Reinaldo Jaracuaro Tapia
Expediente 873/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 873/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Reinaldo Jaracuaro Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que a la fecha transcurrió el término legal de que disponían las partes quejosa y terceros interesados para recurrir la sentencia definitiva que se sobreseyó, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de destrucción. 4. Incidente de suspensión. En los autos del cuaderno incidental se negó y se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración. 4.1. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que con fundamento en el inciso a), fracción II, del artículo 20, del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Lo anterior, se ordena hacerlo constar en la carátula de los cuadernos incidentales. 5. Devolución de constancias. Se ordena la devolución de constancias enviadas por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, como justificación de su informe, solicitándole el acuse correspondiente. 6. Documentos originales. Finalmente, téngase por recibido el escrito signado por el tercero interesado ********************, atento a su contenido, como lo solicita hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 873/2022, promovido por Reinaldo Jaracuaro Tapia, por alegada violación de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 1379/2017; La falta de llamamiento o emplazamiento; La orden de entrega del bien inmueble de su propiedad, sin haber sido oído ni vencido en juicio y la orden de ejecución forzosa; y, El auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: El inminente lanzamiento del inmueble de su propiedad. Del Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán: La inminente ejecución del auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de una autoridad, cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción esta potestad federal. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. La autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman; por tanto, así deben tenerse. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados al Actuario Adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y al Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán. Lo anterior, porque la primera de las autoridades responsables no rindió informe justificado sobre el acto que expresamente se le reclamó; y, respecto de la segunda, porque no rindió informe, no obstante estar debidamente notificada. Ahora, la certeza de los actos reclamados se acredita con las constancias que anexó la responsable ordenadora a su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ordinario civil 1379/2017, a las que se les concede pleno valor probatorio conforme a lo establecido en los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, se advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, porción normativa que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior [.] Por su parte, la fracción X, establece: "[.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; [.]". Conforme al artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, de autoridades responsables y de actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas. Asimismo, debe precisarse que tal figura no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional. De lo narrado se desprende que para que se actualice la cosa juzgada, se deben cumplir con los requisitos siguientes: 1. Necesariamente ambos juicios de amparo deben estar promovidos por el mismo quejoso o quejosos; contra las mismas autoridades; y, por el propio acto reclamado. 2. El acto reclamado en el nuevo juicio de amparo, haya sido materia de una ejecutoria en uno diverso. En el caso concreto, las hipótesis detalladas se encuentran cubiertas. En efecto, entre las constancias que remitió la responsable se encuentra el cuaderno del juicio de amparo 583/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, del que se advierte que: ( Fue promovido por Reinaldo Jaracuaro Tapia. ( Señaló como actos y autoridad responsable a las siguientes: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: La orden de desocupación y lanzamiento, así como todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil número 1379/2017, sobre nulidad de juicio concluido. ( Se dictó sentencia el siete de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el juicio. ( Resolución que causó ejecutoria el once de junio de dos mil veintiuno. Por su parte, de la demanda de amparo del presente juicio de amparo, se advierte que: La parte quejosa es Reinaldo Jaracuaro Tapia. Señaló como actos y autoridades responsables los siguientes: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: Todo lo actuado en el juicio ordinario civil número 1379/2017; La falta de llamamiento o emplazamiento; La orden de entrega del bien inmueble de su propiedad, sin haber sido oído ni vencido en juicio y la orden de ejecución forzosa; y, El auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: El inminente lanzamiento del inmueble de su propiedad. Del Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán: La inminente ejecución del auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. Bajo esas premisas, el requisito marcado con el número 1, se encuentra cubierto, pues la demanda presentada en primer término y la que es objeto de este juicio fueron promovidas por la misma quejosa: Reinaldo Jaracuaro Tapia. Respecto de las autoridades responsables, son esencialmente coincidentes, pues en ambos juicios de amparo se señaló como responsable al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, sin que sea impedimento a lo anterior, que no sean exactamente las mismas, dado que en el presente juicio de amparo señaló al Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y al Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán, pues lo cierto es que el acto consistente en todo lo actuado en el juicio de origen, en ambos amparos, se lo atribuyó al mencionado juez. Ahora, por lo que respecta a la exigencia precisada con el número 2, también se encuentra cubierta, debido a que el reclamo consistente en todo lo actuado en el juicio natural ya fue materia de la ejecutoria del multicitado juicio de amparo, por lo menos, todos aquéllos dictados hasta la fecha en que se resolvió el juicio de amparo 583/2020. Ahora, no se inadvierte que el aspecto relacionado a que los actos reclamados serán los mismos en ambos amparos, se insiste sí se actualiza, porque si bien en el presente juicio de amparo señaló más actos reclamados que en el diverso 583/2020, lo cierto es que además de ser esencialmente coincidentes y que derivan del mismo juicio de origen que ahora se estudia, los mismos que serán analizados en párrafos posteriores. Como ya se dijo, por sentencia de siete de abril de dos mil veintiuno, se determinó sobreseer en el juicio a razón de que de las constancias del juicio de donde devienen los actos reclamados pudo advertirse que, contrario a lo alegado por la parte quejosa, al no haber sido señalado como demandado ni haberse seguido el juicio de origen en su contra, las actuaciones que en dicho procedimiento se hayan practicado no vulneran su esfera jurídica, por no ser actuaciones que se encuentran dirigidas a su persona. Lo anterior -se dijo-, aun en el caso de que el impetrante, haya celebrado contrato de compraventa con los codemandados, respecto del inmueble materia del juicio civil concluido cuya nulidad se reclamó en el juicio de origen, pues ello únicamente lo faculta para ejercitar la acción correspondiente en defensa de los derechos que afirma tener respecto del mismo, no así para reclamar lo actuado en el juicio, en el que, no figura como parte, pues los actos habidos en el referido procedimiento van a reflejarse en la esfera jurídica de las partes contendientes. Determinación que causó ejecutoria el once de junio de dos mil veintiuno. En ese sentido, ya no es dable jurídicamente examinar el acto reclamado consistente en todo lo actuado dentro del juicio de origen, por lo menos, todos aquéllos dictados hasta la fecha en que se resolvió el juicio de amparo 583/2020, en virtud que de hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese sentido, ya no es dable jurídicamente examinar el acto reclamado consistente en todo lo actuado dentro del juicio de origen, reclamado al Juez responsable, en virtud que de hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, lo que procede es sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Ahora, respecto de los actos reclamados: Del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: La falta de llamamiento o emplazamiento; La orden de entrega del bien inmueble de su propiedad, sin haber sido oído ni vencido en juicio y la orden de ejecución forzosa; y, El auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. Del Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán: El inminente lanzamiento del inmueble de su propiedad. Del Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán: La inminente ejecución del auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia. El juicio es improcedente, porque no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución del juicio de origen, causal prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, la doctrina define al causahabiente como el sucesor de los derechos de una persona, de quien ha adquirido una propiedad o un derecho, y puede ser a título universal cuando se trata de la totalidad del patrimonio o parte alícuota de éste, o a título particular, si únicamente se refiere a una cosa o cosas específicas. Ahora bien, desde el punto de vista procesal, para que se actualice la causahabiencia, tratándose de la adquisición de inmuebles, es necesario que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente se acredite que el adquirente de esa propiedad o derecho tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y que, por ende, contrae un derecho litigioso, ya que de no acreditarse dicha situación, debe considerársele como tercero adquirente de buena fe, en tanto que desconoce el estado que guardaba el bien antes de adquirirlo. A mayor abundamiento, causahabiente es la persona que ha sustituido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras, junto a las partes, en determinados actos jurídicos; son aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquéllos se les conoce con el nombre de causahabientes, y a éstos con el de causantes. Existen dos especies de causahabientes: a) a título universal, y b) a título particular. La primera se presenta cuando el causahabiente sustituye al causante en todo su patrimonio o en una parte alícuota de él, por ejemplo, en la sucesión testamentaria o intestamentaria existe una causahabiencia por efecto de la ley, en virtud de que en sí misma tiene carácter universal por comprender la masa del patrimonio de su autor. La segunda puede serlo por cesión de derechos y obligaciones o por subrogación. Con el término "causahabiente" se considera que se designa a la persona que después de celebrado un acto jurídico adquiere en forma derivada del autor de él, por transmisión, los derechos y las obligaciones que nacieron originalmente dentro de la misma relación jurídica. Luego entonces, el causahabiente es quien con posterioridad al nacimiento de la relación jurídica entre partes distintas a él, entra en el mismo acto jurídico celebrado en calidad de sujeto de la relación, colocándose en la posición de uno de los autores del acto, sustituyendo a éste, a quien se le denomina causante. Ahora bien, si por causahabiente se entiende la persona que se ha sustituido por cualquier título en el derecho de otra u otras, junto a las partes en determinados actos jurídicos, es evidente que para determinar si existe o no causahabiencia en cada caso debe atenderse a la naturaleza del título jurídico fundatorio del derecho del accionante y valorar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se adviertan de las actuaciones del juicio del que derivan los actos reclamados en vía constitucional, para así poder establecer si quien ejerce la acción de amparo se subrogó en los derechos y obligaciones de una de las partes en el juicio natural y, por tanto, que no es tercero extraño al mismo por haber sido oído y vencido en ese procedimiento. Por tanto, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el juicio de amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causas de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente, porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél. De lo anterior se desprende que aun cuando exista causahabiencia, si no concurren causales de improcedencia que hayan afectado al causante, el juicio no debe sobreseerse y debe entrarse al estudio de los conceptos de violación. Por consiguiente, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como tercero extraño y aduciendo violación al derecho de audiencia no debe ser sobreseído, sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. Asimismo, con independencia de que el quejoso tenga el carácter de parte causahabiente en relación con los bienes o derechos debatidos en el juicio natural, o sea, tercero extraño a ese procedimiento, debe justificar en el juicio de amparo la afectación a su interés jurídico como uno de los requisitos de procedencia del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley de Amparo. A su vez, la verificación y posterior determinación de que el solicitante del amparo tiene el carácter de causahabiente del derecho real controvertido en el procedimiento del que derivan los actos reclamados, o bien, es un tercero extraño al juicio por no existir causahabiencia, sin que existan causales de improcedencia, ubica al quejoso en la posición sustantiva del derecho que le corresponde frente a la violación de derechos humanos alegada lo cual traerá como consecuencia la concesión o la negativa del amparo, pero no la improcedencia de la vía constitucional, puesto que en cada caso concreto se tendrá que analizar si hay o no causahabiencia, pues esta figura no es motivo de improcedencia, ya que no es posible sobreseer en el juicio, ni menos aún desechar la demanda cuando quien lo promueve es causahabiente, dado que ese carácter no genera por sí mismo la falta de interés jurídico para acudir al juicio de amparo, por la consideración preliminar de que ya fue oído y vencido a través de su causante, ni la causahabiencia, en sí misma considerada, constituye una causa de improcedencia. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en las Jurisprudencias 1a./J. 85/2006 y 2a./J. 34/2003, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN". "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO". Expuesto lo anterior, debe decirse que en el caso sujeto a estudio el peticionario reclama de manera destacada la falta de llamamiento o emplazamiento al juicio de origen y, como consecuencia de ello todos los restantes actos enumerados; y, de manera destacada en la pretensión de privarlo de su derecho de propiedad respecto del bien inmueble denominado Predio Rústico denominado "DOS TERCERAS PARTES EL TROJE", ahora conocido como "CABARRO", ubicado en la Tenencia de Patamban, Municipio de Tangancícuaro, Michoacán, del cual aduce ser propietario por virtud del contrato de compraventa que celebró el veinte de junio de dos mil diecinueve, con Luis Manuel Contreras Morales, también conocido como Luis Contreras Morales y Cleotilde Agustín Dolores -vendedor y parte demandada en el juicio de origen-; documental que anexó a su escrito inicial de demanda. Lo anterior permite concluir que el quejoso sustenta su petición de amparo en los siguientes supuestos: a) Su condición de tercero extraño a la controversia de la que derivan los actos reclamados; b) Su carácter de propietario, por virtud de un contrato de compraventa del inmueble objeto del juicio de origen; y, c) La afectación de esa propiedad mediante los actos reclamados. Para acreditar ese carácter, el solicitante del amparo exhibió el contrato de compraventa celebrado el veinte de junio de dos mil diecinueve, con Luis Manuel Contreras Morales, también conocido como Luis Contreras Morales y Cleotilde Agustín Dolores -vendedor y parte demandada en el juicio de origen-; el cual se valora en términos del artículo 179 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, en el presente caso existe causahabiencia debido a que con anterioridad a la celebración de ese acto jurídico (veinte de junio de dos mil diecinueve), se instauró el juicio ordinario civil 1379/2017, el cual fue iniciado el veintiocho de junio de dos mil dieciséis y en el que, se dictó sentencia definitiva el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, misma que causó ejecutoria el catorce de junio de dos mil diecinueve, tal como se advierte de las constancias allegadas por el juez responsable en apoyo a su informe justificado. Se precisa la compraventa fue celebrada con posterioridad al inicio del juicio de origen, que lo fue el veinte de junio de dos mil diecinueve. Por tanto, si el veinte de junio de dos mil diecinueve (fecha posterior al inicio del juicio de origen) se celebró el contrato de compraventa con dos de los aquí terceros interesados respecto del bien inmueble afecto, es inconcuso que el comprador adquiere el carácter de causahabiente y, consecuentemente, se somete a las consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en el juicio de origen, con independencia de que él como comprador hubiera tenido conocimiento o no de la existencia del procedimiento, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se haya celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados. En ese sentido, es de considerar que al aquí quejoso, no le reviste el carácter de tercero extraño al procedimiento del que emanan los actos reclamados en esta contienda constitucional y sí, el de causahabiente de los ahí demandados Luis Manuel Contreras Morales, también conocido como Luis Contreras Morales y Cleotilde Agustín Dolores -vendedor y parte demandada en el juicio de origen-, en el juicio ordinario civil 1379/2017, entre otros. Por tanto, se estima que, por virtud del contrato de compraventa celebrado se actualiza la hipótesis de la causahabiencia, ya que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su causante (vendedor) respecto del inmueble y por tanto no le asiste el carácter de tercero extraño a la controversia de origen, ya que fue vencido en juicio por conducto de éste. Entonces, el quejoso, en su carácter de comprador, no puede alegar desconocimiento del juicio natural, ya que fue oído y vencido en ese procedimiento a través de su causante, básicamente al haberse subrogado en los derechos y obligaciones por virtud del contrato de compraventa que celebró con aquéllas personas que fueron oídas y vencidas en juicio. Esto es, si las personas que le otorgaron la propiedad del inmueble ya que fueron oídos y vencidos en el juicio de origen, en el que procedió la acción de nulidad de juicio; ordenándose la cancelación de las inscripciones relativas tanto en el Registro Público de la Propiedad Raíz en el Estado y en la Receptoría de Rentas de Tangancícuaro, Michoacán; y, se condenó a los demandados Luis Manuel Contreras Morales, también conocido como Luis Contreras Morales y Cleotilde Agustín Dolores, a la desocupación y entrega del inmueble objeto de la litis. Por lo cual, ya existe cosa juzgada respecto de la propiedad que le fue otorgada al quejoso; entonces, debe estarse a lo resuelto en ese juicio porque su propiedad deriva de la misma causa que fue discutida en el juicio de origen. Por eso, el quejoso adquirió el carácter de causahabiente de sus vendedores y pasó a ocupar el lugar de su causante respecto de los derechos de propiedad del bien raíz litigioso, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad al inicio del procedimiento del que emanan los actos reclamados; motivo por el cual no puede ser considerado como tercero extraño al juicio generador de los actos reclamados, al actualizarse una causahabiencia, de ahí que su situación jurídica es idéntica a la de la parte demandada en el juicio de origen y al promover el juicio de amparo le afectan las mismas causas de improcedencia que a su causante. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "CAUSAHABIENCIA. SE ACTUALIZA SI EL CONTRATO RELATIVO ES POSTERIOR A LA FECHA DE INICIACIÓN DEL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DE LA ARRENDADORA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ARRENDATARIO HUBIERA TENIDO CONOCIMIENTO O NO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/2006-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 85/2006, publicada en la página 128 del Tomo XXV de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de 2007, cuyo rubro es: "CAUSAHABIENCIA. PARA EFECTOS PROCESALES, SU ACTUALIZACIÓN REQUIERE QUE SE ACREDITE QUE EL ADQUIRENTE DEL INMUEBLE TUVO CONOCIMIENTO DE LA CONTROVERSIA JUDICIAL A QUE ESTÁ SUJETO DICHO BIEN.", determinó que, desde el punto de vista procesal, para que una persona tenga el carácter de causahabiente, esto es, que se considere el sucesor de los derechos de una persona de quien ha adquirido una propiedad, es indispensable que mediante inscripciones hechas en el Registro Público de la Propiedad o algún otro medio de prueba idóneo y fehaciente, se acredite que el adquirente tuvo conocimiento de que el bien de que se trata está sujeto a una controversia judicial y, por ende, que contrajo un derecho litigioso. Sin embargo, como bien lo señala el texto de la misma y la ejecutoria de la cual emanó, se obtiene que el tema a que se refiere es la "adquisición" de bienes inmuebles, empero, cuando los derechos cuestionados derivan de un contrato de arrendamiento celebrado con posterioridad a la iniciación del juicio seguido en contra de la arrendadora, no resulta necesario, para que la causahabiencia se actualice, que se acredite que el arrendatario quejoso hubiera tenido conocimiento de que el bien inmueble, cuyo uso y goce recibió, estaba sujeto a una controversia judicial, pues esa figura jurídica se da por el simple hecho de que el contrato se hubiere celebrado con posterioridad a la iniciación del procedimiento del que emanan los actos reclamados.". "CAUSAHABIENTE. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CUANDO EL QUEJOSO NO DEFIENDE UN ESTADO JURÍDICO DIVERSO DEL OSTENTADO POR SU CAUSANTE SINO, INCLUSO, UNO DE RANGO MENOR (POSEEDOR POR COMODATO RESPECTO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD MATERIA DEL JUICIO NATURAL). Cuando en la demanda de amparo el quejoso reclame diversos actos emitidos en cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio respecto del que se ostenta tercero extraño a juicio y aduce ser causahabiente del propietario del bien inmueble adjudicado, con quien dijo haber celebrado un contrato de comodato del que dedujo sus derechos, es evidente que el quejoso carece de legitimación en la causa para solicitar el respeto de derechos que ya fueron defendidos por su causante a través de la misma vía, sin obtener resolución favorable, pues sería inadmisible permitir que se ejerciera dos veces el juicio de amparo por la misma persona, al evidenciarse que el quejoso no defiende un estado jurídico diverso del ostentado por su titular sino, incluso, uno de rango menor (poseedor a título de comodatario sobre un derecho de propiedad que ya fue defendido en juicio por su causante); consecuentemente, el amparo indirecto promovido bajo ese supuesto, resulta improcedente.". "CAUSAHABIENTE. CARECE DE INTERÉS JURÍDICO EL ARRENDATARIO PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, CUANDO LA CONVENCIÓN DE ARRENDAMIENTO SE CELEBRE CON EL DEMANDADO EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO, CON POSTERIORIDAD A SU INICIO, PUES NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). De una interpretación sistemática de los artículos 2786 y 2787 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, que disponen que la hipoteca es una garantía real constituida sobre bienes que no se entregan al acreedor y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de los bienes, en grado de preferencia, los que quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a favor de terceros, en relación con los preceptos 446, 449, 450, 452, 453 y 455 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad, que prevén la tramitación del juicio especial hipotecario, se arriba a la conclusión de que una vez iniciado ese procedimiento especial y registrada la cédula hipotecaria ante la autoridad administrativa correspondiente, si con posterioridad el demandado, como arrendador, celebra contrato de arrendamiento con un tercero, como arrendatario, respecto del bien inmueble afectado en el contrato de hipoteca, es inconcuso que el inquilino adquiere el carácter de causahabiente del demandado y, por ende, se somete a las resultas o consecuencias jurídicas de lo que se resuelva en ese juicio, en razón de que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 449, 452 y 455 del ordenamiento jurídico procesal citado, el registro de la cédula tiene como efectos jurídicos sujetar la finca que sirve de garantía al resultado del juicio hipotecario, así como que se haga saber a las autoridades y al público que no se practique en la finca algún embargo, toma de posesión, diligencia precautoria o cualquiera otra que entorpezca el curso del procedimiento o viole los derechos en él adquiridos por el actor acreedor hipotecario, quedando desde ese momento el deudor constreñido a cumplir con la obligación de un depositario judicial respecto del bien afectado, lo que resulta congruente con el principio de persecución de la cosa que caracteriza a la hipoteca como un contrato de garantía real, y que consiste en que el derecho adquirido por un tercero, cualquiera que sea su naturaleza, siempre estará sometido a la acción hipotecaria. En esa virtud y en atención al principio general de derecho consistente en que no se puede transmitir a otro más de lo que se tiene, es evidente que cuando se celebre un contrato de arrendamiento en las circunstancias apuntadas, el derecho de posesión que transmita el demandado al arrendatario no es un derecho pleno, en la medida en que estará gravado o restringido su disfrute a lo que se decida en el juicio correspondiente, lo que significa que el demandado, en su calidad de depositario judicial, deberá entregarlo cuando así se le requiera por resolución que se emita en ese procedimiento, sin que el inquilino pueda oponerse a tal mandamiento, puesto que carece de interés jurídico propio para acudir al juicio de garantías como tercero extraño al juicio de origen, pues como causahabiente del demandado en el juicio hipotecario el derecho de defensa que protege la garantía de audiencia se ejerce a través de su causante, por lo que en ese supuesto se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo.". En concordancia con lo anterior, debe decirse que en el particular se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, párrafo segundo, del numeral 107, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los actos de desposesión reclamados y el auto de siete de abril de dos mil veintidós, en el que se ordena al Registro Público de la Propiedad Raíz y de Comercio del Estado de Michoacán, la cancelación de las inscripciones resueltas en sentencia y su inminente ejecución, de acuerdo a la etapa en la que se encuentra el juicio, no constituyen la última resolución en el procedimiento del que emana. De los preceptos invocados, se extrae que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose como tales: - Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, y - En los procedimientos de remate aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Además, que al impugnar la última resolución en el procedimiento respectivo pueden reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; lo cual implica que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituya cosa juzgada; de ahí que, por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante éste, puedan analizarse cuando se reclame la última resolución. Lo anterior obedece al principio de economía procesal y pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, la intención del legislador es impedir que las partes contendientes en un procedimiento puedan agotar el juicio tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo. De ese modo, salvo la excepción legal para los terceros extraños, los actos de imposible reparación, los que gozan de autonomía propia o los que afectan de manera directa derechos sustantivos de la parte quejosa, las demás actuaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia son susceptibles de impugnación, hasta el momento en que se emita la última resolución, lo que permite armonizar el fin de la ejecución de la sentencia con los derechos fundamentales de las partes directas o indirectas. Con relación a dicho tópico, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 32/2001, de rubro "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA", sostuvo que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia sólo procede el amparo en contra del último acto dictado en ese procedimiento, el cual debe entenderse como aquél que tiene por cumplida la sentencia o declara la imposibilidad de cumplirla. Así, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la constituye: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 3. La que ordenan el archivo definitivo del expediente. En estos casos, es posible reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución respectiva. En este punto, cabe precisar que atendiendo a la evolución que ha sufrido la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, rigen los supuestos de procedencia siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. c) La interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a interrumpir la ejecución de una sentencia, ya que resultan actos de imposible reparación. Sobre dichos supuestos el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la procedencia del juicio de amparo indirecto contra cualquier acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia cuando tenga la característica de ejecución de imposible reparación, la cual se actualizará cuando exista la ejecución directa sobre un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, cuando el acto reclamado consista en una resolución que desestime excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos dirigidos a dilatar o interrumpir la ejecución, sin necesidad de combatirla como violación procesal al impugnar la última resolución dictada en dicha etapa. En el caso, de las constancias del juicio de origen, no se actualiza alguno de los anteriores supuestos; pues conforme a los actos reclamados no se está ante el último acto dictado en la etapa de ejecución de sentencia, en virtud de que no se ha dictado resolución en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de la sentencia; que se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, que se ordene el archivo definitivo del expediente. Por consiguiente, se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que los actos reclamados se encuentran vinculados con la ejecución de la sentencia dictada en la controversia de origen; por tanto, no constituyen la última resolución dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Lo anterior es así, toda vez que no constituyen una resolución que pone fin a la etapa de ejecución, por el contrario se trata de determinaciones intermedias dictadas en dicho procedimiento de ejecución, y por ende, no son susceptibles de ser analizadas en el juicio de amparo; máxime, que la parte quejosa ya fue oída en el juicio de origen por conducto de su causante, quien hizo valer lo que a su interés convino, por lo que al actualizarse la causa de improcedencia respecto de éste, es que se estima actualizada también respecto del quejoso, quien deberá esperar a la conclusión del procedimiento de ejecución para iniciar la acción constitucional. Ello obedece al interés de la sociedad en que se ejecute un fallo que es cosa juzgada, por lo que las actuaciones intermedias de cualquier procedimiento de ejecución deben ser impugnadas hasta que se dicte la última resolución de dicho procedimiento. Por tanto, si los actos reclamados se encuentran en la etapa de ejecución de sentencia, no procede el juicio de amparo indirecto en su contra, al no actualizarse las reglas específicas de procedencia previstas por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la Jurisprudencia VI.2º. C. J/253217, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo.". También apoya lo anterior, en la parte que interesa, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "CAUSAHABIENCIA PROCESAL E INTERÉS JURÍDICO EN MATERIA DE AMPARO. Por virtud de la causahabiencia, en términos generales, el causante es sustituido procesalmente por su causahabiente ya que éste queda sometido a las mismas obligaciones contraídas por aquél respecto de un derecho idéntico (causahabiencia procesal). En el amparo, el derecho invocado por el causahabiente no necesariamente debe ser idéntico del de su causante, como cuando el quejoso se ostenta como arrendatario del demandado en el juicio natural, que es propietario del inmueble objeto de litigio sobre el que se ostenta tercero extraño al juicio y que es a la vez materia del acto reclamado. Así, el hecho de que se pruebe ese derecho personal sólo se traduce en que el quejoso sí tenga interés jurídico, razón por la cual no puede sobreseerse en el juicio por falta de ese interés. Sin embargo, lo que ocurre es que en el amparo el causahabiente quejoso se posicionará en un estado jurídico igual al que tendría su causante, inclusive, respecto de las causas de improcedencia correspondientes, lo cual no significa que en el juicio natural pueda tomar la situación jurídica de su causante. En ese sentido, si en el juicio de amparo indirecto el quejoso se ostenta como tercero extraño deduciendo su derecho de un contrato de arrendamiento cuya existencia demostró, y de autos se advierte que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, entonces la causa de improcedencia que se actualiza no es la de falta de interés jurídico, sino la relativa a que el quejoso debió esperarse a impugnar la "última resolución" que se dictara en esa fase ejecutiva (causa prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo), pues ésta es la hipótesis en que encuadraría también su causante, porque el causahabiente no puede tener más que éste.". Por tanto, en virtud de que el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia y que los actos que se reclaman no son la última resolución dictada en dicha etapa de ejecución, procedimiento en que el quejoso fue oído y vencido por conducto de su causante, no procede el juicio de amparo indirecto en su contra, al no actualizarse las reglas específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto previstas por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sin que lo anterior deba entenderse como inobservancia de la jurisprudencia 2a./J. 34/2003 antes invocada, en virtud de que dicho criterio hace referencia a la imposibilidad de sobreseer en el juicio con motivo de la causahabiencia, no así cuando las causales de improcedencia afectan también al causante, las cuales deben considerarse válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por lo que en este caso no resulta aplicable. En las relatadas condiciones, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XI y fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, del numeral 107 de la Ley de Amparo, interpretada en sentido contrario, con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede sobreseer en el juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman a las ejecutoras Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y Coordinador Regional Uno Lerma-Chapala-Zamora del Instituto Regional y Catastral del Estado de Michoacán de Ocampo Región Zamora, Michoacán, en virtud de que no fueron reclamados por vicios propios, sino que su legalidad se hizo depender de los actos reclamados al juez responsable. En esa tesitura, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Reinaldo Jaracuaro Tapia, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Se recibe despacho. Visto lo de cuenta, se tiene al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devolviendo diligenciado el despacho 262/2022 (orden 551/2022), enviado a fin de notificar a los terceros interesados la suspensión provisional; por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo dado que no se solicita. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintidós. 1. Se recibe despacho. Visto lo de cuenta, se tiene al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, devolviendo diligenciado el despacho 261/2022 (orden 550/2022), enviado a fin de emplazar a terceros interesados en este juicio; por tanto, dese de baja y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que haya lugar a enviar acuse de recibo dado que no se solicita. 1.2. De las constancias que adjunta el juez oficiante, se advierte de igual forma el emplazamiento realizado al diverso tercero interesado Abel Morales Ascencio, el cual se ordenó vía oficio. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
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