasado día 04 de Noviembre del año 2022, presenté ante la DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE, el procedimiento administrativo con el fin de revocar la licencia de Construcción Número ********************, . esto porque se comenzó a desarrollar trabajos de excavación en la propiedad en la cual le había proporcionado la autoridad licencia, desde el mes de Octubre, lo anterior debido a que el quejos, advirtió que el titular de la licencia de construcción y vecino, se excedía en las medidas de la obra, .". Atento a lo anterior, resulta evidente de la narración de hechos realizada bajo protesta de decir verdad en el ocurso de cuenta, así como de las constancias que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, que por lo menos desde el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, conoce del acto reclamado en esta instancia constitucional. Se estima de esa forma porque incluso pretendió que dicha licencia fuera revocada mediante el procedimiento administrativo instaurado ante la Dirección de Planeación Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Además lo anterior se encuentra corroborado porque de las constancias que anexó al escrito de demanda de amparo se advierte el escrito dirigido al Ayuntamiento Municipal de ********************, Michoacán, mediante el cual entre otras cosas solicitó la revocación temporal de la licencia ********************. Así, es evidente que el acto reclamado no se ubica en los casos de excepción previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no producir ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, o, cualquiera de los actos prohibidos por el numeral 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, de conformidad con lo establecido y alcances contenidos en el ordinal 17 de la ley de la materia, la promoción de la demanda de amparo debió hacerse dentro de los quince días hábiles siguientes, al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o en que se hizo sabedor del mismo, esto es, del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Por ello, resulta evidente que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra del acto combatido -ocho al veintinueve de noviembre de dos mil veintidós- ha fenecido pues la demanda fue presentada hasta el veintiuno de junio del año en curso, por lo que en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, al ser notoriamente extemporánea la demanda de que se trata. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la tesis del Pleno de la entonces Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, del volumen 193-198, primera parte, Séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiesta que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, se realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado". Igualmente, por similitud jurídica, el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 175, tomo IX- Marzo, Octava época del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, CUANDO SE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN. De la lectura del artículo 21 de la Ley de Amparo, se advierte que para iniciar el computo del término previsto para la interposición de la demanda de garantías, deberá tomarse en consideración cuando surte efectos la notificación que se haga el quejoso, según la ley del acto. En el caso, la Ley que regula el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; sin embargo en dicho ordenamiento legal no existe ningún artículo que establezca cuando deben surtir sus efectos las notificaciones de carácter personal lo que si ocurre en otras leyes que establecen un medio artificial o no natural para determinar cuando surte efectos una notificación, como es el caso de la Ley de Amparo (artículo 34, fracciones I y II). Ante la aludida admisión del Código adjetivo citado, es evidente que debe estarse a la manera lógica y natural en que surte sus efectos una notificación personal, es decir al momento que se haya tenido conocimiento del acto así notificado". Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista por la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17, 18 y 19, todos de la Ley de Amparo, a la luz del precepto 113 de dicho ordenamiento legal, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la parte promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". 2. Autorizados. Se tiene a la parte quejosa autorizando a ********************, quien gozará de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que tiene su cédula inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así, por lo que respecta a Liberiana Hernández Valentín y Omar Lino Martínez, hasta en tanto acrediten estar legalmente facultados para ello. 3. Correo electrónico y teléfono. De igual forma se tiene proporcionado correo electrónico y número telefónico a fin de que el personal de actuaría de este órgano jurisdiccional establezca contacto. Por tanto, manténganse bajo resguardo ese dato a fin de que sea utilizado como medio especial y expedito de contacto, de tal forma que solo deba acudirse físicamente este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 4. Acceso expediente electrónico. Ahora, respecto al acceso al expediente electrónico; atento a su contenido, dígasele que una vez que proporcione el nombre del usuario, se realizarán las gestiones correspondientes para dar la autorización vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Carlos Fernando Cabrera López.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 1. Autoridad informa gestiones. Se ordena agregar el oficio suscrito por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió parcialmente diligenciada la comunicación oficial 155/2023. Asimismo, informa que requirió a la parte demandada a efecto de que comparecieran ante ese tribunal a cubrir las multas impuestas en autos, apercibiéndolos en caso de incumplimiento. De igual manera, hizo efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de dieciséis de junio actual; y, requirió a la demandada a efecto de que diera cumplimiento con lo solicitado. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. 2. Requerimiento. No obstante lo anterior, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad de referencia, para que dentro del término de tres días, computado a partir de que se notifique el presente proveído, realice lo siguiente: -Provea todo lo necesario para que la sentencia sea puntualmente ejecutada, siempre que esto sea acorde al respeto a los derechos fundamentales, a la normatividad aplicable, así como al principio de que el Juez no puede imponer sus mandamientos, si trastocan la ley o propenden al riesgo de que al forzar su cumplimiento, sin una razón debidamente fundada y motivada, puedan generarse responsabilidades administrativas o de alguna otra índole, para el juzgador o para la autoridad requerida En el entendido que, corresponde a la autoridad responsable Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, vigilar que se realicen todos los actos necesarios para que la ejecutoria de amparo se cumpla en sus términos, y atienda su obligación legal de exigir su exacta observancia, sin que ello implique que el órgano de amparo se sustituya en el arbitrio que legalmente le corresponde a la autoridad responsable, ni que las gestiones que para el debido cumplimento de la ejecutoria de amparo ahora se trasladen a este órgano jurisdiccional, lo anterior a fin de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. 3. Se requiere a autoridad vinculada. Se requiere al Ayuntamiento de Angamacutiro, Michoacán, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos decretados por este órgano jurisdiccional, esto es: -Informe el resultado del oficio en seguimiento al diverso 033, girado a la Dirección Operación Financiera de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual solicitó nuevamente se señale fecha y hora para realizar la asesoría necesaria para cumplir con lo requerido. 4. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, le será impuesta multa de doscientas unidades de medida y actualización equivalente a $ 20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Alma Delia Gámez Puga.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. 1. Autoridad responsable informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta copia certificada del acuerdo de seis de junio del año en curso, del que se advierte que requiere al Poder Ejecutivo del Estado, para que dé cumplimiento total, realice el pago o bien informe sobre los tramites que se están llevan a cabo para el cumplimiento de la ejecutoria. No obstante, se advierte que dicha constancia ya obra en los autos que integran el presente juicio de amparo, toda vez que en proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, fue remitida por la autoridad responsable, y se le requirió para que en el término de tres días contados al momento de su notificación, remitiera el auto recaído respecto al requerimiento formulado en ese acuerdo, sin que lo haya hecho, estando debidamente notificada el veintidós de junio del presente año, como se advierte en la constancia de notificación. Con lo anterior, es evidente que la autoridad responsable muestra una actitud contumaz y omisa, al pretender dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintiuno de junio pasado, remitiendo la misma constancia que fue recibida en ese propio auto. Con ello es indiscutible, que no ha realizado acción alguna que vaya encaminada a cumplir con el fallo protector, sino por el contrario ha sido omisa en cumplir con el requerimiento que se le formulo en auto de veintiuno de junio pasado. Ello aunado a que, de autos se desprende que solo se ha limitado a informar gestiones que si bien son encaminadas a cumplir con la ejecutoria, no inciden en el núcleo de los efectos del fallo protector, por lo que se concluye que solo se ha dedicado a retardar el cumplimiento de la sentencia. Así, tenemos que desde que causó ejecutoria la sentencia dictada en autos -veintiocho de diciembre de dos mil veintidós-, la responsable no ha dado cabal cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen, toda vez que hasta esta fecha ha sido omisa en informar los medios de apremio que ha hecho efectivos para ello. 2. Nuevo requerimiento a la autoridad responsable. Por tanto, en términos de los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo: - Remita el auto recaído al requerimiento formulado el seis de junio de dos mil veintitrés, esto es, informe si la autoridad responsable cumplió con el laudo y el pago por la cantidad adeudada a la trabajadora actora, o en su caso, haber hecho efectivo el apercibimiento decretado en ese acuerdo. Asimismo, deberá continuar con la fase de ejecución del laudo dictado dentro del juicio laboral ********************, a favor de la parte quejosa, lo que implica dictar las medidas de apremio que tenga a su alcance para que se dé cabal cumplimiento a la condena establecida en el mismo, debiendo vigilar que sus determinaciones sean cumplidas. 3. Autoridad vinculada informa gestiones. Téngase al Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dando contestación al requerimiento formulado el veintitrés de junio del año en curso, para cual remite el documento de ejecución presupuestaria y pago a nombre de la quejosa, por la cantidad de $********************, e informa que una vez que se encuentre disponible el cheque en cuestión lo hará de conocimiento a este juzgado. 4. Requerimiento a la autoridad vinculada. Atento a lo anterior requiérase a la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su notificación, remita las constancias con las que acredite que hizo disponible el cheque a nombre de la quejosa, por la cantidad de $******************** y que fue entregado a la misma. 5. Apercibimiento. Apercibidas ambas autoridades que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta a cada una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

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